Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 39 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Derechos en el procedimiento y revisión administrativa de los actos
39.1
Derechos generales y derechos del interesado
El artículo 13 reconoce derechos a todas las personas con capacidad de obrar en sus relaciones con las Administraciones, aunque no participen en un procedimiento concreto. Entre ellos figuran comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico, recibir asistencia para utilizar medios electrónicos, emplear las lenguas oficiales, acceder a la información pública y a los archivos, ser tratadas con respeto, exigir responsabilidades, obtener medios de identificación y firma y proteger sus datos personales.
El artículo 53 añade los derechos de quien tiene la condición de interesado en un expediente. Puede conocer en cualquier momento su estado de tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente para instruir y resolver y los actos de trámite dictados. También puede acceder al expediente y obtener copia, identificar a las autoridades y empleados responsables, no aportar determinados documentos, formular alegaciones, proponer prueba, actuar asistido por asesor y cumplir electrónicamente las obligaciones de pago.
La distinción importa porque cada derecho responde a una posición jurídica diferente. Cualquier persona puede pedir asistencia electrónica o presentar una solicitud de acceso a información pública; solo quien sea titular de un derecho o interés legítimo y reúna los requisitos legales actúa como parte en el procedimiento. El acceso del interesado sirve para defenderse dentro de un expediente, mientras que el derecho de transparencia permite conocer información pública sin necesidad de ocupar esa posición procesal.
39.2
Información, identificación y acceso
La Administración debe facilitar canales, modelos, sedes y oficinas y ayudar a las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente. La asistencia comprende, entre otras actuaciones, la presentación de solicitudes, la obtención de copias y el uso de los sistemas de identificación y firma. Si la persona carece de medios, un funcionario habilitado puede identificarla o firmar por ella, pero necesita su presencia, consentimiento expreso e identificación, dejando constancia para evitar dudas posteriores.
El interesado tiene derecho a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramita el expediente. Esta información permite saber quién impulsa las actuaciones, plantear una recusación si existe causa y exigir responsabilidad cuando proceda. No confiere, sin embargo, un derecho a comunicarse personalmente con cada empleado al margen de los canales establecidos ni a elegir quién tramitará el asunto.
El acceso comprende los documentos y actuaciones que integran el expediente, junto con su índice. En el ámbito electrónico, el derecho puede satisfacerse poniendo el expediente a disposición a través del Punto de Acceso General o de la sede correspondiente. Esta puesta a disposición debe permitir una consulta efectiva y la obtención de copias; no basta con comunicar que el expediente existe.
No forma parte del expediente la información meramente auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, resúmenes, opiniones internas o comunicaciones entre órganos. Sí se incorporan los informes, tanto preceptivos como facultativos, que hayan sido solicitados antes de la resolución. La exclusión de documentación auxiliar evita convertir cada intercambio preparatorio en parte formal del procedimiento, pero no permite ocultar los elementos que realmente hayan servido para decidir.
La protección de datos, la intimidad, el secreto comercial o la seguridad pueden exigir que se disocien datos o que el acceso sea parcial. Estos límites deben aplicarse de forma proporcionada: la presencia de información de terceros no justifica denegar íntegramente el expediente cuando sea posible separar o proteger esa información. En los procedimientos sancionadores, el acceso al material de cargo resulta esencial para conocer la acusación y preparar la defensa.
39.3
Derecho a no aportar documentos
Como regla, no puede exigirse la presentación de documentos originales, salvo que la normativa aplicable lo establezca excepcionalmente. Tampoco deben aportarse documentos elaborados por cualquier Administración ni los que el interesado ya presentó anteriormente; en este último caso ha de indicar cuándo y ante qué órgano los entregó para facilitar su localización.
La Administración debe recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas, plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados. El interesado puede oponerse a la consulta cuando la ley lo permita, pero esa oposición no opera si la aportación del documento es exigible en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Cuando una norma especial exija consentimiento expreso, la Administración deberá obtenerlo.
Si no es posible obtener el documento, la Administración puede pedir que se aporte. Las copias presentadas producen efectos, pero, excepcionalmente y de forma motivada, puede requerirse el cotejo con el original cuando existan dudas relevantes sobre su calidad o autenticidad. Quien presenta una copia responde de su veracidad.
Esta garantía evita trasladar al ciudadano las consecuencias de la desorganización o falta de coordinación administrativa. No elimina, sin embargo, su carga de acreditar los hechos en los que funda su pretensión ni de aportar documentos privados que la Administración no pueda obtener por sí misma.
39.4
Alegación, prueba, audiencia y motivación
Las garantías de defensa actúan en momentos distintos. Mediante las alegaciones, el interesado expone su versión de los hechos y las razones jurídicas que sostienen su pretensión. La prueba permite acreditar los hechos discutidos; el instructor solo puede rechazar la propuesta cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria y debe motivarlo. La audiencia, situada al final de la instrucción, permite conocer el conjunto del expediente y formular una última respuesta antes de que se redacte la propuesta de resolución.
La motivación exterioriza los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la decisión. Es obligatoria, entre otros casos, en actos que limitan derechos, resuelven recursos o procedimientos de revisión, se apartan de precedentes o informes, adoptan medidas provisionales o ejercen potestades discrecionales. No basta citar varios artículos sin explicar su relación con el caso. Una motivación insuficiente impide comprender y controlar la decisión y puede determinar su anulabilidad cuando produzca un defecto relevante.
El procedimiento debe impulsarse de oficio, respetar sus plazos y conservar la imparcialidad de quienes intervienen. La abstención obliga a la autoridad o empleado afectado por una causa legal a apartarse; la recusación permite al interesado promover ese apartamiento. La actuación de quien debía abstenerse no invalida automáticamente todo lo actuado, aunque puede producir responsabilidad y ocasionará invalidez si el defecto ha influido jurídicamente en la decisión o ha causado indefensión.
En los procedimientos sancionadores estas garantías se refuerzan. La persona debe conocer los hechos imputados, la infracción que podrían constituir, las sanciones posibles, la identidad del instructor y la autoridad competente para resolver. Rige la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario y debe existir separación entre instrucción y resolución. Corresponde a la Administración acreditar la infracción mediante prueba suficiente; el expedientado no tiene que demostrar su inocencia frente a una imputación sin respaldo.
Notificación y conocimiento de la decisión
La defensa solo es posible si el interesado conoce el acto. Toda notificación debe cursarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dictó e incluir su texto íntegro, la indicación de si pone fin a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que deben presentarse y su plazo. Si contiene el texto completo pero omite o equivoca la información sobre recursos, produce efectos cuando el interesado realiza una actuación que demuestra conocimiento suficiente o interpone el recurso correspondiente.
La notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y obligatoriamente por esa vía para quienes deban relacionarse electrónicamente. Los avisos enviados al correo o dispositivo indicado no son la notificación y su ausencia no invalida la puesta a disposición. Si el interesado no está obligado, puede elegir y modificar el medio de comunicación en los términos legales.
Cuando la notificación resulte infructuosa porque el interesado sea desconocido, se ignore el lugar o no pueda practicarse, se publica un anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La publicación sustituye a la notificación en los procedimientos selectivos o de concurrencia y cuando el acto se dirige a una pluralidad indeterminada. Si la publicación íntegra pudiera lesionar derechos o intereses, se ofrece una indicación somera y un lugar para conocer el contenido completo.
39.5
Revisión de oficio de nulidad
La revisión de oficio permite eliminar actos afectados por una causa de nulidad de pleno derecho, es decir, por los vicios más graves enumerados en el artículo 47.1. Puede iniciarse en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, respecto de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no fueran recurridos dentro de plazo. No sirve para corregir cualquier ilegalidad: los actos meramente anulables siguen otros cauces y no pueden convertirse artificialmente en nulos para evitar los plazos de recurso.
La declaración exige dictamen previo y favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente. El dictamen actúa como garantía frente al uso indebido de una potestad excepcional: si no aprecia la nulidad, la Administración no puede declararla. En la Administración General del Estado, la competencia se distribuye entre el Consejo de Ministros, los ministros, los secretarios de Estado y los órganos correspondientes de los organismos públicos conforme al artículo 111.
Las disposiciones administrativas nulas también pueden revisarse, pero únicamente por iniciativa de la propia Administración: el particular puede denunciar su ilegalidad o impugnar un acto de aplicación, pero no tiene la acción de revisión de oficio que existe frente a los actos. La declaración de nulidad de un reglamento no elimina automáticamente los actos firmes dictados en su aplicación, que subsisten conforme al artículo 106.4.
El órgano competente puede inadmitir motivadamente una solicitud sin pedir dictamen cuando no invoque ninguna causa de nulidad, carezca manifiestamente de fundamento o reproduzca otra solicitud sustancialmente igual ya desestimada sobre el fondo. La inadmisión permite cerrar pretensiones que no encajan siquiera en esta vía; si existen indicios razonables de nulidad, debe tramitarse el procedimiento y solicitarse el dictamen.
Cuando la revisión se inicia de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce la caducidad. Si se inicia a solicitud, el interesado puede entenderla desestimada por silencio una vez transcurrido ese plazo. En ambos casos subsiste la obligación de resolver en los términos generales.
La resolución que declara la nulidad puede reconocer una indemnización si concurren los requisitos de responsabilidad patrimonial. Aunque la revisión de nulidad no está sometida a un plazo de interposición, tampoco es ilimitada: el artículo 110 impide ejercerla cuando, por la prescripción de acciones, el tiempo transcurrido u otras circunstancias, resulte contraria a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.
Iniciado el procedimiento de revisión o de lesividad, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Esta suspensión específica protege la utilidad de la revisión mientras se decide si el acto debe mantenerse.
39.6
Lesividad, revocación y rectificación
Declaración de lesividad
La Administración no puede anular por sí misma un acto favorable que sea meramente anulable. Si considera que perjudica el interés público, debe declarar su lesividad y acudir después a la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración es, por tanto, un presupuesto para que la propia Administración demande la anulación del acto que dictó; no modifica todavía la situación jurídica del beneficiario.
La lesividad debe declararse dentro de los cuatro años siguientes a la adopción del acto y exige audiencia previa de todos los interesados. Ha de identificar la infracción que determina la anulabilidad y explicar el perjuicio para el interés público: un simple cambio de criterio, de oportunidad o de conveniencia no resulta suficiente. En el ámbito estatal y autonómico decide el órgano competente por razón de la materia; en las entidades locales corresponde al Pleno o, en su defecto, al órgano colegiado superior.
El procedimiento caduca si transcurren seis meses desde su iniciación sin que se declare la lesividad. La declaración no es susceptible de recurso administrativo autónomo, aunque puede examinarse como presupuesto procesal en el litigio posterior. Una vez declarada, la Administración dispone de dos meses, contados desde el día siguiente a la declaración, para interponer el recurso de lesividad. Será el juez, y no la Administración, quien decida si procede anular el acto favorable.
Revocación
Los actos de gravamen o desfavorables pueden revocarse mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. La revocación beneficia a su destinatario, pero no puede constituir una dispensa o exención prohibida ni ser contraria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento. No sirve para retirar un acto favorable ni para eludir el procedimiento de lesividad.
Rectificación
Los errores materiales, de hecho o aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado. Han de ser patentes a partir del propio acto o del expediente y su corrección no puede exigir una nueva valoración jurídica. Rectificar una suma mal realizada o una fecha transcrita incorrectamente no cambia la decisión; sustituir al destinatario por reinterpretar una norma o recalcular una cantidad con un criterio nuevo sí altera su contenido y requiere el cauce de revisión correspondiente.
39.7
Régimen general de los recursos
Los recursos administrativos permiten que la propia Administración vuelva a examinar un acto a instancia de quien resulte legitimado. Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite cualificados: aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o causan un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Los defectos de los demás actos de trámite se alegan al impugnar la resolución final, evitando que cada actuación interna abra un recurso independiente.
La elección entre alzada y reposición depende de si el acto pone fin a la vía administrativa. La agotan, entre otros, las resoluciones de alzada, las de los procedimientos sustitutivos de los recursos, los actos de órganos sin superior jerárquico salvo previsión legal, los acuerdos que finalizan el procedimiento, las resoluciones de responsabilidad patrimonial y aquellas a las que una norma atribuya ese efecto. En el ámbito estatal también ponen fin a la vía los actos de los miembros y órganos del Gobierno, los dictados por ministros y secretarios de Estado en el ejercicio de sus competencias y determinados actos de órganos directivos y máximos órganos de organismos públicos.
Si el acto no pone fin a la vía, procede alzada ante el superior jerárquico. Si la agota, puede interponerse reposición potestativa ante el mismo órgano o acudirse directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Antes de recurrir debe identificarse, por tanto, quién dictó el acto, qué posición ocupa en la organización y si una norma declara agotada la vía.
Contra las disposiciones generales no cabe recurso administrativo directo. Cuando se impugna un acto de aplicación basándose exclusivamente en la nulidad del reglamento que lo ampara, el recurso puede presentarse directamente ante el órgano que dictó esa disposición. Es el llamado recurso administrativo indirecto: el objeto inmediato continúa siendo el acto, aunque la razón de impugnación sea la ilegalidad del reglamento. No debe confundirse con el recurso contencioso directo contra la disposición.
En determinados ámbitos sectoriales, una ley puede sustituir la alzada por procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje ante órganos colegiados independientes de instrucciones jerárquicas. La reposición también puede sustituirse, pero debe conservar su carácter potestativo. Estas alternativas han de respetar las garantías y los plazos esenciales del procedimiento común.
El escrito debe identificar al recurrente, el acto impugnado, las razones de la impugnación, el medio de notificación, el lugar, la fecha, la firma y el órgano al que se dirige. Puede fundarse en cualquiera de las causas de nulidad o anulabilidad. El error o la ausencia de denominación no impide tramitarlo si de su contenido se deduce su verdadero carácter; prevalece lo que se pide sobre la etiqueta utilizada. Quien haya causado un vicio de anulabilidad no puede aprovecharlo después como fundamento del recurso.
El recurso puede inadmitirse por falta de legitimación, por dirigirse contra un acto no recurrible, por presentarse fuera de plazo, por carecer manifiestamente de fundamento o por incompetencia cuando el órgano competente pertenezca a otra Administración. En este último supuesto debe remitirse al órgano competente y notificarse al recurrente. La inadmisión evita entrar en el fondo, por lo que ha de expresar con claridad la causa legal que la justifica.
La interposición no suspende por sí sola la ejecución del acto. El órgano competente puede acordar la suspensión, de oficio o a solicitud, después de ponderar razonadamente el perjuicio que causaría al interés público o a terceros y el que sufriría el recurrente por la ejecución inmediata. Procede cuando esta pueda producir daños de imposible o difícil reparación o cuando el recurso se funde en una causa de nulidad de pleno derecho.
Si la solicitud de suspensión no se resuelve y notifica en un mes desde que entra en el registro electrónico de la Administración u organismo competente, la ejecución se entiende suspendida. Pueden exigirse garantías y adoptarse medidas cautelares para proteger el interés público o a terceros. Si el interesado solicita posteriormente una medida cautelar judicial, la suspensión puede mantenerse hasta que el órgano jurisdiccional se pronuncie. Cuando el acto afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión debe publicarse en el mismo diario oficial en que se publicó el acto.
Si deben tenerse en cuenta hechos o documentos que no figuraban en el expediente originario, se concede audiencia durante un plazo de entre diez y quince días. Si existen otros interesados, se les traslada siempre el recurso para que puedan alegar. No se consideran documentos nuevos el propio recurso, los informes, las propuestas ni aquello que ya se aportó antes de la resolución impugnada. Tampoco puede reservarse para el recurso una prueba que, por causa imputable al interesado, no se propuso cuando correspondía.
La resolución puede estimar total o parcialmente, desestimar o inadmitir. Debe decidir las cuestiones formales y materiales planteadas y también las derivadas del procedimiento, oyendo previamente a los interesados si introduce una cuestión no alegada. Si existe un vicio formal y no puede resolverse el fondo, se ordena retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo, sin perjuicio de la posible convalidación. La decisión debe ser congruente y no puede empeorar la situación inicial del recurrente.
39.8
Recurso de alzada
La alzada procede contra las resoluciones y actos de trámite cualificados que no ponen fin a la vía administrativa. La resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Los tribunales de selección y otros órganos con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, de aquel que nombró a su presidente, lo que permite determinar quién resolverá.
Puede presentarse ante el órgano autor o directamente ante el competente para resolver. Si se entrega al primero, este debe remitirla en diez días junto con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. Su titular responde directamente del cumplimiento de esta obligación; el órgano autor no puede retener el recurso ni resolverlo por sí mismo.
Frente a un acto expreso, el plazo de interposición es de un mes. Si no se recurre dentro de él, el acto queda firme a todos los efectos, sin perjuicio de los cauces extraordinarios que excepcionalmente procedan. Frente a un acto presunto, puede interponerse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
El plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses. Su vencimiento produce normalmente silencio desestimatorio. Sin embargo, si la alzada se interpuso contra la desestimación por silencio de una solicitud y tampoco se resuelve el recurso, este se entiende estimado, salvo en las materias expresamente exceptuadas: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente y responsabilidad patrimonial.
Contra resolución de alzada no cabe otro recurso administrativo ordinario; sí extraordinario de revisión si concurren causas y recurso contencioso.
39.9
Recurso potestativo de reposición
Los actos que ponen fin a la vía administrativa pueden recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La reposición no es un requisito previo para acudir al juez. No obstante, si se elige esta vía, debe esperarse a su resolución expresa o a su desestimación presunta antes de presentar el recurso contencioso.
El plazo de interposición es de un mes frente a un acto expreso. Transcurrido, solo queda abierta la vía contenciosa, sin perjuicio de que pueda proceder el recurso extraordinario de revisión. Frente a un acto presunto, la reposición puede presentarse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzca. El órgano dispone de un mes para resolver y notificar; contra su resolución no cabe otra reposición.
La reposición no procede directamente contra reglamentos. Que resuelva el mismo órgano no elimina necesariamente su utilidad: permite corregir con rapidez un error claro sin iniciar un proceso judicial. Al mismo tiempo, retrasa el acceso a la jurisdicción mientras se tramita, por lo que la elección debe valorar la naturaleza del defecto, la urgencia y la posibilidad real de que la Administración reconsidere su decisión.
Los actos dictados por delegación se consideran emanados del órgano delegante. Por ello, si una resolución se adopta por delegación de un ministro, se entiende dictada por este y pone fin a la vía administrativa: cabe reposición potestativa ante el órgano al que jurídicamente se atribuye el acto o impugnación judicial directa, pero no alzada ante el propio ministro.
39.10
Recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión procede únicamente contra actos firmes en vía administrativa y por cuatro causas tasadas. La primera es la existencia de un error de hecho que resulte de los documentos ya incorporados al expediente. Debe tratarse de una equivocación fáctica patente —por ejemplo, ignorar una fecha acreditada— y no de una interpretación jurídica discutible.
La segunda causa aparece cuando surgen documentos de valor esencial que, aunque sean posteriores, evidencian el error de la resolución. No basta aportar tardíamente cualquier documento que pudo presentarse en su momento: debe tener verdadera capacidad para demostrar que la decisión firme partió de una base equivocada. Las dos causas restantes exigen sentencia judicial firme: que hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos, o que la resolución sea consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible.
Cuando se invoca error de hecho, el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada. En las demás causas es de tres meses desde que se conocen los documentos o desde que la sentencia judicial adquiere firmeza. La diferencia responde a que el error de hecho ya puede comprobarse en el expediente, mientras que los otros supuestos dependen de elementos conocidos posteriormente.
Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también es competente para resolver. El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente es preceptivo en su tramitación. Puede inadmitirse motivadamente, sin necesidad de pedir ese dictamen, si no se invoca ninguna de las cuatro causas legales o si ya se desestimaron sobre el fondo otros recursos sustancialmente iguales.
Si se admite, la resolución debe pronunciarse primero sobre la procedencia del recurso y, cuando corresponda, sobre el fondo del asunto decidido por el acto. Transcurridos tres meses sin resolución notificada, se entiende desestimado y queda abierta la vía contencioso-administrativa.
Es extraordinario porque rompe firmeza solo ante hechos o pruebas excepcionales. No sirve para reabrir plazos ni repetir argumentos jurídicos que pudieron plantearse.
39.11
Comparación práctica
| Vía | Presupuesto | Órgano que decide | Plazo de interposición o iniciación | Plazo de resolución o efecto |
|---|---|---|---|---|
| Alzada | Acto que no pone fin a la vía | Superior jerárquico | 1 mes si es expreso; en cualquier momento desde el silencio si es presunto | 3 meses |
| Reposición | Acto que pone fin a la vía | Mismo órgano | 1 mes si es expreso; en cualquier momento desde el silencio si es presunto | 1 mes |
| Extraordinario | Acto firme y causa tasada | Órgano autor, con dictamen consultivo | 4 años por error de hecho; 3 meses en los demás casos | 3 meses |
| Revisión de oficio | Acto nulo o disposición nula | Órgano competente, con dictamen favorable | En cualquier momento, con los límites del artículo 110 | 6 meses: caducidad de oficio o silencio negativo a solicitud |
| Lesividad | Acto favorable anulable | Administración declara; órgano judicial anula | Declaración antes de 4 años; demanda en 2 meses | 6 meses para declarar la lesividad |
Antes de elegir un recurso debe comprobarse si el acto pone fin a la vía administrativa y si todavía está abierto el plazo. La organización concreta y la norma que atribuye competencia importan más que el nombre del documento: dos resoluciones formalmente semejantes pueden tener recursos distintos según el órgano que las haya dictado.
39.12
Síntesis del tema
Los derechos del interesado convierten el procedimiento en un espacio de participación y defensa: información, acceso, identificación, alegación, prueba, audiencia y motivación permiten conocer y discutir decisión.
La Administración corrige nulidad mediante revisión de oficio, lleva al juez actos favorables anulables tras lesividad, revoca actos desfavorables dentro de límites y rectifica errores patentes. Ninguna técnica es intercambiable.
Alzada revisa actos que no agotan vía; reposición ofrece revisión potestativa del mismo órgano antes del juez; revisión extraordinaria reabre actos firmes solo por causas tasadas. Identificar acto, órgano, plazo y efecto suspensivo es esencial para proteger derecho sin perder vía.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 64.
1. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué derecho tienen los interesados con respecto a las autoridades y al personal de las mismas?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 59.
2. Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurre si el recurso de alzada se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 65.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 62.
4. Contra una resolución administrativa adoptada por delegación de un Ministro:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 64.
5. Señale la afirmación correcta en relación con el recurso potestativo de reposición:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 67.
6. De acuerdo con la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión que se fundamente en que al dictar el acto se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se interpondrá dentro del plazo de:
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La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.
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