Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 31 de Gestión de la Administración Civil del Estado
El acto administrativo: formación, validez, eficacia y comunicación
31.1
Concepto y función del acto administrativo
El acto administrativo es una declaración intelectual de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por una Administración en ejercicio de una potestad administrativa y destinada a producir efectos jurídicos concretos. Una licencia contiene voluntad decisoria; un informe, juicio; una certificación, conocimiento. No todas estas declaraciones se recurren igual, pero pertenecen a la actividad formal administrativa.
Para hablar propiamente de acto administrativo, la actuación debe estar sujeta al Derecho administrativo. Una Administración también celebra operaciones privadas o actúa como empleadora laboral; no toda decisión de un ente público es un acto administrativo en sentido técnico. Del mismo modo, una sentencia judicial o una ley no lo son porque proceden de otros poderes y siguen regímenes propios.
Diferencia con reglamento y actuación material
El reglamento innova el ordenamiento con una regla general y permanece tras aplicarse. El acto concreta una regla existente para un supuesto. Una convocatoria puede dirigirse a miles de aspirantes y seguir siendo acto general; una ordenanza puede afectar a un grupo reducido y seguir siendo norma.
La actuación material ejecuta decisiones: derribar, pagar, ocupar o prestar un servicio. Debe apoyarse en un título jurídico cuando afecte a derechos. La Administración no puede realizar una vía de hecho —actuación sin cobertura o excediendo manifiestamente la existente— y exigir después que la persona la soporte como si fuera un acto válido.
31.2
Elementos del acto
Sujeto y competencia
El acto debe proceder de una Administración y del órgano competente. La competencia se determina por materia, territorio y jerarquía y es irrenunciable. Puede alterarse su ejercicio mediante delegación, avocación, encomienda, delegación de firma o suplencia conforme a la ley, pero no cambia la titularidad salvo los supuestos previstos.
La incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio causa nulidad de pleno derecho. Otros defectos competenciales suelen generar anulabilidad y pueden ser convalidados por el órgano superior competente cuando la ley lo permite.
El titular debe actuar con imparcialidad. Las causas de abstención y recusación protegen objetividad. Su intervención no produce automáticamente invalidez; habrá que valorar si el defecto afectó al contenido y encaja en una causa invalidante, sin perjuicio de responsabilidad.
Presupuesto de hecho, contenido y finalidad
Toda potestad parte de unos hechos que deben existir y acreditarse. La sanción requiere conducta probada; la subvención, cumplimiento de requisitos; la jubilación, edad o circunstancia legal. Un error relevante sobre hechos puede hacer ilegal la decisión.
El contenido debe ser posible, lícito, determinado o determinable y adecuado al fin. No puede imponer una obligación materialmente imposible ni resolver cuestiones ajenas a la potestad. La decisión debe ser congruente con las solicitudes, sin agravar la situación inicial en procedimientos a instancia de parte salvo que se inicie de oficio otro procedimiento cuando proceda.
La finalidad está fijada por el ordenamiento. Una competencia urbanística no puede utilizarse para castigar una conducta personal; una potestad de personal no puede emplearse para favorecer a alguien. El uso de una potestad para fin diferente constituye desviación de poder y es controlable judicialmente.
Procedimiento y forma
Los actos se producen siguiendo el procedimiento establecido. Trámites como audiencia, informes, prueba o propuesta permiten formar correctamente la decisión y proteger a los interesados. No toda omisión produce nulidad: su efecto depende de la relevancia del trámite y de la indefensión causada.
Los actos se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma. Cuando varios actos de igual naturaleza —nombramientos, concesiones o licencias— puedan refundirse, el órgano puede utilizar una única resolución, especificando sus efectos para cada persona.
31.3
Clases de actos
Favorables y de gravamen
Los favorables amplían la esfera jurídica: reconocen un derecho, conceden una ayuda o autorizan una actividad. Los de gravamen restringen o imponen cargas: sanción, liquidación, expropiación. La distinción influye en revocación, retroactividad, motivación y garantías.
La Administración dispone de mayor margen para revocar actos desfavorables mientras no constituya dispensa ilegal, vulnere igualdad o interés público ni haya prescrito. Para eliminar un acto favorable ilegal debe acudir a revisión de oficio si es nulo o declararlo lesivo y recurrirlo si es anulable; no puede revocarlo libremente.
Definitivos y de trámite
El acto definitivo resuelve el procedimiento. Los de trámite preparan la decisión: informes, pruebas, requerimientos o propuestas. Como regla se impugnan al recurrir la resolución final. Son recurribles separadamente los trámites cualificados que decidan directa o indirectamente el fondo, impidan continuar, produzcan indefensión o perjuicio irreparable.
No debe confundirse acto definitivo con acto firme. Definitivo cierra un procedimiento; firme ya no admite recurso ordinario por haber transcurrido el plazo o haberse agotado. Un acto definitivo puede ser recurrible y, por tanto, no firme.
Tampoco significa necesariamente que ponga fin a la vía administrativa. Esta última expresión determina si todavía cabe recurso de alzada o si el acto puede impugnarse mediante reposición potestativa o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por tanto, un acto puede resolver el procedimiento y seguir siendo recurrible en alzada porque procede de un órgano cuya decisión no agota la vía administrativa.
Expresos y presuntos; reglados y discrecionales
El acto expreso contiene una declaración formal. El presunto nace del efecto que la ley atribuye al silencio. El silencio estimatorio tiene consideración de acto finalizador; el desestimatorio permite interponer recurso, pero no libera a la Administración de resolver.
En potestades regladas, la norma predetermina la consecuencia cuando concurren los hechos. En las discrecionales deja un margen de elección entre soluciones lícitas. Discrecionalidad no equivale a arbitrariedad: competencia, hechos, fin, principios y motivación son controlables. Los conceptos jurídicos indeterminados exigen concretar una única solución correcta para el caso mediante valoración razonada, no una elección política libre.
Otras clasificaciones útiles
Los actos constitutivos crean, modifican o extinguen una situación jurídica, como un nombramiento o una sanción. Los declarativos reconocen o acreditan una situación que ya existía, como determinadas certificaciones. La distinción ayuda a comprender sus efectos, aunque no altera por sí sola el régimen de recursos.
También se habla de actos simples cuando la decisión se imputa a un solo órgano y de actos complejos cuando exige la intervención decisoria de varios. No debe confundirse un acto complejo con un procedimiento en el que se solicitan informes: si estos son meramente preparatorios, la decisión final sigue correspondiendo al órgano competente.
31.4
La motivación
Motivar es expresar de forma suficiente los hechos y fundamentos jurídicos que conducen a la decisión. Permite comprenderla, combatirla y controlar que la potestad se utilizó correctamente. La extensión depende del asunto, pero una fórmula estereotipada que no conecta norma y hechos puede ser insuficiente.
La Ley 39/2015 exige motivación, entre otros, para actos que limiten derechos o intereses, resuelvan revisión o recursos, se separen de criterio anterior o dictamen consultivo, suspendan actos, acuerden urgencia o ampliaciones, rechacen pruebas, terminen por imposibilidad material o desistimiento de oficio, y ejerzan potestades discrecionales. También para propuestas y resoluciones sancionadoras y de responsabilidad patrimonial.
La exigencia no se satisface con nombrar la norma aplicable. La resolución debe identificar los hechos relevantes, explicar cómo se han acreditado y mostrar por qué la norma conduce a la consecuencia adoptada. Así, una sanción no queda motivada por afirmar que «se ha cometido una infracción»: debe precisar la conducta probada, su calificación y las razones utilizadas para fijar la sanción. En una decisión discrecional, además, han de exteriorizarse los criterios que justifican la opción elegida entre las legalmente posibles.
La aceptación de informes o dictámenes puede servir de motivación cuando se incorporen al texto de la resolución. La incorporación no exige copiar mecánicamente todo el informe, pero sí permitir identificarlo y conocer las razones asumidas por el órgano decisor. Una remisión genérica a documentos inaccesibles deja al interesado sin posibilidad real de comprender la decisión.
En procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, la motivación se adapta a lo previsto en las bases. Una puntuación puede expresar suficientemente la valoración cuando deriva de criterios previos, objetivos y aplicados de forma comprobable; no basta, en cambio, una cifra cuyo origen no pueda reconstruirse. En todo caso, los fundamentos de la resolución deben quedar acreditados en el expediente.
La falta de motivación suele ser vicio formal causante de anulabilidad cuando impide conocer las razones o defenderse. En casos extremos puede conectarse con lesión de un derecho fundamental. No toda motivación breve es inválida ni toda decisión extensa está bien motivada: importa su capacidad explicativa.
31.5
Validez: nulidad, anulabilidad e irregularidad
Presunción de validez
Los actos sujetos a Derecho administrativo se presumen válidos. Esta presunción permite su eficacia y ejecución sin una declaración judicial previa, pero es iuris tantum: puede destruirse mediante revisión o recurso. La Administración no queda dispensada de probar hechos ni de respetar garantías.
Nulidad de pleno derecho
La nulidad se reserva a vicios especialmente graves: lesión de derechos susceptibles de amparo; incompetencia manifiesta por materia o territorio; contenido imposible; acto constitutivo de infracción penal o dictado como consecuencia de ella; prescindir total y absolutamente del procedimiento o de reglas esenciales de órganos colegiados; adquirir derechos careciendo de requisitos esenciales; y demás casos establecidos por ley.
Un acto nulo no se sana por el paso del tiempo y puede revisarse de oficio con dictamen favorable del órgano consultivo, aunque los límites de buena fe, equidad, derechos y tiempo pueden impedir el ejercicio de revisión. La nulidad debe interpretarse de forma estricta: no toda infracción encaja en ella.
Anulabilidad e irregularidades
Son anulables los actos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento, incluida desviación de poder, cuando no existe nulidad. Deben impugnarse en plazo y pueden convalidarse. Si adquieren firmeza, la Administración no puede desconocerlos sin seguir los cauces de revisión.
El defecto de forma solo determina anulabilidad cuando el acto carece de requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produce indefensión. Realizar actuaciones fuera de plazo solo invalida cuando la naturaleza del término lo imponga. Así se evita que cualquier irregularidad menor destruya una decisión materialmente correcta.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. La nulidad se reserva a los supuestos del artículo 47 y puede declararse mediante revisión de oficio sin el plazo de cuatro años propio de la declaración de lesividad. La anulabilidad, en cambio, debe hacerse valer por los cauces y dentro de los plazos correspondientes y admite convalidación. Esta distinción no autoriza a la Administración a ignorar por sí sola un acto firme: mientras no sea retirado mediante el procedimiento adecuado, el acto continúa produciendo los efectos que le correspondan.
| Cuestión | Nulidad de pleno derecho | Anulabilidad |
|---|---|---|
| Origen del vicio | Una de las causas tasadas del artículo 47.1. | Cualquier infracción invalidante que no constituya nulidad. |
| Reacción del interesado | Puede solicitar la revisión de oficio y utilizar los recursos que procedan. | Debe impugnar el acto dentro de los plazos ordinarios, salvo los cauces excepcionales aplicables. |
| Retirada de un acto favorable | Revisión de oficio con dictamen consultivo favorable. | Declaración de lesividad e impugnación judicial, dentro del límite legal de cuatro años. |
| Subsanación | No admite convalidación. | Puede convalidarse si el defecto es subsanable. |
Alcance de la invalidez
La invalidez de un acto no se transmite automáticamente a los actos sucesivos independientes de él. Tampoco la invalidez parcial destruye las partes separables cuyo contenido habría permanecido igual. Estas reglas responden al principio de conservación: se elimina lo afectado por el vicio, pero no aquello que puede mantenerse sin alterar la decisión ni reducir las garantías del interesado.
Técnicas de conservación
La conversión permite que un acto nulo o anulable produzca los efectos de otro cuyos elementos contenga. La conservación mantiene actos y trámites cuyo contenido habría sido igual sin la infracción. La convalidación subsana actos anulables: el acto de convalidación produce efectos desde la fecha en que se dicta, salvo que pueda otorgarse eficacia retroactiva conforme al artículo 39.3.
La incompetencia no determinante de nulidad puede convalidarla el órgano competente superior; la falta de autorización, mediante su otorgamiento. No se convalidan actos nulos ni defectos que por naturaleza sean insubsanables.
31.6
Eficacia, ejecutividad y ejecución
Los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia queda demorada cuando lo exige el contenido o está supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. Una sanción puede ser válida al firmarse, pero no desplegar frente al interesado los efectos que dependen de su comunicación.
Excepcionalmente puede otorgarse eficacia retroactiva cuando el acto sustituye a otro anulado y cuando produce efectos favorables, siempre que los hechos necesarios existieran en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. Retroactividad favorable no es libertad para reconstruir artificialmente hechos pasados.
La eficacia indica que el acto puede producir sus efectos jurídicos. La ejecutividad añade que, como regla, la Administración puede exigir su cumplimiento sin obtener previamente una sentencia. Finalmente, la ejecución forzosa es la actividad material dirigida a vencer el incumplimiento del obligado. Son planos relacionados, pero no equivalentes: el reconocimiento de una ayuda puede ser eficaz sin exigir coacción alguna, mientras que una orden incumplida puede necesitar ejecución forzosa.
Los actos son inmediatamente ejecutivos salvo que se suspenda su ejecución, una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior. Tampoco es inmediatamente ejecutiva la resolución sancionadora contra la que todavía cabe algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. La interposición de cualquier recurso no suspende por sí sola el acto: la suspensión requiere acuerdo o una previsión legal.
Cuando procede la ejecución forzosa, la Administración debe haber advertido previamente al obligado y elegir un medio proporcionado. La Ley contempla el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Cada medio exige sus propios presupuestos; la Administración no puede escoger indistintamente el que resulte más gravoso.
31.7
Contenido y plazo de la notificación
La notificación se cursa dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó el acto. Debe contener su texto íntegro, indicar si pone fin a la vía administrativa y expresar recursos posibles, órgano y plazo. La indicación errónea no puede perjudicar injustamente al destinatario, pero tampoco convierte cualquier notificación defectuosa en inexistente.
El plazo de diez días obliga a cursar la notificación, no significa que transcurrido ese tiempo desaparezca el acto. El retraso puede tener consecuencias dentro del procedimiento, pero debe distinguirse del plazo máximo para resolver y notificar. Para tener por cumplida esta última obligación, la ley exige al menos el texto íntegro y un intento de notificación debidamente acreditado.
Si contiene el texto íntegro pero omite alguno de los demás requisitos, produce efectos desde que el interesado realiza actuaciones que demuestran conocimiento del contenido y alcance o interpone recurso. La subsanación se apoya así en un conocimiento efectivo, no en la mera sospecha de que el destinatario pudo enterarse. Si falta incluso el texto íntegro, no opera esta regla especial.
Las notificaciones deben permitir constancia de envío o puesta a disposición, recepción o acceso, fechas, contenido íntegro e identidad de remitente y destinatario. Se incorporan al expediente.
31.8
Notificación electrónica y en papel
Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y obligatoriamente cuando el interesado deba relacionarse así. Las personas no obligadas pueden elegir el medio y modificarlo. Reglamentariamente puede imponerse a ciertos colectivos de personas físicas si queda acreditado que disponen de acceso y medios por capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otras razones.
No se practica electrónicamente la notificación que acompañe elementos imposibles de convertir a formato electrónico ni la que incluya medios de pago a favor del interesado, como un cheque. En los procedimientos iniciados a solicitud, se utiliza el medio señalado por el interesado, salvo que esté obligado a relacionarse electrónicamente.
La notificación electrónica se practica mediante comparecencia en sede o dirección electrónica habilitada única, o por ambos sistemas según disponga cada Administración. Se entiende practicada al acceder al contenido. Si es obligatoria o fue elegida y transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceso, se entiende rechazada, salvo imposibilidad técnica o material.
Una persona no obligada también puede comparecer voluntariamente en la sede o en la Dirección Electrónica Habilitada única. Si accede al contenido o rechaza expresamente la notificación, su actuación produce plenos efectos jurídicos. Cuando una misma notificación se pone a disposición en sede y en la Dirección Electrónica Habilitada única, cuenta el primer acceso o rechazo y ambos sistemas deben sincronizar su estado.
El aviso enviado al correo o dispositivo comunicado informa de la puesta a disposición, pero no es la notificación. La falta de aviso no invalida esta. La Administración debe facilitar que el interesado conozca qué notificaciones están disponibles y conservar evidencias.
Cuando un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente no ha facilitado datos para el aviso y el procedimiento se inicia de oficio, el Real Decreto 203/2021 ordena practicar la primera notificación en papel. En ella se le advierte de que las siguientes serán electrónicas y de que puede comunicar un correo o dispositivo para recibir los avisos. Esta primera entrega en papel no elimina su obligación de relación electrónica para las actuaciones posteriores.
En papel, la entrega se practica en el domicilio señalado. Si no está el interesado, puede recibirla una persona mayor de catorce años que se encuentre allí y se identifique. Si nadie la recibe, se hace constar día y hora y se repite una sola vez dentro de los tres días siguientes. Si el primer intento fue antes de las quince horas, el segundo debe realizarse después, y viceversa, dejando al menos tres horas entre ambos intentos.
Toda notificación practicada en papel debe ponerse también a disposición en la sede electrónica para su acceso voluntario. Esta disponibilidad no transforma por sí sola la notificación en electrónica. Si el interesado accede antes a su contenido en sede, se considera notificado en la fecha de ese acceso; si la entrega en papel fue anterior, el acceso electrónico posterior no abre un nuevo plazo.
Cuando el interesado o representante rechaza expresamente la notificación, se deja constancia, se da por efectuado el trámite y continúa el procedimiento. Rechazo no es lo mismo que ausencia ni que una dirección incorrecta.
31.9
Notificación infructuosa y publicación
Si los interesados son desconocidos, se ignora el lugar de notificación o, intentada, no puede practicarse, se publica un anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Previamente y con carácter facultativo puede anunciarse en boletines territoriales, tablón consular o municipal, pero es el anuncio del BOE el que cumple la función legal de notificación.
La publicación produce los efectos de la notificación cuando lo establecen las normas del procedimiento, cuando lo aconsejan razones de interés público apreciadas por el órgano competente o cuando se trata de actos integrantes de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en el medio señalado por la convocatoria. Si el acto tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios o la Administración considera insuficiente notificar a una sola persona, la publicación no sustituye necesariamente a la notificación individual: en este último caso la complementa.
La publicación debe contener los mismos elementos exigidos a la notificación. Cuando la publicación íntegra pueda lesionar derechos o intereses legítimos, se inserta en el diario oficial una indicación somera del contenido y del lugar donde los interesados pueden comparecer para conocerlo completo. Esta cautela debe coordinarse con la protección de los datos personales.
Si se notifica por distintos cauces, se considera fecha la que se produjo en primer lugar. Esta regla evita duplicar plazos y obliga a revisar la primera comunicación válida, no la más cómoda para cada parte.
31.10
Síntesis del tema
El acto administrativo aplica una potestad a un supuesto concreto. Su corrección depende del órgano, los hechos, el contenido, la finalidad, el procedimiento y la forma. La motivación permite conocer y controlar las razones, especialmente cuando se limitan derechos, se ejerce discrecionalidad o se cambia de criterio.
La validez y la eficacia son planos distintos. El acto se presume válido, pero un vicio puede determinar nulidad tasada, anulabilidad o irregularidad. Sus efectos nacen normalmente al dictarse, aunque pueden demorarse por notificación, publicación o aprobación y, en casos limitados, retrotraerse.
La notificación conecta decisión y destinatario. Debe ser íntegra, trazable y practicarse por el medio debido. Las reglas sobre acceso electrónico, rechazo, segundo intento, anuncio en el BOE y publicación no son formalismos: determinan conocimiento, defensa y comienzo de plazos.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 61.
1. Identifique, de entre las siguientes opciones, un acto administrativo:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 44.
2. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 51.
3. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué fecha se debe tomar en consideración cuando la notificación a un interesado sea practicada por diversos cauces?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 50.
4. Respecto de la eficacia de los actos administrativos indique la respuesta correcta, de conformidad con la Ley 39/2015:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 47.
5. De conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta de reserva 2.
6. De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, indique la respuesta correcta en relación con la Dirección Electrónica Habilitada única:
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¿Y ahora?
La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones, Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.
Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente
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