Bloque 3 · Políticas públicas

Explicación del Tema 24 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Gobierno abierto, transparencia, acceso a la información y buen gobierno

12 apartados34 min de lectura

24.1

Qué es el gobierno abierto

Cultura de gobernanza

La OCDE define el gobierno abierto como una cultura de gobernanza que promueve la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y del crecimiento inclusivo. La referencia a una cultura es importante: no basta con crear un portal o desarrollar un proyecto aislado si las decisiones continúan siendo opacas y la participación carece de efectos reconocibles.

El modelo abierto pretende que la Administración no se limite a informar cuando la decisión ya está adoptada. Debe explicar qué problema trata de resolver, facilitar la intervención de las personas interesadas, incorporar el conocimiento que resulte útil y permitir que se evalúen tanto el proceso como el resultado. Esta apertura no sustituye a la representación política ni altera la competencia del órgano que debe decidir; mejora la forma en que el poder público se ejerce y se justifica.

Principios conectados

  • transparencia: hacer visible información relevante, comprensible y oportuna;
  • participación: permitir la intervención de la ciudadanía y de las organizaciones en el diseño, la ejecución y la evaluación;
  • integridad: orientar conducta al interés general y prevenir conflictos y corrupción;
  • rendición de cuentas: explicar decisiones y resultados y asumir consecuencias;
  • colaboración: sumar capacidades de administraciones, sociedad, academia y sector privado;
  • inclusión: eliminar barreras para que no participen solo colectivos con más recursos.

La transparencia es una condición necesaria, pero no constituye por sí sola el resultado final. La publicación de miles de archivos difíciles de localizar o comprender puede satisfacer formalmente una obligación y, sin embargo, impedir el control ciudadano. La rendición de cuentas exige relacionar los recursos utilizados con los objetivos perseguidos, los indicadores elegidos, los resultados obtenidos y las personas responsables de la decisión.

Gobierno abierto y administración electrónica

La administración electrónica digitaliza procedimientos y relaciones con la ciudadanía, mientras que el gobierno abierto modifica la forma de gobernar. Un trámite en línea puede ser rápido y, al mismo tiempo, opaco; del mismo modo, un proceso participativo puede desarrollarse de manera presencial. Ambas dimensiones se refuerzan cuando la tecnología facilita el acceso a la información, la trazabilidad de las decisiones y una participación realmente inclusiva.

Los datos abiertos son información estructurada que puede localizarse, descargarse y reutilizarse. Para ello deben ofrecerse en formatos adecuados, acompañados de metadatos, condiciones claras de reutilización y una actualización suficiente. Un PDF escaneado puede hacer visible una información, pero no ofrece las mismas posibilidades de análisis y reutilización que un conjunto de datos descargable.

24.2

Participación, colaboración y rendición de cuentas

Niveles de participación

La participación admite distintos grados. Informar permite conocer una actuación; consultar recoge opiniones; deliberar facilita el contraste de razones; cocrear incorpora a la ciudadanía al diseño de la solución, y colaborar puede extenderse a la ejecución o al seguimiento. No todos los procesos requieren el grado máximo, pero desde el comienzo debe quedar claro qué cuestiones están abiertas y de qué manera pueden influir las aportaciones.

Una consulta iniciada cuando la decisión ya está cerrada genera una participación meramente aparente. Un proceso de calidad necesita información previa suficiente, lenguaje claro, tiempo razonable, diversidad de canales y una devolución posterior que indique qué aportaciones se han incorporado y cuáles se han descartado. La Administración no está obligada a aceptar todas las propuestas, pero debe explicar cómo las ha valorado.

La consulta pública previa del artículo 133 de la Ley 39/2015 se celebra antes de redactar la norma y permite pronunciarse sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad de la regulación, sus objetivos y las posibles alternativas. Los trámites de audiencia e información pública, en cambio, se desarrollan sobre una propuesta ya redactada. La Ley permite prescindir de estos trámites en determinados supuestos, pero la excepción debe estar justificada.

Inclusión

Los canales digitales reducen costes y facilitan una participación amplia, pero también pueden excluir cuando exigen sistemas complejos de identificación, conectividad o competencias digitales. Por ello deben combinarse con asistencia y formatos accesibles. También son necesarias medidas específicas para facilitar la participación de la infancia, las personas mayores o con discapacidad, el medio rural y quienes afrontan barreras lingüísticas.

La representatividad no exige que cada grupo de participantes reproduzca estadísticamente a toda la sociedad, pero sí obliga a reconocer los posibles sesgos y a procurar una composición plural. Una participación numerosa tampoco transforma automáticamente la opción mayoritaria en una decisión jurídica: el órgano competente conserva la responsabilidad de resolver conforme al ordenamiento y al interés general.

Rendición de cuentas

Rendir cuentas implica informar de los objetivos, los recursos, las decisiones adoptadas, los resultados y las desviaciones; también supone permitir la evaluación y corregir aquello que no funciona. La mera relación de reuniones celebradas, expedientes tramitados o gasto ejecutado mide actividad, pero no demuestra por sí sola que la política haya producido el efecto perseguido.

La integridad completa este ciclo. Los códigos de conducta, el control de los conflictos de intereses, los canales de denuncia, la trazabilidad de la actividad de los grupos de interés y la fiscalización contractual reducen los riesgos de arbitrariedad y corrupción. El gobierno abierto no sustituye los controles jurídicos, sino que contribuye a hacerlos más comprensibles y accesibles.

24.3

Alianza y planes de acción de España

La Alianza para el Gobierno Abierto

Open Government Partnership es una organización multilateral integrada por gobiernos nacionales y locales y por organizaciones de la sociedad civil. Sus miembros elaboran planes mediante procesos de cocreación, cumplen estándares comunes y se someten a seguimiento y evaluación independiente.

España se incorporó en 2011. Los planes han evolucionado desde transparencia y datos hacia participación, integridad, inclusión, administración abierta y rendición. Cada plan tiene horizonte temporal, responsables, hitos e indicadores.

PlanPeriodo y orientación principal
I Plan2012-2014: administración electrónica, transparencia y reutilización.
II Plan2014-2016: ampliación de compromisos de transparencia, participación y mejora de servicios.
III Plan2017-2019: cinco ejes y mayor cooperación entre niveles territoriales y sociedad civil.
IV Plan2020-2024: diez compromisos sobre transparencia, participación, integridad, sensibilización y dimensión territorial.
V Plan2025-2029: diez compromisos y 218 iniciativas, con gobernanza digital, espacio cívico y Estado abierto.

La numeración muestra continuidad, no una acumulación automática. Al finalizar cada plan se evalúa cumplimiento; los compromisos no terminados no pasan al siguiente salvo que se reformulen o incorporen expresamente.

Foro de Gobierno Abierto

El Foro es un espacio de diálogo integrado, en igual número, por representantes de las administraciones estatal, autonómicas y locales y por representantes de la sociedad civil. Participa en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes. No debe confundirse con la Comisión Sectorial, que articula la cooperación entre administraciones, ni con la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la organización multilateral internacional.

V Plan 2025-2029

El V Plan fue aprobado por el Pleno del Foro el 6 de octubre de 2025 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029. Agrupa 218 iniciativas estatales, autonómicas y locales en los diez compromisos siguientes:

  1. participación y espacio cívico;
  2. transparencia y acceso a la información;
  3. integridad y rendición de cuentas;
  4. administración abierta;
  5. gobernanza digital e inteligencia artificial;
  6. apertura fiscal: cuentas claras y abiertas;
  7. información veraz y ecosistema informativo;
  8. difusión, formación y promoción del gobierno abierto;
  9. Observatorio de Gobierno Abierto;
  10. Estado abierto.

El Plan incluye, entre otras actuaciones, un nuevo portal orientado a los derechos a saber, entender y participar, mejoras en la contratación pública, una estrategia antifraude, mecanismos de participación inclusiva y actuaciones sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. No es una ley ni crea por sí mismo un nuevo catálogo de derechos: ordena compromisos de actuación, mientras que cada reforma normativa debe seguir su procedimiento correspondiente.

Los compromisos agrupan las grandes líneas de acción y las iniciativas identifican actuaciones concretas, responsables, calendarios e indicadores. Por ello, contar iniciativas iniciadas o finalizadas no basta para conocer el éxito del Plan. El seguimiento debe comprobar si se han alcanzado los hitos y si el resultado mejora realmente la apertura institucional. La evaluación propia del Plan se completa con los mecanismos de seguimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto.

24.4

Estructura y ámbito de la Ley 19/2013

Finalidad y estructura

La Ley 19/2013 pretende ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. Estas materias se distribuyen en bloques que cumplen funciones diferentes:

Parte de la LeyContenidoFunción
Título preliminar, artículo 1Objeto de la Ley.Define las tres finalidades generales de la norma.
Título I, capítulo I, artículos 2 a 4Ámbito subjetivo de la transparencia.Determina quién está obligado y con qué alcance.
Título I, capítulo II, artículos 5 a 11Publicidad activa.Obliga a publicar información sin necesidad de solicitud.
Título I, capítulo III, artículos 12 a 24Derecho de acceso.Regula límites, procedimiento, formalización y reclamación.
Título II, artículos 25 a 32Buen gobierno.Establece principios, infracciones, sanciones y responsabilidades de altos cargos y asimilados.
Título III, artículos 33 a 40Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.Organiza la autoridad independiente que promueve y garantiza la transparencia.

El ámbito subjetivo no es idéntico en todas estas partes. El título I se proyecta sobre un conjunto amplio de entidades públicas y privadas; el título II se dirige a altos cargos y asimilados, y el título III regula al Consejo. Por eso no basta con afirmar que una entidad «está sometida a la Ley»: debe precisarse si queda obligada a publicar, a tramitar solicitudes, a suministrar información o a observar el régimen de buen gobierno.

Sujetos del artículo 2

El artículo 2 somete al título I a las administraciones territoriales, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos y entidades del sector público, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas, las fundaciones públicas y las sociedades con participación pública superior al 50 %, entre otros sujetos.

Las corporaciones de derecho público quedan incluidas respecto de sus actividades sujetas a Derecho administrativo. La Casa del Rey, las Cortes Generales y los demás órganos e instituciones enumerados por la Ley también se someten al título I en relación con sus actividades administrativas, no respecto de la totalidad de sus funciones constitucionales.

Sujetos privados

El artículo 3 extiende únicamente las obligaciones de publicidad activa del capítulo II a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y determinadas entidades privadas financiadas con fondos públicos. Estas últimas quedan obligadas cuando perciban, durante un año, más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones públicas o cuando estas representen al menos el 40 % de sus ingresos anuales y alcancen, como mínimo, 5.000 euros.

El artículo 4 regula un supuesto diferente. Las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, la información necesaria a la Administración u organismo al que estén vinculadas. Esta obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos públicos en los términos previstos en el contrato.

Por tanto, no debe confundirse la sujeción directa a las obligaciones de transparencia con el deber de suministrar información a una Administración. Cuando la información se encuentre en poder de un prestador de servicios públicos, la solicitud de acceso se dirige a la Administración vinculada, que puede recabarla para tramitar la petición.

24.5

Publicidad activa

Publicar sin que nadie lo pida

La publicidad activa obliga a difundir información relevante sin esperar a que una persona la solicite. La publicación debe ser periódica y actualizada, realizarse en la sede electrónica o página web correspondiente y ofrecer la información de forma clara, estructurada, comprensible, accesible y, preferentemente, reutilizable. El acceso debe ser fácil y gratuito, también para las personas con discapacidad.

La Ley agrupa los contenidos mínimos en tres grandes categorías, pero dentro de cada una la publicación cumple una finalidad de control diferente:

  • Información institucional, organizativa y de planificación. Permite conocer qué funciones desarrolla cada entidad, qué normas aplica, cómo se estructura y quiénes son sus responsables. Los planes y programas deben identificar objetivos, actividades, medios y plazos; además, su grado de cumplimiento debe evaluarse y publicarse mediante indicadores.
  • Información de relevancia jurídica. Hace visibles las directrices, instrucciones, circulares y respuestas que interpretan el Derecho o producen efectos jurídicos, así como los anteproyectos, proyectos reglamentarios, memorias e informes de elaboración normativa y documentos sometidos a información pública.
  • Información económica, presupuestaria y estadística. Permite seguir el destino de los recursos públicos mediante datos sobre contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones, presupuestos, ejecución, cuentas, auditorías, retribuciones de altos cargos, compatibilidades, patrimonio y estadísticas sobre el cumplimiento y la calidad de los servicios.

La publicación de un contrato, por ejemplo, no se satisface indicando únicamente su título. El objeto, la duración, los importes de licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, el número de licitadores, la identidad del adjudicatario, las modificaciones y las decisiones de desistimiento o renuncia permiten controlar cómo se ha empleado el dinero público. La información sobre contratos menores puede publicarse trimestralmente.

La publicidad de los planes tampoco se agota con su aprobación. Deben conocerse sus objetivos concretos y publicarse periódicamente su grado de cumplimiento y sus resultados. De este modo, la publicidad activa conecta la información institucional con la rendición de cuentas: permite comparar lo que se anunció con lo que finalmente se hizo.

Portal y control

El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado facilita la localización de contenidos y la presentación de solicitudes de acceso. Sin embargo, no sustituye las obligaciones que corresponden a cada sujeto ni garantiza, por el solo hecho de reunir enlaces, que toda la información resulte comprensible o reutilizable.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno controla el cumplimiento de estas obligaciones en su ámbito competencial y puede dictar resoluciones y recomendaciones. Las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes y órganos de garantía, que pueden ampliar las obligaciones mínimas de la legislación estatal.

Límites

La publicidad activa debe respetar los límites del artículo 14 y la protección de datos personales. Cuando la finalidad de transparencia pueda alcanzarse sin identificar a las personas afectadas, procede disociar los datos. La mera presencia de un dato personal no justifica retirar un documento completo si puede ofrecerse una versión anonimizada que conserve la información relevante.

24.6

Derecho de acceso a la información pública

Titular y objeto

El derecho corresponde a todas las personas, sin necesidad de acreditar una nacionalidad, residencia o interés específico. La motivación de la solicitud es voluntaria: puede aportar elementos útiles para una ponderación posterior, pero su ausencia no permite rechazar la petición.

La información pública comprende los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de un sujeto obligado y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho permite obtener información existente; no obliga a crear un informe nuevo, emitir una opinión jurídica ni contestar una consulta abstracta.

La localización, extracción o tratamiento informático ordinario de los datos puede formar parte de la respuesta. El hecho de que la información se encuentre dispersa en varios archivos o aplicaciones no convierte por sí solo la solicitud en una reelaboración inadmisible. La Administración debe explicar por qué la operación exigida supera el tratamiento razonable y requiere crear una información distinta.

Solicitud

La solicitud se dirige al titular del órgano o entidad que posee la información y puede presentarse por cualquier medio que deje constancia de la identidad del solicitante, la información pedida, una dirección de contacto y, en su caso, la modalidad de acceso preferida. No es necesario citar la Ley ni conocer el nombre exacto del documento, siempre que el objeto de la petición pueda identificarse suficientemente.

Si la petición es imprecisa, debe requerirse su concreción en un plazo de diez días, con advertencia de que la falta de respuesta producirá el desistimiento; durante ese trámite queda suspendido el plazo para resolver. Si la información no obra en poder del órgano destinatario, pero este conoce al competente, debe remitirle la solicitud e informar al interesado. Cuando la información haya sido elaborada íntegra o principalmente por otro órgano, la petición se remite a este para que decida sobre el acceso.

Terceros y tramitación

Si el acceso puede afectar a derechos o intereses de terceros identificados, se les concede un trámite de audiencia de quince días. El solicitante debe ser informado y el plazo para resolver queda suspendido hasta que se reciban las alegaciones o finalice el plazo concedido. La audiencia no otorga al tercero un derecho de veto: corresponde al órgano competente ponderar sus alegaciones y resolver motivadamente.

El plazo máximo para resolver y notificar es de un mes desde que el órgano competente recibe la solicitud. Puede ampliarse por otro mes cuando lo hagan necesario el volumen o la complejidad de la información, siempre que la ampliación se comunique al solicitante. El silencio tiene efecto desestimatorio, pero no elimina el deber de dictar una resolución expresa. Deben motivarse la denegación, el acceso parcial, la concesión mediante una modalidad distinta de la solicitada y la decisión favorable adoptada pese a la oposición de un tercero.

Formalización

El acceso se realiza preferentemente por vía electrónica, salvo que no resulte posible o se haya solicitado expresamente otro medio. Cuando no pueda proporcionarse al notificar la resolución, debe hacerse efectivo en un plazo máximo de diez días. El acceso es gratuito, sin perjuicio de las cantidades que puedan exigirse por la expedición de copias o la transformación a un formato diferente.

Si un tercero se ha opuesto y la resolución concede el acceso, la información no se entrega inmediatamente. Debe esperarse a que transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya presentado o, si se presenta, a que exista una resolución que confirme el derecho de acceso. Cuando la información ya esté publicada, la Administración puede indicar cómo obtenerla, pero la remisión debe ser precisa y permitir localizarla sin imponer una búsqueda desproporcionada.

Cuando existe un régimen especial de acceso —por ejemplo, el de los interesados en un procedimiento en curso, el acceso a archivos o la información ambiental— se aplica su regulación específica. La Ley 19/2013 actúa de forma supletoria cuando así proceda; no desplaza automáticamente las garantías y particularidades previstas por la legislación sectorial.

24.7

Límites y protección de datos

Test del daño y ponderación

El artículo 14 permite limitar por seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención de ilícitos, igualdad en procesos, funciones de vigilancia, intereses económicos, política económica, secreto profesional, propiedad intelectual, confidencialidad en toma de decisiones y medio ambiente.

La mera invocación de uno de estos intereses no basta para denegar la información. Debe justificarse un perjuicio concreto, real y no meramente hipotético, y ponderarse si existe un interés público superior en la divulgación. La restricción ha de ser proporcionada al objeto y a la finalidad de protección y debe atender a las circunstancias del caso.

El transcurso del tiempo también puede reducir el daño: una información sensible durante una negociación puede dejar de serlo una vez concluida. Los límites protegen intereses jurídicos, no la comodidad política de la institución ni su deseo de evitar críticas.

Datos personales

Cuando la información contiene categorías de datos especialmente protegidas, se aplican reglas reforzadas y puede ser necesario el consentimiento expreso de la persona afectada o una habilitación legal. En cambio, si se trata de datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano, prevalece normalmente el acceso, salvo que las circunstancias concretas justifiquen la protección.

En los demás casos debe ponderarse el interés público en conocer la información frente a los derechos de las personas afectadas. Se valoran, entre otros elementos, el tiempo transcurrido, la finalidad del acceso, la posición pública o privada de la persona y el posible perjuicio para su intimidad. La disociación permite conservar el contenido informativo sin revelar la identidad cuando esta no sea necesaria.

El derecho de acceso a la información pública sirve para conocer y controlar la actividad pública. El derecho de acceso regulado por el RGPD permite a una persona conocer qué datos propios se tratan y con qué finalidad. Aunque ambos se denominan «derecho de acceso», tienen responsables, objetos y procedimientos diferentes.

Acceso parcial

Si un límite afecta únicamente a una parte del documento, debe facilitarse el resto después de omitir el contenido protegido, salvo que el resultado quede distorsionado o carezca de sentido. La resolución debe advertir qué parte se ha omitido. El acceso parcial actúa así como una regla de conservación del derecho frente a la denegación total.

24.8

Causas de inadmisión

La inadmisión debe motivarse y solo procede por alguna de las causas legales: información en curso de elaboración o pendiente de publicación general; información auxiliar o de apoyo; solicitudes que exijan una reelaboración; solicitudes dirigidas a un órgano que no dispone de la información cuando se desconoce cuál es el competente; y peticiones manifiestamente repetitivas o abusivas que no estén justificadas por la finalidad de transparencia.

El Consejo actualizó en junio de 2026 sus siete criterios interpretativos sobre las causas de inadmisión. El criterio 1/2026 establece las reglas comunes —interpretación estricta, aplicación casuística y motivación suficiente— y los criterios 2/2026 a 7/2026 desarrollan cada causa concreta:

  • en elaboración: proceso real no concluido, no simple expediente abierto;
  • auxiliar: notas o comunicaciones internas solo cuando su contenido sea verdaderamente auxiliar, no informes sustantivos;
  • reelaboración: nueva elaboración compleja, no operaciones ordinarias ni anonimización;
  • órgano incompetente desconocido: si se conoce, debe remitirse;
  • repetitiva: coincidencia sustancial y respuesta previa, considerando cambios;
  • abusiva: ejercicio excesivo y contrario a finalidad, no petición molesta o voluminosa por sí sola.

Cuando la información esté realmente en curso de elaboración o pendiente de una publicación general prevista, la resolución debe indicar el órgano responsable y el plazo estimado para publicarla. En todos los supuestos, la motivación ha de relacionar las circunstancias concretas de la solicitud con la causa invocada; la simple reproducción del artículo 18 no resulta suficiente.

24.9

Reclamación y Consejo de Transparencia

Reclamación potestativa

Frente a una resolución expresa o presunta en materia de acceso puede presentarse una reclamación ante el Consejo u órgano autonómico competente. Es una vía potestativa que sustituye a los recursos administrativos ordinarios: la persona interesada puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o formular primero la reclamación. Si elige esta última, debe esperar a su resolución expresa o presunta antes de acudir a los tribunales.

La Ley fija un plazo de un mes para reclamar, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa o desde que se producen los efectos del silencio. Cuando la denegación se funde en la protección de derechos o intereses de terceros, estos deben ser oídos antes de resolver. La reclamación debe resolverse y notificarse en tres meses; una vez transcurrido ese plazo se entiende desestimada. Las resoluciones se publican después de disociar los datos personales y pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Existe una excepción institucional importante. Frente a las resoluciones en materia de acceso dictadas por la Casa del Rey, las Cortes Generales y los demás órganos e instituciones comprendidos en el artículo 2.1.f) solo cabe acudir a la vía contencioso-administrativa; no se interpone la reclamación sustitutiva del artículo 24.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional. Su Estatuto vigente fue aprobado por el Real Decreto 615/2024. Sus fines son promover la transparencia, controlar las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el derecho de acceso y favorecer la observancia de las disposiciones de buen gobierno dentro de su ámbito competencial.

El Consejo se organiza en una Presidencia y una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. La persona titular de la Presidencia es nombrada por real decreto para un periodo no renovable de cinco años. Antes del nombramiento, la candidatura propuesta debe comparecer ante la comisión competente del Congreso y ser refrendada por mayoría absoluta.

La Comisión está integrada por la Presidencia y por representantes del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la secretaría de Estado competente y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Ley no contempla una vicepresidencia como miembro de la Comisión.

Las funciones de promoción, garantía y control deben diferenciarse. La Comisión formula recomendaciones, asesora, informa proyectos normativos, evalúa la aplicación de la Ley y promueve formación y buenas prácticas. La Presidencia adopta criterios de interpretación uniforme, controla la publicidad activa, resuelve las reclamaciones del artículo 24, atiende consultas e insta, cuando proceda, la iniciación del régimen sancionador de buen gobierno.

El Consejo no es un tribunal ni sustituye a la Agencia Española de Protección de Datos. Sus criterios facilitan una aplicación uniforme y sus resoluciones deciden reclamaciones concretas, sin excluir el control posterior de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las comunidades autónomas pueden atribuir las reclamaciones a sus propios órganos de garantía o celebrar un convenio para que las conozca el Consejo estatal.

24.10

Buen gobierno

Ámbito subjetivo

El buen gobierno no se dirige indistintamente a todo empleado público. En la Administración General del Estado se aplica a los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y los demás altos cargos de la Administración y del sector público estatal. También alcanza a los altos cargos o asimilados de las comunidades autónomas y entidades locales conforme a su normativa, incluidos los miembros de las juntas de gobierno locales.

La Ley 19/2013 establece el marco común, pero debe ponerse en relación con la Ley 3/2015 para los altos cargos estatales y con la normativa autonómica o local correspondiente. La condición de cargo electo no impide la aplicación del título II cuando la persona se encuentra incluida en su ámbito.

Principios generales y principios de actuación

El artículo 26 separa dos niveles. Los principios generales expresan cómo debe orientarse el ejercicio del cargo: respeto al ordenamiento y a los derechos fundamentales, transparencia, eficacia, economía, eficiencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad, diligencia, corrección y asunción de responsabilidad.

Los principios de actuación traducen esas exigencias en comportamientos concretos. Entre ellos se encuentran respetar las incompatibilidades, guardar reserva, comunicar las irregularidades conocidas, ejercer las potestades únicamente para la finalidad legal, abstenerse cuando exista un interés que comprometa la objetividad, rechazar regalos o ventajas indebidas, conservar los recursos públicos y no utilizar la posición administrativa para obtener beneficios personales.

La distinción tiene consecuencias. Los principios sirven para interpretar el régimen sancionador y valorar la conducta, pero no todo incumplimiento ético puede castigarse automáticamente. Para imponer una sanción es necesario que los hechos encajen en una infracción previamente tipificada y que exista responsabilidad de la persona afectada.

Tres grupos de infracciones

La Ley organiza las infracciones en tres bloques, que no deben confundirse:

GrupoQué protegeRégimen esencial
Conflictos de interesesImparcialidad, incompatibilidades y declaraciones exigibles.El artículo 27 remite a la normativa estatal de altos cargos o a la aplicable en cada Administración.
Gestión económico-presupuestariaLegalidad en el uso, control y rendición de los fondos públicos.El artículo 28 tipifica como muy graves conductas culpables relacionadas con gastos sin crédito, omisión de controles, estabilidad presupuestaria, rendición de cuentas y otras obligaciones financieras.
Infracciones disciplinariasCorrección en el ejercicio del cargo y respeto a la legalidad y a los derechos.El artículo 29 distingue infracciones muy graves, graves y leves.

Entre las infracciones disciplinarias muy graves figuran la discriminación, los acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave, el uso indebido de información, el notorio incumplimiento de funciones esenciales, la utilización del cargo para obtener un beneficio indebido y el acoso laboral. Son graves, entre otras, el abuso de autoridad, la intervención en un procedimiento cuando concurre causa de abstención y la vulneración del sigilo con perjuicio. La incorrección y la negligencia que no alcancen mayor gravedad pueden constituir infracciones leves.

Sanciones y consecuencias

La respuesta depende de la gravedad:

  • las infracciones leves se sancionan con amonestación;
  • las graves pueden dar lugar a una declaración de incumplimiento publicada en el diario oficial correspondiente y a la pérdida de la indemnización por cese;
  • las muy graves llevan aparejadas esas consecuencias, la destitución —salvo que la persona ya haya cesado— y la imposibilidad de ocupar un alto cargo o puesto asimilado durante un periodo de cinco a diez años.

Las infracciones económico-presupuestarias obligan además, cuando proceda, a restituir las cantidades indebidamente percibidas o satisfechas y a indemnizar a la Hacienda Pública. La sanción debe graduarse atendiendo a la entidad de la infracción, el perjuicio, las ganancias obtenidas, la repercusión sobre el interés público, la subsanación y la reparación de los daños.

Procedimiento, competencia y prescripción

La responsabilidad se exige mediante un procedimiento iniciado de oficio, con audiencia y respeto a los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. La incoación, instrucción y resolución corresponden a órganos distintos según se trate de miembros del Gobierno, secretarios de Estado, otros altos cargos estatales o responsables autonómicos y locales. En el ámbito estatal, la Oficina de Conflictos de Intereses instruye los procedimientos previstos por la Ley en los supuestos correspondientes.

Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, deben ponerse en conocimiento del Fiscal General del Estado y suspenderse las actuaciones en los términos legales. También puede comunicarse el expediente al Tribunal de Cuentas cuando pueda existir responsabilidad contable. La concurrencia de responsabilidades penal, contable, disciplinaria o de buen gobierno exige respetar la prohibición de sancionar dos veces los mismos hechos cuando coincidan sujeto, hecho y fundamento.

Las infracciones y las sanciones muy graves prescriben a los cinco años; las graves, a los tres, y las leves, al año. Estos plazos son diferentes de la duración de la prohibición de nombramiento que puede imponerse por una infracción muy grave.

24.11

Criterios para resolver supuestos de acceso

La resolución de un supuesto práctico exige seguir un orden. Primero debe determinarse si se está examinando una obligación de publicación de oficio o una solicitud individual. Después se comprueba qué sujeto posee la información, si la obtuvo en el ejercicio de sus funciones y si existe un régimen especial de acceso.

Solo entonces procede valorar las restricciones. Deben analizarse por separado las causas de inadmisión, los límites materiales y la protección de datos, porque cada categoría responde a una pregunta distinta. Antes de denegar todo el contenido, han de considerarse la disociación y el acceso parcial. Finalmente se revisan el plazo, la motivación, la forma de entrega y las vías de reclamación o recurso.

No deben confundirseDiferencia
Gobierno abierto y transparenciaCultura amplia y uno de sus pilares.
Publicidad activa y accesoPublicación de oficio y solicitud individual.
Información y documentoContenido y soporte que lo contiene.
Límite e inadmisiónPerjuicio sustantivo y causa procesal tasada.
Reelaboración y tratamientoCreación compleja y operación razonable.
Acceso público y acceso RGPDControl de actividad y datos propios.
Foro y AlianzaÓrgano español de diálogo y organización multilateral.
Transparencia y reutilizaciónConocer información y usarla para otros fines.
Principio ético e infracciónNorma de conducta y tipo sancionador.

24.12

Síntesis del tema

El gobierno abierto es una cultura institucional que conecta transparencia, participación, integridad, rendición de cuentas e inclusión. Los planes de acción convierten esos principios en compromisos medibles y elaborados con participación social. El V Plan 2025-2029 organiza 218 iniciativas en diez compromisos y funciona como hoja de ruta, pero no sustituye a la ley ni crea por sí solo derechos equivalentes a los reconocidos en ella.

La Ley 19/2013 distingue publicación de oficio, acceso a solicitud y buen gobierno. El acceso pertenece a cualquier persona y recae sobre información existente. La respuesta debe separar límites, datos e inadmisión y conservar el derecho mediante ponderación, disociación y acceso parcial.

Los plazos y las garantías completan el sistema: un mes para resolver la solicitud de acceso y tres meses para resolver la reclamación ante el Consejo. El Consejo controla el cumplimiento de la ley y fija criterios interpretativos, sin perjuicio de la revisión judicial. En 2026, sus criterios mantienen una interpretación restrictiva de las causas de inadmisión.

El buen gobierno se aplica a los altos cargos y asimilados y conecta los principios de conducta con infracciones sobre conflictos de intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplina. Sus sanciones y responsabilidades garantizan que la transparencia no se limite a publicar información, sino que alcance también la forma en que se decide y se administran los recursos públicos. Estudiar cada mecanismo por su función evita confundir la apertura institucional con una simple acumulación de documentos.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 9 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se mantienen juntas, con todas sus opciones, soluciones explicadas y referencias.

0 de 9 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 39.V Plan de Gobierno Abierto de España 2025-2029.

    1. El V Plan de Gobierno Abierto, aprobado en 2025, contiene:

  2. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 32.Open Government Partnership.

    2. ¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

  3. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 33.Orden HFP/134/2018, de creación del Foro de Gobierno Abierto.

    3. ¿Qué es el Foro de Gobierno Abierto?

  4. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 41.artículo 3 de la Ley 19/2013.

    4. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué entidades privadas serán sujetos obligados a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título I relativas a la publicidad activa?

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 32.artículo 24.4 de la Ley 19/2013.

    5. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de una reclamación será:

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 41.artículos 5.3 y 14 de la Ley 19/2013.

    6. De acuerdo con la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del principio de publicidad activa?

  7. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 40.artículo 26.2.b) de la Ley 19/2013.

    7. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es un principio de actuación incluido entre los principios de buen gobierno?

  8. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 31.artículo 36 de la Ley 19/2013.

    8. De acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, NO es un miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:

  9. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 48.artículo 37 de la Ley 19/2013.

    9. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿por qué órgano y con qué mayoría se refrendará el nombramiento del candidato propuesto a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.

Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente

Estamos trabajando para incorporar preguntas organizadas por los temas del programa. Mientras tanto, puedes seguir preparando la oposición con las explicaciones y las bases legislativas del temario.