Bloque 4 · Derecho administrativo general

Explicación del Tema 37 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas

11 apartados25 min de lectura

37.1

Fundamento y caracteres

La responsabilidad patrimonial es una garantía frente a los daños ocasionados por los poderes públicos. El artículo 106.2 de la Constitución reconoce el derecho a ser indemnizado por toda lesión sufrida en los bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor y en los términos establecidos por la ley.

Este reconocimiento se integra en un marco constitucional más amplio. El artículo 9.3 garantiza la responsabilidad de los poderes públicos; el artículo 121 contempla específicamente los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; y el artículo 149.1.18.ª atribuye al Estado la competencia para establecer el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. El resultado es un régimen común de garantía patrimonial, aunque determinados ámbitos conserven especialidades.

Es directa porque el perjudicado reclama a la Administración titular del servicio, aunque el daño material lo haya causado una autoridad, un empleado o un agente. La organización no puede obligar a la persona perjudicada a demandar individualmente al funcionario. Después, si concurren dolo o culpa grave, la Administración ejerce la acción de regreso.

Se califica de objetiva porque no exige probar culpa o negligencia. Pero no es responsabilidad por todo resultado desfavorable. Siguen siendo necesarios daño antijurídico, imputación, causalidad y ausencia de exclusiones. Un servicio sanitario no garantiza curación; una obra pública no hace indemnizable cualquier pérdida económica remota.

Es unitaria: el orden contencioso conoce reclamaciones contra Administraciones incluso cuando concurren sujetos privados o aseguradoras en los términos procesales. El régimen básico asegura tratamiento común, con especialidades sectoriales.

Conviene no confundir esta institución con otras figuras que también pueden dar lugar a un pago. La expropiación priva deliberadamente de un bien o derecho por causa de utilidad pública o interés social y exige un justiprecio; la responsabilidad patrimonial repara una lesión que surge como consecuencia del funcionamiento público. Tampoco son equivalentes las ayudas asistenciales, la responsabilidad contractual ni las sanciones disciplinarias o penales: cada una tiene fundamento, requisitos y procedimiento propios.

Un ejemplo permite precisar qué significa que la responsabilidad sea objetiva. Si una persona cae por el mal estado de una acera, no basta con acreditar la caída y la lesión. Debe probar el defecto relevante del pavimento, su conexión con el accidente y la inexistencia de circunstancias que rompan o reduzcan esa relación, como una conducta decisiva de la víctima. La Administración tampoco responde por cualquier irregularidad mínima: ha de comprobarse si el riesgo superaba lo razonablemente exigible conforme al estándar de conservación del servicio.

37.2

Daño efectivo, evaluable e individualizado

El daño debe ser efectivo, no una expectativa hipotética. El daño emergente comprende la pérdida sufrida y los gastos necesarios que esta haya ocasionado. El lucro cesante cubre ganancias que probablemente se habrían obtenido, pero exige una base objetiva que permita distinguirlas de una mera esperanza. El daño moral puede indemnizarse cuando la afectación personal sea real y quede acreditada, aunque su traducción económica requiera una valoración prudencial.

También puede repararse la pérdida de oportunidad cuando una actuación administrativa ha privado de una posibilidad seria de obtener un beneficio o evitar un perjuicio. En ese caso no se indemniza como si el resultado favorable estuviera asegurado, sino el valor de la oportunidad frustrada. Los daños futuros pueden incluirse cuando sean ciertos y previsibles; quedan fuera las consecuencias puramente conjeturales.

Debe ser evaluable económicamente. Incluso lesiones personales o morales se traducen en cantidad mediante criterios objetivos, baremos orientativos y prueba, evitando enriquecimiento injusto.

Debe ser individualizado respecto de una persona o un grupo. Las cargas generales que afectan indistintamente a la ciudadanía no generan normalmente responsabilidad, salvo que impongan un sacrificio especial que exceda del deber común de soportarlas.

No se indemnizan los daños meramente posibles, las ganancias carentes de fundamento ni las expectativas ilegítimas. La reparación tampoco puede producir un enriquecimiento injustificado. Por ello, las cantidades percibidas de seguros, prestaciones u otros sistemas de cobertura deben examinarse según su fundamento: pueden ser compatibles cuando atienden a finalidades distintas, pero no cabe cobrar dos veces por el mismo concepto. La prueba corresponde principalmente al reclamante, aunque la disponibilidad de los medios probatorios y la facilidad de la Administración para aportarlos pueden modular esa carga.

37.3

Antijuridicidad de la lesión

Un daño es lesión indemnizable cuando la persona no tiene deber jurídico de soportarlo. La antijuridicidad se refiere al daño, no necesariamente a conducta. Puede existir actuación administrativa legal que imponga sacrificio singular no exigible y genere responsabilidad; también actuación ilegal sin daño indemnizable.

El deber de soportar el daño puede nacer de la ley, de una relación jurídica aceptada, de un riesgo legítimamente asumido o de la propia conducta. También existen cargas generales de convivencia y consecuencias inherentes al ejercicio regular de potestades públicas que, dentro de límites razonables, deben soportarse. Pagar un tributo válido o asumir las molestias ordinarias de una obra pública no constituye por sí solo una lesión indemnizable. En cambio, cuando una persona soporta un sacrificio singular, intenso y desproporcionado respecto del que pesa sobre la colectividad, puede aparecer la antijuridicidad.

En los daños derivados de la prestación de un servicio, el estándar exigible ayuda a decidir si la lesión debe soportarse. No se exige un funcionamiento perfecto ni la eliminación de todo riesgo, sino el nivel de actuación razonablemente reclamable atendiendo a la normativa, los medios disponibles, la naturaleza del servicio y las circunstancias del caso. Esta valoración no introduce sin más una responsabilidad por culpa: sirve para determinar si el daño queda dentro de los riesgos generales tolerables o si constituye una lesión que debe repararse.

La anulación administrativa o judicial de un acto no presupone por sí sola una indemnización. Es necesario acreditar todos los requisitos generales y, en especial, que la persona no tenía el deber de soportar el daño. La existencia de una interpretación jurídica razonable puede ser relevante para valorar esa antijuridicidad, pero no funciona como una exoneración automática. Del mismo modo, la confirmación del acto no excluye necesariamente la responsabilidad derivada de un funcionamiento material diferente.

37.4

Imputación y relación de causalidad

El daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, concepto amplio que comprende la actividad, la inactividad, las actuaciones materiales y los riesgos creados por la organización. No basta una coincidencia temporal. Primero debe reconstruirse la causalidad material, es decir, qué hechos produjeron el resultado; después debe decidirse si ese resultado puede atribuirse jurídicamente al funcionamiento público.

En los supuestos de omisión debe comprobarse si la Administración tenía un deber concreto de actuar y si su cumplimiento habría evitado razonablemente el daño. No responde por no impedir cualquier perjuicio social, sino por incumplir una obligación exigible conforme a los medios disponibles y al estándar aplicable.

La conducta de la víctima puede romper la causalidad si constituye la causa exclusiva del daño o reducir la indemnización si contribuye a producirlo. La intervención de un tercero se examina de forma semejante: no libera siempre a la Administración, pues puede coexistir con un riesgo o incumplimiento público relevante. Cuando concurren varias causas, la responsabilidad se distribuye conforme a su influencia acreditada; solo si no resulta posible individualizarla entran en juego las reglas de solidaridad previstas para determinados supuestos.

La fuerza mayor excluye responsabilidad: se trata de un acontecimiento externo al funcionamiento del servicio, imprevisible o inevitable incluso actuando con la diligencia exigible. El caso fortuito, cuando pertenece al ámbito interno de la organización o al riesgo propio del servicio, no produce necesariamente ese efecto. La diferencia no depende solo de que el suceso fuera inesperado, sino de su relación con el ámbito de control y con los riesgos que la Administración debe asumir.

No son indemnizables los daños que no pudieron preverse o evitarse según el estado de los conocimientos científicos o técnicos existente en el momento de producirse, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer. Esta exclusión exige acreditar el estado objetivo de esos conocimientos; no basta el desconocimiento particular del órgano que actuó.

37.5

Supuestos especiales

Responsabilidad del legislador

La aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria puede generar indemnización cuando la propia ley reconozca ese derecho y con el alcance que ella determine. No existe, por tanto, una regla general que convierta en indemnizable cualquier perjuicio causado por una ley válida.

La Ley 40/2015 regula separadamente los daños derivados de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Para reclamar es necesario haber obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que causó el daño y haber alegado en ese proceso la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Solo son indemnizables, salvo que la sentencia disponga otra cosa, los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia. El derecho prescribe al año de dicha publicación.

En la responsabilidad por una norma contraria al Derecho de la Unión Europea se exige igualmente una sentencia firme desestimatoria previa y que se hubiera invocado la infracción posteriormente declarada. Además, la norma europea vulnerada debe tener por objeto conferir derechos a los particulares, el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y debe existir una relación causal directa entre la infracción y el daño. También se aplican el límite temporal de cinco años y el plazo anual desde la publicación de la sentencia. Estas condiciones deben interpretarse respetando los principios europeos de equivalencia y efectividad.

Administración de Justicia

La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por el artículo 121 de la Constitución y por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Comprende el error judicial, el funcionamiento anormal y los supuestos indemnizables de prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre, siempre que exista un perjuicio efectivo. No toda revocación de una resolución judicial constituye error, ni toda dilación produce automáticamente una lesión indemnizable.

El error judicial requiere una declaración previa del órgano judicial competente, salvo cuando la indemnización deriva de una sentencia dictada en recurso de revisión. No se confunde con una interpretación discutible ni sustituye a los recursos ordinarios. La reclamación se tramita ante el Ministerio de Justicia. En los procedimientos por funcionamiento anormal es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que debe emitirse en un máximo de dos meses; ese trámite suspende el plazo para resolver por un periodo que no puede exceder de dos meses. Cuando resulte legalmente exigible, interviene también el Consejo de Estado.

Si el daño procede de dolo o culpa grave de jueces o magistrados, la persona perjudicada reclama frente al Estado. Una vez pagada la indemnización, podrá exigirse internamente la responsabilidad correspondiente. La Ley 40/2015 regula además la indemnización por funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional: este debe declarar previamente dicho funcionamiento y el Consejo de Ministros fija la cuantía, a propuesta del ministro de Justicia y con audiencia del Consejo de Estado.

Contratistas y concesionarios

Cuando el daño lo causa un contratista durante la ejecución del contrato, responde en principio este. La Administración asume la indemnización cuando el perjuicio sea consecuencia inmediata y directa de una orden suya o de los vicios del proyecto que ella haya elaborado, sin perjuicio de las especialidades de los contratos de obras y suministro de fabricación.

La persona perjudicada puede requerir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, para que determine si la responsabilidad corresponde a la Administración o al contratista. Esta facultad permite dirigir correctamente la reclamación y su ejercicio interrumpe el plazo de prescripción. Durante el procedimiento debe darse audiencia al contratista para que pueda alegar y proponer prueba.

Concurrencia de Administraciones

Cuando varias Administraciones participan en una fórmula conjunta de actuación, responden solidariamente frente al particular. El instrumento que regula esa actuación puede fijar después cómo se distribuye internamente la responsabilidad. El procedimiento lo tramita la Administración prevista en los estatutos o reglas de la organización conjunta y, en su defecto, la que tenga mayor participación en la financiación del servicio.

Fuera de esas fórmulas conjuntas, la cuota de cada Administración se determina atendiendo a su competencia, al interés público protegido y a la intensidad de su intervención. Si no puede individualizarse, la responsabilidad también es solidaria. La Administración instructora debe consultar a las demás implicadas y concederles quince días para formular alegaciones.

37.6

Valoración de la indemnización

La indemnización se calcula con referencia al día en que la lesión se produjo, aplicando los criterios de valoración de la legislación fiscal, expropiatoria y demás normas pertinentes y ponderando, cuando resulte adecuado, los valores de mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales pueden utilizarse como referencia los baremos vigentes en materia de seguros obligatorios y Seguridad Social.

La cuantía se actualiza hasta la fecha en que finalice el procedimiento conforme al Índice de Garantía de la Competitividad. Si después existe demora en el pago, se devengan los intereses previstos en la legislación presupuestaria. La actualización conserva el valor económico de la indemnización durante la tramitación; los intereses compensan el retraso posterior, de modo que cumplen funciones distintas.

La reparación debe ser íntegra, pero no puede producir un enriquecimiento injustificado. Se descuentan las ventajas directamente conectadas cuando proceda y se examina la compatibilidad con seguros o prestaciones atendiendo al concepto que cubre cada uno. La subrogación del asegurador y las demás reglas de coordinación impiden el doble cobro por una misma lesión.

La indemnización en dinero puede sustituirse por una compensación en especie o por pagos periódicos cuando esa solución sea adecuada para reparar el daño, convenga al interés público y exista acuerdo con la persona interesada. La Administración no puede imponer unilateralmente una modalidad que deje la lesión sin una reparación efectiva.

37.7

Plazo e iniciación

El derecho prescribe al año desde que se produce el hecho o acto que motiva la indemnización o desde que se manifiesta su efecto lesivo. En los daños físicos o psíquicos, el cómputo comienza con la curación o con la determinación del alcance de las secuelas, porque antes no puede conocerse por completo la lesión.

Se trata de prescripción, no de caducidad. Puede interrumpirse mediante una reclamación idónea o por otras actuaciones con eficacia interruptiva, y el cómputo vuelve a comenzar. Una comunicación vaga que no identifica el daño ni expresa la voluntad de reclamar puede carecer de ese efecto; por eso resulta esencial formular una pretensión reconocible ante el órgano competente.

En los daños continuados, el plazo comienza cuando cesa la situación que los produce; en los daños permanentes, cuando la lesión se manifiesta y puede determinarse su alcance. La diferencia depende de si el perjuicio continúa generándose o si se produjo en un momento concreto y solo perduran sus consecuencias.

Si el daño deriva de la anulación de un acto o una disposición, el plazo de un año se cuenta desde la notificación de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva. En los supuestos de responsabilidad por inconstitucionalidad o por infracción del Derecho de la Unión, se cuenta desde la publicación de la sentencia en el diario oficial correspondiente.

La solicitud debe identificar a la persona lesionada y concretar el daño, la relación causal que se atribuye al servicio, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que se produjo. Debe acompañarse de las alegaciones, documentos e informaciones disponibles y de la propuesta de prueba. Los defectos subsanables dan lugar al correspondiente requerimiento, pero una petición genérica que no permita reconocer la lesión ni su causa no proporciona una base útil para instruir.

La Administración también puede iniciar el procedimiento de oficio, siempre que el derecho no haya prescrito, cuando aprecie un daño posiblemente indemnizable. El acuerdo de iniciación debe identificar la lesión, su posible relación causal con el servicio y, si es posible, su evaluación provisional. Se notifica a las personas afectadas, que disponen de diez días para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba. El procedimiento continúa aunque no comparezcan, pero el reconocimiento de una indemnización exige acreditar todos los requisitos.

37.8

Instrucción

Se practican las pruebas pertinentes para determinar los hechos, la causalidad y la cuantía. El periodo ordinario de prueba tiene una duración de entre diez y treinta días y puede abrirse, cuando sea indispensable, un periodo extraordinario de hasta diez días. La prueba pericial médica, técnica o económica suele ser decisiva. La Administración solo puede rechazar las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada.

Es preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento haya causado presuntamente la lesión, que debe emitirse en diez días. También debe solicitarse dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros, o al umbral que establezca la legislación autonómica, así como en los demás casos previstos legalmente. El dictamen se emite en dos meses y debe pronunciarse sobre la causalidad, la valoración del daño y la cuantía y forma de la indemnización.

Antes de redactar la propuesta se concede audiencia por un plazo de entre diez y quince días, salvo que no figuren ni vayan a tenerse en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aportados por la persona interesada. En las reclamaciones relacionadas con contratistas se les da audiencia para que puedan personarse, alegar y proponer prueba.

El procedimiento puede terminar mediante un acuerdo indemnizatorio que fije la cuantía y el modo de reparación conforme a los criterios legales. El acuerdo no permite reconocer una responsabilidad cuyos requisitos no concurran ni apartarse de la legalidad. Si no se alcanza, el procedimiento continúa hasta la resolución.

La tramitación simplificada solo procede cuando sean inequívocos la relación causal, la valoración del daño y la cuantía de la indemnización. Debe concluir en treinta días. Si resulta necesario practicar un trámite no previsto para esta modalidad, se continúa por el procedimiento ordinario; y si el dictamen del órgano consultivo discrepa del fondo de la propuesta, también debe abandonarse la vía simplificada.

37.9

Resolución, silencio y control

La resolución debe pronunciarse sobre la existencia de la relación de causalidad, la lesión producida, su valoración, la cuantía y el modo de indemnización. En la Administración General del Estado resuelve, con carácter general, el ministro correspondiente; el Consejo de Ministros decide las reclamaciones derivadas de la aplicación de actos legislativos en los supuestos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015. En los organismos públicos resuelven los órganos que determinen sus normas propias.

El plazo máximo para resolver es de seis meses. Si transcurre sin que se haya notificado una resolución o formalizado un acuerdo, la reclamación puede entenderse desestimada a efectos de recurso. El silencio no libera a la Administración de su deber de resolver ni convierte la falta de respuesta en un pronunciamiento motivado.

La resolución pone fin a la vía administrativa. Puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que también conoce de la pretensión frente a la aseguradora cuando corresponda. El tribunal controla los hechos, la causalidad, la antijuridicidad y la cuantía.

37.10

Responsabilidad de autoridades y personal

El perjudicado exige la responsabilidad directamente a la Administración. Una vez satisfecha la indemnización, esta debe reclamar de oficio a las autoridades o al personal a su servicio cuando hayan actuado con dolo, culpa o negligencia graves. Para ello se ponderan el resultado dañoso, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional y la relación de la conducta con el daño producido.

El procedimiento se inicia mediante acuerdo del órgano competente y comprende unos trámites especialmente breves: quince días de alegaciones, quince días para practicar las pruebas admitidas y diez días de audiencia. Finalizada esta, la propuesta de resolución debe formularse en cinco días y el órgano competente dispone de otros cinco para resolver. La resolución pone fin a la vía administrativa. La acción de regreso no reabre el derecho del perjudicado, sino que distribuye internamente el coste ya satisfecho.

La Administración también puede exigir los daños causados a sus bienes o derechos por dolo o culpa grave. La responsabilidad patrimonial es compatible con la disciplinaria y la penal cuando concurran sus respectivos presupuestos. La apertura de un proceso penal no suspende por sí sola el procedimiento patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en la jurisdicción penal sea necesaria para resolver.

37.11

Síntesis del tema

La responsabilidad patrimonial repara las lesiones antijurídicas imputables al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Exige un daño efectivo, evaluable e individualizado, una relación de causalidad y la ausencia del deber jurídico de soportarlo; no basta la mera ilegalidad de la actuación ni un resultado adverso.

La reclamación se dirige a la Administración dentro del plazo de un año. El procedimiento incorpora la prueba, el informe del servicio, la audiencia y, cuando procede, el dictamen del órgano consultivo; concluye mediante resolución o acuerdo y el silencio es desestimatorio una vez transcurridos seis meses.

La indemnización busca reparación íntegra y se calcula al producirse la lesión, con actualización e intereses. Si el daño derivó de dolo o culpa grave de personal, la Administración indemniza primero y ejerce después acción de regreso.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

0 de 7 respondidas

  1. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 58.

    1. De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos:

  2. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 59.

    2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

  3. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 60.

    3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuándo prescribe el derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

  4. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 61.

    4. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el derecho a reclamar en procedimientos de responsabilidad patrimonial en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde:

  5. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 60.

    5. ¿Qué informe es preceptivo para los procedimientos de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, según el artículo 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

  6. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 56.

    6. Según el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuándo podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular?

  7. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 62.

    7. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística y de los intereses que procedan por demora, la cuantía de la indemnización por lesiones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se calculará:

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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones.

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