Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 34 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Formas de actividad administrativa, servicios públicos y subvenciones
34.1
Formas de actividad administrativa
Las clasificaciones tradicionales ayudan a comprender qué efecto busca la Administración sobre la sociedad. La actividad de intervención limita, condiciona o verifica actuaciones privadas; la de servicio público ofrece prestaciones; la de fomento incentiva comportamientos sin imponerlos; y la arbitral crea o gestiona cauces para resolver controversias.
En la realidad pueden combinarse. Un servicio de transporte está regulado e inspeccionado, puede gestionarse por concesión y recibir compensaciones públicas. Una ayuda a vivienda exige controles y puede generar sanciones. La clasificación no reemplaza la norma sectorial: indica la lógica y las garantías que deben buscarse.
Toda actividad se somete a legalidad, igualdad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima, eficacia y servicio objetivo al interés general. La elección de técnica también importa: no debe exigirse autorización si una declaración responsable protege suficientemente el interés, ni concederse una subvención para comprar una prestación que corresponde licitar.
34.2
Actividad de intervención
Reglamentación y títulos habilitantes
La intervención puede comenzar con normas que fijan requisitos, límites, estándares técnicos u obligaciones. Si restringen derechos o libertad de empresa necesitan cobertura y deben ser necesarias y proporcionadas. El principio de favor libertatis aconseja la medida menos restrictiva compatible con el interés protegido.
La autorización es un acto previo que comprueba requisitos antes de permitir una actividad sometida a control. No crea siempre un derecho nuevo: con frecuencia remueve un límite para ejercer uno preexistente. Su régimen depende del sector y puede estar sujeto a silencio, duración, transmisión y condiciones. Como restringe el acceso a una actividad, la ley debe justificarla por una razón imperiosa de interés general y demostrar que un control posterior no bastaría. Si el número de autorizaciones es limitado —por escasez de recursos naturales, capacidad técnica u otra causa objetiva—, su adjudicación debe respetar publicidad, imparcialidad y concurrencia; la autorización tendrá duración limitada y no podrá renovarse automáticamente de modo que cierre el mercado.
La legislación sobre libre acceso a las actividades de servicios y unidad de mercado obliga, además, a examinar cualquier requisito desde tres preguntas: si discrimina por nacionalidad o domicilio, si es necesario para proteger un interés general y si existe una medida menos restrictiva. De ahí que no todo control administrativo pueda convertirse en licencia. También explica que, como regla, una habilitación obtenida legalmente permita actuar en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los controles de la autoridad competente y de las excepciones previstas legalmente.
La declaración responsable es el documento mediante el que la persona afirma, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos, dispone de la documentación que lo acredita, la pondrá a disposición de la Administración y mantendrá el cumplimiento mientras ejerza la actividad. La comunicación se limita a poner en conocimiento datos relevantes para iniciar una actividad o ejercer un derecho. Ambas producen, con carácter general, efectos desde su presentación, aunque una norma sectorial puede permitir que la comunicación se formule después del inicio.
La diferencia está en el contenido de lo que declara el interesado: en la declaración asume formalmente que cumple unas condiciones; en la comunicación transmite información a la Administración. La Administración no puede exigir simultáneamente una declaración responsable y una comunicación para reconocer el mismo derecho o iniciar la misma actividad. Tampoco debe pedir documentos que ya obren en su poder si puede consultarlos conforme a la ley.
Ninguna de las dos es una autorización concedida sin examen, ni el transcurso del tiempo convalida datos falsos. Una inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la falta de presentación de la declaración, comunicación o documentación requerida, determina la imposibilidad de continuar con el derecho o actividad desde que la Administración conoce los hechos. La resolución puede exigir la restitución de la situación previa e impedir que se inicie un nuevo procedimiento durante el periodo fijado por la normativa sectorial. Estas consecuencias no excluyen responsabilidades penales, civiles o administrativas, pero necesitan resolución motivada y respeto de las garantías procedimentales.
El silencio administrativo pertenece a otra lógica. Opera cuando existe un procedimiento iniciado a solicitud que la Administración no resuelve en plazo; no transforma la mera presentación de una declaración o comunicación en una autorización presunta. Esta distinción evita confundir tres momentos: autorización previa, inicio inmediato sujeto a control y estimación por falta de resolución.
Inspección y órdenes
La inspección comprueba cumplimiento mediante visitas, requerimientos, muestras y examen documental. El personal inspector actúa con atribuciones legales y objetividad. Las actas pueden tener valor probatorio respecto de hechos constatados, sin impedir prueba en contrario.
La entrada en domicilio constitucionalmente protegido exige consentimiento o autorización judicial, salvo delito flagrante. Las empresas deben colaborar dentro de la ley; el deber no elimina secreto profesional, protección de datos ni derecho a no autoincriminarse en procedimientos sancionadores.
Las órdenes administrativas imponen hacer, no hacer o cesar para restaurar legalidad o prevenir riesgo. Necesitan competencia, hechos, audiencia cuando proceda y proporcionalidad. Su incumplimiento puede dar lugar a ejecución forzosa o sanción si existe tipificación.
Potestad sancionadora
La sanción reacciona frente a una infracción tipificada y exige legalidad, irretroactividad desfavorable, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y prescripción. Solo pueden sancionar los órganos que tengan atribuida la potestad y no cabe aplicar por analogía una infracción. La responsabilidad requiere dolo o culpa; una consecuencia desfavorable no se convierte por ello en sanción, pero tampoco puede ocultarse un castigo bajo una medida aparentemente restauradora.
El procedimiento separa las funciones de instrucción y resolución y reconoce al presunto responsable el derecho a conocer los hechos, su posible calificación, las sanciones, el instructor y la autoridad competente, además de audiencia y prueba. Rige también el principio non bis in idem: unos mismos hechos no pueden castigarse dos veces cuando coincidan sujeto, hecho y fundamento. La intervención preventiva y la sanción son distintas: denegar una autorización por no reunir requisitos, ordenar el cese de una actividad ilegal o exigir que se repare un daño no equivale necesariamente a castigar, aunque esas medidas puedan concurrir con una sanción.
34.3
Actividad arbitral
La Administración puede ofrecer sistemas de arbitraje, mediación, conciliación o resolución de reclamaciones en sectores como consumo o transporte. Su función es facilitar una solución imparcial y especializada, reducir litigios y proteger partes vulnerables. En el Sistema Arbitral de Consumo, por ejemplo, consumidor y empresario aceptan que un órgano arbitral resuelva la controversia; las juntas arbitrales administran el sistema, pero no deciden como una autoridad que impone unilateralmente su voluntad a los particulares.
El arbitraje verdadero requiere consentimiento y termina normalmente mediante un laudo, vinculante y con efectos equivalentes a una resolución judicial en los términos legales. Su impugnación no sigue el régimen ordinario de recursos administrativos. En cambio, cuando un órgano administrativo resuelve una reclamación ejerciendo una potestad atribuida por ley, dicta un acto administrativo, sometido a los recursos administrativos y judiciales correspondientes. Para calificar correctamente la figura deben examinarse la voluntariedad, la posición del órgano, los efectos de su decisión y su vía de impugnación, no solo el nombre que reciba.
La Administración no puede atribuirse jurisdicción general sobre conflictos privados. Su intervención se apoya en competencia sectorial y respeta tutela judicial. Las juntas arbitrales o sistemas institucionales deben asegurar audiencia, contradicción e imparcialidad.
34.4
Servicio público
El servicio público es una actividad prestacional asumida por una entidad pública para satisfacer de forma regular una necesidad de interés general. Esa asunción, denominada tradicionalmente publicatio, coloca la actividad bajo responsabilidad pública y permite imponer reglas de continuidad, acceso y control. No significa necesariamente monopolio ni gestión con empleados públicos: el servicio puede coexistir con iniciativa privada y prestarse mediante distintas fórmulas.
Su alcance depende de Constitución y ley sectorial. Educación, sanidad, transporte, agua o servicios sociales presentan intensidades diferentes. En el Derecho de la Unión, la noción de servicio de interés económico general permite encomendar obligaciones específicas a una empresa cuando el mercado no asegura por sí solo la prestación en las condiciones exigidas. Es más útil examinar titularidad, obligaciones y garantías que buscar una definición única.
En el ámbito local, la ley atribuye competencias y establece servicios mínimos según la población. Alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado y acceso a núcleos figuran entre los que deben prestar todos los municipios; otros se añaden por tramos de población. Esto no debe confundirse con la reserva de determinadas actividades esenciales a favor de las entidades locales. Servicio obligatorio y actividad reservada responden a preguntas diferentes: qué debe garantizar el municipio y qué actividad puede quedar sustraída, en los términos legales, a la libre iniciativa privada.
Principios de prestación
La continuidad exige funcionamiento regular y explica poderes para evitar interrupciones. La igualdad garantiza acceso sin discriminación, aunque admite tarifas o medidas diferenciadas justificadas. La mutabilidad permite adaptar organización a necesidades; el usuario no tiene derecho a congelar el régimen. La calidad, accesibilidad, asequibilidad, neutralidad y transparencia se concretan sectorialmente.
Los usuarios tienen derechos de acceso, información, seguridad, reclamación y reparación conforme a regulación. También deberes de uso adecuado y, cuando proceda, de pago. La cantidad abonada puede ser una tasa, un precio público, una prestación patrimonial pública no tributaria o una tarifa contractual, según la naturaleza del servicio, su forma de gestión y la regulación aplicable. No son palabras intercambiables: su calificación determina quién la establece, con qué procedimiento y qué régimen de impugnación se aplica.
La Administración conserva potestad de ordenación y control. Incluso con gestor privado debe aprobar régimen, fiscalizar calidad, proteger usuarios e intervenir ante incumplimientos.
34.5
Formas de gestión de servicios
Gestión directa
Existe gestión directa cuando la Administración presta el servicio con su propia organización o a través de una entidad instrumental. En el régimen local, la ley enumera la gestión por la propia entidad, el organismo autónomo local, la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil local cuyo capital sea íntegramente público. Elegir una personalidad jurídica diferenciada cambia el modo de organización y, en parte, el derecho aplicable, pero no elimina el control ni la responsabilidad de la entidad titular.
En ámbito local, las formas se someten a criterios de sostenibilidad y eficiencia. Determinadas fórmulas empresariales requieren memoria justificativa que acredite ser más sostenibles que gestión por la propia entidad u organismo autónomo.
La personificación puede aportar especialización y flexibilidad, pero exige definir encargos, financiación, objetivos, transparencia y control. Si la entidad actúa como medio propio, los encargos deben cumplir LCSP.
Gestión indirecta
La gestión indirecta contractual se articula principalmente mediante concesión de servicios. El concesionario recibe el derecho a explotar el servicio, solo o acompañado de un precio, y asume un riesgo operacional real: no debe tener garantizado, en condiciones normales, que recuperará las inversiones o cubrirá los costes. Si la Administración conserva ese riesgo y se limita a pagar por una prestación, la relación será normalmente un contrato de servicios, aunque materialmente se atienda a usuarios.
La concesión no privatiza la titularidad. La Administración fija condiciones, controla, modifica dentro de límites, puede intervenir temporalmente y recibe bienes reversibles cuando proceda. El concesionario responde de continuidad y daños y conserva equilibrio solo en supuestos legales.
No pueden gestionarse indirectamente funciones que impliquen ejercicio de autoridad inherente a poderes públicos. Las tareas materiales pueden externalizarse, pero decisiones coercitivas deben permanecer en órganos habilitados.
34.6
Actividad de fomento
El fomento orienta libremente la actividad privada hacia fines públicos mediante ventajas. No impone una conducta: hace más atractiva su realización. Puede adoptar medidas honoríficas —premios o reconocimientos—, jurídicas —preferencias o beneficios— y económicas —subvenciones, créditos, avales o ventajas fiscales—.
La libertad del destinatario no convierte la técnica en discrecionalidad ilimitada. Debe existir competencia, objetivo público, igualdad, publicidad, proporcionalidad y control del gasto. Las ayudas a empresas también se someten al régimen europeo de ayudas de Estado cuando ofrecen ventaja selectiva con recursos públicos capaz de afectar competencia y comercio.
El artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea parte de la incompatibilidad de las ayudas estatales que, mediante fondos públicos, otorguen una ventaja selectiva, falseen o amenacen con falsear la competencia y afecten a los intercambios entre Estados miembros. Esto no significa que toda ayuda esté prohibida: existen ayudas compatibles, reglamentos de exención y ayudas de minimis. Significa que antes de concederla debe comprobarse si reúne los elementos de ayuda de Estado y, en tal caso, qué título permite otorgarla y si debe notificarse a la Comisión.
34.7
Concepto y ámbito de la subvención
La subvención es una disposición dineraria realizada por un sujeto público a favor de persona pública o privada, sin contraprestación directa, sujeta al cumplimiento de objetivo, proyecto, actividad, comportamiento o situación y dirigida a utilidad pública, interés social o finalidad pública.
La expresión ayuda pública es más amplia. Puede incluir subvenciones, préstamos bonificados, avales, ventajas fiscales, aportaciones en especie u otras ventajas. Cada medida sigue su régimen específico y, si favorece selectivamente a empresas mediante recursos estatales, debe examinarse además a la luz de las reglas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. Por ello, no toda ayuda es subvención ni toda ventaja pública puede concederse aplicando únicamente la Ley 38/2003.
Los tres rasgos deben concurrir. Si la Administración recibe una obra o servicio para sí, existe contrato. Si transfiere fondos entre administraciones para financiar globalmente actividad sin finalidad singular, puede ser transferencia. Prestaciones de Seguridad Social, beneficios fiscales y otras figuras quedan fuera en los términos legales.
La ley excluye expresamente determinadas aportaciones, entre ellas subvenciones electorales, financiación de partidos y grupos parlamentarios conforme a sus normas. En cambio, las subvenciones nominativas presupuestarias están dentro, aunque se concedan directamente.
El beneficiario realiza la actividad o se encuentra en la situación que legitima la concesión. Puede ser una persona, una entidad y, si las bases lo permiten, una agrupación sin personalidad, cuyos miembros y compromisos deben identificarse. La entidad colaboradora entrega o distribuye fondos o coopera en la gestión por cuenta del concedente sin recibirlos para su propia finalidad. Su relación se formaliza mediante convenio o, cuando corresponda, contrato.
No basta con encajar en el objeto de la ayuda. La ley impide obtener la condición de beneficiario o colaborador a quien se encuentre en ciertas circunstancias: condenas o sanciones que lleven aparejada esa prohibición, insolvencia, falta de pago de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, residencia fiscal en un paraíso fiscal o deudas por reintegro, entre otras. Una vez concedida, el beneficiario debe cumplir el objetivo, justificarlo, permitir controles, comunicar otras financiaciones, conservar documentos y dar publicidad al carácter público de la ayuda.
34.8
Planificación, bases y procedimientos
La gestión se rige por publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, además de eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en el uso de recursos. Antes de establecer subvenciones debe aprobarse un plan estratégico que conecte objetivos, efectos, plazo, costes y financiación. El plan no concede derechos ni sustituye presupuesto, bases o convocatoria; sirve para justificar la política, coordinarla y evaluar sus resultados.
Las bases reguladoras contienen objeto, requisitos, procedimiento, criterios, cuantía, órganos, justificación, pagos, modificación, compatibilidad, garantías y criterios de graduación de incumplimientos. En la Administración del Estado se aprueban normalmente por orden ministerial y se publican. Antes de conceder debe existir competencia, crédito adecuado y suficiente, tramitación del procedimiento, fiscalización previa y aprobación del gasto. La convocatoria abre el procedimiento concreto y fija créditos, plazo y particularidades; no puede contradecir las bases.
Concurrencia competitiva
Es el procedimiento ordinario. Se inicia siempre de oficio. La convocatoria se comunica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que publica su texto y remite al diario oficial el extracto correspondiente. Las solicitudes se comparan conforme a criterios previos, se establece una prelación y se adjudica dentro del crédito disponible. Solo puede prescindirse de fijar orden cuando las bases lo permitan, el crédito sea suficiente y se cumplan las condiciones legales.
El órgano instructor pide informes, verifica requisitos y formula propuestas a partir de la evaluación realizada conforme a las bases; normalmente interviene también un órgano colegiado. La propuesta no crea derecho frente a la Administración mientras no se notifique la resolución. Esta debe identificar solicitantes, cuantía y, en su caso, desestimaciones, y motivar la aplicación de los criterios.
La propuesta provisional se notifica para que puedan formularse alegaciones, salvo que no se hayan tenido en cuenta hechos o pruebas distintos de los aportados por los interesados y pueda adquirir carácter definitivo. Después se formula la propuesta definitiva y, cuando las bases lo prevean, se pide aceptación. El plazo máximo general para resolver y notificar es de seis meses, salvo norma legal o europea que establezca otro mayor. Su vencimiento permite entender desestimada la solicitud por silencio, pero no libera a la Administración de resolver.
Concesión directa
Procede directamente en tres grupos: subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos; aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal; y, con carácter excepcional, las justificadas por razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que dificulten una convocatoria pública. En las dos primeras, la concesión responde al título previamente establecido. En la tercera se necesita justificar por qué la concurrencia resulta inadecuada y aprobar el real decreto que contenga las normas especiales de la ayuda en el ámbito estatal. La mera urgencia administrativa o comodidad del órgano no basta.
En la Administración General del Estado, las subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros requieren autorización previa del Consejo de Ministros o, cuando proceda, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La autorización no equivale a concesión, no genera derecho para el posible beneficiario y no aprueba por sí sola el gasto.
34.9
Gestión, justificación y control
Antes de convocar debe aprobarse el gasto. La concesión genera compromiso y el pago se realiza tras justificar, salvo anticipos o pagos a cuenta previstos y garantizados cuando corresponda. No se paga si el beneficiario no está al corriente tributario y de Seguridad Social o es deudor por reintegro.
El beneficiario debe ejecutar la actividad, justificar cumplimiento y coste, someterse a comprobación, comunicar otras ayudas, conservar documentos y adoptar las medidas de publicidad. Los gastos deben responder indudablemente a la actividad, ser estrictamente necesarios, realizarse dentro del plazo y no superar el valor de mercado. Salvo disposición expresa en contrario, se considera gasto realizado el efectivamente pagado antes de que finalice el periodo de justificación. Cuando el beneficiario sea una empresa, sus operaciones comerciales deben haberse pagado también dentro de los plazos establecidos por la normativa contra la morosidad.
Cuando el gasto subvencionable supere el umbral del contrato menor, deben solicitarse al menos tres ofertas antes de contratar, salvo que por sus características no exista número suficiente de proveedores o que el gasto sea anterior a la subvención. La elección debe atender a eficiencia y economía; si no recae en la propuesta más ventajosa, ha de justificarse. Los bienes inventariables quedan afectos a la finalidad durante el plazo de las bases, que no puede ser inferior a cinco años si son inscribibles en registro ni a dos años para los restantes. La amortización solo es admisible cuando las bases la permitan y se cumplan sus requisitos. Los gastos de procedimientos judiciales nunca son subvencionables; los financieros, notariales, registrales, periciales o de asesoramiento pueden serlo únicamente en las condiciones previstas por la ley y las bases.
El beneficiario puede encargar a terceros parte de la actividad solo si las bases lo permiten. Si no fijan porcentaje, la subcontratación no puede superar el 50 % del importe de la actividad subvencionada. Además, cuando exceda del 20 % de la subvención y sea superior a 60.000 euros, necesita contrato escrito y autorización previa del órgano concedente. No hay subcontratación cuando se adquieren gastos ordinarios necesarios para ejecutar personalmente la actividad; la diferencia radica en si el tercero realiza por sí mismo una parte del objeto subvencionado.
La justificación puede adoptar cuenta justificativa, acreditación por módulos o presentación de estados contables, además de modalidades simplificadas. Si las bases no establecen plazo, debe presentarse como máximo dentro de los tres meses siguientes a la finalización del periodo concedido para realizar la actividad. No basta acumular facturas: debe demostrarse ejecución, pago cuando se exija, cumplimiento del objetivo y conjunto de la financiación recibida, para evitar sobrefinanciación.
El órgano concedente realiza la comprobación administrativa de la justificación y, en su caso, comprueba materialmente la inversión. La Intervención General ejerce control financiero sobre beneficiarios y colaboradores y puede examinar operaciones, cuentas, documentos y terceros relacionados. La Base de Datos Nacional de Subvenciones sirve al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, permite publicar convocatorias y concesiones y refuerza el control, pero no sustituye el expediente ni la motivación de cada decisión.
34.10
Reintegro, infracciones y sanciones
Procede reintegro por obtener falseando condiciones, incumplir total o parcialmente objetivo, no justificar, resistirse al control, incumplir publicidad u obligaciones esenciales y demás causas. Puede ser total o parcial según grado y criterios de bases. Se exige cantidad más interés de demora desde pago.
El reintegro no es sanción: restaura fondos por incumplimiento. Por ello puede coexistir con sanción si existe conducta culpable tipificada, respetando proporcionalidad. El procedimiento se inicia de oficio, identifica causa y obligaciones afectadas, concede audiencia y lo resuelve el órgano concedente. Su plazo máximo es de doce meses desde el acuerdo de iniciación; la caducidad obliga a terminar el procedimiento, pero no impide comenzar otro mientras no haya prescrito el derecho. Beneficiarios y miembros de ciertas agrupaciones pueden responder en los términos legales, y existen supuestos de responsabilidad solidaria o subsidiaria de representantes, administradores, sucesores y otras personas.
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. El inicio del cómputo varía: puede partir del vencimiento del plazo de justificación, del momento de concesión cuando la ayuda se otorga por una situación determinada o del fin del periodo durante el que debía mantenerse una obligación. La prescripción se interrumpe por actuaciones administrativas conocidas formalmente por el beneficiario, por recursos y por actuaciones fehacientes de este dirigidas a liquidar o pagar.
Las infracciones leves, graves y muy graves pueden cometerlas beneficiarios, entidades colaboradoras y otras personas obligadas a colaborar. La clasificación depende de la conducta: desde incumplimientos formales de justificación o conservación hasta obtener la subvención falseando condiciones, no aplicar los fondos a su finalidad o resistirse a controles con consecuencias relevantes. La ley distingue sanciones pecuniarias fijas o proporcionales y sanciones no pecuniarias, como la pérdida temporal de la posibilidad de obtener subvenciones, actuar como colaborador o contratar con el sector público. Su imposición exige culpabilidad, tipificación, procedimiento y graduación conforme a perjuicio, reiteración, resistencia y demás criterios legales.
34.11
Síntesis del tema
La intervención condiciona y verifica; la actividad arbitral compone conflictos; el servicio público presta de forma regular; y el fomento incentiva conductas. Cada técnica necesita habilitación y debe respetar igualdad, proporcionalidad y finalidad.
El servicio puede gestionarse directamente o mediante un concesionario que asuma riesgo operacional. La gestión indirecta no elimina titularidad, control ni obligaciones frente a usuarios.
La subvención financia una finalidad sin contraprestación directa. Su legitimidad depende de un ciclo de planificación, bases, publicidad, selección, ejecución, justificación y control. El incumplimiento puede dar lugar a reintegro y, si existe infracción culpable, también a sanción.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 56.
1. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, según el artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están incluidas en el ámbito de aplicación de dicha ley?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 51.
2. Quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 97.
3. Señale cuál de los siguientes NO es un requisito en el procedimiento de concesión de una subvención en concurrencia competitiva en la Administración General del Estado, de acuerdo con la Ley 38/2003:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 96.
4. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter previo a la convocatoria de la subvención, deberá efectuarse:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 57.
5. De acuerdo con la Ley 38/2003, señale el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de la cantidad obtenida de una subvención y la exigencia del interés de demora correspondiente, cuando se dé alguna de las causas de reintegro establecidas en la Ley:
- Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 98.
6. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en ningún caso serán gastos subvencionables:
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.
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