Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 6 de Policía Nacional
Los funcionarios públicos: clases, adquisición y pérdida de la condición
6.1
El empleo público y la relación funcionarial
La Administración actúa a través de personas. Sus órganos adoptan decisiones y sus unidades prestan servicios porque empleados públicos dotados de preparación y responsabilidad realizan las tareas necesarias. El empleo público no constituye solo una relación profesional: está orientado al servicio de los intereses generales y sometido a principios constitucionales que condicionan el acceso, el ejercicio de las funciones y la permanencia.
Fundamento constitucional
El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. El artículo 103.3 ordena que la ley regule el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso conforme a mérito y capacidad, las peculiaridades del derecho de sindicación, las incompatibilidades y las garantías de imparcialidad.
Igualdad, mérito y capacidad impiden que el acceso dependa de preferencias personales o decisiones arbitrarias. La igualdad exige aplicar a quienes concurren unas reglas comunes; el mérito valora los elementos relevantes acreditados por cada aspirante; y la capacidad comprueba la aptitud necesaria para ejercer las funciones. La publicidad y transparencia permiten conocer y controlar las bases y el desarrollo del proceso.
La imparcialidad se protege mediante una relación estatutaria y mediante la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. La inamovilidad no concede inmunidad ni derecho a conservar indefinidamente cualquier puesto concreto. Significa que la condición solo puede perderse por las causas y con las garantías establecidas en la ley.
Empleado público y funcionario público
El artículo 8 TREBEP define a los empleados públicos como quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Es una categoría general que comprende tanto relaciones funcionariales como laborales y personal de confianza.
El funcionario público se vincula mediante nombramiento y queda sujeto a una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo. Sus derechos, deberes y condiciones no nacen principalmente de un contrato negociado individualmente, sino de la ley y de las normas que integran su estatuto.
Dentro de los funcionarios deben distinguirse los de carrera y los interinos. Ambos pueden desempeñar funciones públicas y quedan sometidos a reglas administrativas, pero la causa, duración y estabilidad de su relación son diferentes. El interino no se convierte en funcionario de carrera por el transcurso del tiempo ni por ocupar durante años una plaza: debe superar el proceso de acceso correspondiente y completar los requisitos legales.
Funciones reservadas a funcionarios
El ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones corresponde exclusivamente a funcionarios públicos en los términos establecidos por las leyes de desarrollo.
Esta reserva responde a la necesidad de garantizar objetividad, imparcialidad, responsabilidad y sometimiento al Derecho cuando se ejercen potestades capaces de afectar a derechos, imponer obligaciones o proteger intereses esenciales. No significa que todas las tareas administrativas deban ser funcionariales: existen puestos y actividades que pueden ser desempeñados por personal laboral conforme a los criterios legales.
La diferencia puede apreciarse en una actuación policial. Identificar a una persona en los supuestos legales, practicar una detención o ejecutar una medida coercitiva supone ejercer potestades públicas y proteger intereses esenciales del Estado. Estas decisiones deben corresponder a funcionarios habilitados, sometidos al estatuto, los principios de actuación y los controles propios de la función policial. En cambio, determinadas tareas auxiliares de mantenimiento, apoyo material o gestión que no implican ejercicio de autoridad pueden asignarse a personal laboral cuando la normativa de puestos lo permite.
La reserva no depende únicamente de que una actividad se realice dentro de una comisaría o de un ministerio. Lo decisivo es la naturaleza de la función. Un puesto no se convierte en funcionarial por estar próximo a una autoridad ni puede atribuirse a personal laboral si incluye potestades legalmente reservadas.
Régimen general y legislación específica policial
El TREBEP establece las bases generales del empleo público. Sin embargo, determinados colectivos poseen legislación específica propia. Entre ellos se encuentra el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la Policía Nacional, la Ley Orgánica 9/2015 regula su régimen de personal y considera supletoria la legislación de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
Por ello deben evitarse dos errores. El primero es ignorar el TREBEP, que contiene conceptos generales y algunos preceptos directamente aplicables. El segundo es trasladar automáticamente cualquier regla general cuando la Ley Orgánica 9/2015 establece una especialidad. La solución exige identificar siempre si la pregunta se refiere al régimen general o a los Policías Nacionales.
| Plano normativo | Función |
|---|---|
| Constitución | Fija igualdad, mérito, capacidad, imparcialidad y reserva de ley |
| TREBEP | Establece las bases y los conceptos generales del empleo público |
| Ley Orgánica 9/2015 | Regula específicamente el personal de la Policía Nacional |
| Normas de desarrollo | Concretan selección, provisión, rehabilitación y otras materias |
Síntesis del apartado
Empleado público es el género y funcionario una de sus formas. La relación funcionarial se caracteriza por el nombramiento y el sometimiento a un estatuto de Derecho administrativo. En la Policía Nacional, el marco general debe leerse junto con la legislación orgánica específica.
6.2
Clases de empleados públicos
El TREBEP clasifica a los empleados públicos en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. La clasificación no depende del nombre informal utilizado por una oficina, sino de la naturaleza jurídica del vínculo, las funciones y la forma de incorporación.
Funcionarios de carrera
Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para prestar servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
La permanencia se refiere a la naturaleza de la relación, no a la conservación invariable de un destino. El funcionario puede cambiar de puesto, encontrarse en distintas situaciones administrativas o quedar sujeto a movilidad. Lo que permanece es la condición, salvo que concurra una causa legal de pérdida.
El nombramiento legal diferencia al funcionario del trabajador contratado. La relación se integra en un cuerpo o escala y queda sometida a las normas de función pública aplicables. Los derechos y obligaciones evolucionan cuando cambia la legislación, sin necesidad de modificar un contrato individual.
Funcionarios interinos
Los funcionarios interinos son nombrados temporalmente, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera. El nombramiento solo procede en los supuestos tasados por la ley:
- Existencia de plazas vacantes que no puedan cubrirse por funcionarios de carrera, con los límites temporales previstos.
- Sustitución transitoria de titulares durante el tiempo estrictamente necesario.
- Ejecución de programas temporales, dentro de su duración máxima.
- Exceso o acumulación de tareas durante el plazo legal.
Cada supuesto responde a una causa concreta. Una vacante atiende provisionalmente un puesto sin titular; una sustitución cubre la ausencia temporal de quien conserva el puesto; un programa existe durante un periodo determinado; y la acumulación permite afrontar un incremento coyuntural de trabajo.
La selección del interino debe ser pública y respetar igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. La celeridad responde a la necesidad inmediata, pero no elimina la concurrencia ni convierte el nombramiento en discrecional.
La relación finaliza cuando la plaza se cubre reglamentariamente, el puesto se suprime o amortiza, vence el plazo autorizado o desaparece la causa del nombramiento. Este cese no equivale a una sanción. La temporalidad forma parte de la relación desde su origen y el nombramiento nunca atribuye por sí mismo la condición de funcionario de carrera.
Los límites temporales dependen del supuesto. La ocupación de una vacante tiene como regla un máximo de tres años. Transcurrido ese periodo finaliza la interinidad y la plaza solo puede ser ocupada por personal de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto. Si la convocatoria para cubrirla se publicó dentro de esos tres años, el interino puede permanecer excepcionalmente hasta que se resuelva dentro de los plazos legales.
Los programas temporales no pueden durar más de tres años, aunque las leyes de función pública pueden permitir una ampliación de hasta doce meses. El exceso o acumulación de tareas se atiende durante un máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho. En una sustitución, el nombramiento dura únicamente el tiempo estrictamente necesario mientras permanece la causa que impide al titular desempeñar el puesto.
| Causa de interinidad | Duración o límite característico | Terminación ordinaria |
|---|---|---|
| Plaza vacante sin cobertura de carrera | Máximo general de tres años | Cobertura, supresión, fin del plazo o resolución de la convocatoria en el supuesto excepcional |
| Sustitución transitoria | Tiempo estrictamente necesario | Reincorporación del titular o desaparición de la causa |
| Programa temporal | Hasta tres años, ampliables hasta doce meses por ley de función pública | Finalización del programa o del plazo autorizado |
| Exceso o acumulación de tareas | Nueve meses dentro de dieciocho | Fin de la acumulación o agotamiento del plazo |
Las plazas vacantes ocupadas por interinos deben incluirse en los mecanismos de provisión o movilidad correspondientes. La interinidad no puede utilizarse como modo ordinario y permanente de cubrir necesidades estructurales. Al mismo tiempo, el fin de la relación por una causa legal se formaliza de oficio y, con carácter general, no genera la compensación propia de una extinción laboral.
Personal laboral
Es personal laboral quien presta servicios retribuidos en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito. Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal y se rige por la legislación laboral, por las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos del TREBEP que expresamente le resulten aplicables.
La diferencia principal no reside en que su trabajo sea menos estable o relevante, sino en la naturaleza jurídica del vínculo. El funcionario se incorpora por nombramiento y queda sometido a una relación estatutaria; el laboral se vincula mediante contrato y se rige principalmente por el Derecho del trabajo.
Las leyes de función pública determinan qué puestos pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando la reserva de funciones que impliquen potestades públicas o salvaguardia de intereses generales.
Personal eventual
El personal eventual es nombrado con carácter no permanente para realizar exclusivamente funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Se retribuye con cargo a créditos presupuestarios destinados a esa finalidad.
Su nombramiento y cese son libres y, en todo caso, cesa cuando lo hace la autoridad a la que presta confianza o asesoramiento. La condición de eventual no constituye mérito para acceder a la función pública ni para la promoción interna.
No debe confundirse con el interino. El interino atiende temporalmente funciones propias de funcionarios de carrera por necesidad y urgencia; el eventual presta confianza o asesoramiento especial. Tampoco es personal laboral por el hecho de carecer de permanencia.
Personal directivo profesional
El TREBEP regula además al personal directivo profesional, pero no lo enumera como una quinta clase dentro del artículo 8. Es quien desarrolla funciones directivas profesionales definidas por las normas específicas. Su designación debe atender a mérito, capacidad e idoneidad mediante procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia, y su gestión queda sometida a evaluación de eficacia, eficiencia, responsabilidad y resultados.
La relación jurídica concreta puede ser funcionarial o laboral. Por eso la condición directiva describe el tipo de funciones y el régimen de selección y evaluación, pero no sustituye la clasificación básica del vínculo.
Comparación de las clases
| Clase | Vínculo | Duración característica | Función determinante |
|---|---|---|---|
| Funcionario de carrera | Nombramiento y relación estatutaria | Permanente | Servicios profesionales; potestades reservadas cuando corresponda |
| Funcionario interino | Nombramiento administrativo | Temporal y causal | Funciones propias de carrera por necesidad y urgencia |
| Personal laboral | Contrato de trabajo escrito | Fijo, indefinido o temporal | Puestos admitidos por la legislación de función pública |
| Personal eventual | Nombramiento libre | No permanente | Confianza o asesoramiento especial |
Recorrido para identificar una figura
Ante un supuesto debe preguntarse primero si existe nombramiento o contrato. Si existe contrato escrito, se trata de personal laboral. Si hay nombramiento, debe comprobarse la función: confianza o asesoramiento especial conduce al personal eventual; funciones funcionariales temporales por necesidad y urgencia, al interino; y una relación estatutaria permanente adquirida mediante el procedimiento completo, al funcionario de carrera.
Síntesis del apartado
Las cuatro clases responden a necesidades diferentes. Carrera aporta estabilidad e imparcialidad; interinidad atiende temporalmente necesidades justificadas; el personal laboral presta servicios mediante contrato; y el eventual desarrolla confianza o asesoramiento. Ninguna denominación puede intercambiarse sin alterar el régimen jurídico.
6.3
Acceso y adquisición de la condición de funcionario de carrera
Acceder a un proceso selectivo, aprobarlo y adquirir la condición son momentos relacionados, pero distintos. El acceso se somete a principios y requisitos generales; la adquisición solo se completa cuando el aspirante cumple sucesivamente los cuatro actos del artículo 62 TREBEP.
Principios y requisitos de acceso
Los procedimientos deben garantizar igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. También deben conectar las pruebas con las funciones que se desempeñarán y actuar con agilidad sin sacrificar objetividad.
Como requisitos generales se exigen la nacionalidad en los términos legales, capacidad funcional, edad mínima de dieciséis años y no superación de la edad máxima aplicable, ausencia de separación disciplinaria o inhabilitación impeditiva y posesión de la titulación requerida. Pueden establecerse otros requisitos si guardan relación objetiva y proporcionada con las funciones y se formulan de manera abstracta y general.
El acceso funcionarial está abierto en determinadas condiciones a nacionales de otros Estados miembros de la Unión, sus familiares comprendidos legalmente y las personas amparadas por tratados de libre circulación. Se exceptúan los empleos que impliquen participación en el ejercicio del poder público o salvaguardia de intereses del Estado. Esta apertura general no se aplica a la Policía Nacional, cuyo acceso exige nacionalidad española por la naturaleza de sus funciones.
Las ofertas de empleo público deben reservar el cupo legal para personas con discapacidad que superen el proceso y acrediten compatibilidad funcional, con las adaptaciones razonables de tiempos, medios y puesto. La igualdad de acceso no consiste en ignorar las necesidades de adaptación, sino en eliminar barreras sin suprimir la comprobación de la capacidad necesaria.
Los sistemas ordinarios para funcionarios de carrera son oposición y concurso-oposición, ambos con una o varias pruebas de capacidad. El concurso basado exclusivamente en méritos solo puede utilizarse excepcionalmente cuando una ley lo autoriza. La valoración de méritos en un concurso-oposición debe ser proporcionada y no puede decidir por sí sola el resultado sin las pruebas de capacidad exigidas.
Los órganos de selección son colegiados y deben actuar con imparcialidad, profesionalidad e independencia técnica. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no pueden formar parte de ellos. Sus miembros actúan a título individual y no en representación de una organización o interés externo.
La Policía Nacional cuenta con requisitos y un proceso selectivo específicos, estudiados en su tema correspondiente. Aquí interesa la consecuencia común: superar las pruebas abre el camino al nombramiento, pero todavía no atribuye por sí solo la condición de funcionario de carrera.
Los cuatro requisitos sucesivos
La condición se adquiere mediante:
- Superación del proceso selectivo. El aspirante acredita capacidad y obtiene una posición que permite continuar el procedimiento.
- Nombramiento por el órgano o autoridad competente. Debe publicarse en el diario oficial correspondiente.
- Acatamiento de la Constitución y, cuando corresponda, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento. Formaliza el compromiso de ejercer la función dentro del marco jurídico.
- Toma de posesión dentro del plazo establecido. Incorpora al nombrado al cuerpo, escala y destino correspondiente y completa la adquisición.
El orden es sucesivo. No puede tomarse posesión antes del nombramiento ni sustituirse el acatamiento por una declaración informal. Si quien ha superado el proceso no acredita que reúne los requisitos de la convocatoria, no puede ser funcionario y quedan sin efecto las actuaciones relativas a su nombramiento.
| Fase | Efecto principal | ¿Existe ya condición de carrera? |
|---|---|---|
| Superación del proceso | Acredita la selección | No |
| Nombramiento publicado | La autoridad designa formalmente al aspirante | Aún debe completarse la secuencia |
| Acatamiento | Se asume el compromiso con el ordenamiento | Aún falta tomar posesión |
| Toma de posesión | Se completa la incorporación funcionarial | Sí |
Toma de posesión y efectos
La toma de posesión no es una formalidad prescindible. Marca la incorporación efectiva y permite comenzar a ejercer las funciones y percibir las retribuciones correspondientes. Por ello, las preguntas de examen sitúan en este momento el comienzo de los efectos económicos plenos del funcionario de carrera.
Si no se toma posesión dentro del plazo sin una causa admitida, no se completa la adquisición. Debe distinguirse esta situación de la renuncia de quien ya es funcionario: antes de la toma de posesión falta adquirir la condición; después, su abandono requiere aplicar el régimen legal de renuncia o la causa que proceda.
Recorrido desde la convocatoria hasta la condición de carrera
La convocatoria publica las plazas, requisitos, pruebas, sistema de calificación y plazos y vincula a la Administración, al órgano de selección y a los participantes. Quien presenta su solicitud solo adquiere la condición de aspirante admitido cuando cumple los requisitos formales y figura en las relaciones correspondientes. Todavía no existe ningún vínculo funcionarial.
Durante las pruebas, el órgano de selección aplica las bases y establece el orden de prelación. Como regla, no puede proponer más personas aprobadas que plazas convocadas, sin perjuicio de las previsiones legales para cubrir renuncias anteriores al nombramiento. Superar el último ejercicio tampoco basta si la posición obtenida queda fuera del número de plazas.
La relación de personas seleccionadas abre una fase de comprobación. Deben aportarse o verificarse los documentos que acreditan nacionalidad, edad, titulación, capacidad y ausencia de causas impeditivas. Quien no reúne un requisito no puede ser nombrado aunque haya obtenido una puntuación suficiente, porque las pruebas miden capacidad pero no sustituyen los requisitos jurídicos de participación.
Después se produce el nombramiento y su publicación oficial. El nombrado realiza el acto de acatamiento y toma posesión dentro del plazo. Solo entonces se completa la relación estatutaria. El recorrido puede representarse así:
| Momento | Posición jurídica |
|---|---|
| Solicitud y admisión | Participante en el proceso, sin relación funcionarial |
| Superación de las pruebas | Aspirante seleccionado, sujeto a comprobación de requisitos |
| Nombramiento publicado | Persona formalmente nombrada, pendiente de completar los actos finales |
| Acatamiento | Compromiso formal con el ordenamiento |
| Toma de posesión | Adquisición de la condición e incorporación efectiva |
Este itinerario explica por qué «aprobar», «ser nombrado» y «ser funcionario de carrera» no son expresiones equivalentes. Cada una identifica una fase con efectos propios.
El funcionario en prácticas
Cuando el proceso incluye un curso selectivo o un periodo de prácticas, puede existir una posición intermedia entre la superación de las pruebas iniciales y el nombramiento definitivo. El funcionario en prácticas participa en una fase formativa o práctica que todavía debe superar. Posee los derechos y obligaciones establecidos por su normativa específica, pero no ha adquirido aún la condición de funcionario de carrera.
En la Policía Nacional, quienes ingresan por turno libre en las categorías de Inspector o Policía tienen la consideración de funcionarios en prácticas durante la formación. Mientras realizan el curso selectivo reciben la denominación de Inspectores alumnos o Policías alumnos; durante el módulo práctico en un puesto de trabajo, la de Inspectores en prácticas o Policías en prácticas. Ese tiempo se computa a efectos de trienios y baremo, pero no sustituye el nombramiento definitivo y la toma de posesión.
Tras superar la fase de oposición, las personas seleccionadas son nombradas alumnas por la Dirección General de la Policía. Adquieren los efectos económicos y administrativos propios del funcionario en prácticas cuando se incorporan al centro docente. Deben superar tanto el curso académico como el módulo de formación práctica previsto en el plan de estudios.
Quien no supera íntegramente esos cursos o módulos causa baja en el centro y queda definitivamente excluido del proceso, con pérdida de la expectativa de ingreso nacida de haber superado la oposición. Esta consecuencia confirma que el funcionario en prácticas no es todavía funcionario de carrera: mantiene una relación provisional vinculada a la superación de la formación selectiva.
| Posición | Situación dentro del proceso |
|---|---|
| Aspirante que supera las pruebas iniciales | Ha superado la oposición, pero debe completar las fases restantes |
| Policía alumno | Funcionario en prácticas durante la fase de formación |
| Policía en prácticas | Funcionario en prácticas durante el módulo en puesto de trabajo |
| Funcionario de carrera | Ha superado todo el proceso y completado nombramiento, acatamiento y toma de posesión |
Particularidad de la Policía Nacional
El artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2015 reproduce la misma secuencia: proceso selectivo, nombramiento por la autoridad competente, acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento y toma de posesión dentro del plazo. No menciona separadamente el Estatuto de Autonomía porque establece la fórmula específica del cuerpo estatal.
Síntesis del apartado
La oposición selecciona, el nombramiento designa, el acatamiento compromete y la toma de posesión incorpora. Solo el cumplimiento sucesivo de las cuatro fases crea la condición de funcionario de carrera.
6.4
Pérdida de la condición de funcionario de carrera
La inamovilidad protege la imparcialidad del funcionario, pero no convierte la relación en indestructible. El artículo 63 TREBEP establece una lista de causas que extinguen la condición: renuncia, pérdida de la nacionalidad relevante, jubilación total, separación firme del servicio e inhabilitación firme.
La pérdida de la condición debe diferenciarse del cambio de puesto o de situación administrativa. Un funcionario en excedencia o suspendido conserva la condición, aunque temporalmente no desempeñe sus funciones ordinarias. Solo las causas legalmente previstas extinguen la relación.
Renuncia
La renuncia debe manifestarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración. No produce por sí sola un efecto inmediato desde que se presenta, porque la ley exige comprobar que no concurre una circunstancia que impida aceptarla.
No puede aceptarse cuando el funcionario está sujeto a expediente disciplinario o cuando se ha dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito. La finalidad es impedir que la renuncia se utilice para eludir las responsabilidades asociadas a una actuación ya formalmente perseguida.
Renunciar no inhabilita para volver a ingresar en la Administración. Quien desee regresar deberá participar y superar el procedimiento de selección correspondiente. No recupera automáticamente su antigua plaza ni utiliza el procedimiento de rehabilitación, porque la renuncia fue voluntaria y la ley remite a un nuevo acceso.
Pérdida de la nacionalidad
La pérdida de la nacionalidad española o de otra nacionalidad que hubiera permitido el nombramiento determina la pérdida de la condición, salvo que simultáneamente se adquiera otra nacionalidad que también habilite para mantenerla.
La regla se relaciona con las posibilidades de acceso reconocidas a nacionales de Estados de la Unión y a las personas comprendidas en tratados de libre circulación. Debe comprobarse qué nacionalidad fue relevante para el puesto y si las funciones estaban reservadas a españoles.
En la Policía Nacional la especialidad es más clara: la ley exige nacionalidad española y su pérdida es causa de pérdida de la condición policial.
Jubilación total
El TREBEP menciona expresamente la jubilación total como causa de pérdida. La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o derivada de incapacidad permanente para ejercer las funciones del cuerpo o escala, en los términos del régimen de Seguridad Social aplicable.
La jubilación forzosa se declara al alcanzar la edad legal correspondiente. El TREBEP contempla la posibilidad de solicitar la prolongación del servicio activo, con carácter general hasta los setenta años, en los términos de las leyes de función pública. La Administración debe resolver motivadamente y determinados colectivos quedan sujetos a normas específicas.
La jubilación parcial no aparece en el artículo 63 como causa de pérdida. Esta precisión permite resolver preguntas que sustituyen fraudulentamente «total» por «parcial».
Separación del servicio
La separación del servicio es una sanción disciplinaria que produce la pérdida cuando adquiere firmeza. No debe confundirse con la suspensión de funciones, que priva temporalmente del ejercicio y puede constituir una sanción o una medida provisional, pero no extingue por sí sola la condición.
La separación exige un procedimiento disciplinario con las garantías correspondientes. La firmeza evita que una decisión todavía susceptible de revisión ordinaria produzca prematuramente el efecto máximo de expulsión de la función pública.
Inhabilitación absoluta y especial
La pérdida también puede derivar de una sentencia firme que imponga inhabilitación como pena principal o accesoria. La inhabilitación absoluta produce la pérdida respecto de todos los empleos o cargos públicos que posea la persona condenada. La inhabilitación especial la produce respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia.
Separación e inhabilitación proceden de ámbitos distintos. La separación es una sanción administrativa disciplinaria; la inhabilitación es una pena impuesta judicialmente. Ambas necesitan firmeza, pero su fundamento y procedimiento no son equivalentes.
| Causa | Requisito determinante | Posibilidad posterior |
|---|---|---|
| Renuncia | Escrito y aceptación expresa | Nuevo ingreso mediante selección |
| Pérdida de nacionalidad | Pérdida de la nacionalidad habilitante sin adquirir simultáneamente otra válida | Rehabilitación si desaparece la causa |
| Jubilación total | Declaración conforme al régimen aplicable | Rehabilitación en determinados casos de incapacidad |
| Separación del servicio | Sanción disciplinaria firme | No existe rehabilitación general prevista por esta causa |
| Inhabilitación | Sentencia penal firme | Rehabilitación excepcional en los términos legales |
Preguntado en convocatorias oficiales
No toda interrupción del servicio supone pérdida. Excedencia, servicios especiales, comisión de servicios o suspensión modifican la prestación o la situación del funcionario. La condición solo se extingue por una causa legal del artículo 63 o por la especialidad aplicable.
Síntesis del apartado
Las causas de pérdida responden a decisiones voluntarias, desaparición de un requisito, finalización de la vida profesional o consecuencias disciplinarias y penales. Para resolver cada supuesto deben identificarse la causa, la firmeza exigida y la posibilidad de nuevo ingreso o rehabilitación.
6.5
Rehabilitación de la condición
La rehabilitación permite recuperar una condición previamente perdida sin repetir necesariamente todo el proceso selectivo. No constituye una revisión automática de la decisión inicial: actúa cuando desaparece una causa objetiva o cuando el órgano competente valora excepcionalmente las circunstancias de una condena.
Rehabilitación por desaparición de la causa objetiva
Si la relación se extinguió por pérdida de la nacionalidad o por jubilación derivada de incapacidad permanente, la persona puede solicitar la rehabilitación cuando desaparece la causa. En estos supuestos, el TREBEP dispone que la rehabilitación será concedida.
Por ejemplo, quien recupera una nacionalidad que habilita para ser funcionario o deja de encontrarse afectado por la incapacidad que motivó la jubilación puede instar la recuperación. Debe acreditar que la causa ha desaparecido y cumplir las restantes exigencias aplicables.
Rehabilitación excepcional tras inhabilitación
Quien perdió la condición por una pena de inhabilitación puede solicitar una rehabilitación excepcional. Los órganos de gobierno valoran las circunstancias y la entidad del delito. No existe un derecho automático a obtenerla, incluso después de cumplida la pena.
La diferencia es esencial: cuando desaparece la nacionalidad perdida o la incapacidad, la rehabilitación posee carácter reglado; tras una inhabilitación, depende de una valoración excepcional y motivada. Si transcurre el plazo sin resolución expresa en este segundo supuesto, la solicitud se entiende desestimada conforme al TREBEP.
Procedimiento y plazo
En la Administración General del Estado, el Real Decreto 2669/1998 regula la tramitación y fija una duración máxima de seis meses. La regulación reglamentaria anterior contenía una regla de silencio estimatorio, pero la norma legal posterior del TREBEP establece silencio desestimatorio para la rehabilitación excepcional por inhabilitación y prevalece en ese ámbito.
La solicitud se dirige al órgano competente e identifica la causa por la que se perdió la condición y las circunstancias que justifican su recuperación. Si la pérdida procedió de nacionalidad o incapacidad, deben acreditarse la desaparición de esa causa y el cumplimiento de los requisitos exigibles. Si procedió de inhabilitación, la valoración comprende las circunstancias y entidad del delito, el tiempo transcurrido, la conducta posterior y los restantes elementos relevantes para decidir excepcionalmente.
La Administración debe distinguir el plazo máximo para resolver del sentido del silencio. El plazo responde a cuánto puede durar el procedimiento; el silencio determina el efecto atribuido a la falta de resolución expresa. Que el procedimiento dure como máximo seis meses no significa que todas las solicitudes se estimen al transcurrir ese periodo. En la rehabilitación excepcional por inhabilitación, el artículo 68.2 TREBEP establece expresamente la desestimación.
La resolución debe ser motivada cuando deniega la rehabilitación y, especialmente, cuando decide sobre la petición excepcional derivada de una inhabilitación. No basta una fórmula genérica: deben valorarse los elementos relevantes del supuesto dentro del margen reconocido por la ley.
Una vez concedida, la reincorporación exige asignar un puesto y tomar posesión en los términos aplicables. La recuperación se refiere a la condición funcionarial, no a la titularidad automática del mismo destino que se ocupaba antes de perderla. Si no existe una vacante disponible, deben aplicarse los mecanismos reglamentarios para localizar y asignar un puesto.
Renuncia, nuevo ingreso y rehabilitación
| Situación | Vía para volver |
|---|---|
| Renuncia voluntaria | Participar de nuevo en un proceso selectivo |
| Pérdida de nacionalidad posteriormente recuperada | Solicitar rehabilitación |
| Jubilación por incapacidad que desaparece | Solicitar rehabilitación |
| Inhabilitación cumplida | Solicitar excepcionalmente rehabilitación, sin derecho automático |
Recorrido de una solicitud de rehabilitación
| Fase | Cuestión que debe resolverse |
|---|---|
| Solicitud | ¿Qué causa produjo la pérdida y qué hechos justifican ahora la recuperación? |
| Instrucción | ¿Ha desaparecido la causa objetiva o concurren circunstancias para la concesión excepcional? |
| Resolución | ¿Procede reconocer la rehabilitación y con qué motivación? |
| Asignación | ¿Qué puesto puede atribuirse conforme a la normativa de provisión? |
| Toma de posesión | ¿Se ha producido la reincorporación efectiva dentro del plazo comunicado? |
Este recorrido muestra que rehabilitar no consiste en borrar retrospectivamente la pérdida. La extinción produjo efectos mientras estuvo vigente; la resolución posterior permite recuperar la condición hacia el futuro y reincorporarse conforme a las reglas aplicables.
Síntesis del apartado
La rehabilitación no es una segunda oposición ni una consecuencia automática de haber cumplido una sanción. Recupera la condición en supuestos objetivos o, excepcionalmente, tras una inhabilitación, mediante resolución del órgano competente.
6.6
Especialidades de la Policía Nacional
La Ley Orgánica 9/2015 regula específicamente la adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional. Sus funcionarios reciben la denominación genérica de Policías Nacionales y su régimen estatutario se rige prioritariamente por esta ley y sus normas de desarrollo.
Adquisición
La secuencia policial coincide sustancialmente con la general:
- Superación del proceso selectivo.
- Nombramiento por la autoridad competente.
- Acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
- Toma de posesión dentro del plazo establecido.
La condición se adquiere al completar toda la sucesión. El periodo formativo y de prácticas se integra en el proceso de acceso conforme a su regulación específica, pero la incorporación definitiva exige nombramiento, acatamiento y toma de posesión.
Pérdida y jubilación
La Ley Orgánica enumera jubilación, renuncia, pérdida de la nacionalidad española, separación firme e inhabilitación firme. La referencia expresa a la nacionalidad española responde a que esta constituye un requisito del acceso policial.
La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente para ejercer las funciones policiales. La jubilación forzosa se declara de oficio a los sesenta y cinco años cuando se cumplen los requisitos del régimen de Seguridad Social aplicable. La ley contempla una excepción para quien ostente la titularidad de la Dirección Adjunta Operativa, que puede permanecer en servicio activo mientras conserve el cargo.
Esta regla específica no debe confundirse con la posibilidad general del TREBEP de prolongar la permanencia hasta los setenta años. Si la pregunta se refiere genéricamente al funcionario público se aplica el régimen general; si se refiere al Policía Nacional debe acudirse a su ley orgánica.
Renuncia y rehabilitación policial
La renuncia policial debe presentarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración en un plazo máximo de tres meses. No se acepta cuando existe expediente disciplinario o auto de procesamiento o apertura de juicio oral por delito doloso. La mención al carácter doloso constituye una especialidad de la norma policial.
La renuncia no impide un nuevo ingreso, pero obliga a cumplir otra vez los requisitos de adquisición. La rehabilitación se reconoce cuando desaparece la causa objetiva derivada de nacionalidad o incapacidad. Tras una inhabilitación, el Consejo de Ministros puede concederla excepcionalmente a propuesta del ministro del Interior, valorando el delito y sus circunstancias; la falta de notificación expresa dentro del plazo produce desestimación.
| Materia | TREBEP | Policía Nacional |
|---|---|---|
| Nacionalidad | La que hubiera habilitado para el nombramiento | Nacionalidad española |
| Acatamiento | Constitución, en su caso Estatuto autonómico y ordenamiento | Constitución y resto del ordenamiento |
| Renuncia | Sin plazo especial de aceptación en el artículo 64 | Aceptación expresa en un máximo de tres meses |
| Jubilación forzosa | Régimen general y posible prolongación conforme a las leyes | Regla específica de 65 años con la excepción legal indicada |
| Rehabilitación excepcional | Órganos de gobierno de la Administración | Consejo de Ministros a propuesta del ministro del Interior |
Síntesis del apartado
El régimen policial mantiene la arquitectura general, pero concreta requisitos y efectos conforme a la singularidad del cuerpo. La ley especial prevalece en las materias que regula y la legislación general actúa en los términos de aplicación directa o supletoria establecidos.
6.7
Materias próximas preguntadas en las convocatorias
Aunque el epígrafe se concentra en concepto, clases, adquisición y pérdida, las convocatorias han incluido algunas preguntas sobre grado personal, evaluación del desempeño y situaciones administrativas. Conviene comprenderlas sin ampliar innecesariamente el tema.
Grado personal
El grado personal expresa el nivel consolidado por el funcionario mediante el desempeño de puestos. En la Policía Nacional se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.
Cuando se obtiene un puesto superior en más de dos niveles al grado consolidado, cada dos años de servicios continuados se consolida un grado superior en dos niveles, sin superar el nivel del puesto ni el intervalo de la escala. Así, quien posee grado 17 y ocupa un puesto de nivel 20 consolida primero el 19 tras dos años y el 20 después de otros dos: necesita cuatro años.
Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el que se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. En la Policía Nacional busca medir rendimiento, resultados y calidad del servicio conforme a transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
No debe confundirse con la carrera profesional, que describe la progresión del funcionario, ni con una estadística laboral. La evaluación es un instrumento que puede producir efectos en carrera, formación, provisión o retribuciones dentro de la regulación aplicable.
Situaciones administrativas y comisión de servicios
El TREBEP enumera servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Las leyes pueden regular otras situaciones en determinados supuestos.
La comisión de servicios no es una situación administrativa del artículo 85. Es una forma temporal de provisión o desempeño de un puesto. Quien ocupa un puesto en comisión continúa en la situación administrativa que corresponda, normalmente servicio activo.
En la Policía Nacional existe además una regulación específica de situaciones, incluida la segunda actividad, que se estudia en el tema dedicado a su régimen de personal. Aquí basta con retener la diferencia entre situación administrativa y mecanismo de provisión.
Síntesis del apartado
Grado, evaluación y situación administrativa describen aspectos de la carrera y del desempeño, pero no crean nuevas clases de empleado público ni constituyen por sí mismos causas de adquisición o pérdida.
6.8
Síntesis general del tema
El empleo público reúne vínculos diferentes al servicio de los intereses generales. El funcionario de carrera mantiene una relación estatutaria permanente; el interino atiende temporalmente necesidades justificadas; el laboral se vincula mediante contrato; y el eventual desempeña confianza o asesoramiento especial.
La condición de carrera solo nace tras superar sucesivamente selección, nombramiento, acatamiento y toma de posesión. Una vez adquirida, la inamovilidad impide perderla fuera de las causas legales: renuncia, nacionalidad, jubilación total, separación firme e inhabilitación firme.
La rehabilitación permite recuperar la condición en supuestos determinados y no debe confundirse con el nuevo ingreso posterior a una renuncia. La Policía Nacional reproduce el esquema general, pero introduce reglas propias sobre nacionalidad, jubilación, renuncia y órgano competente para rehabilitar.
Conceptos que deben diferenciarse
| Conceptos | Diferencia esencial |
|---|---|
| Empleado público y funcionario | El primero es el género; el segundo se vincula estatutariamente |
| Carrera e interino | Relación permanente frente a nombramiento temporal y causal |
| Interino y eventual | Funciones funcionariales temporales frente a confianza o asesoramiento |
| Funcionario y laboral | Nombramiento administrativo frente a contrato de trabajo |
| Aprobar y adquirir la condición | La superación del proceso es solo el primer requisito |
| Suspensión y separación | La suspensión no extingue; la separación firme sí |
| Jubilación total y parcial | Solo la total aparece como causa de pérdida en el artículo 63 |
| Inhabilitación absoluta y especial | Todos los empleos frente a los especificados en sentencia |
| Renuncia y rehabilitación | Nuevo acceso frente a recuperación de la condición perdida |
| Situación administrativa y comisión | Estado jurídico del funcionario frente a provisión temporal de un puesto |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 12 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas se han formulado en pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan reunidas con todas sus opciones y con la respuesta correspondiente conforme a la plantilla y a la normativa aplicable.
0 de 12 respondidas
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 15.artículo 50.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
1. Si como funcionario de carrera con nivel 17 paso a ocupar un puesto de nivel 20, ¿cuánto tiempo tardaré en consolidarlo?
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 16.artículo 12.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. El personal con carácter no permanente que solo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial es:
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 17.artículo 85 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. ¿Cuál de las siguientes opciones no se contempla como situación administrativa de los funcionarios de carrera en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?
- Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 63.artículo 7.3 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre.
4. El plazo para resolver una petición de rehabilitación de la condición de funcionario es:
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 37.artículo 20.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
5. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los funcionarios públicos es:
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 76.artículo 12.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
6. ¿Cómo se denomina el empleado público que solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin?
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 78.artículo 67.3 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
7. ¿Cuál es la edad máxima de permanencia en el servicio activo de un funcionario público?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 70.artículo 62.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
8. Para adquirir la condición de funcionario de carrera deben cumplirse sucesivamente varios requisitos. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, ¿cuál es el último?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 81.artículo 8.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
9. Según la clasificación de empleados públicos que efectúa el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, estos se clasifican en:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 32.artículo 62.1.d del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
10. Los efectos económicos plenos para el funcionario de carrera comienzan a producirse desde:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 67.artículo 8.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
11. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en cuál de estas opciones no será considerado como empleado público?
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 20.artículo 63 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
12. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, no es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
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¿Y ahora?
La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): explicación para oposiciones.
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