ARTICULO 3
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Bloque 3 · II. Derecho Penitenciario
La regulación supranacional en materia penitenciaria: convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas. Organismos de vigilancia y control. Especial consideración de la labor de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Textos oficiales
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Norma
5 artículos en este tema
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie, puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
a)Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
b)Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.
c)Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.
d)Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
e)Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
f)Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
2.Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3.Toda persona detenida preventivamente o internada en
las condiciones previstas en el párrafo 1, c), del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4.Toda persona privada de su libertad mediante detención
preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordéne su puesta en libertad si fuera ilegal.
5.Toda persona victima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.
1.Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional; en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso asi lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2.Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
3.Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a)a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b)a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias
para la preparación de su defensa;
c)a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;
d)a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;
e)a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.
1.Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2.No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Norma
2 artículos en este tema
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie, será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
1.Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2.Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3.Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4.Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de s.u prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5.Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa,
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.
Articulo 10
1.Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2.a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b)Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3.El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
1.Toda persona que se halle legalmente en el territorio de
un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2.Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3.Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden publico; la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
4.Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a
entrar en su propio país.
Articulo 14
1.Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sus- tanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2.Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3.Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a)A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b)A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c)A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d)A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e)A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f)A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g)A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4.En el procedimiento aplicable a los menores de edad a
efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5.Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6.Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7.Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
Norma
16 artículos en este tema
1.A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
1.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2.En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3.No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.
1.Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
2.A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
1.Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
2.Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
1.Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:
a)Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;
b)Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;
c)Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2.Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.
3.La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.
1.Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
2.Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.
3.La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
4.Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1.El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
2.Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5.
3.Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.
1.Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
2.Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
3.Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
4.A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.
1.Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2.Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.
1.Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.
2.Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.
1.Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima
como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
2.Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.
1.Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2.La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.
Norma
10 artículos en este tema
Se crea un Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (denominado a continuación: «el Comité»). Por medio de visitas, este Comité examinará el trato dado a las personas privadas de libertad para reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Cada Parte autoriza la visita, conforme al presente Convenio, a todo lugar bajo su jurisdicción donde haya personas privadas de la libertad por una autoridad pública.
El Comité y las autoridades nacionales competentes de la Parte interesada cooperarán para la aplicación del presente Convenio.
1.El Comité estará compuesto de un número de miembros igual al de las Partes.
2.Los miembros del Comité serán elegidos entre personalidades de elevada moralidad, conocidas por su competencia en materia de derechos humanos o que cuenten con experiencia profesional en los campos que abarca el presente Convenio.
3.En el Comité no podrá haber más de un nacional del mismo Estado.
4.Los miembros intervendrán a título personal, serán independientes e imparciales en el desempeño de sus funciones y estarán disponibles para ejercerlas eficazmente.
1.Los miembros del Comité serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa; la delegación nacional en la Asamblea Consultiva de cada Parte presentará tres candidatos de los que, al menos dos, serán de su nacionalidad.
2.Se seguirá el mismo procedimiento para proveer los puestos que queden vacantes.
3.Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos sólo una vez. Sin embargo, por lo que respecta a los miembros designados en la primera elección, las funciones de tres de ellos terminarán al cabo de un período de dos años. Los miembros cuyas funciones concluyan al término del período inicial de dos años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario general del Consejo de Europa inmediatamente después de que se haya procedido a la primera elección.
1.El Comité se reunirá a puerta cerrada. El quórum estará constituido por la mayoría de sus miembros. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10.
2.El Comité establecerá su reglamento interno.
3.La Secretaría del Comité quedará asegurada por el Secretario general del Consejo de Europa.
1.El Comité organizará las visitas a que se refiere el artículo 2. Además de las visitas periódicas, el Comité podrá organizar cualquier otra visita que, a su juicio, exijan las circunstancias.
2.Por regla general efectuarán las visitas al menos dos miembros del Comité. Este podrá, si lo estima necesario, recabar la asistencia de expertos e intérpretes.
1.El Comité notificará al Gobierno de la Parte interesada su propósito de efectuar una visita. Hecha la notificación, el Comité estará facultado para visitar, en cualquier momento, los lugares previstos en el artículo 2.
2.Toda Parte deberá dar al Comité las facilidades siguientes para el cumplimiento de sus funciones:
a)acceso a su territorio y derecho a desplazarse por él sin restricciones;
b)cualesquiera datos sobre los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad;
c)la posibilidad de desplazarse a su voluntad a todo lugar donde haya personas privadas de libertad, incluido el derecho a moverse sin trabas en el interior de esos lugares;
d)cualquier otra información de que disponga la Parte y que necesite el Comité para el cumplimiento de su labor. Al recabar esta información, el Comité tendrá en cuenta las reglas jurídicas y deontológicas aplicables a nivel nacional.
3.El Comité podrá entrevistarse sin testigos con las personas privadas de libertad.
4.El Comité podrá ponerse en contacto libremente con cualquier persona que, a su juicio, pueda proporcionarle datos útiles.
5.Si procede, el Comité comunicará de inmediato observaciones a las autoridades competentes de la Parte interesada.
1.En casos excepcionales, las autoridades competentes de la Parte interesada podrán dar a conocer al Comité sus objeciones a la visita en el momento previsto por el Comité o en el lugar por él determinado. Estas objeciones sólo podrán hacerse por motivos de defensa nacional o de seguridad pública o por razón de graves desórdenes en los lugares donde haya personas privadas de libertad, o por el estado de salud de una persona o con motivo de un interrogatorio urgente, dentro de un sumario en curso, en relación con un delito grave.
2.Formuladas esas objeciones, el Comité y la Parte se consultarán inmediatamente para esclarecer la situación y llegar a un acuerdo sobre medidas que permitan al Comité ejercer sus funciones lo más rápidamente posible. Estas medidas podrán comprender el traslado a otro lugar de cualquier persona a la que se proponga visitar el Comité. Hasta que pueda efectuarse la visita, la Parte proporcionará al Comité información sobre toda persona afectada.
1.Después de cada visita, el Comité redactará un informe sobre los hechos comprobados con motivo de la misma teniendo en cuenta todas las observaciones que pudiere presentar la Parte interesada. Trasmitirá a ésta su informe, en el que figurarán las recomendaciones que estime necesarias. El Comité podrá entablar consultas con la Parte para sugerir, si procede, mejoras para la protección de las personas privadas de libertad.
2.Si la Parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del Comité, éste podrá, por mayoría de dos tercios de sus miembros y después de que la Parte haya tenido la posibilidad de dar explicaciones, hacer una declaración pública al respecto.
Norma
63 artículos en este tema
Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
En aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, las autoridades judiciales españolas que dicten una orden o resolución incluida dentro de la regulación de esta Ley, podrán transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución.
En aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, las autoridades judiciales españolas competentes reconocerán y ejecutarán en España dentro del plazo previsto, las órdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningún motivo tasado de denegación del reconocimiento o la ejecución.
Instrumentos de reconocimiento mutuo
1.Se entiende por instrumento de reconocimiento mutuo aquella orden europea o resolución emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución en el mismo.
2.Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley son los siguientes:
a)La orden europea de detención y entrega.
b)La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
c)La resolución de libertad vigilada.
d)La resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional.
e)La orden europea de protección.
f)La resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
g)La resolución de decomiso.
h)La resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias.
i)La orden europea de investigación.
Respeto a los derechos y libertades fundamentales
La presente Ley se aplicará respetando los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950.
Régimen jurídico
1.El reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo que se enumeran en el artículo 2, se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Unión Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte. En defecto de disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2.Las disposiciones del Título I se aplicarán sin perjuicio de las normas específicas correspondientes a cada instrumento de reconocimiento mutuo previstas en los restantes títulos de esta Ley.
3.La interpretación de las normas contenidas en esta Ley se realizará de conformidad con las normas de la Unión Europea reguladoras de cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo.
Estado de emisión y Estado de ejecución
Se entiende por:
a)Estado de emisión: el Estado miembro de la Unión Europea en el que la autoridad competente ha dictado una orden o resolución de las reguladas en esta Ley al objeto de que sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro.
b)Estado de ejecución: el Estado miembro de la Unión Europea al que se ha transmitido una orden o resolución dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecución.
Deber de información al Ministerio de Justicia. Autoridad Central
1.Los Jueces o Tribunales que
instrumentos de reconocimiento mutuo previstos en esta Ley lo reflejarán en los boletines estadísticos trimestrales y lo remitirán al Ministerio de Justicia.
transmitan o ejecuten
los
2.La Fiscalía General del Estado remitirá semestralmente al Ministerio de Justicia un instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por
los
listado de representantes del Ministerio Público.
3.El Ministerio de Justicia será la Autoridad Central a la que corresponde la función de
auxilio a las autoridades judiciales.
Régimen general de la transmisión, el reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea
reconocimiento mutuo
Emisión y documentación de órdenes y resoluciones para su ejecución al amparo del principio de reconocimiento mutuo.
1.Cuando la eficacia de una resolución penal española requiera la práctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Unión Europea, tratándose de algún instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial española competente la documentará en el formulario o certificado obligatorio, que transmitirá a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución.
El testimonio de la resolución penal en la que se basa el certificado se remitirá obligatoriamente junto con éste, salvo que se trate de una orden europea de detención y entrega, una orden europea de protección o una orden europea de investigación, que se documentarán exclusivamente a través del formulario correspondiente.
El original de la resolución o del certificado será remitido únicamente cuando así lo
solicite la autoridad de ejecución.
2.El certificado o el formulario irán firmados por la autoridad judicial competente para
dictar la resolución que se documenta.
3.El certificado o el formulario se traducirán a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relación con ese Estado, su remisión en español.
La resolución penal sólo será objeto de traducción cuando así se requiera por la autoridad judicial de ejecución. El coste de la traducción será asumido por el Estado de ejecución que la reclama, con la excepción de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el Título III.
Transmisión de órdenes y resoluciones para su ejecución al amparo del principio de reconocimiento mutuo.
1.La transmisión de los instrumentos de reconocimiento mutuo, así como cualquier otra notificación practicada con arreglo a esta Ley, se hará directamente a la autoridad judicial
competente del Estado de ejecución, a través de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.
Cualquier dificultad que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún documento necesario para la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventará mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relación con una orden europea de detención y entrega o una orden europea de investigación, con la participación de las autoridades centrales de los Estados miembros.
2.Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecución competente, se solicitará la información correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto españoles de la Red Judicial Europea (RJE) y demás redes de cooperación existentes.
3.Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley podrán transmitirse a la autoridad judicial competente, recabándose la colaboración del Miembro Nacional de España en Eurojust cuando proceda, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.
Información obligatoria a Eurojust en relación con los instrumentos de reconocimiento mutuo.
La obligación de transmisión de información y la petición de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirán por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, así como su normativa de desarrollo.
Descripción del delito y de la pena
La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resolución judicial cuya ejecución se transmite a otro Estado miembro de la Unión Europea, especificará si el delito objeto de la resolución judicial se incardina en alguna de las categorías que eximen del control de doble tipificación de la conducta en el Estado de ejecución, de acuerdo con el artículo 20, y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de tres años de privación de libertad.
Pérdida sobrevenida del carácter ejecutorio de la resolución cuya ejecución ha sido transmitida.
La autoridad judicial española de emisión informará inmediatamente a la autoridad encargada de la ejecución, de la adopción de cualquier resolución o medida que tenga por objeto dejar sin efecto el carácter ejecutorio de la orden o resolución cuya ejecución ha sido transmitida previamente, solicitando la devolución del formulario o del certificado.
Tránsito por otro Estado miembro del reclamado por la autoridad judicial española.
Cuando a la autoridad judicial española de emisión de una orden europea de detención y entrega, de una resolución por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigación, le conste que resulta necesario el tránsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecución, instará al Ministerio de Justicia para que solicite la autorización, remitiendo copia de la resolución judicial y del certificado emitido, traducido éste a una de las lenguas que acepte el Estado de tránsito.
El Ministerio de Justicia pedirá información al Estado de tránsito sobre si puede garantizar que el condenado no será perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores. En su caso, el Ministerio de Justicia, a petición de la autoridad judicial de emisión, podrá retirar la solicitud.
Recursos contra las resoluciones de transmisión de instrumentos de reconocimiento mutuo.
1.Contra las resoluciones por las que se acuerde la transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo podrán interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jurídico español, que se tramitarán y resolverán exclusivamente por la autoridad judicial española competente conforme a la legislación española.
2.En caso de estimación de un recurso, la autoridad judicial española lo comunicará
inmediatamente a la autoridad que esté conociendo de la ejecución.
3.En caso de concesión de indulto que afecte a la resolución recurrida, la autoridad judicial española lo comunicará inmediatamente a la autoridad que esté conociendo de la ejecución.
La concesión del indulto no podrá alcanzar, en ningún caso, al concepto de costas o gastos administrativos generados en el proceso ni tampoco a la compensación otorgada en beneficio de la víctima.
4.No cabrá recurso alguno contra la decisión de transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigación, sin perjuicio de su valoración posteriormente en el correspondiente procedimiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Gastos
El Estado español financiará los gastos ocasionados por la ejecución de una orden o resolución de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecución.
Si en la ejecución de una resolución judicial de decomiso o de una orden europea de investigación emitida por la autoridad competente española, se recibiera comunicación del Estado de ejecución proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco días desde la recepción de esta comunicación se dirigirá oficio al Ministerio de Justicia español a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecución y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad española de emisión decidirá si retira total o parcialmente la orden europea de investigación, o la mantiene, sufragando en este último caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas en los supuestos que se
indican a continuación:
a)Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad española implica el traslado temporal de detenidos a España o al Estado de ejecución, con el fin de llevar a cabo una medida de investigación, el Estado español financiará los gastos derivados del traslado y su retorno.
b)Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad española implica la intervención de telecomunicaciones, el Estado español financiará los gastos derivados de la transcripción, la descodificación y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.
Indemnizaciones y reembolsos
Salvo que esta Ley disponga otra cosa, el Estado español únicamente reembolsará al Estado de ejecución las cantidades abonadas por éste en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución de la orden o resolución remitida, siempre y cuando no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.
Reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas de instrumentos de reconocimiento mutuo
Reconocimiento y ejecución inmediata
1.Las autoridades judiciales españolas competentes reconocerán y ejecutarán sin más trámites que los establecidos en esta Ley, en el plazo estipulado en ella para cada caso, la orden o resolución cuya ejecución ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro.
2.La resolución que declare que la autoridad judicial que ha recibido la orden o resolución carece de competencia para ejecutarla deberá acordar también su remisión inmediata a la autoridad judicial que entienda competente, notificando dicha resolución al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial del Estado de emisión.
3.La resolución que declare la denegación del reconocimiento o de la ejecución de la orden o resolución judicial transmitida para su ejecución en España deberá acordar también su devolución inmediata y directa a la autoridad judicial de emisión cuando el auto sea firme.
Traducción del certificado
1.Cuando el formulario o el certificado no venga traducido al español, se devolverá inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traducción correspondiente, salvo que un convenio en vigor con dicho Estado o una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea permitan el envío en esa otra lengua.
2.No será obligatorio que la resolución judicial en que se basa el certificado se reciba traducida al español, sin perjuicio de que la autoridad judicial solicite su traducción cuando lo considere imprescindible para su ejecución.
Práctica de las comunicaciones
1.Las autoridades judiciales españolas admitirán el envío que se efectúe mediante correo certificado o medios informáticos o telemáticos si los documentos están firmados electrónicamente y permiten verificar su autenticidad. Se admitirán las comunicaciones efectuadas por fax y, a continuación, se requerirá el envío de la documentación original a la autoridad judicial emisora, siendo la recepción de la misma la que determinará el inicio del cómputo de los plazos previstos en esta Ley.
también
2.Las comunicaciones a la autoridad de emisión que deban hacerse en virtud de lo establecido en esta Ley por parte de la autoridad judicial española serán directas y se podrán cursar en español mediante correo certificado, medios electrónicos fehacientes o fax, sin perjuicio de remitir a la autoridad extranjera el oportuno testimonio si ésta lo requiriese.
Subsanación del certificado
1.En los casos de insuficiencia del formulario o del certificado, cuando éste falte o no se corresponda manifiestamente con la resolución judicial cuya ejecución es transmitida, la autoridad judicial lo comunicará a la autoridad de emisión fijando un plazo para que el certificado se presente de nuevo, se complete o se modifique.
2.Cuando se trate de una resolución de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, la autoridad judicial podrá adoptar, tras oír al Ministerio Fiscal por el plazo de tres días, y en este mismo plazo, alguna de las siguientes decisiones:
a)Fijar un plazo para que el certificado se presente de nuevo o se complete o modifique.
b)Aceptar un documento equivalente de la autoridad competente del Estado de emisión
que complete la información necesaria.
c)Dispensar a la autoridad judicial de emisión de presentarlo si considera suficiente la
información suministrada.
3.En los casos en que, siendo obligatoria su transmisión, falte la resolución judicial cuya ejecución ha sido solicitada, la autoridad judicial acordará un plazo para su remisión por la autoridad judicial de emisión.
Ausencia de control de la doble tipificación y sus excepciones
1.Cuando una orden o resolución dictada en otro Estado miembro sea transmitida a España para su reconocimiento y ejecución, estos instrumentos no estarán sujetos al control de la doble tipificación por el Juez o Tribunal español, en la medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados a continuación y se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.
Los delitos son los siguientes:
Pertenencia a una organización delictiva. Terrorismo. Trata de seres humanos. Explotación sexual de menores y pornografía infantil. Tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Corrupción. Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Blanqueo de los productos del delito. Falsificación de moneda. Delitos informáticos. Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales
protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas. Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal. Homicidio voluntario y agresión con lesiones graves. Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos. Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes. Racismo y xenofobia. Robos organizados o a mano armada. Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte. Estafa. Chantaje y extorsión de fondos. Violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías. Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos. Falsificación de medios de pago. Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento. Tráfico ilícito de materias nucleares o radiactivas. Tráfico de vehículos robados. Violación. Incendio provocado. Delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Secuestro de aeronaves y buques. Sabotaje.
2.Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias, además de las señaladas en el apartado anterior, no estarán sometidas al principio de doble tipificación aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:
Conducta contraria a la legislación de tráfico, incluidas las infracciones a la legislación de conducción y de descanso y a las normas reguladoras de transporte de mercancías peligrosas.
Contrabando de mercancías. Infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los
acontecimientos deportivos.
Vandalismo. Robo. Infracciones establecidas por el Estado de emisión en virtud de normas comunitarias.
3.El reconocimiento mutuo y ejecución de las órdenes europeas de protección se
efectuará siempre con control de la doble tipificación.
4.Cuando la orden o resolución judicial que se reciba castigue un hecho tipificado como un delito distinto de los previstos en este artículo, su reconocimiento y ejecución podrán supeditarse al cumplimiento del requisito de la doble tipificación, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada instrumento de reconocimiento mutuo.
No obstante lo anterior, cuando la orden o resolución se haya impuesto por una infracción penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podrá denegarse la ejecución de la resolución si el fundamento fuere que la legislación española no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulación en materia tributaria, aduanera y de control de cambios que la legislación del Estado de emisión.
Normas aplicables a la ejecución
1.La ejecución de la orden o resolución que haya sido transmitida por otro Estado miembro se regirá por el Derecho español y se llevará a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial española.
No obstante lo anterior, la autoridad judicial española competente observará las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisión siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
2.La ejecución de la orden o resolución se ajustará a los términos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigación, con la participación de las autoridades centrales de los Estados miembros.
Notificación del reconocimiento y la ejecución. Audiencia
1.Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en España y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificación frustrara la finalidad perseguida, se le notificarán las órdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecución se haya solicitado.
La práctica de esta notificación supondrá el reconocimiento del derecho a intervenir en el
proceso, si lo tuviere por conveniente, personándose con abogado y procurador.
2.La autoridad judicial española informará a la autoridad judicial competente del Estado de emisión y al Ministerio Fiscal, sin dilación, de la resolución de reconocimiento o denegación de la orden o resolución transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecución, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho español.
3.El ejercicio del derecho de audiencia del imputado a lo largo del procedimiento podrá llevarse a cabo a través de la aplicación de los instrumentos de Derecho internacional o de la Unión Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante teléfono o videoconferencia.
Suspensión de la ejecución de la resolución
1.La ejecución será suspendida por alguna de las causas previstas legalmente y cuando la autoridad judicial de emisión comunique a la autoridad española de ejecución la pérdida sobrevenida del carácter ejecutorio de la orden o resolución judicial transmitida.
2.La autoridad judicial española comunicará inmediatamente a la autoridad judicial del Estado de emisión la suspensión de la ejecución de la orden o resolución judicial recibida, los motivos de la suspensión y, si es posible, la duración de la misma.
3.Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensión, la autoridad judicial española tomará de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la orden o resolución judicial, e informará de ello a la autoridad judicial competente del Estado de emisión.
4.Si la causa de suspensión hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se
devolverá el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisión.
Recursos
1.Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podrán interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.
2.La autoridad judicial competente comunicará a la autoridad judicial del Estado de emisión tanto la interposición de algún recurso y sus motivos como la decisión que recaiga sobre el mismo.
3.Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resolución sólo podrán ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisión.
4.Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabrá recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisión y de su valoración posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisión.
Gastos
1.Los gastos ocasionados en territorio español por la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo serán a cargo del Estado español. Los demás gastos y, en concreto, los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado emisor, correrán a cargo de este último.
2.En ejecución de la resolución judicial de decomiso, si España hubiera incurrido en gastos excepcionales, la autoridad judicial podrá poner de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicación al Ministerio de Justicia español a fin de que éste, si así lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisión sobre un posible reparto de los gastos ocasionados y llegue al acuerdo que proceda.
3.En ejecución de la orden europea de investigación, si la autoridad competente española estima que los costes de ejecución serían excepcionalmente elevados, pondrá de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicación al Ministerio de Justicia español a fin de que éste, si así lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisión sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificación de la orden europea de investigación en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado español sino el Estado de emisión.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas en los supuestos que se
indica a continuación:
a)Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a España, o bien al Estado de emisión, con el fin de llevar a cabo una medida de investigación, el Estado de emisión financiará los gastos derivados del traslado y su retorno.
b)Si la emisión de una orden europea de investigación por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervención de telecomunicaciones, el Estado de emisión financiará los gastos derivados de la transcripción, la descodificación y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.
Indemnizaciones y reembolsos
El Ministerio de Justicia reclamará al Estado de emisión el reembolso de las cantidades que, de acuerdo con la legislación española, haya tenido que abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados a terceros, siempre y cuando éstos no sean la responsabilidad exclusivamente de España por el Administración de Justicia o por error judicial.
funcionamiento anormal de
Tránsito de personas por territorio español en ejecución de una orden europea o resolución judicial transmitida por otro Estado miembro.
1.El Ministerio de Justicia será competente para autorizar el tránsito por territorio español de una persona que esté siendo trasladada al Estado de emisión desde el Estado de ejecución de una orden europea de detención y entrega, de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigación, siempre que aquél le remita la solicitud de tránsito acompañada de una copia del certificado emitido para la ejecución de la resolución.
El Ministerio de Justicia podrá solicitar al Estado de emisión que le remita una copia del
formulario o del certificado traducida al español.
2.El Ministerio de Justicia informará al Estado de emisión si no puede garantizar que el condenado no será perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en España, por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecución.
3.El Ministerio de Justicia comunicará su decisión a la autoridad competente del Estado de emisión en el plazo máximo de una semana desde la recepción de la solicitud, salvo en el caso en que hubiera pedido la traducción del formulario o certificado, en cuyo caso podrá aplazar la decisión hasta que reciba la traducción.
En ningún caso podrá prolongarse la detención de la persona más allá del tiempo
estrictamente necesario para la ejecución del tránsito.
4.No se requerirá solicitud de tránsito en los supuestos de tránsito aéreo sin escalas, salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso el Ministerio de Justicia dará su autorización en el plazo de 72 horas.
Tránsito del reclamado por un tercer Estado miembro en una ejecución acordada por la autoridad española.
Cuando fuere necesario el tránsito del reclamado en virtud de una orden europea de detención y entrega o de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecución española lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión extranjera, para que sea dicha autoridad la que recabe la pertinente autorización a las autoridades del Estado de tránsito.
la ejecución de un
instrumento de reconocimiento mutuo
reconocimiento mutuo.
Denegación del reconocimiento o ejecución de un
instrumento de
Únicamente podrá denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea cuando concurra alguno de los motivos tasados previstos en esta Ley.
Resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1.Las sentencias cuyo régimen de reconocimiento y ejecución se regula en este Título son aquellas resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro tras la celebración de un proceso penal, por las que se condena a una persona física a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisión de una infracción penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
2.Lo dispuesto en este Título se aplica únicamente a las penas o medidas pendientes, total o parcialmente, de ejecución. Cuando hayan sido totalmente cumplidas, su consideración en un nuevo proceso penal se regirá por la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.Son autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, así como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En los supuestos en
los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, será autoridad competente el tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia.
2.La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez Central de lo Penal. Para llevar a cabo la ejecución de la misma, será competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuando la resolución se refiera a una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor la competencia corresponderá al Juez Central de Menores.
3.La autoridad judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en el plazo de tres días desde su emisión o desde su reconocimiento y ejecución, una copia de los certificados transmitidos o reconocidos en España.
Transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Solicitudes de transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.Se podrá transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad tanto de oficio por la autoridad judicial española competente como a solicitud del Estado de ejecución o de la persona condenada.
La solicitud de la persona condenada para que se inicie un procedimiento para la transmisión de la resolución se podrá efectuar ante la autoridad competente española o ante la del Estado de ejecución.
Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecución y de la persona condenada no obligarán a la autoridad judicial española competente a la transmisión de la resolución.
2.Antes del inicio de la ejecución de la condena, en caso de que la persona condenada no estuviera cumpliendo ninguna otra, el Juez o Tribunal sentenciador, una vez que la sentencia sea firme, podrá transmitir la resolución a la autoridad competente del Estado de ejecución directamente o a través del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Requisitos para transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.La autoridad judicial española competente podrá transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea para que proceda a su ejecución, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a)Que el condenado se encuentre en España o en el Estado de ejecución.
b)Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, después de haber consultado al Estado de ejecución, cuando corresponda.
c)Que medie el consentimiento del condenado, salvo que el mismo no sea necesario, en
los términos previstos en el artículo siguiente.
2.El hecho de que, además de la condena a la pena o medida de seguridad privativa de libertad, se haya impuesto una sanción pecuniaria o decomiso que todavía no haya sido abonada o ejecutado no impedirá la transmisión de la resolución por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad. Los pronunciamientos condenatorios de carácter patrimonial podrán amparar la transmisión de resoluciones judiciales de decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.
3.Antes de transmitir la resolución, la autoridad judicial competente se asegurará de que no existe ninguna sentencia condenatoria pendiente de devenir firme en relación al condenado.
Consentimiento del condenado
1.La transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por la autoridad judicial española competente a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución, exigirá recabar previamente el consentimiento del condenado ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deberá estar asistido de abogado y en su caso, de intérprete y habrá tenido que ser informado en términos claros y comprensibles de la finalidad de la audiencia y del consentimiento.
2.Sin embargo, no será necesario su consentimiento cuando el Estado de ejecución
sea:
a)El Estado de nacionalidad del condenado en que posea vínculos atendiendo a su
residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales.
b)El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.
c)El Estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el
proceso penal abierto contra él en España o por haber sido condenado en España.
3.En todo caso, la autoridad judicial competente dará la oportunidad al condenado que se encuentre en España de formular verbalmente o por escrito su opinión. Ésta se tendrá en cuenta al decidir sobre la transmisión de la resolución y se remitirá a la autoridad del Estado de ejecución junto con el resto de la documentación.
Cuando la persona condenada, a causa de su edad o estado físico o psíquico, no pueda
dar su opinión, la misma se recabará a través de su representante legal.
Consultas sobre la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad entre el Estado de emisión y el de ejecución.
1.Antes de la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, la autoridad judicial competente podrá consultar a la autoridad competente del Estado de ejecución, por todos los medios apropiados, sobre aquellos aspectos que permitan concluir que la transmisión de la resolución contribuirá a facilitar la reinserción del condenado.
2.Esta consulta será obligatoria en los casos en que la resolución se transmita a un Estado de ejecución distinto de aquél en que el condenado vive y del que es nacional o de aquél al que vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad.
3.Cuando el Estado de ejecución haya respondido a la consulta formulada, la autoridad judicial competente decidirá si transmite o no la resolución o si la retira, en caso de que ésta hubiera sido ya transmitida.
Documentación de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Una vez decidida por la autoridad judicial competente la ejecución de la sentencia condenatoria en otro Estado miembro de la Unión Europea, transmitirá a la autoridad competente dicha sentencia junto con el certificado que figura en el anexo II, debidamente cumplimentado.
Notificación de la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
El auto por el que la autoridad judicial competente acuerde la transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se notificará personalmente al condenado, asistido de intérprete si fuera necesario y de acuerdo con el certificado del anexo III.
Cuando, al dictarse el auto, el condenado se encuentre en el Estado de ejecución se transmitirá el certificado del anexo III a la autoridad judicial competente de aquél para que lleve a cabo esa notificación.
Transmisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se
transmitirá a un único Estado de ejecución.
2.Se podrá transmitir a uno de los siguientes Estados miembros:
a)El Estado del que el condenado es nacional y en el que tenga su residencia habitual.
b)El Estado del que el condenado es nacional y al que, de acuerdo con la sentencia o
una resolución administrativa, será expulsado una vez puesto en libertad.
c)Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le
transmita la resolución.
d)Cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando así lo haya declarado ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos:
1.º Que el condenado resida de forma legal y continuada en ese Estado desde hace al
menos cinco años y mantenga en él su derecho de residencia permanente.
2.º Que sea nacional de ese Estado de ejecución pero no tenga su residencia habitual en
el mismo.
3.La transmisión de la resolución se comunicará al Juez o Tribunal que dictó la
sentencia condenatoria.
Solicitud del Juez de Vigilancia Penitenciaria de medidas cautelares sobre el condenado para su adopción por la autoridad de ejecución.
Si el condenado se encuentra en el Estado de ejecución, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a instancia del Ministerio Fiscal, podrá pedir a la autoridad competente del Estado de ejecución que adopte una medida restrictiva de la libertad personal del condenado o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio. Esta solicitud podrá hacerse incluso antes de que la autoridad de ejecución reciba la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o antes de que decida si procede a su ejecución.
De adoptarse por la autoridad de ejecución una medida privativa de libertad del condenado, el tiempo que transcurra privado de libertad se abonará en la correspondiente liquidación de condena.
Traslado del condenado al Estado de ejecución
1.Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se procederá al traslado del condenado al Estado de ejecución si éste se encontrara en España.
2.El plazo para hacer efectivo este traslado no podrá superar los treinta días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
En caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad de ejecución, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de diez días desde la nueva fecha acordada.
Retirada de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria emisor.
1.Antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por cinco días, podrá acordar la retirada del certificado mediante auto motivado que deberá dictarse en el plazo de cinco días y en el que se solicitará al Estado de ejecución que no adopte medida alguna de ejecución.
La retirada del certificado podrá llevarse a cabo en los siguientes casos:
a)Si no ha habido consulta previa alguna y recibiera de la autoridad de ejecución un dictamen o parecer relativo a que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución
no contribuirá al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del condenado en la sociedad.
b)Si no se alcanza un acuerdo con la autoridad de ejecución en relación con la
ejecución parcial de la condena.
c)Si, tras solicitar información a la autoridad de ejecución sobre las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional, no se alcanza un acuerdo sobre su aplicación.
2.Cuando se solicite por el Estado de ejecución, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá comunicar a la autoridad de ejecución las disposiciones aplicables en Derecho español en relación con la libertad anticipada o condicional del condenado, así como solicitarle información sobre las disposiciones aplicables en esta materia en virtud de la legislación del Estado de ejecución. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, recibida esta información y tras oír a las partes personadas por cinco días, dictará auto motivado en el plazo de otros cinco. El auto contendrá las disposiciones a aplicar por la autoridad de ejecución o acordará retirar el certificado.
Consecuencias en el proceso español de la ejecución en otro Estado miembro de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Una vez iniciada la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria dejará de ser competente para adoptar resoluciones sobre la pena o medida privativa de libertad impuesta al condenado, incluidos los motivos de la libertad anticipada o condicional, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior.
Esta circunstancia, así como la posterior retirada del certificado o la reversión de la ejecución a España, se comunicará a los órganos sentenciadores que hubieran pronunciado la condena privativa de libertad cuya ejecución ha sido transmitida, retirada o revertida.
Reversión de la ejecución de la condena a España
Podrá reanudarse la ejecución de la condena en España cuando la autoridad competente del Estado de ejecución informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la no ejecución de la condena como consecuencia de la fuga del condenado.
Ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Requisitos para el reconocimiento y la ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.El Juez Central de lo Penal reconocerá las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea cuando de esta forma se facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que el condenado sea español y resida en nuestro país.
b)Que el condenado sea español y vaya a ser expulsado a España con motivo de esa
condena.
c)Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado español, este consentimiento no sea necesario.
2.La ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por el Estado de emisión no estará sujeta a control de la doble tipificación cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artículo 20, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.
Consultas sobre la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.El Juez Central de lo Penal contestará las solicitudes de información dirigidas por la autoridad de emisión relativas a la transmisión a nuestro país de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad en un plazo máximo de veinte días desde su recepción.
2.Cuando la consulta tenga por objeto conocer las posibilidades de reinserción social del condenado en España, el Juez Central de lo Penal oirá a éste si estuviera en España, recabará la información que entienda necesaria sobre el arraigo del condenado en nuestro país, oirá al respecto al Ministerio Fiscal, y remitirá su respuesta a la autoridad que ha realizado la consulta.
3.En los casos en que no haya habido consulta y una vez se hayan transmitido la sentencia y el certificado, el Juez Central de lo Penal podrá remitir un dictamen sobre la eventual ejecución de la condena en España y su contribución a la reinserción social del condenado.
Solicitud de transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
El Juez Central de lo Penal, de oficio o a solicitud del condenado, podrá solicitar a la autoridad competente del Estado de emisión, previa audiencia al Ministerio Fiscal o a iniciativa de éste, la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad para su ejecución en España.
Acuerdo para la ejecución parcial de la condena
1.El Juez Central de lo Penal consultará a la autoridad competente del Estado de emisión sobre el posible reconocimiento y ejecución parcial de la resolución condenatoria, antes de decidir que deniega el reconocimiento y la ejecución de la resolución de manera total.
2.De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior y en atención a las circunstancias del caso concreto, el Juez Central de lo Penal podrá llegar a un acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisión para reconocer y ejecutar parcialmente la resolución condenatoria. A falta de acuerdo, el certificado será devuelto.
El acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecución parciales de la resolución no podrá
suponer, en ningún caso, el aumento de la duración de la condena.
Procedimiento para el reconocimiento de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en España.
1.Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del certificado, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecución de la resolución.
2.El Juez Central de lo Penal comprobará si concurre alguna causa de denegación del reconocimiento o de la ejecución, y también si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislación del Estado de emisión. En todo caso, no será necesario el consentimiento del condenado cuando:
a)Sea español y resida en España.
b)Vaya a ser expulsado a España una vez puesto en libertad en el Estado de emisión sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.
c)Se haya fugado o haya regresado a España por la condena dictada o por el proceso
penal seguido en el Estado de emisión.
3.El Juez Central de lo Penal resolverá mediante auto en el plazo de otros diez días el
reconocimiento de la resolución condenatoria o su denegación.
En todo caso, en el plazo de noventa días el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecución deberá ser firme y se remitirá, en su caso, al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.
4.En el auto se determinará el período total de privación de libertad que haya de cumplirse en España, deduciendo exclusivamente del mismo el que ya se haya cumplido en el Estado de emisión o el que proceda en virtud del tiempo que haya permanecido el condenado en prisión preventiva o cualquier otra medida restrictiva de su libertad que, adoptada por la autoridad del Estado de emisión, fuese computable.
Retirada del certificado de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Si la autoridad competente del Estado de emisión notificara la retirada del certificado antes del comienzo de la ejecución de la condena, el Juez Central de lo Penal archivará el procedimiento y le remitirá lo actuado.
En la devolución del certificado se hará constar el tiempo que, en su caso, el condenado hubiera permanecido privado de libertad en España en cumplimiento de alguna medida cautelar.
Adaptación de condena
1.En el caso de que la duración de la condena impuesta en la resolución sea incompatible con la legislación española vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resolución por superar el límite de la pena máxima prevista para ese delito, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena. La adaptación consistirá en limitar la duración de la condena al máximo de lo previsto en la referida legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado.
2.En el caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación española, el Juez Central de lo Penal podrá adaptar la condena a la pena o medida contemplada en nuestra legislación para los delitos por los que el afectado fuera condenado. La pena adaptada debe corresponder a la pena impuesta en la resolución judicial extranjera y, en consecuencia, no podrá transformarse en pena de otra naturaleza como la pena de multa.
3.En ninguno de estos supuestos podrá la adaptación agravar la condena impuesta en
el Estado de emisión.
Aplazamiento del reconocimiento de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.El Juez Central de lo Penal aplazará el reconocimiento de la resolución condenatoria cuando el certificado que le haya remitido la autoridad competente del Estado de emisión esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolución que debe ejecutarse.
2.El nuevo plazo concedido para que la autoridad de emisión pueda completar o corregir
el certificado no podrá superar los sesenta días.
Denegación del reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.El Juez Central de lo Penal denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, además de en los supuestos previstos en los artículos 32 y 33, en los siguientes casos:
a)Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habría podido ser declarada penalmente responsable por los hechos motivadores de la resolución condenatoria, de acuerdo con la legislación penal española.
b)Cuando la autoridad judicial española competente constate que, en el momento de recibir la resolución condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir es inferior a seis meses.
c)Cuando, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 81, la resolución transmitida imponga una medida privativa de libertad que no resulte ejecutable de acuerdo con el Derecho español.
d)Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en España por una infracción
cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del Estado de emisión no diera su consentimiento.
e)Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisión de una resolución
por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
2.En caso de que concurra alguno de los motivos de denegación del reconocimiento y la ejecución previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del artículo 32, en el apartado 1 del artículo 33 o en las letras c) y e) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución, el Juez Central de lo Penal consultará a la autoridad competente del Estado de emisión para que aclare la situación y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
Legislación aplicable en la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria deberá ejecutar la resolución condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español, con deducción del período de privación de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisión en relación con la misma resolución condenatoria, del período total que haya de cumplirse en España.
2.El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria será la única autoridad competente para determinar el procedimiento de ejecución y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesión de la libertad condicional. Si la autoridad de emisión informara de la fecha en virtud de la cual el condenado tendría derecho a disfrutar de la libertad condicional, con arreglo a su ordenamiento jurídico, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria podrá tenerla en cuenta.
Medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado cuando se encuentre en España.
1.Si el condenado se encuentra en España, a instancias de la autoridad de emisión o del Ministerio Fiscal, el Juez Central de lo Penal podrá adoptar medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado que garanticen su permanencia en España hasta el reconocimiento y ejecución de la condena.
2.Recibida esta solicitud, el Juez Central de lo Penal podrá ordenar la detención del condenado y, una vez puesto a su disposición, celebrará comparecencia en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También podrá ordenar otra medida cautelar restrictiva de la libertad del condenado, siempre de conformidad con las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3.Estas medidas podrán solicitarse por la autoridad de emisión antes de transmitir la
resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
4.El tiempo de detención y el de prisión provisional se computarán en la liquidación de la condena a ejecutar en España en virtud del reconocimiento y ejecución de la resolución para cuya garantía se adoptó la medida.
Traslado del condenado a España para el cumplimiento de la privación de libertad.
Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisión será trasladada a España en el momento acordado entre la autoridad de emisión y el Juez Central de lo Penal, siempre dentro de los treinta días siguientes a la firmeza del auto de reconocimiento y ejecución de la resolución.
Si debido a circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el momento acordado se fijará una nueva fecha, inmediata a la desaparición de esas circunstancias, desde la que debe verificarse el traslado en el plazo de diez días.
Suspensión de la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
El Juez Central de lo Penal suspenderá la ejecución de la resolución tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisión le informe de la adopción de cualquier resolución o medida que tenga por efecto anular o dejar sin efecto la resolución.
Devolución a la autoridad de emisión de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Si durante la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondrá en conocimiento, sin dilación, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisión y deduzca testimonio para la investigación de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.
Cuando proceda la devolución del certificado se hará constar el tiempo que el
condenado ha permanecido privado de libertad en España en ejecución de esta resolución.
Ejecución de condenas a raíz de una orden europea de detención y entrega
Cuando se deniegue o se condicione una orden europea de detención y entrega con fundamento en la nacionalidad española del condenado, el Juez Central de lo Penal aplicará las disposiciones de este Capítulo a efectos de cumplimiento de la condena impuesta en el otro Estado miembro, impidiendo la impunidad del condenado.
Aplicación del principio de especialidad a la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
1.La persona trasladada a España en el marco de un proceso de reconocimiento y ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad no podrá ser procesada, condenada, ni privada de libertad en España como consecuencia de la comisión de una infracción anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado.
2.El apartado anterior no será aplicable cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)Cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de España y no lo haya hecho en el plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o bien lo ha hecho pero ha vuelto después de haber salido.
b)Cuando la infracción no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto
de internamiento.
c)Cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la
libertad individual.
d)Cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no
privativa de libertad, aun cuando puedan restringir su libertad individual.
e)Cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado.
f)Cuando la persona condenada hubiera renunciado después del traslado, de manera expresa y voluntaria, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su traslado.
La renuncia deberá realizarla el condenado, asistido de un abogado, ante el Juez Central
de lo Penal, que levantará acta de la misma.
g)Cuando el Estado de emisión dé su consentimiento, de acuerdo con lo previsto en el
apartado siguiente.
3.El Juez Central de lo Penal, como autoridad de ejecución, remitirá la correspondiente solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisión, acompañada de una orden europea de detención y entrega.
4.En el supuesto de que España sea el Estado emisor, las autoridades judiciales competentes consentirán la no aplicación del principio de especialidad cuando el Estado de ejecución le presente una solicitud de consentimiento acompañada de una orden europea de detención y entrega y exista la obligación de entrega de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
En este caso, la autoridad judicial española competente dará su consentimiento en un
plazo no superior a treinta días desde la recepción de la solicitud.
Detención y puesta a disposición de la autoridad judicial
La detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el plazo máximo de setenta y dos horas tras su detención, la persona detenida será puesta a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Plazo de decisión cuando no existe consentimiento
Cuando la persona reclamada no consienta en su entrega, la decisión deberá adoptarse en el plazo máximo de sesenta días desde que se produjera la detención. Cuando por razones justificadas no pueda adoptarse dentro de ese plazo, podrá prorrogarse por otros treinta días, comunicando a la autoridad judicial de emisión los motivos de la demora.
Concurrencia con una solicitud de extradición
En caso de concurrencia entre una orden europea de detención y entrega y una solicitud de extradición presentada por un tercer Estado, la autoridad judicial española suspenderá el procedimiento y remitirá toda la documentación al Ministerio de Justicia. La propuesta de decisión que eleve el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros tendrá en cuenta todas las circunstancias y, en particular, las previstas por la Ley.
Extradición ulterior a un tercer Estado
Cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea de detención y entrega y sea posteriormente solicitada su extradición por un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, no podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el Juez Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.
Norma
38 artículos en este tema
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.
1.Las presentes reglas se aplicarán de forma imparcial. No habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Deberán respetarse las creencias religiosas y preceptos morales de los reclusos.
2.Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias.
La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.
1.Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.
2.Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos.
1.El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.
2.Las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión.
Gestión de los expedientes de los reclusos
En todo sitio donde haya reclusos habrá un sistema normalizado de gestión de sus expedientes. Ese sistema podrá consistir en una base electrónica de datos o en un registro foliado y firmado en cada página. Se establecerán procedimientos para velar por una pista de auditoría segura e impedir el acceso no autorizado a la información del sistema y su modificación no autorizada.
Ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento penitenciario sin una orden válida de reclusión. En el sistema de gestión de los expedientes de los reclusos se consignará la información siguiente en el momento del ingreso de cada recluso:
a)
(b)
c)
d)
información precisa que permita determinar la identidad personal del recluso, respetando el género con el que el propio recluso se identifique;
los motivos de su reclusión y la autoridad competente que la dispuso, además de la fecha, la hora y el lugar de su detención;
la fecha y hora de su ingreso y salida, así como de todo traslado;
toda lesión visible y toda queja sobre malos tratos anteriores;
e)un inventario de sus bienes personales;
f)
g)
los nombres de sus familiares, incluidos, cuando proceda, sus hijos, y la edad de estos, el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia;
información sobre sus familiares más cercanos y datos de la persona de contacto para casos de emergencia.
En el sistema de gestión de los expedientes de los reclusos se consignará la información siguiente, según proceda, durante el período de reclusión:
a)
información relativa al proceso judicial, incluidas las fechas de las audiencias y la representación jurídica;
b)
c)
informes iniciales de evaluación y clasificación;
información sobre el comportamiento y la disciplina;
d)peticiones y quejas, incluidas las denuncias de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a menos que sean de naturaleza confidencial;
e)
f)
información sobre la imposición de medidas disciplinarias;
información sobre las circunstancias y causas de toda lesión o fallecimiento y, en este último caso, sobre el destino de los restos mortales.
Toda la información mencionada en las reglas 7 y 8 se mantendrá confidencial y solamente se pondrá a disposición de aquellas personas cuyas funciones profesionales así lo exijan. Todo recluso tendrá acceso a los documentos que le conciernan, con sujeción a las supresiones de texto que autorice la legislación nacional, y tendrá derecho a que se le entregue una copia certificada en el momento de su puesta en libertad.
Los sistemas de gestión de los expedientes de los reclusos se utilizarán también para generar datos fiables sobre tendencias y características relativas a la población reclusa, incluida la tasa de ocupación, que sirvan de base para la adopción de decisiones con base empírica.
Separación por categorías
Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente:
a)
b)
c)
los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres;
los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados;
los encarcelados por deudas u otras causas civiles estarán separados de los encarcelados por causas criminales;
d)
los jóvenes estarán separados de los adultos.
Alojamiento
1.Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de población reclusa, resulta indispensable que la administración penitenciaria central haga excepciones a esta regla, se evitará alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual.
2.Cuando se utilicen dormitorios colectivos, estos los ocuparán reclusos que hayan sido cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para relacionarse entre sí en esas condiciones. Por la noche se les someterá a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.
1.La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica.
2.Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.
1.Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación.
2.El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado.
1.El servicio de atención de la salud preparará y mantendrá historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero para acceder a su historial médico.
2.En caso de traslado de un recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de atención de la salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de confidencialidad médica.
1.Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los reclusos que les sean remitidos.
2.Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.
La disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar la custodia segura, el funcionamiento seguro del establecimiento penitenciario y la buena organización de la vida en común.
La ley pertinente, o el reglamento de la autoridad administrativa competente, determinarán en cada caso:
a)
b)
c)
d)
las conductas que constituyen una falta disciplinaria;
el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias aplicables;
la autoridad competente para imponer esas sanciones;
toda forma de separación forzosa del resto de la población reclusa (como el aislamiento, la incomunicación, la segregación y los módulos de vigilancia especial o de semiaislamiento), ya sirva como sanción disciplinaria o para mantener el orden y la seguridad, incluida la aprobación de normas y procedimientos relativos al uso, la revisión, la imposición o el levantamiento de cualquier régimen de separación forzosa.
1.Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas:
a)
b)
c)
d)
el aislamiento indefinido;
el aislamiento prolongado;
el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada;
las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable;
e)
los castigos colectivos.
2.En ningún caso se utilizarán métodos de coerción física como sanción por faltas disciplinarias.
3.Entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no podrá figurar la prohibición del contacto con la familia. Solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden.
A los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entenderá el aislamiento de reclusos durante un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos.
1.El aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente con el permiso de una autoridad competente. No se impondrá a un recluso en virtud de su condena.
2.La imposición de sanciones de aislamiento estará prohibida cuando el recluso tenga una discapacidad física o mental que pudiera agravarse bajo dicho régimen. Continúa aplicándose la prohibición de emplear sanciones de aislamiento y medidas similares con mujeres y niños en los casos
descritos en otras reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.2
1.El personal sanitario no desempeñará ningún papel en la imposición de sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas. Prestará, en cambio, particular atención a la salud de todo recluso sometido a cualquier régimen de separación forzosa, por ejemplo visitándolo a diario y proporcionándole con prontitud atención y tratamiento médicos si así lo solicita el propio recluso o el personal penitenciario.
2.El personal sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario, sin dilación, todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso de las sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le hayan impuesto, y le hará saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de salud física o mental.
3.El personal sanitario estará facultado para examinar las condiciones de separación forzosa de un recluso y recomendar los cambios que correspondan con el fin de velar por que dicha separación no agrave la enfermedad o la discapacidad física o mental del recluso.
Instrumentos de coerción física
1.Se prohibirá el empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor.
2.Otros instrumentos de coerción física solo podrán ser utilizados cuando la ley los autorice y en los siguientes casos:
a)
como medida de precaución contra la evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en el momento en que el recluso comparezca ante una autoridad judicial o administrativa;
b)por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos de control, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca daños materiales, en cuyos casos el director deberá alertar
2 Véanse la regla 67 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (resolución 45/113, anexo), y la regla 22 de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) (resolución 65/229, anexo).
inmediata mente al médico u otros profesionales de la salud competentes e informar a la autoridad administrativa superior.
1.Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos:
a)por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones,
electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y
b)
recibiendo visitas.
2.En caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad.
En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social.
1.Para que un visitante sea autorizado a entrar en un establecimiento penitenciario deberá prestar su consentimiento a ser registrado. El visitante podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso la administración penitenciaria le podrá denegar el acceso.
2.Los procedimientos de registro y entrada no podrán ser degradantes para los visitantes y se regirán por principios cuando menos tan protectores como los que figuran en las reglas 50 a 52. Se evitarán los registros de los orificios corporales y no se emplearán con niños.
1.Se facilitarán a los reclusos oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un asesor jurídico o proveedor de asistencia jurídica de su elección, entrevistarse con él y consultarle sobre cualquier asunto jurídico, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial, de conformidad con la legislación nacional aplicable. El personal penitenciario podrá vigilar visualmente las consultas, pero no podrá escuchar la conversación.
2.Si un recluso no habla el idioma local, la administración del establecimiento penitenciario le facilitará el acceso a los servicios de un intérprete independiente y calificado.
3.Los reclusos tendrán acceso a asistencia jurídica efectiva.
1.La administración penitenciaria seleccionará cuidadosamente al personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de dicho personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.
2.La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para informar al público.
3.Para lograr los fines mencionados será indispensable que los miembros del personal penitenciario sean profesionales contratados a tiempo completo con la condición de funcionarios públicos y, por tanto, con la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser suficiente para obtener y conservar
los servicios de hombres y mujeres capaces. Las prestaciones laborales y condiciones de servicio serán favorables, teniendo en cuenta el difícil trabajo que desempeñan.
1.Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la capacidad y los medios necesarios para desempeñar sus funciones de una manera profesional.
2.A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Solo los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario.
3.La administración penitenciaria impartirá de manera continua cursos de formación en el empleo con miras a mantener y mejorar los conocimientos y la capacidad profesional del personal después de su incorporación al servicio y durante su carrera profesional.
1.La formación mencionada en el párrafo 2 de la regla 75 comprenderá, como mínimo, los ámbitos siguientes:
a)
b)
c)
la legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes, así como los instrumentos internacionales y regionales aplicables, cuyas disposiciones deberán regir la labor del personal penitenciario y su interacción con los reclusos;
los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones, incluido el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la prohibición de determinadas conductas, en particular de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
la seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, el empleo de la fuerza y de instrumentos de coerción física, y el control de delincuentes violentos, con la debida consideración al uso de técnicas preventivas y de distensión, como la negociación y la mediación;
d)primeros auxilios, las necesidades psicosociales de los reclusos y la dinámica correspondiente en los entornos penitenciarios, así como servicios de asistencia y atención sociales, incluida la detección temprana de problemas de salud mental.
2.El personal penitenciario encargado de ciertas categorías de reclusos, o el que sea asignado a otras funciones especializadas, recibirá la capacitación especializada que corresponda.
Todo el personal penitenciario deberá conducirse y cumplir sus funciones, en toda circunstancia, de manera que su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia beneficiosa en los reclusos.
1.En la medida de lo posible, la plantilla del establecimiento penitenciario tendrá un número suficiente de especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos.
2.Los servicios de los trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos deberán ser de carácter permanente, sin que ello excluya que se pueda contar con personal contratado a tiempo parcial o personal voluntario.
1.El director del establecimiento penitenciario estará debidamente calificado para ejercer su función, tanto por su carácter como por su capacidad administrativa, su formación y su experiencia profesional.
2.El director del establecimiento penitenciario consagrará toda su jornada laboral a sus funciones oficiales y no podrá ser contratado a tiempo parcial. Deberá residir en el establecimiento o en sus inmediaciones.
3.Cuando dos o más establecimientos penitenciarios estén bajo la autoridad de un único director, este los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos establecimientos contará con un funcionario residente encargado.
1.El director, el subdirector y la mayor parte del personal del establecimiento penitenciario deberán hablar la lengua de la mayoría de los reclusos o una lengua comprendida por la mayoría de ellos.
2.Se emplearán los servicios de un intérprete calificado cada vez que sea necesario.
1.En los establecimientos penitenciarios mixtos, el pabellón de mujeres estará bajo la dirección de una funcionaria encargada, que guardará todas las llaves de dicho pabellón.
2.Ningún funcionario del sexo masculino podrá entrar en el pabellón de mujeres si no va acompañado de una funcionaria.
3.La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarias. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, en particular médicos y personal docente, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o pabellones de establecimi entos reservados para mujeres.
1.Los funcionarios penitenciarios no recurrirán a la fuerza en sus relaciones con los reclusos salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia física activa o pasiva a una orden basada en la ley o reglamento correspondientes. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán de inmediato al director del establecimiento penitenciario sobre el incidente.
2.Los funcionarios penitenciarios recibirán entrenamiento físico especial para poder reducir a los reclusos violentos.
3.Salvo en circunstancias especiales, el personal que en el desempeño de sus funciones entre en contacto directo con los reclusos no estará armado. Además, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que este haya sido antes adiestrado en su manejo.
Inspecciones internas y externas
1.Habrá un sistema doble de inspecciones periódicas de los establecimientos y servicios penitenciarios, que se basará en:
a)
b)
inspecciones internas o administrativas realizadas por la administración penitenciaria central;
inspecciones externas realizadas por un organismo independiente de la administración penitenciaria, que podría ser un organismo internacional o regional competente.
2.En ambos casos, el objetivo de las inspecciones será velar por que los establecimientos penitenciarios se gestionen conforme a las leyes, reglamentos, políticas y procedimientos vigentes, con la finalidad de que se cumplan los objetivos de los servicios penitenciarios y correccionales, y por que se protejan los derechos de los reclusos.
1.Los inspectores estarán facultados para:
a)
acceder a toda la información acerca del número de reclusos y de los lugares y locales en que se encuentran recluidos, así como a toda la
información relativa al tratamiento de los reclusos, incluidos sus expedientes y las condiciones de su reclusión;
elegir libremente los establecimientos penitenciarios que vayan a visitar, incluso realizando visitas no anunciadas por iniciativa propia, y a qué reclusos entrevistar;
entrevistarse con carácter privado y plenamente confidencial con los reclusos y el personal penitenciario en el curso de sus visitas;
formular recomendaciones a la administración penitenciaria y a otras autoridades competentes.
b)
c)
d)
inspecciones externas estarán
integrados por
2.Los equipos de inspectores calificados y experimentados, que hayan sido designados por una autoridad competente, y contarán con profesionales de la salud. Se prestará la debida atención al logro de una representación equilibrada de hombres y mujeres.
Norma
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Se respetarán los derechos humanos en el trato con todas las personas privadas de libertad.
Las personas privadas de libertad conservarán todos los derechos que por ley no les hayan sido retirados por la decisión que los condena a una pena de prisión o a una detención preventiva.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de libertad se reducirán
a las estrictamente necesarias y serán proporcionales a los objetivos legítimos para los que han sido impuestas.
La falta de recursos no justificará unas condiciones de detención que violen los derechos humanos.
La vida en la prisión se ajustará tanto como sea posible a los aspectos positivos de la vida fuera de la prisión.
Toda detención se llevará a cabo de manera que facilite la reinserción en la sociedad libre de las personas privadas de libertad.
Se fomentará la cooperación con los servicios sociales externos y, en la medida de lo posible, la participación de la sociedad civil en la vida en prisión.
El personal penitenciario desempeña una importante misión de servicio público y su contratación y su formación y sus condiciones de trabajo deben permitirle mantener un alto nivel de calidad en su trato con los internos.
Todas las prisiones estarán sujetas a inspecciones gubernamentales regulares y al control por parte de una autoridad independiente.
Ámbito de aplicación
Las Reglas Penitenciarias Europeas se aplicarán a las personas detenidas provisionalmente por una autoridad judicial o privadas de libertad a raíz de una condena.
En principio, toda persona detenida provisionalmente por orden judicial o privada de libertad tras haber sido condenada solo podrá estar detenida en prisiones, es decir, en establecimientos reservados a los internos de esas dos categorías.
Las reglas también se aplicarán a las personas:
a. presas por otro motivo en la prisión; o
b. presas provisionalmente por autoridad judicial o privadas de libertad a raíz de una condena, pero que, por alguna razón, estén presas en otros lugares.
Toda persona detenida en una prisión o detenida en los términos mencionados en el punto 10.3.b. se considerará como detenida a efectos de las presentes reglas.
Los menores de 18 años no podrán permanecer detenidos en prisiones para
adultos, sino en establecimientos especialmente concebidos a tal efecto.
Sin embargo, si excepcionalmente hubiera menores detenidos en estas prisiones, su situación y sus necesidades se regirán por reglas especiales.
Las personas que sufran enfermedades mentales o cuyo estado de salud mental sea incompatible con la detención en la prisión permanecerán detenidas en un establecimiento concebido a tal efecto.
De todas maneras, si estas personas quedan detenidas excepcionalmente en una prisión, se regirán por reglas especiales que contemplen su situación y sus necesidades.
Estas reglas se aplicarán con imparcialidad, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, ideología política o de otro tipo, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
Ingreso y mantenimiento de los registros
Nadie ingresará en prisión o permanecerá en ella en calidad de detenido sin una orden válida de encarcelamiento que cumpla las disposiciones legales del país.
En el momento de la admisión, se registrarán inmediatamente las informaciones siguientes de cada interno:
a. información respecto a la identidad;
b. motivo de la detención y nombre de la autoridad competente que la ha decidido;
c. fecha y hora del ingreso;
d. lista de los efectos personales, que se guardarán en lugar seguro, de acuerdo con la regla 31;
e. cualquier herida visible y cualquier queja de maltrato anteriores;
f. bajo reserva de las obligaciones referentes al secreto médico, cualquier información del estado de salud significativa para el bienestar físico y mental de
este interno o de los demás;
g. el nombre y los datos de cualquier persona designada por el interno como persona de contacto en caso de defunción, heridas graves o enfermedad, y
h. el número de hijos, su edad, así como también la persona que se encarga de ellos.
En el momento del ingreso, cada interno recibirá las informaciones previstas en la regla 30.
Inmediatamente después del ingreso, de acuerdo con la regla 24.9., se notificará la detención del interno.
Tan pronto como sea posible después del ingreso:
a. se completarán las informaciones relativas al estado de salud del interno en el momento de la admisión, a través de un examen médico, de acuerdo con la regla
;
b. se determinará el nivel de seguridad aplicable al interesado, de acuerdo con la regla 51;
c. se determinará el riesgo que supone el interno, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 52;
d. se evaluarán las informaciones recogidas según las reglas 15.1.g y 15.1.h, así como también cualquier otra información disponible sobre la situación social del interno, de manera que se puedan tratar las necesidades personales y sociales inmediatas, y
e. en el caso de internos condenados, se aplicarán las medidas requeridas para establecer los programas previstos en la parte VIII de estas reglas.
Deberán irse actualizando y, si fuera necesario, completando las informaciones facilitadas al ingreso y tan pronto como sea posible después de la admisión.
Se facilitará la información sobre cada interno, en concreto, en lo que respecta a:
a. el procedimiento judicial;
b. los proyectos individuales de ejecución de la pena, la estrategia de preparación para la puesta en libertad y la fecha de la puesta en libertad;
c. el comportamiento y la conducta, incluido el riesgo para el mismo o para los
demás;
d. las peticiones y las quejas, salvo que sean de carácter confidencial;
e. la imposición y la duración de la separación y de las sanciones disciplinarias, incluido el uso del aislamiento en la celda;
f. el uso de medios de coacción, incluidas su naturaleza y su duración;
g. los registros personales, en especial los registros corporales internos y los registros de las celdas;
h. cualquier traslado, y
i. los efectos personales.
Cualquier información que se recoja durante la admisión y más adelante debe mantenerse como confidencial y solo deberán tener acceso a ella aquellos que la necesiten por motivos profesionales.
Los internos tendrán acceso a sus informes médicos y de otro tipo, salvo aquellos de acceso restringido en virtud del derecho interno por razones de seguridad, y podrán recibir una copia de ellos si la solicitan.
El derecho interno debe concretar qué informaciones deben ser recogidas y tratadas y debe contener disposiciones detalladas respecto a estas informaciones para velar por el respeto hacia las normas relativas a la protección de datos.
Asignación y espacios de detención
Los internos serán asignados siempre que sea posible a prisiones que estén situadas cerca de su casa o de su centro de reinserción social.
La asignación también debe de tener en cuenta las exigencias referentes a las diligencias y a las investigaciones penales, a la seguridad, y también a la necesidad de ofrecer unos regímenes adecuados a todos los internos.
En la medida que sea posible, los internos deben ser consultados respecto a su asignación inicial y cada traslado posterior de una prisión a otra.
Los espacios para los internos, en especial los que están destinados a su alojamiento durante la noche, satisfarán las exigencias de respeto de la dignidad humana y, si es posible, de la vida privada, y deben responder a las condiciones mínimas requeridas en materia de salud e higiene, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, especialmente la superficie de suelo, el volumen de aire, la
iluminación, la calefacción y la ventilación.
En todos los edificios donde los internos deben vivir, trabajar o reunirse:
a. las ventanas serán suficientemente grandes para que los internos puedan leer y trabajar con luz natural en condiciones normales, y para permitir la entrada de aire fresco, salvo que exista un sistema de climatización adecuado;
b. la luz artificial se adecuará a las normas técnicas reconocidas en la materia, y
c. un sistema de alarma permitirá que los internos puedan contactar con el personal de manera inmediata.
El derecho interno definirá las condiciones mínimas requeridas relativas a los puntos establecidos en los párrafos 1 y 2.
El derecho interno preverá mecanismos que garanticen que la superpoblación de la prisión no atente contra el respeto de estas condiciones mínimas.
En principio, los internos deben ser alojados durante la noche en una celda individual, salvo cuando sea preferible que convivan con otros internos.
Una celda únicamente deberá compartirse si está adaptada para uso colectivo y será ocupada por internos que se reconozcan aptos para convivir.
En la medida que sea posible, los internos deberán poder elegir antes de ser obligados a compartir una celda durante la noche.
La decisión de alojar a un interno en una prisión o en una parte concreta de la prisión tendrá en cuenta la necesidad de separar:
a. a los preventivos de los internos condenados;
b. a los internos de sexo masculino de las internas de sexo femenino, y
c. a los internos adultos jóvenes de los internos más mayores.
Se derogarán las disposiciones del párrafo 18.8 en materia de separación de los internos a fin de permitirles participar juntos en actividades organizadas. De todas maneras, los grupos previstos siempre deben permanecer separados por la noche, salvo que los interesados consientan en compartir celda y las autoridades penitenciarias estimen que esta medida se inscribe en el interés de todos los internos afectados.
Las condiciones de alojamiento de los internos satisfarán las medidas de
seguridad menos restrictivas posibles y compatibles con el riesgo de que los interesados se fuguen, se hieran o hieran a otras persones.
Higiene
Todos los espacios de una prisión deberán mantenerse en buen estado y limpios en todo momento.
Las celdas o los demás espacios donde sean alojados los internos en el momento de su admisión estarán limpios.
Los internos deberán poder acceder fácilmente a las instalaciones sanitarias higiénicas, que deben proteger su intimidad.
Las instalaciones de baño y de ducha serán suficientes para que cada interno las pueda utilizar, a una temperatura adaptada al clima, preferentemente cada día pero, como mínimo, dos veces a la semana (o más a menudo si es preciso), de acuerdo con los preceptos generales de higiene.
Los internos velarán por la limpieza y el mantenimiento de su persona, su ropa y su alojamiento.
Las autoridades penitenciarias les proporcionarán los medios para hacerlo, especialmente, artículos de aseo personal, así como utensilios y productos de mantenimiento. Se tomarán medidas especiales para responder a las necesidades higiénicas de las mujeres.
Ropa personal y de cama
Todo interno que no cuente con ropa personal adecuada recibirá ropa adaptada a las condiciones climáticas.
Dicha ropa no será ni degradante ni humillante.
Dicha ropa se mantendrá en buen estado y se reemplazará en caso necesario.
Cuando un interno salga de la prisión con un permiso, no se le obligará a llevar una indumentaria que le identifique como tal.
Todo interno dispondrá de una cama separada y de su propia ropa de cama individual y adecuada, que se mantendrá correctamente y se cambiará con la
frecuencia suficiente para asegurar su limpieza.
Régimen alimentario
Los internos podrán disfrutar de un régimen alimentario que tenga en cuenta su edad, su estado de salud, su estado físico, su religión, su cultura y la naturaleza de su trabajo.
La legislación del país determinará los criterios de calidad del régimen alimentario, que detallarán en particular su contenido energético y proteico mínimo.
La comida se preparará y servirá en condiciones higiénicas.
Se servirán tres comidas al día en intervalos razonables.
Los internos tendrán en todo momento acceso a agua potable.
El/la médico/médica o un/a enfermero/a cualificado/a prescribirá la modificación del régimen alimentario de un interno si la medida fuera necesaria por motivos médicos.
Asesoramiento jurídico
Todo interno tendrá derecho a solicitar asesoramiento jurídico, y las autoridades penitenciarias le ayudarán de manera razonable a tener acceso a él.
Todo interno tendrá derecho a consultar por su propia cuenta a un abogado de su elección sobre cualquier aspecto de derecho.
Cuando la legislación prevea un programa de ayuda jurídica gratuita, las autoridades penitenciarias darán a conocer dicha posibilidad a todos los internos.
Las consultas y otras comunicaciones —incluida la correspondencia— sobre aspectos legales entre un interno y su abogado deben ser confidenciales.
En circunstancias excepcionales, una autoridad judicial podrá́ autorizar exenciones a este principio de confidencialidad a fin de evitar la comisión de un delito grave o un atentado a la seguridad de la prisión.
Los internos podrán acceder a los documentos relativos a los procedimientos judiciales que les afecten, o bien estar autorizados a tenerlos en su poder.
Contactos con el mundo exterior
Deberá permitirse a los internos comunicarse tan a menudo como sea posible –por carta, teléfono u otros medios de comunicación– con su familia, terceras personas y representantes de organismos exteriores, así como a recibir visitas de dichas personas.
Cualquier restricción o control de las comunicaciones y de las visitas necesarias para las diligencias y las investigaciones penales, para el mantenimiento del orden y la seguridad, así como para la prevención de delitos penales y la protección de las víctimas —también a raíz de una orden específica emitida por una autoridad judicial— permitirá sin embargo un nivel mínimamente aceptable de contacto.
El derecho interno especificará los organismos nacionales e internacionales, así como los funcionarios, con los que los internos podrán comunicarse sin restricciones.
El régimen de visitas permitirá que los internos mantengan y desarrollen relaciones familiares de la manera más normal posible.
Las autoridades penitenciarias ayudarán a los internos a mantener un contacto adecuado con el mundo exterior y les proporcionarán la asistencia social apropiada para hacerlo.
Se comunicará lo antes posible al interno cualquier información recibida sobre la defunción o la enfermedad grave de un familiar cercano.
Cuando las circunstancias lo permitan, se dejará al interno salir de la prisión, con escolta o libremente, para visitar a un pariente enfermo, asistir a un funeral o por otras razones humanitarias.
Todo interno tendrá derecho a informar inmediatamente a su familia de su detención o traslado a otro establecimiento, así como de cualquier enfermedad o herida grave que sufra.
En el caso de que un interno ingrese en prisión, fallezca, contraiga una enfermedad grave, se hiera gravemente o deba ser trasladado a un hospital, las autoridades —salvo que el interno solicite lo contrario— informarán inmediatamente a su cónyuge o pareja, o bien, si el interesado es soltero, al familiar más cercano o a cualquier otra persona previamente designada por el interno.
Los internos podrán estar informados regularmente de los asuntos públicos; podrán leer diarios, revistas y otras publicaciones y suscribirse a ellas, y seguir emisiones de radio o televisión, salvo que una autoridad judicial lo haya prohibido para un caso individual y por un periodo concreto.
Las autoridades penitenciarias velarán por que los internos puedan participar en elecciones, en referéndums y en todos los demás aspectos de la vida pública, salvo que el ejercicio de este derecho por el interesado esté restringido por el derecho interno.
Los internos estarán autorizados a comunicarse con los medios de comunicación, salvo que existan razones imperativas que se opongan en aras de la seguridad, del interés público o para la protección de la integridad de las víctimas, de los demás internos y del personal.
Régimen penitenciario
El régimen previsto para todos los internos ofrecerá un programa de actividades equilibrado.
Este régimen permitirá que todos los internos pasen cada día fuera de sus celdas tanto tiempo como sea necesario para asegurar un nivel suficiente de contacto humano y social.
Este régimen también garantizará las necesidades de bienestar social de los internos.
Se prestará una atención especial a las necesidades de los internos que hayan sufrido abuso físico, mental o sexual.
Trabajo
El trabajo en prisión se considerará un elemento positivo del régimen penitenciario y en ningún caso se impondrá como castigo.
Las autoridades penitenciarias se esforzarán en proporcionar un trabajo suficiente y útil.
Este trabajo permitirá, en la medida de lo posible, mantener o aumentar la capacidad del interno para ganarse la vida después de salir de la prisión.
De acuerdo con la regla 13, no se discriminará por razón de sexo en la atribución de un tipo de trabajo.
El trabajo que implique formación profesional se ofrecerá a los internos que estén en condiciones de aprovecharlo, y más concretamente a los jóvenes.
En la medida de lo posible, los internos podrán escoger el tipo de trabajo
que deseen realizar, condicionado por las limitaciones inherentes a una selección profesional adecuada y los requisitos para mantener el buen orden y la disciplina.
La organización y los métodos de trabajo en las prisiones deberán semejarse tanto como sea posible a los que rigen trabajos similares fuera de la prisión, con el objetivo de preparar a los internos para una vida laboral normal.
Aunque el hecho de obtener un beneficio económico del trabajo penitenciario pueda tener como efecto el aumento del nivel y la mejora de la calidad y la importancia de la formación profesional, los intereses de los internos, sin embargo, no deben subordinarse a dichas finalidades.
Las autoridades penitenciarias facilitarán el trabajo de los internos, en colaboración con empresarios privados o sin ella, tanto dentro como fuera de la prisión.
En cualquier caso, el trabajo de los internos se remunerará de forma equitativa.
Los internos podrán dedicar al menos una parte de su retribución a la compra de artículos autorizados destinados a uso personal y enviar otra parte a sus familias.
Los internos podrán ser animados a ahorrar una parte de sus retribuciones, que podrán recuperar cuando salgan de prisión o utilizarla para otros usos autorizados.
Las medidas de seguridad y salud aplicadas garantizarán una protección efectiva de los internos y no pueden ser menos estrictas que las que se aplican a los trabajadores fuera de la prisión.
Se adoptarán disposiciones para indemnizar a los internos víctimas de accidentes laborales y de enfermedad profesional en condiciones tan favorables como las previstas por el derecho interno para los trabajadores fuera de la prisión.
La jornada máxima diaria y semanal de los internos se fijará de acuerdo con las regulaciones o costumbres locales sobre empleo de los trabajadores en libertad.
Los internos disfrutarán al menos de un día de descanso a la semana y de tiempo suficiente para instruirse y dedicarse a actividades de otro tipo.
Los internos que realicen un trabajo, en la medida de lo posible, estarán afiliados al régimen nacional de seguridad social.
Ejercicio físico y actividades recreativas
Todos los internos tendrán la oportunidad, si el tiempo lo permite, de realizar al menos una hora al día de ejercicio al aire libre.
En caso de mal tiempo, se ofrecerán alternativas a los internos que deseen hacer ejercicio.
Formarán parte integral de los regímenes penitenciarios las actividades organizadas adecuadamente, pensadas para mantener a los internos en buena forma física, así como para permitirles hacer ejercicio y divertirse.
Las autoridades penitenciarias facilitarán este tipo de actividades y proporcionarán las instalaciones y los equipos adecuados.
Las autoridades penitenciarias adoptarán disposiciones especiales para organizar actividades concretas para los internos que las necesiten.
Se ofrecerá a los internos actividades lúdicas (incluidos deportes, juegos, actividades culturales, pasatiempos y otras actividades de ocio activas). Si es posible, se autorizará que las organicen ellos mismos.
Los internos estarán autorizados a reunirse para realizar sesiones de ejercicio físico y participar en actividades recreativas.
Educación
Toda prisión se esforzará para proporcionar a todos los internos un acceso a programas educativos lo más exhaustivos posible y que respondan a sus necesidades individuales, teniendo en cuenta sus aspiraciones.
Se dará prioridad a los internos que no saben leer o contar y aquellos que no tengan estudios elementales ni formación profesional.
Se prestará atención especial a la educación de jóvenes internos y personas con necesidades especiales.
En los regímenes penitenciarios, la formación tendrá la misma consideración que el trabajo y los internos no deberán ser penalizados, ni económicamente ni de ninguna otra forma por participar en programas educativos.
Cada establecimiento dispondrá de una biblioteca para todos los internos, con un fondo que proporcione diversidad de recursos, tanto recreativos como educativos, en formato de libro y en otros soportes.
En la medida de lo posible, la biblioteca de la prisión se organizará con la colaboración de las bibliotecas públicas.
En la medida de lo posible, la formación de los internos:
a. se integrará en el sistema público de educación y formación profesional, con el fin de que los interesados puedan seguir fácilmente su educación y formación profesional después de salir de la prisión, y
b. se impartirá con la colaboración de las instituciones educativas externas
Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Se respetará el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de los internos.
El régimen penitenciario se organizará, en la medida de lo posible, de forma que permita a los internos ejercer su religión y seguir su filosofía, participar en servicios o reuniones dirigidas por representantes de estas religiones o filosofías, recibir en privado visitas de estos representantes de su religión o filosofía y disponer de libros o publicaciones de tipo religioso o espiritual.
Los internos no podrán ser obligados a practicar una religión o a seguir una filosofía, a participar en servicios o reuniones de tipo religioso, a participar en prácticas religiosas o a aceptar la visita de un representante de una religión o alguna filosofía.
Información
En el momento de su ingreso, y después con la frecuencia que sea necesario, cada interno estará informado por escrito y verbalmente, en una lengua que entienda, de la normativa relativa a la disciplina, así como de sus derechos y obligaciones en la prisión.
Todos los internos estarán autorizados a tener una versión escrita de la información que se les haya dado.
Se informará al interno de los procedimientos judiciales en los que esté implicado y, en caso de condena, de la duración de su pena y de las posibilidades de puesta en libertad anticipada
Objetos pertenecientes a los internos
Los objetos que los internos no puedan guardar consigo, de acuerdo con la normativa interna, se depositarán en un lugar seguro en el momento de ingreso en la prisión.
Todo interno deberá firmar un inventario realizado a tal efecto con los objetos depositados en lugar seguro.
Se tomarán las medidas pertinentes para conservar estos objetos en buen estado.
Si fuera necesario destruir un objeto, se consignará el hecho y se informará al interno.
Los internos tendrán derecho, sujeto a las restricciones y reglas relacionadas con la higiene, el buen orden y la seguridad, a comprar u obtener productos, incluidos alimentos y bebidas, para su uso personal, a precios que no sean anormalmente superiores a los del exterior
Si un interno está en posesión de medicamentos en el momento de su ingreso, el médico decidirá su uso.
Si se autoriza a los internos a tener consigo algún objeto, las autoridades penitenciarias tomarán medidas que permitan guardar estos objetos con seguridad.
Traslado de los internos
Durante su traslado a otra prisión o a otros lugares, como el juzgado o el hospital, se expondrá a los internos lo menos posible a la vista pública y las autoridades tomarán medidas para proteger su anonimato.
Estará prohibido el transporte de los internos en vehículos mal ventilados o mal iluminados, o en condiciones que les supongan sufrimientos físicos o vejaciones evitables.
El transporte de los internos correrá a cargo de las autoridades públicas y se realizará bajo su dirección.
Puesta en libertad de los internos
Todos los internos serán puestos en libertad sin demora después de la expiración de la orden que prevé su encarcelación o tan pronto como lo decida un
tribunal u otra autoridad.
Se consignarán la fecha y la hora de la puesta en libertad.
Todos los internos se beneficiarán de las disposiciones destinadas a facilitar su reinserción a la sociedad tras su puesta en libertad.
En el momento de su puesta en libertad, todos los internos recuperarán el dinero y los objetos de los que hubieran sido desposeídos y que hayan sido depositados en un lugar seguro, con excepción de las sumas que hayan sido retiradas regularmente, así como los objetos que hayan sido enviados fuera con autorización o que hayan sido destruidos por razones higiénicas.
El interno firmará una lista de los bienes devueltos.
Cuando se prevea la puesta en libertad anticipada, se ofrecerá al interno la posibilidad de una exploración médica de acuerdo con la regla 42, lo más cercana posible al momento de salir en libertad.
Se tomarán medidas para asegurar que cada interno puesto en libertad disponga de los documentos y la identificación necesarios, y que reciba la ayuda para encontrar alojamiento y trabajo adecuados.
El interno puesto en libertad también deberá disponer de los medios inmediatamente necesarios para su subsistencia, se le dotará de ropa adecuada al clima y la temporada y medios suficientes para llegar a su destino.
Mujeres
Se aplicarán políticas específicas que integren el concepto de género y medidas positivas para satisfacer las necesidades particulares de las mujeres presas a la hora de aplicar estas reglas.
Además de las disposiciones de estas reglas dirigidas específicamente a las mujeres presas, las autoridades también respetarán las necesidades y demandas de las mujeres, entre otras a nivel físico, profesional, social y psicológico, así como sus responsabilidades en la atención de sus familiares, a la hora de tomar decisiones sobre cualquier aspecto de su detención.
Se harán esfuerzos especiales para proteger a las mujeres presas de cualquier violencia física, mental o sexual y para permitir el acceso a servicios especializados para las que lo necesiten, tal como se menciona en la regla 25.4, incluida la información sobre su derecho a apelar a las autoridades judiciales, su derecho a la asistencia legal, apoyo psicológico o asesoramiento y opiniones médicas adecuadas.
Siempre se preverán dispositivos para que las presas puedan dar a luz fuera de la prisión. Si, a pesar de todo, un niño nace en el centro, las autoridades proporcionarán la asistencia y la infraestructura necesarias, en particular, un alojamiento específico.
Menores detenidos
Cuando los menores de 18 años estén excepcionalmente detenidos en una prisión para adultos, las autoridades velarán para que puedan acceder no solo a los servicios ofrecidos a todos los internos, sino también a los servicios sociales, psicológicos y educativos, así como a programas religiosos y lúdicos o actividades similares a los que tienen al alcance los menores que viven en un entorno libre.
Todos los menores detenidos en edad de escolarización obligatoria tendrán acceso a ella.
Se concederá asistencia adicional a los menores liberados de la prisión.
Los menores que se encuentren detenidos en una prisión, deberán residir en una parte de la prisión separada de los adultos, salvo que ello sea contrario a los intereses del niño.
Niños pequeños
Los niños pequeños podrán permanecer en la prisión con un progenitor encarcelado, solo si es en beneficio del hijo en cuestión, pero no se les considerará internos.
Cuando se permita a los niños pequeños quedarse en la prisión con un progenitor, se tomarán medidas especiales para que dispongan de una guardería con personal cualificado donde dejar a los niños cuando el progenitor trabaje en una actividad a la que los niños pequeños no puedan asistir.
Se reservará una infraestructura especial para velar por el bienestar de estos niños pequeños.
Internos extranjeros
Se adoptarán medidas positivas para satisfacer las necesidades específicas de los internos que son extranjeros.
Se prestará una atención especial al mantenimiento y al desarrollo de las relaciones de los internos extranjeros con el mundo exterior, sobre todo el contacto regular con familiares y amigos, organismos de libertad condicional, organismos comunitarios y voluntarios y, siempre que se tenga su consentimiento, con los representantes diplomáticos o consulares.
Los internos procedentes de un país extranjero serán informados, sin demora y en un idioma que entiendan, de su derecho a contactar con sus representantes diplomáticos o consulares y a disponer de medios razonables para establecer esta comunicación.
Los internos procedentes de estados que no tengan representantes diplomáticos o consulares en el país, así como refugiados y apátridas, se beneficiarán de las mismas facilidades y estarán autorizados a contactar con el representante diplomático del Estado responsable de sus intereses o cualquier otra autoridad nacional o internacional cuya misión sea proteger dichos intereses.
Las autoridades penitenciarias cooperarán estrechamente con representantes diplomáticos o consulares en beneficio de extranjeros encarcelados que puedan tener necesidades especiales.
Se proporcionará información relacionada específicamente con la asistencia legal a los internos extranjeros en un idioma que entiendan.
Los internos extranjeros estarán informados en un idioma que entiendan sobre la posibilidad de solicitar el traslado a otro país para la ejecución de su condena.
La posibilidad de la puesta en libertad anticipada de los internos extranjeros se considerará plenamente tan pronto como tengan derecho a ello, como es el caso del resto de internos.
Minorías étnicas o lingüísticas
Se tomarán medidas especiales para satisfacer las necesidades de los internos pertenecientes a una minoría étnica o lingüística.
En la medida de lo posible, las prácticas culturales de los diferentes grupos seguirán respetándose en la prisión.
Se cubrirán las necesidades lingüísticas mediante el uso de intérpretes competentes y se proporcionarán folletos informativos en los diferentes idiomas que se hablan en cada prisión.
Cuidados de la salud
Las autoridades penitenciarias protegerán la salud de todos los internos que tienen bajo su custodia.
Organización de los cuidados de la salud en la prisión
Los servicios médicos en la prisión estarán organizados en estrecha relación con la administración general de los servicios sanitarios de la autoridad local o del Estado.
La política sanitaria en las prisiones estará integrada y será compatible con la política nacional de salud pública.
Los internos tendrán acceso a los servicios de salud del país sin ningún tipo de restricción basada en su situación jurídica.
Los servicios médicos de la prisión harán todos los esfuerzos para detectar y tratar enfermedades físicas o mentales, así como las discapacidades que puedan padecer los internos.
Con esta finalidad, a cada interno se le proporcionará la asistencia médica, quirúrgica y psiquiátrica necesaria, incluida la disponible en un medio libre.
Personal médico y cuidadores
Cada prisión dispondrá de los servicios de como mínimo un médico de medicina general.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar en todo momento que un médico cualificado intervenga sin demora en caso de urgencia.
Las prisiones que no dispongan de un médico a jornada completa deberán ser visitadas regularmente por un médico que ejerza a tiempo parcial.
Todas las prisiones dispondrán de personal con formación médica adecuada.
Todos los internos podrán beneficiarse de los servicios de dentistas y de
oftalmólogos diplomados.
Deberes del médico
El/la médico/a, o un/a enfermero/a cualificado/a que dependa de este/a médico/a, visitará a todos los internos nada más entrar en prisión y los ha de examinar, salvo si es manifiestamente innecesario.
El/la médico/a, o un/a enfermero/a cualificado/a que dependa de este/a médico/a, examinará a los internos si estos lo solicitan, antes de su puesta en libertad y asimismo examinará a los internos tantas veces como sea necesario.
Cuando examine a un interno, el/la médico/a, o un/a enfermero/a cualificado/a que dependa de este/a médico/a, deberá prestar atención especialmente a:
a. el respeto de las normas ordinarias del secreto médico;
b. el diagnóstico de las enfermedades físicas o mentales y a las medidas necesarias para su tratamiento y la necesidad de proseguir un tratamiento médico existente;
c. el registro y la información a las autoridades correspondientes de cualquier signo o indicación que haga pensar que los internos han podido sufrir violencia;
d. los síntomas de síndrome de abstinencia después del uso de estupefacientes, medicamentos o alcohol;
e. la identificación de cualquier presión psicológica u otra tensión emocional por la privación de libertad;
f. al aislamiento de los internos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas, durante el periodo en que son contagiosos, y administrarles un tratamiento adecuado;
g. no-aislamiento de los internos por la única razón que son seropositivos;
h. la identificación de problemas de salud física o mental que puedan dificultar la reintegración de la persona afectada después de su puesta en libertad;
i. la consideración de la capacidad del individuo de trabajar y hacer ejercicio, y
j. la consecución de acuerdos con los servicios comunitarios de manera que el interesado pueda continuar cualquier tratamiento psiquiátrico o médico esencial después de su puesta en libertad, si el interno da su consentimiento a este
acuerdo.
El médico será responsable de controlar la salud física y mental de los internos y verá, en las condiciones y al ritmo previsto por las normas hospitalarias, a todos los internos enfermos, los que declaren estar enfermos o heridos, así como a todos los que especialmente se le deriven.
El/la médico/a, o un/a enfermero/a cualificado/a que dependa de este/a médico/a prestará una atención especial a la salud de los internos en condiciones de aislamiento, los visitará cada día y, cuando lo pidan los internos o un miembro del personal penitenciario, les prestará asistencia y tratamiento lo más pronto posible.
El médico presentará un informe al director cada vez que crea que la salud física o mental de un interno corre riesgos graves por el hecho de la prolongación de la detención o por razón de cualquier condición de detención, incluido el aislamiento en celda.
El médico, u otra autoridad competente, inspeccionará con regularidad y, si es preciso, recogerá informaciones por otros medios, y asesorará al director sobre:
a. la cantidad, la calidad, la preparación y la distribución de los alimentos y del agua;
b. la higiene y la limpieza de la prisión y de los internos;
c. las instalaciones sanitarias, la calefacción, la iluminación, la ventilación de la prisión, y
d. la calidad y la limpieza de la ropa de los internos y de la ropa de cama.
El director tendrá en cuenta los informes y los consejos del médico o de la autoridad competente que se mencionan en las reglas 43 y 44 y, si aprueba las recomendaciones formuladas, deberá tomar inmediatamente las medidas para aplicarlas.
Si las recomendaciones hechas por el médico escapan a la competencia del director o no cuentan con su acuerdo, el director transmitirá inmediatamente la opinión del experto y su propio informe a las instancias superiores.
Administración de los cuidados de la salud
Los internos enfermos que necesiten cuidados médicos concretos serán trasladados hacia centros especializados o hacia hospitales civiles, cuando estos
cuidados no se puedan dispensar en la prisión.
Cuando una prisión disponga de su propio hospital, este estará dotado de personal y de equipamiento que puedan garantizar los cuidados y los tratamientos adecuados a los internos que ahí se trasladen.
Salud mental
Se organizarán centros o secciones penitenciarias especializadas bajo control médico para la observación y el tratamiento de internos afectados por problemas mentales que no se adecúen necesariamente a las disposiciones de la regla 12.
El servicio médico en medio penitenciario garantizará el tratamiento psiquiátrico de todos los internos que requieran esta terapia y prestará una atención especial a la prevención del suicidio.
Otras cuestiones
No se podrá someter a los internos a experimentos sin su consentimiento.
Se prohibirán los experimentos que afecten a los presos y que sean susceptibles de provocar heridas físicas, sufrimiento moral u otras afectaciones a su salud.
Enfoque general relativo al orden
Se mantendrá el orden en la prisión teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y disciplina, al mismo tiempo que se aseguran las condiciones de vida de los internos que respeten la dignidad humana y se ofrece un programa completo de actividades, de acuerdo con la regla 25.
Teniendo en cuenta los requisitos de orden y de seguridad, se permitirá a los internos hablar de cuestiones relacionadas con sus condiciones generales de
detención y se les animará a comunicarse con las autoridades penitenciarias sobre este tema.
Seguridad
Les medidas de seguridad aplicadas a los internos serán las mínimas necesarias para garantizar la seguridad de su detención.
Se complementará la seguridad proporcionada por barreras físicas y otros medios técnicos con una seguridad dinámica proporcionada por miembros del personal de alerta que estén familiarizados con los internos a su cargo.
Tan pronto como sea posible después del ingreso, se valorará al interno para determinar:
a. el riesgo que comportaría en la colectividad en caso de fuga;
b. la probabilidad de que intente escaparse solo o con la ayuda de cómplices externos.
Todos los internos se someterán inmediatamente a un régimen de seguridad correspondiente al nivel de riesgo identificado.
El nivel de seguridad necesario debe ser reevaluado regularmente durante la detención del interno.
Medidas de seguridad
Tan pronto como sea posible después del ingreso, se valorará al interno para determinar si presenta un riesgo para la seguridad de otros internos, del personal penitenciario o de otras personas que trabajan o visitan la prisión de manera regular, así como para establecer si supone un riesgo para sí mismo.
Se pondrán en marcha procedimientos para garantizar la seguridad de los internos, del personal penitenciario y de todos los visitantes, así como para minimizar el riesgo de violencia y de otros incidentes que puedan amenazar la seguridad.
Se hará todo lo posible para permitir a los internos participar de manera plena y segura en las actividades diarias.
Los internos podrán contactar en todo momento con el personal, incluso por la noche.
La legislación nacional en materia de seguridad también se aplicará dentro de las prisiones.
Medidas especiales de alta seguridad
Las medidas especiales de alta seguridad van más allá de las mencionadas en las reglas 51 y 52 y hacen referencia a medidas impuestas a los internos que representan una amenaza particular para la seguridad.
Solo se permitirá el uso de estas medidas en circunstancias excepcionales y siempre que la seguridad no se pueda mantener por medios menos restrictivos.
Estas medidas pueden incluir la incomunicación de un interno con otros internos, que deberá cumplir los requisitos de esta regla y también de la regla 53A.
La naturaleza de estas medidas, su duración y los motivos para recurrir a ella, así como los procedimientos a seguir para imponerlas y aplicarlas, estarán determinados por la legislación interna.
La aplicación de esta medida será aprobada por la autoridad competente por un periodo determinado y se proporcionará una copia escrita de la decisión al interno junto con información sobre las posibilidades de recurso contra dicha medida.
Cualquier decisión de ampliar la duración de esta medida será aprobada por la autoridad competente y se facilitará una copia escrita de la decisión al interno junto con información sobre las posibilidades de recurrir contra esta medida.
Estas medidas se aplicarán a individuos y no a grupos de internos.
Estas medidas solo se basarán en el riesgo que representa un interno en un momento determinado, serán proporcionales a este riesgo y no incluirán más restricciones de las necesarias para contrarrestar este riesgo.
Cualquier interno sometido a estas medidas tiene derecho a presentar una denuncia según el procedimiento previsto en la regla 70.
Incomunicación
Las disposiciones siguientes se aplican a la incomunicación de un interno de otros internos como medida especial de alta seguridad:
a. los internos incomunicados podrán tener como mínimo dos horas de contacto humano significativo al día;
b. la decisión de la incomunicación tendrá en cuenta el estado de salud de los internos afectados y cualquier discapacidad que pudieran tener y que los pudiera hacer más vulnerables a los efectos perjudiciales de una incomunicación;
c. la incomunicación se implementará durante el tiempo mínimo necesario para alcanzar sus objetivos y se revisará regularmente de acuerdo con dichos objetivos;
d. los internos incomunicados no se someterán a otras restricciones más allá de las necesarias para alcanzar la finalidad indicada de esta incomunicación;
e. las celdas utilizadas para la incomunicación cumplirán los estándares mínimos aplicables por estas reglas en otros lugares que alberguen internos;
f. cuanto más larga sea la incomunicación de un preso, más medidas se tienen que tomar para mitigar los efectos negativos, como son maximizar el contacto con terceros o facilitarle el acceso a instalaciones y actividades;
g. los internos incomunicados se beneficiarán, como mínimo, de materiales de lectura y de la oportunidad de hacer ejercicio durante una hora al día, tal como se especifica para otros internos a las reglas 27.1 y 27.2;
h. los internos incomunicados serán visitados diariamente, también por el director de prisiones o un miembro del personal que actúe en nombre del director;
i. si la incomunicación tiene efectos negativos sobre la salud mental o física de un preso, se tomarán medidas para interrumpirla temporalmente o sustituirla por una sanción o una medida menos restrictiva;
j. cualquier interno incomunicado tendrá derecho a presentar una denuncia según el procedimiento previsto en la regla 70.
Registros y controles
El personal seguirá unos procedimientos detallados cuando realice los registros:
a. de los lugares donde los internos viven, trabajan y se reúnen;
b. de los internos;
c. de los visitantes y sus objetos, y
d. de los miembros del personal.
La legislación nacional definirá las situaciones en las que es preciso realizar registros, así como su naturaleza.
El personal estará formado para llevar a cabo estos registros a fin de detectar y evitar los intentos de fuga u ocultación de objetos que han entrado ilegalmente, pero siempre respectando la dignidad de las personas registradas y sus efectos personales.
No se humillará a las personas a las que se someta a proceso de registro.
Las personas solo podrán ser registradas por un miembro del personal del mismo sexo.
El personal penitenciario no podrá examinar las cavidades corporales.
Un examen íntimo a raíz de un registro solo podrá ser realizado por un médico.
Los internos estarán presentes en el registro de sus efectos personales, salvo que las técnicas de registro o el peligro potencial que supone para el personal lo prohíban.
La obligación de proteger la seguridad se equilibrará con el respeto a la intimidad de los visitantes.
Los procedimientos para controlar a los visitantes profesionales (abogados, trabajadores sociales, médicos, etc.) se establecerán de acuerdo con sus organizaciones representativas, a fin de encontrar el equilibrio entre seguridad, por un lado, y el derecho de acceso confidencial a los profesionales, de otro.
Infracciones penales
Cualquier denuncia de un delito cometido en la prisión se investigará del mismo modo que se haría para hechos similares en la sociedad libre y se tratará de acuerdo con la legislación nacional.
Disciplina y sanciones
Los procedimientos disciplinarios serán mecanismos de último recurso.
En la medida de lo posible, las autoridades penitenciarias utilizarán mecanismos de restauración y mediación para resolver sus diferencias con los internos y las disputas entre ellos.
Solo se definirá como infracción disciplinaria una conducta susceptible de representar una amenaza para el orden y la seguridad.
El derecho interno determinará:
a. los actos u omisiones de los internos que constituyen una infracción disciplinaria;
b. los procedimientos que es preciso seguir en materia disciplinaria;
c. el tipo y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer;
d. la autoridad competente para imponer estas sanciones, y
e. la instancia a la que se puede recurrir para hacer una apelación.
Cualquier alegación de que un interno ha violado las normas disciplinarias será comunicada con celeridad a la autoridad competente, que iniciará una investigación sin demora.
El interno acusado de una infracción disciplinaria:
a. será informado rápidamente, en una lengua que entienda y de forma detallada, de la naturaleza de las acusaciones que se le imputen;
b. dispondrá de un plazo y de medios suficientes para preparar su defensa;
c. se le permitirá defenderse solo con ayuda judicial, cuando el interés de la justicia así lo exija;
d. estará autorizado a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen en su nombre, y
e. se podrá beneficiar de la asistencia gratuita de un intérprete si no entiende o no habla la lengua utilizada durante el juicio.
Cualquier sanción impuesta mediante sentencia de un interno que haya cometido una infracción disciplinaria deberá cumplir con el derecho interno.
La gravedad de la sanción será proporcional a la gravedad de la infracción.
Se prohíben las sanciones colectivas, los castigos corporales, la reclusión en una celda oscura, así como cualquier otra forma de castigo inhumano o degradante.
La sanción no puede consistir en la prohibición total del contacto con la familia.
Los medios de inmovilización no se utilizarán nunca como sanción.
El aislamiento en la celda, es decir, la reclusión de un interno durante más de
horas diarias sin contacto humano importante, no se impondrá nunca a niños, mujeres embarazadas, madres lactantes o padres encarcelados con hijos pequeños.
La decisión de llevar a cabo una reclusión aislada tendrá en cuenta el estado de salud del interno afectado en ese momento. No se impondrá la reclusión aislada a los internos con discapacidades mentales o físicas, si su condición se puede agravar por ese aislamiento. En caso de que se decidiera la reclusión aislada, se interrumpirá o suspenderá la aplicación si se ha deteriorado el estado mental o físico del preso.
La reclusión aislada no se impondrá como sanción disciplinaria salvo en casos excepcionales y durante un periodo específico y lo más corto posible, y nunca constituirá tortura ni trato o castigo inhumano o degradante.
El plazo máximo de reclusión aislada será definido por la legislación nacional.
Si se impone una reclusión aislada por un nuevo delito disciplinario a un interno que ya haya pasado el periodo máximo en confinamiento, esta sanción solo se podrá aplicar después de haber autorizado al interno a recuperarse de los efectos no deseados del periodo anteriormente pasado de manera aislada.
Los internos en reclusión aislada serán visitados diariamente, también por el director de la prisión o un miembro del personal que actúe en nombre del director.
Cualquier interno declarado culpable de una infracción disciplinaria podrá recurrir a un órgano superior competente e independiente.
Ningún interno podrá ocupar en la prisión un lugar de trabajo o un cargo que le atribuya poder disciplinario.
Doble incriminación
Ningún interno podrá ser castigado dos veces por los mismos hechos o el mismo comportamiento.
Recurso a la fuerza
El personal penitenciario no utilizará la fuerza contra los internos, salvo en caso de defensa propia, intento de fuga o resistencia activa o pasiva a una orden legal, y siempre como último recurso.
La fuerza empleada será la mínima necesaria y se impondrá el mínimo tiempo posible.
Existirá un procedimiento detallado sobre el uso de la fuerza, que especificará principalmente:
a. los diversos tipos de recurso a la fuerza previstos;
b. las circunstancias en las que se autoriza cada tipo de recurso a la fuerza;
c. los miembros del personal que están habilitados para aplicar uno u otro tipo de recurso a la fuerza;
d. el nivel de autoridad requerido para decidir recurrir a la fuerza, y
e. los informes que habrá que redactar después de haber recurrido a la fuerza.
El personal en contacto directo con los internos estará formado en técnicas que permitan controlar a individuos agresivos con la mínima fuerza.
El personal de otros servicios de mantenimiento del orden solo intervendrá con los internos dentro de las prisiones en circunstancias excepcionales.
Existirá un acuerdo formal entre las autoridades penitenciarias y cualquier otro servicio de mantenimiento del orden, salvo que estas relaciones estén ya reguladas por el derecho interno.
Este acuerdo estipulará:
a. las circunstancias en las que los miembros de otros servicios de mantenimiento del orden pueden entrar en una prisión para resolver una situación de conflicto;
b. la autoridad de la que dispondrá el servicio de mantenimiento del orden afectado cuando esté en la prisión y su relación con el director del centro;
c. los diferentes tipos de fuerza que los miembros de este servicio podrán utilizar;
d. las circunstancias en las que se podrá prever para cada tipo de fuerza;
e. el nivel de autoridad requerido para decidir un recurso a la fuerza, y
f. los informes que habrá que redactar después de cada vez que se haya recurrido a la fuerza.
Medios de inmovilización
Los medios de inmovilización solo se podrán utilizar en casos autorizados por la ley y cuando ninguna otra forma de control menos restrictiva reduzca los riesgos presentados por un preso.
El método de inmovilización será el método menos intrusivo y razonablemente disponible necesario para controlar los movimientos del preso, teniendo en cuenta el nivel y la naturaleza de los riesgos en los que se incurre.
Los medios de inmovilización solo se utilizarán el tiempo que sea necesario y se retirarán en cuanto deje de haber riesgo asociado a la libertad de movimientos.
El uso de esposas, camisas de fuerza y otras trabas estará prohibido, excepto:
a. si es preciso, como precaución contra la fuga durante el traslado, siempre que sean retiradas en cuanto el interno comparezca ante una autoridad judicial o administrativa, salvo que esta autoridad decida lo contrario, o
b. por orden del director, cuando han fallado otros métodos de control, para evitar que un interno pueda herirse, herir a terceros o causar daños graves materiales, siempre que el director avise inmediatamente al médico e informe de los hechos a las autoridades penitenciarias superiores.
Las modalidades de uso de los medios de inmovilización estarán especificadas por la legislación nacional.
Se prohibirá el uso de cadenas, hierros y otros medios de inmovilización intrínsecamente degradantes.
Nunca se utilizarán medios de inmovilización en las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto.
Se llevará un registro correcto del uso de medios de inmovilización.
Armas
Excepto en casos de emergencia operativa, el personal penitenciario no llevará nunca armas letales dentro del perímetro de la prisión.
Estará prohibido que las personas que estén en contacto con los internos lleven de forma visible otras armas, incluidas las porras, en el perímetro de la prisión, salvo que sea necesario para la seguridad y protección durante un incidente concreto.
Ningún miembro del personal recibirá un arma si no ha sido entrenado para su manipulación.
Solicitudes y quejas
Los internos deberán tener la oportunidad de presentar, sin censura, peticiones o quejas al director de la prisión o a otra autoridad del sistema penitenciario y a una autoridad judicial u otra autoridad de control independiente y de apelación.
Si un método informal para resolver la consulta o queja parece adecuado, será considerado en primer lugar.
Cuando se haga una denuncia por maltratos u otras violaciones graves de los derechos humanos, no se tendrán en consideración los métodos informales.
La información práctica sobre peticiones y procedimientos de denuncias se comunicará eficazmente a todos los internos.
Las denuncias sobre muerte o malos tratos a la prisión deberán resolverse sin demora y tendrán que ser investigadas con eficacia, de acuerdo con la regla 55.
Todas las solicitudes y quejas se tratarán lo antes posible y en el marco de un procedimiento que garantice, en la medida de lo posible, la participación efectiva del preso.
En el caso de que su solicitud o denuncia sea rechazada, las razones de este rechazo se comunicarán sin demora a los internos interesados. Si la decisión ha sido tomada por el director u otra autoridad del sistema penitenciario, el interno deberá poder recurrir ante una autoridad judicial u otra autoridad independiente de revisión y apelación.
Se pondrán en marcha medidas para que los internos puedan presentar solicitudes o quejas confidencialmente, si así lo desean.
Los internos no estarán expuestos a ningún riesgo de castigo, represalia, intimidación, venganzas u otras consecuencias negativas por haber presentado una solicitud o queja.
Los internos pueden presentar una solicitud o queja por sí mismos o a través de un representante legal; tienen derecho a solicitar asesoramiento legal sobre los procedimientos de denuncia y recurso y a recibir asistencia legal cuando los intereses de la justicia lo requieran.
Ninguna reclamación del representante legal o de una organización que defienda el bienestar de la población reclusa podrá ser presentada en nombre de un interno si este se opone.
La autoridad competente tendrá en cuenta cualquier queja escrita de la familia de un interno o de cualquier otra persona u organización que defienda el bienestar de los internos.
La autoridad penitenciaria competente guardará un registro de solicitudes y quejas presentadas, respetando debidamente los principios de confidencialidad y seguridad.
El trabajo en la prisión como servicio público
Las prisiones estarán bajo la responsabilidad de las autoridades públicas y se han de separar de los servicios del ejército, de la policía y de investigación penal.
Las prisiones se gestionarán en un marco ético que haga hincapié en la obligación de tratar a todos los internos con humanidad y respetar la dignidad inherente de todo ser humano.
El personal tendrá una idea clara de los objetivos del sistema penitenciario. La dirección mostrará el camino a seguir para alcanzar de forma efectiva este objetivo.
Los deberes del personal no son los de meros guardianes y tendrán en cuenta la necesidad de facilitar la reinserción de los internos en la sociedad al final de su condena, mediante un programa de atención y asistencia positiva.
El personal realizará su trabajo con respeto a unas normas profesionales y personales elevadas.
Las autoridades penitenciarias otorgarán una gran importancia a la observación de las reglas aplicables al personal.
Se prestará una atención especial a la gestión de las relaciones entre el personal en contacto directo con los internos y estos últimos.
El personal se comportará y ejercerá sus funciones en todo momento de manera que su ejemplo ejerza una influencia positiva sobre los internos y fomente el respeto.
Selección del personal penitenciario
El personal será seleccionado cuidadosamente, deberá tener una formación adecuada, tanto en lo relativo a su formación inicial como a su formación continua, y se le remunerará como mano de obra cualificada y tendrá un estatus que le asegure el respeto de la sociedad civil.
A la hora de seleccionar nuevos miembros del personal, las autoridades penitenciarias pondrán énfasis en la necesidad de integridad, de cualidades humanas y de competencia profesional de los candidatos, así como en las habilidades necesarias para ejercer el complejo trabajo que les espera.
Normalmente, el personal penitenciario profesional será contratado de manera permanente como funcionarios públicos y, por lo tanto, disfrutará de seguridad laboral en función solo de su buena conducta y eficiencia, su forma física, su salud mental y un nivel de educación adecuado.
La remuneración será suficiente para poder contratar y conservar al personal competente.
Las prestaciones sociales y las condiciones de empleo se determinarán teniendo en cuenta la naturaleza exigente de cualquier trabajo realizado como parte de un servicio de mantenimiento del orden.
Siempre que sea necesario contratar a personal a tiempo parcial, los criterios anteriores se aplicarán en la medida que sean pertinentes.
Formación del personal penitenciario
Antes de asumir las funciones, el personal seguirá un curso de formación general y especial y tendrá que superar unas pruebas teóricas y prácticas.
La administración velará para que, a lo largo de su carrera profesional, el personal mantenga y mejore sus conocimientos y sus competencias profesionales mediante la asistencia a cursos de formación continua y de perfeccionamiento, organizados a intervalos adecuados.
El personal que tenga que trabajar con grupos específicos de internos (extranjeros, mujeres, menores, enfermos mentales, etc.) deberá recibir formación
específica adaptada a sus tareas especializadas.
La formación de todos los miembros del personal incluirá el estudio de instrumentos internacionales y regionales para protección de los derechos humanos, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos (STE nº 5) y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (STE núm. 126), así como la aplicación de las reglas europeas de prisiones.
Gestión de la prisión
El personal será seleccionado y designado de manera equitativa y sin ningún tipo de discriminación por motivos de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
Las autoridades penitenciarias promoverán sus propios métodos organizativos y sistemas de gestión:
a. para garantizar que las prisiones funcionen con altos estándares y asegurarse de que en todo momento disponen de personal para mantener un entorno penitenciario seguro y garantizar el cumplimento del derecho internacional y nacional, incluidas las disposiciones previstas en estas reglas;
b. para poder atender las emergencias operativas y volver a la normalidad lo antes posible, y
c. para facilitar una buena comunicación entre las prisiones y las diversas categorías de personal de la misma prisión y una buena coordinación de todos los servicios (internos y externos en la prisión) que prestan servicios destinados a los internos, en particular respecto a su custodia y su reinserción.
Cada prisión tendrá un director cualificado tanto en el ámbito de su personalidad como en el de sus habilidades administrativas, formación profesional y experiencia.
Los directores serán designados a tiempo completo y se dedicarán exclusivamente a sus funciones oficiales.
La administración penitenciaria velará por que cada prisión esté, en todo momento, bajo la plena responsabilidad del director, del director adjunto o de un funcionario autorizado.
Cuando un director sea responsable de diversas prisiones, cada uno de los establecimientos tendrá a su cargo un funcionario responsable.
En el personal penitenciario hombres y mujeres estarán representados de forma equilibrada.
Se tomarán medidas para que la dirección consulte de forma colectiva al personal sobre cuestiones generales y, en particular, sobre las condiciones laborales.
Se llevarán a cabo acciones que favorezcan, en la medida de lo posible, una buena comunicación entre la dirección, el personal, los servicios exteriores y los internos.
El director, su adjunto y la mayoría del resto de personal penitenciario tendrán que ser capaces de hablar el idioma de la mayoría de los internos o un idioma entendido por la mayoría.
En los países con prisiones gestionadas por empresas privadas, estos establecimientos aplicarán plenamente las Reglas Penitenciarias Europeas.
Personal especializado
El personal incluirá, en la medida de lo posible, un número suficiente de especialistas como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, instructores técnicos, profesores o monitores de educación física y deportes.
Se recomienda animar a los auxiliares a tiempo parcial y a los voluntarios competentes a participar, siempre que puedan, en actividades con internos.
Sensibilización del público
Las autoridades penitenciarias informarán continuamente al público sobre el papel del sistema penitenciario y la labor que realiza su personal, a fin de sensibilizar sobre la importancia de su contribución a la sociedad.
Las autoridades penitenciarias incentivarán a los miembros de la sociedad civil a intervenir voluntariamente en las prisiones, si procede.
Investigación y evaluación
Las autoridades penitenciarias apoyarán un programa de investigación y evaluación que trate sobre el propósito de la prisión, su papel en una sociedad democrática y hasta qué punto el sistema penitenciario cumple su misión.
Inspección
Las prisiones serán inspeccionadas regularmente por un organismo estatal, a fin de verificar si se gestionan de acuerdo con las normas legales nacionales e internacionales y con las disposiciones de dichas normas.
Control independiente
Para garantizar que las condiciones de detención y trato de los internos cumplen los requisitos del derecho nacional e internacional y las disposiciones de estas reglas, y que los derechos y la dignidad de los internos se respeten en todo momento, las prisiones estarán controladas por un organismo u organismos independientes designados específicamente, cuyas conclusiones harán públicas.
Estos órganos de seguimiento independientes tendrán las garantías para poder:
a. tener acceso a todas las prisiones y partes de las prisiones, así como a los registros penitenciarios, en particular los relativos a solicitudes y denuncias, y también a información relativa a las condiciones de detención y el cuidado de los internos que solicitan consultar como parte de sus actividades de seguimiento;
b. poder decidir qué prisiones visitarán, incluida la realización de visitas no anunciadas por iniciativa propia, y con qué internos quieren hablar, y
c. tener la libertad de realizar entrevistas privadas totalmente confidenciales sin testigos con internos y personal penitenciario.
Ningún preso, miembro del personal penitenciario u otra persona será objeto de sanciones por haber proporcionado información al órgano de control independiente.
Se animará a los órganos de control independientes a cooperar con los organismos internacionales habilitados legalmente para visitar prisiones.
Los órganos de control independientes podrán hacer recomendaciones a la administración penitenciaria y otros órganos competentes.
Las autoridades nacionales o la administración de prisiones informarán a estos órganos, en un plazo razonable, de las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.
Los informes de control y las respuestas a estos serán públicos.
Estatuto de los preventivos
En estas reglas, el término «preventivo» significa los internos que una autoridad judicial ha retenido en prisión provisional antes de su juicio o condena.
Un Estado es libre de considerar como preventivo a un interno que ha sido reconocido culpable y condenado a una pena de prisión si sus recursos de apelación todavía no han sido definitivamente rechazados.
Enfoque aplicable a los preventivos
El régimen penal de los preventivos no se verá influido por la posibilidad de que los individuos un día sean reconocidos culpables de un delito penal.
Las reglas que figuran en esta parte establecen garantías adicionales en beneficio de los preventivos.
En el trato con los preventivos, las autoridades se guiarán por las reglas aplicables a todos los internos y permitirán a los preventivos participar en las diferentes actividades previstas por estas reglas.
Locales de detención
Siempre que sea posible, los preventivos deberán poder elegir la posibilidad de tener una celda individual, salvo que se considere preferible que convivan con otros preventivos o si un tribunal ha ordenado condiciones específicas de alojamiento para un preventivo en concreto.
Ropa
Los preventivos tendrán la posibilidad de llevar su ropa personal si es adecuada para la vida en la prisión.
Los preventivos que no tengan ropa adecuada recibirán ropa diferente del uniforme que lleven los internos condenados.
Asesoramiento legal
Los preventivos estarán informados explícitamente de su derecho a solicitar asesoramiento legal.
Los preventivos acusados de un delito dispondrán de todas las facilidades necesarias para preparar su defensa y reunirse con su abogado.
Contactos con el mundo exterior
Salvo que una autoridad judicial haya dictado, en un caso individual, una prohibición específica para un periodo determinado, los preventivos:
a. podrán recibir visitas y se les permitirá comunicarse con sus familias y otras personas en las mismas condiciones que los internos condenados.
b. podrán recibir visitas adicionales y también tendrán un acceso más fácil a otras formas de comunicación, y
c. tendrán acceso a libros, diarios y otros medios de información.
Trabajo
Los preventivos tendrán la opción de trabajar, pero no estarán obligados a hacerlo.
Cuando un preventivo opte por trabajar, se aplicarán todas las disposiciones de la norma 26 (incluyendo las relativas a la remuneración).
Acceso al régimen de los internos condenados
Si un preventivo solicita seguir el régimen de los internos condenados, las
autoridades penitenciarias satisfarán su demanda, en la medida que sea posible.
Objetivo del régimen de los internos condenados
Más allá de las reglas aplicables a todos los internos, el régimen de los internos condenados se diseñará para que puedan llevar una vida responsable y libre de delitos.
Dado que la privación de libertad constituye un castigo en sí mismo, el régimen de los internos condenados no deberá agravar el sufrimiento inherente al encarcelamiento.
Aplicación del régimen de los internos condenados
El régimen de internos condenados empezará tan pronto como una persona ha ingresado en la prisión con la condición de interno condenado, salvo que dicho régimen ya se haya puesto en marcha antes.
Tan pronto como sea posible después del ingreso, se elaborará un informe completo sobre el interno condenado donde se describa la situación personal, los planes de ejecución de su condena y la estrategia de preparación para su puesta en libertad.
Se animará a los internos condenados a participar en la elaboración de su propio proyecto de ejecución de su condena.
Este proyecto preverá, en la medida de lo posible:
a. un trabajo;
b. una formación;
c. otras actividades, y
d. una preparación para la puesta en libertad.
El régimen de los internos condenados también puede incluir trabajo social, así como la intervención de médicos y psicólogos.
Un sistema de permisos penitenciarios formará parte del régimen de los internos condenados.
Los internos que lo deseen podrán participar en un programa de justicia restaurativa y reparar los delitos cometidos.
Se prestará atención especial al plan de condena y al régimen de los internos condenados a cadena perpetua o a pena de larga duración.
Aspectos organizativos del encarcelamiento de los internos condenados
En la medida de lo posible y de acuerdo con los requisitos de la regla 17, se distribuirá a las diferentes categorías de internos entre diferentes prisiones o diferentes partes de una misma prisión para facilitar la gestión de los diferentes regímenes.
Se preverán unos procedimientos para establecer y revisar periódicamente los planes individuales de los internos después de revisar los expedientes pertinentes y de consultar en profundidad al personal afectado y, en la medida de lo posible, con la participación de los internos afectados.
Estos ficheros siempre incluirán los informes del personal directamente responsable del interno en cuestión.
Trabajo de los internos condenados.
Un programa de trabajo sistemático contribuirá a alcanzar los objetivos que persigue el régimen de los internos condenados.
Los internos condenados que no hayan llegado a la edad normal de jubilación podrán estar sometidos a un trabajo obligatorio, teniendo en cuenta su forma física y mental y la opinión del médico.
Cuando los internos condenados están obligados a trabajar, las condiciones de trabajo deberán cumplir las normas y los controles que se apliquen en el exterior.
Cuando los internos condenados participen en programas educativos o de otro tipo durante la jornada laboral, como parte de su régimen planificado, se les pagará como si estuvieran trabajando.
Cuando los internos condenados trabajan, una parte de sus retribuciones o sus ahorros podrán utilizarse para reparar los daños causados, si un tribunal lo ha ordenado o si el interno lo acepta.
Formación de los internos condenados
Constituye una parte esencial del régimen de los internos condenados un programa educativo sistemático, que incluya el mantenimiento de sus conocimientos y esté orientado a mejorar el nivel de formación general de los internos, así como su capacidad de llevar vidas responsables y libres de delitos a partir de entonces.
Se animará a todos los internos condenados a participar en programas de educación y formación.
Los programas educativos para los internos condenados se adaptarán a la duración prevista de su estancia en la prisión.
Puesta en libertad de los internos condenados
Los internos condenados estarán asistidos, en el momento adecuado y antes de su puesta en libertad, mediante procedimientos y programas especialmente diseñados que les permitan hacer la transición de la vida penitenciaria a una vida respetuosa con las leyes de la comunidad.
Específicamente, en el caso de internos condenados a penas más largas, se adoptarán medidas para garantizar el retorno gradual a la vida en un entorno libre
Esto se puede conseguir mediante un programa de preparación para la puesta en libertad o una puesta en libertad parcial o condicional controlada, acompañada de una asistencia social efectiva.
Las autoridades penitenciarias trabajarán en estrecha colaboración con los servicios sociales y los organismos que supervisan y ayudan a los internos liberados a encontrar un lugar en la sociedad, especialmente en volver a conectarse con la vida familiar y encontrar trabajo.
Los representantes de dichos servicios y organismos sociales podrán visitar la prisión tanto como sea necesario y hablar con los internos a fin de ayudar a prepararse para su puesta en libertad y planificar la asistencia pospenal.
Las Reglas Penitenciarias Europeas se actualizarán regularmente.
Norma
2 artículos en este tema
1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
Norma
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Principios generales
1.Las Partes se obligan a prestarse mutuamente, en las condiciones previstas por el presente Convenio, la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas.
2.Una persona condenada en el territorio de una Parte podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada al territorio de otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. A tal fin podrá expresar, bien al Estado de condena, bien al Estado de cumplimiento, su deseo de ser trasladada en virtud del presente Convenio.
3.El traslado podrá solicitarse bien por el Estado de condena, bien por el Estado de cumplimiento.
Condiciones de la transferencia
1.Un traslado podrá llevarse a cabo con arreglo al presente Convenio solamente en las condiciones siguientes:
a)El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.
b)La sentencia deberá ser firme.
c)La duración de la condena que el condenado tendrá que cumplir aún deberá ser al menos de seis meses el día de la recepción de la petición o indeterminada.
d)El condenado, o su representante cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental uno de los dos Estados así lo estimare necesario, deberá consentir el traslado.
e)Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometieran en su territorio.
f)El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado.
2.En casos excepcionales, las Partes podrán convenir en un traslado aunque la duración de la condena que el delincuente tenga aún que cumplir sea inferior a la prevista en el párrafo 1.c.
Consentimiento y verificación
1.El Estado de condena hará de forma que la persona que deba dar el consentimiento para el traslado en virtud del artículo 3.1.d lo haga voluntariamente y siendo plenamente consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado de condena.
2.El Estado de condena deberá dar al Estado de cumplimiento la posibilidad de verificar, por intermedio de un cónsul o de otro funcionario designado de acuerdo con el Estado de cumplimiento, que el consentimiento se ha dado en las condiciones previstas en el párrafo anterior.
Consecuencias del traslado para el Estado de condena
1.El hecho de que las autoridades del Estado de cumplimiento tomen a su cargo al condenado tendrá como efecto suspender el cumplimiento de la condena en el Estado de condena.
2.El Estado de condena no podrá hacer que se cumpla la condena cuando el Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como terminado.
Consecuencias del traslado para el Estado de cumplimiento
1.Las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán:
a)bien hacer que prosiga el cumplimiento de la pena inmediatamente o sobre la base de una resolución judicial o administrativa, en las condiciones enunciadas en el artículo 10;
b)bien convertir la condena, mediante un procedimiento judicial o administrativo, en una decisión de dicho Estado, que sustituya así la sanción impuesta en el Estado de condena por una sanción prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción, en las condiciones enunciadas en el artículo 11.
2.El Estado de cumplimiento deberá, si así se le solicita, indicar al Estado de condena, antes del traslado de la persona condenada, cuál de dichos procedimientos aplicará.
3.El cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y este Estado será el único competente para tomar todas las decisiones convenientes.
Prosecución del cumplimiento
1.En el caso de prosecución del cumplimiento, el Estado de cumplimiento quedará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la sanción tal como resulten de la condena.
2.Sin embargo, si la naturaleza o la duración de dicha sanción fueren incompatibles con la legislación del Estado de cumplimiento o si la legislación de dicho Estado lo exigiere, el Estado de cumplimiento podrá adaptar, mediante resolución judicial o administrativa, dicha sanción a la pena o medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza. Esta pena o medida corresponderá, en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza, a la impuesta por la condena que haya de cumplirse. No podrá agravar por su naturaleza o por su duración la sanción impuesta en el Estado de condena ni exceder del máximo previsto por la ley del Estado de cumplimiento.
Conversión de la condena
1.En el caso de conversión de la condena se aplicará el procedimiento previsto por la legislación del Estado de cumplimiento. Al realizar la conversión, la autoridad competente:
a)quedará vinculada por la constatación de los hechos en la medida en que estos figuren explícita o implícitamente en la sentencia dictada en el Estado de condena;
b)no podrá convertir una sanción privativa de libertad en una sanción pecuniaria;
c)deducirá íntegramente el periodo de privación de libertad cumplido por el condenado; y
d)no agravará la situación penal del condenado y no quedará vinculada por la sanción mínima eventualmente prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la infracción o las infracciones cometidas.
Indulto, amnistía o conmutación
Cada Parte podrá conceder el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena de conformidad con su Constitución o sus demás normas jurídicas.
Revisión de la sentencia
El Estado de condena tendrá el derecho exclusivo de decidir acerca de cualquier recurso de revisión presentado contra la sentencia.
Tránsito
1.Una Parte deberá, de conformidad con su legislación, acceder a una petición de tránsito por su territorio de un condenado si se formula dicha petición por otra
7.No se solicitará tránsito alguno cuando se utilice la vía aérea por encima del territorio de una Parte y no se prevea aterrizaje alguno. No obstante, cada Estado podrá, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, exigir que se le notifique todo tránsito por encima de su territorio.
España excluye la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 9.1.b en sus relaciones con las demás Partes. A efectos del Convenio, España considera como «nacional» a las personas que posean la nacionalidad española. España exige que las peticiones de traslado y los documentos que las apoyen estén acompañados de una traducción al castellano. Asimismo, de acuerdo con el artículo 16.7, exige que se le notifique todo tránsito por vía aérea sobre su territorio.
Base legislativa del tema
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.
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