Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 40 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Jurisdicción contencioso-administrativa: control, recurso y partes
40.1
Función y alcance del control judicial
La jurisdicción contencioso-administrativa garantiza el sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho. Controla las disposiciones de rango inferior a la ley y las actuaciones realizadas bajo normas administrativas. No toda intervención de una Administración pertenece necesariamente a este orden: cuando actúa sometida al Derecho privado o la materia está atribuida a otro orden jurisdiccional, habrá que aplicar las correspondientes reglas de delimitación.
El control judicial comprende la competencia del órgano, el procedimiento seguido, la realidad de los hechos, la interpretación de las normas, la finalidad de la potestad, la proporcionalidad y el respeto de los derechos y principios generales. Que una potestad sea discrecional no crea un espacio inmune al juez. Este puede controlar sus elementos reglados, los hechos determinantes, la motivación, el fin perseguido y la ausencia de arbitrariedad, aunque no sustituya una opción administrativa lícita por la que personalmente considere más conveniente.
También conoce los decretos legislativos cuando exceden los límites de la delegación; determinados actos administrativos de órganos constitucionales en materia de personal, administración y patrimonio; los actos de corporaciones de Derecho público dictados en ejercicio de funciones públicas; la contratación sujeta al régimen público; la responsabilidad patrimonial; la Administración electoral; y las actuaciones de concesionarios cuando ejercen potestades administrativas.
Quedan fuera las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad administrativa; el recurso contencioso-disciplinario militar; y los conflictos de jurisdicción o atribuciones cuya resolución corresponda a otros órganos. Los conflictos internos entre órganos de una misma Administración son cuestiones organizativas y no enfrentamientos entre sujetos con legitimación procesal propia.
El órgano contencioso puede resolver incidentalmente cuestiones prejudiciales de otros órdenes cuando sean necesarias para decidir, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los tratados internacionales. Esa decisión incidental solo produce efectos dentro del proceso. Si la validez de una ley resulta decisiva y existen dudas constitucionales, puede plantearse una cuestión de inconstitucionalidad; si la duda afecta a la interpretación o validez del Derecho de la Unión, procede valorar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
40.2
Organización vigente y equivalencias
La Ley Orgánica 1/2025 implantó los Tribunales de Instancia. Desde el 31 de diciembre de 2025, los antiguos juzgados de lo contencioso-administrativo se integraron como Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y los juzgados centrales como la sección correspondiente del Tribunal Central de Instancia.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025 ordena entender las referencias legales a los antiguos juzgados como realizadas a las nuevas secciones. El cambio afecta a la organización, pero no elimina las competencias procesales que la LJCA atribuía a aquellos órganos. Por eso, una pregunta histórica puede hablar de «Juzgados de lo Contencioso-administrativo» y seguir examinando una competencia material vigente, aunque la denominación actual sea la sección correspondiente del Tribunal de Instancia.
No debe confundirse una Sección del Tribunal de Instancia, que asume las competencias de los antiguos juzgados, con una sección interna de una Sala de un tribunal colegiado. La coincidencia terminológica no convierte a ambos órganos en equivalentes ni altera las reglas sobre recursos, representación o defensa.
Completan el orden:
- secciones de lo contencioso de Tribunales de Instancia;
- Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia;
- Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia;
- Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional;
- Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Las salas conocen los asuntos que la ley les atribuye en única instancia y los recursos contra resoluciones de órganos inferiores. La Sala Tercera del Tribunal Supremo controla, entre otros, actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de sus comisiones delegadas, del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado y de determinados órganos constitucionales, además de resolver los recursos de casación que presenten interés casacional.
40.3
Reglas de competencia
La jurisdicción y la competencia son improrrogables: las partes no pueden elegir un órgano distinto del establecido por la ley. El órgano judicial debe examinar su propia competencia, incluso de oficio, después de oír a las partes y al Ministerio Fiscal durante diez días. Si se declara incompetente, remite las actuaciones al órgano que considere competente y emplaza a las partes para comparecer ante él.
Cuando el problema no sea de competencia dentro del mismo orden, sino de falta de jurisdicción porque el asunto corresponde a otro orden judicial, la nueva demanda puede conservar la fecha relevante si se presenta en un mes y el interesado siguió las indicaciones de la notificación administrativa o esta era defectuosa. La regla evita que un error inducido sobre el orden jurisdiccional haga perder definitivamente la acción.
La distribución combina el nivel del órgano administrativo autor con la materia y, en ocasiones, con la cuantía:
| Órgano judicial actual | Núcleo principal de sus competencias |
|---|---|
| Secciones provinciales de los Tribunales de Instancia | Actos de entidades locales, salvo instrumentos de planeamiento; determinados actos autonómicos sobre personal, sanciones y responsabilidad; Administración periférica; extranjería; juntas electorales de zona; y autorizaciones de entrada y otras autorizaciones judiciales. |
| Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia | Determinados actos de ministros, secretarios de Estado, órganos centrales y organismos estatales de ámbito nacional; personal, sanciones, responsabilidad patrimonial, asilo y otras materias atribuidas expresamente. |
| Salas de los Tribunales Superiores de Justicia | Reglamentos autonómicos y locales, actos autonómicos o locales no atribuidos a las secciones provinciales, materias electorales y contractuales específicas y apelaciones contra esas secciones. |
| Sala de la Audiencia Nacional | Disposiciones y actos de ministros y secretarios de Estado y de determinadas autoridades estatales de ámbito nacional, además de apelaciones contra la sección central. |
| Sala Tercera del Tribunal Supremo | Actos y disposiciones de los órganos superiores enumerados por la ley, casación y demás recursos expresamente atribuidos. |
Las secciones provinciales conocen los actos de las entidades locales, salvo la impugnación de instrumentos de planeamiento urbanístico. Respecto de actos autonómicos que no procedan del Consejo de Gobierno, conocen determinadas cuestiones de personal, sanciones de hasta 60.000 euros o limitaciones de hasta seis meses y reclamaciones de responsabilidad patrimonial que no excedan de 30.050 euros. También asumen, con las excepciones legales, actos de la Administración periférica y de organismos cuyo ámbito no sea nacional, todas las resoluciones periféricas de extranjería y las impugnaciones contra juntas electorales de zona y proclamación de candidaturas.
La sección central conoce, entre otros asuntos, determinados actos de ministros y secretarios de Estado en materia de personal, actos de órganos centrales dentro de los límites de sanciones y responsabilidad establecidos por la ley, disposiciones y actos de organismos estatales con competencia nacional y la inadmisión de solicitudes de asilo. La atribución no depende únicamente de que el acto proceda de un órgano estatal: la materia y las excepciones pueden desplazar el asunto a la Audiencia Nacional o a un Tribunal Superior.
Los Tribunales Superiores de Justicia conocen, como competencia residual, las actuaciones autonómicas y locales no atribuidas expresamente a otros órganos. También conocen reglamentos autonómicos y locales, determinados actos electorales, convenios territoriales, reuniones, contratación y autoridades independientes, y resuelven las apelaciones contra las secciones provinciales. La Audiencia Nacional conoce, en general, disposiciones y actos de ministros y secretarios de Estado no atribuidos a la sección central, ciertas actuaciones de autoridades estatales de ámbito nacional y las apelaciones procedentes del Tribunal Central de Instancia.
El Tribunal Supremo conoce en única instancia los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y sus comisiones delegadas, del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado, así como determinadas actuaciones del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. También resuelve la casación y otros recursos expresamente atribuidos.
El método seguro consiste en identificar primero la Administración y el órgano autor, comprobar después si existe una atribución especial por materia y cuantía y, por último, determinar si el órgano judicial actúa en primera, única o segunda instancia. La competencia material prevalece, salvo previsión expresa, sobre la atribuida solo por razón del órgano administrativo autor.
Territorialmente rige como regla general la sede del órgano que dictó la disposición o el acto originario. En personal, propiedades especiales, sanciones y responsabilidad patrimonial, el demandante puede elegir entre su domicilio y la sede del órgano autor; si el acto procede de una comunidad autónoma o entidad local, la elección queda limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia donde se encuentre ese órgano. En urbanismo, expropiación y actuaciones sobre propiedad privada es competente el lugar donde radiquen los inmuebles. Si el acto afecta a múltiples destinatarios situados en territorios diferentes, vuelve a prevalecer la sede del órgano autor.
40.4
Actividad administrativa impugnable
Disposiciones generales
El reglamento puede impugnarse directamente dentro de los dos meses siguientes a su publicación. El objeto del proceso es entonces la propia disposición y una sentencia estimatoria puede expulsarla del ordenamiento. También puede discutirse indirectamente al recurrir un acto de aplicación, alegando que el reglamento que le sirve de fundamento no es conforme a Derecho. No haber interpuesto el recurso directo —o haber obtenido su desestimación— no impide recurrir posteriormente los actos de aplicación en los términos legales.
Si el órgano que estima el recurso indirecto también es competente para conocer del recurso directo, declara la nulidad del reglamento. Si no lo es, dicta sentencia sobre el acto y plantea después la cuestión de ilegalidad al tribunal competente para depurar la disposición. El Tribunal Supremo puede anularla sin plantear cuestión cuando conozca del asunto en cualquier grado.
Actos expresos y presuntos
Son impugnables los actos expresos o presuntos que ponen fin a la vía administrativa. También pueden recurrirse separadamente los actos de trámite cualificados que decidan directa o indirectamente el fondo, impidan continuar, produzcan indefensión o causen un perjuicio irreparable. Las irregularidades de los demás trámites se alegan al recurrir la decisión final.
No son admisibles los recursos contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes ni contra los que confirmen actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Esta regla protege la firmeza y evita reabrir artificialmente un plazo ya vencido. Exige, sin embargo, una identidad sustancial de sujetos, pretensión, hechos y fundamento; una alteración relevante puede impedir que el nuevo acto sea meramente reproductorio.
Inactividad
Existe inactividad procesalmente impugnable cuando una disposición general que no necesita actos de aplicación, un acto, un contrato o un convenio obliga a la Administración a realizar una prestación concreta en favor de personas determinadas. El titular debe reclamar su cumplimiento y, si transcurren tres meses sin que se ejecute ni se alcance un acuerdo, puede acudir al juez para que condene a la Administración a cumplir.
El segundo supuesto aparece cuando la Administración no ejecuta sus propios actos firmes. La persona afectada solicita su ejecución y puede recurrir si transcurre un mes sin cumplimiento. Este proceso se tramita por el procedimiento abreviado.
No toda falta de respuesta constituye inactividad del artículo 29. Si lo que existe es una solicitud pendiente de decisión, se aplican las reglas del silencio y de los actos presuntos. La inactividad presupone que la obligación concreta ya está establecida y que no hace falta una nueva decisión administrativa que la reconozca.
Vía de hecho
La vía de hecho es una actuación material realizada sin cobertura jurídica o excediendo de forma manifiesta el título que podría legitimarla. No se combate una resolución, sino una conducta material que invade derechos sin el respaldo administrativo necesario. La persona afectada puede requerir a la Administración para que cese y, si no lo hace en diez días, acudir al juez; también puede recurrir directamente sin formular ese requerimiento.
La pretensión puede dirigirse a declarar que la actuación carece de cobertura, ordenar su cese, restaurar la situación alterada y reconocer la indemnización procedente. Las medidas cautelares adquieren especial importancia porque la continuación material de la actuación puede hacer inútil una futura sentencia.
| Actividad impugnable | Presupuesto | Actuación previa | Plazo procesal básico |
|---|---|---|---|
| Disposición general | Reglamento contrario a Derecho | No se exige reclamación | Dos meses desde la publicación. |
| Acto expreso | Acto que pone fin a la vía | Agotar la vía administrativa cuando proceda | Dos meses desde el día siguiente a su notificación o publicación. |
| Acto presunto | Producción de silencio | Haber esperado el plazo para resolver | La ley menciona seis meses, con las precisiones derivadas de la doctrina constitucional sobre el silencio negativo. |
| Inactividad prestacional | Obligación concreta incumplida | Reclamación y espera de tres meses | Dos meses desde que vence ese periodo. |
| Falta de ejecución de acto firme | Acto firme no ejecutado | Solicitud de ejecución y espera de un mes | Dos meses desde que vence ese mes. |
| Vía de hecho | Actuación material sin cobertura | Requerimiento facultativo | Diez días tras el requerimiento no atendido o veinte desde el inicio si no se formula. |
40.5
Pretensiones
La actividad impugnada define el objeto, pero la pretensión expresa qué tutela solicita el demandante. Frente a un acto o reglamento puede pedir que se declare su disconformidad con el ordenamiento y se anule. Si además es titular de una situación jurídica individualizada, puede solicitar su reconocimiento y todas las medidas necesarias para restablecerla, incluida una indemnización cuando proceda.
Frente a la inactividad se pide una condena a realizar la prestación concreta debida. Frente a la vía de hecho se solicita su declaración, el cese y la reposición de la situación alterada. No basta, por tanto, con pedir genéricamente que «se estime el recurso»: la demanda debe formular una consecuencia jurídica que el órgano judicial pueda reconocer y ejecutar.
Pueden acumularse pretensiones relacionadas con una misma actuación o con varias que guarden conexión directa, siempre que correspondan al mismo órgano judicial. La acumulación favorece una decisión coherente y evita sentencias contradictorias, pero no permite reunir objetos sometidos a competencias o procedimientos incompatibles.
El órgano judicial resuelve dentro de las pretensiones formuladas, aunque puede advertir a las partes de que existen otros motivos jurídicos relevantes y oírlas antes de decidir. Puede anular, reconocer derechos y ordenar las medidas necesarias para restablecerlos, pero no determinar cómo debe redactarse el contenido discrecional de un reglamento anulado ni sustituir a la Administración en elecciones discrecionales que todavía admitan varias soluciones conformes a Derecho.
40.6
Capacidad y legitimación
La capacidad procesal es la aptitud general para comparecer válidamente en juicio. La tienen quienes la poseen conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores para defender los derechos que el ordenamiento les permite ejercer sin asistencia y, cuando una ley lo reconozca, los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes capaces de ser titulares de derechos y obligaciones.
La legitimación exige una conexión concreta con el objeto del proceso. Una persona puede tener plena capacidad procesal y, sin embargo, no estar legitimada para impugnar un acto que no afecta a su esfera jurídica. Existe legitimación cuando la estimación del recurso puede proporcionar una ventaja o evitar un perjuicio real. El simple interés en que la Administración actúe legalmente no basta, salvo en las materias en las que una ley reconoce acción pública.
También pueden estar legitimadas las corporaciones, asociaciones y sindicatos para defender intereses colectivos; unas Administraciones frente a otras; el Ministerio Fiscal en los procesos previstos legalmente; y las entidades específicamente habilitadas para combatir determinadas formas de discriminación. La extensión de la legitimación depende siempre del derecho o interés cuya protección se solicita.
La parte demandada es, con carácter general, la Administración o el órgano contra cuya actividad se dirige el recurso. También deben ser emplazadas las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados por la estimación, como quien obtuvo la adjudicación de un contrato impugnado. Las aseguradoras de las Administraciones son siempre codemandadas junto a la Administración asegurada.
Existen reglas especiales para actos sometidos a control o fiscalización, decisiones de órganos de recursos contractuales y recursos indirectos contra reglamentos. En este último caso también se considera demandada a la Administración autora de la disposición, aunque el acto de aplicación proceda de otra.
Los órganos de una Administración y los miembros de sus órganos colegiados no pueden recurrir contra la propia Administración, salvo autorización legal expresa. Tampoco pueden hacerlo los particulares cuando actúan por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. Las entidades públicas dependientes no están legitimadas para impugnar a la Administración de la que dependen, salvo que una ley les reconozca un estatuto específico de autonomía.
40.7
Representación y defensa
La LJCA distingue entre las actuaciones atribuidas históricamente a órganos unipersonales y las seguidas ante órganos colegiados. En las primeras —hoy asumidas por las secciones correspondientes de los Tribunales de Instancia— la asistencia de abogado es obligatoria, pero el procurador es potestativo. La representación puede conferirse al propio abogado, que recibirá entonces las notificaciones. Ante las salas colegiadas deben intervenir tanto abogado como procurador.
Los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos para defender sus derechos estatutarios en cuestiones de personal que no impliquen la separación de empleados públicos inamovibles. En ese caso deben utilizar los sistemas electrónicos para escritos y notificaciones. Se trata de una excepción limitada, no de una dispensa general de postulación para cualquier litigio de un empleado público.
Las Administraciones y los órganos constitucionales actúan mediante los letrados de sus servicios jurídicos conforme a su normativa propia. La representación de las demás partes debe acreditarse al iniciar el proceso y puede conferirse electrónicamente. Los defectos subsanables de representación o documentación deben ponerse de manifiesto y no justifican el archivo automático sin conceder la oportunidad legal de corregirlos.
40.8
Interposición y plazos
Antes de acudir a la jurisdicción debe comprobarse que el acto pone fin a la vía administrativa. No siempre es necesario interponer previamente un recurso administrativo: el recurso de alzada sí resulta obligatorio frente a los actos que no agotan esa vía, mientras que la reposición es potestativa. Si se presenta reposición, no puede acudirse al proceso hasta que sea resuelta expresamente o se produzca su desestimación presunta.
El procedimiento ordinario comienza, como regla general, mediante un escrito sencillo que identifica la disposición, el acto, la inactividad o la vía de hecho y solicita que el recurso se tenga por interpuesto. Deben acompañarse los documentos que acrediten la representación y, cuando proceda, la legitimación transmitida y la decisión de la persona jurídica de ejercitar la acción, además de una copia del acto o de los datos que permitan identificar suficientemente la actuación impugnada.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia examina la validez de la comparecencia. Si falta un documento o existe otro defecto subsanable, concede diez días para corregirlo; el archivo no es automático, sino que corresponde al juez o tribunal pronunciarse si la subsanación no se produce. El recurso de lesividad se inicia directamente por demanda. También puede utilizarse esta forma de inicio frente a reglamentos, actos, inactividad o vía de hecho cuando no existan terceros interesados.
Admitido el recurso, se reclama a la Administración el expediente electrónico completo y se ordena que emplace a quienes aparezcan como interesados. El expediente cumple una doble función: permite conocer los antecedentes y hace posible que las personas cuyos derechos puedan verse afectados comparezcan como codemandadas. Su falta de remisión no paraliza indefinidamente el proceso, pues el recurrente puede solicitar que se le conceda plazo para demandar y completar después sus alegaciones cuando lo reciba.
Incorporado el expediente, el demandante dispone normalmente de veinte días para formular la demanda. En ella separa hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones y aporta los documentos en que apoya su derecho. Después se da traslado a las partes demandadas para contestar, también por veinte días. Durante los cinco primeros días de ese plazo pueden formular alegaciones previas sobre falta de jurisdicción o competencia e inadmisibilidad; el actor dispone de cinco días para responder y, si el defecto es subsanable, de diez para corregirlo.
El procedimiento abreviado se utiliza ante las secciones de instancia para cuestiones de personal, extranjería, inadmisión de solicitudes de asilo, disciplina deportiva en materia de dopaje y asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros. Comienza siempre por demanda y concentra normalmente alegaciones y prueba en una vista, aunque la ley permite que el asunto se resuelva sin ella cuando no sea necesaria y se cumpla el trámite de contradicción.
Los plazos de interposición no son intercambiables:
- contra una disposición general o un acto expreso que pone fin a la vía administrativa, el plazo es de dos meses desde el día siguiente a la publicación o notificación;
- tras una reposición, el cómputo comienza al día siguiente de su resolución expresa o desde que deba entenderse desestimada;
- el tenor literal de la LJCA fija seis meses para los actos presuntos, pero esta regla debe interpretarse conforme a la doctrina constitucional: el silencio negativo es una ficción que permite recurrir y el incumplimiento del deber de resolver no puede convertirse en una ventaja procesal para la Administración;
- frente a la inactividad, los dos meses se cuentan una vez transcurridos los tres meses de la reclamación prestacional o el mes concedido para ejecutar un acto firme;
- frente a la vía de hecho, existen diez días desde que termina el plazo dado en el requerimiento de cese o veinte días desde el inicio de la actuación si no se formuló requerimiento;
- la Administración dispone de dos meses desde la declaración de lesividad para impugnar su propio acto favorable, y en los litigios entre Administraciones se aplica asimismo, como regla, un plazo de dos meses.
40.9
Prueba, vista y sentencia
El expediente administrativo es esencial para reconstruir la actuación recurrida, pero no disfruta de una presunción que impida discutir sus hechos. La Administración debe remitirlo completo, ordenado y autenticado, y las partes pueden aportar documentos y proponer otros medios de prueba. El proceso se recibe a prueba cuando existe desacuerdo sobre hechos relevantes; en materia sancionadora o disciplinaria, debe recibirse siempre que exista esa discrepancia.
La prueba se propone en la demanda, la contestación o las alegaciones complementarias, identificando ordenadamente los hechos y los medios solicitados. Se practica conforme a las reglas del proceso civil, con las especialidades de la LJCA, y el periodo general de práctica es de treinta días. El órgano judicial puede acordar de oficio pruebas necesarias para decidir mejor, pero debe preservar la intervención y audiencia de las partes.
Finalizada la prueba, las partes pueden solicitar vista, conclusiones escritas o que el pleito quede directamente visto para sentencia. La vista permite exponer oralmente las posiciones; las conclusiones sirven para valorar el resultado de la prueba y sintetizar la controversia, pero no para transformar el objeto del proceso ni introducir pretensiones nuevas.
La sentencia puede declarar la inadmisibilidad, estimar o desestimar el recurso. La inadmisión no decide si la Administración actuó correctamente: aprecia un obstáculo procesal, como la falta de jurisdicción, capacidad, representación o legitimación, la impugnación de una actuación no recurrible, la cosa juzgada, la litispendencia o la presentación fuera de plazo. La desestimación, en cambio, declara que la disposición, acto o actuación impugnados se ajustan a Derecho.
La estimación procede ante cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder. Según la pretensión ejercitada, la sentencia puede anular total o parcialmente el acto o reglamento, ordenar que cese o se modifique una actuación, reconocer y restablecer una situación jurídica, fijar un plazo para cumplir una obligación o declarar el derecho a una indemnización. Si no existen elementos suficientes para cuantificarla, establecerá las bases y dejará su concreción para la ejecución.
La anulación firme de una disposición general produce efectos generales desde que se publica el fallo en el mismo periódico oficial. No invalida por sí sola las sentencias ni los actos firmes anteriores que aplicaron el precepto, salvo la excepción legal relativa a sanciones todavía no ejecutadas por completo. El reconocimiento de una situación individualizada produce, como regla, efectos entre las partes, sin perjuicio de los mecanismos legales de extensión.
Las sentencias firmes deben ejecutarse en sus propios términos. La Administración no puede suspenderlas, alterarlas ni declarar por sí misma que son imposibles de cumplir. Solo el órgano judicial puede apreciar una imposibilidad material o legal y determinar las medidas necesarias para lograr la mayor efectividad posible del fallo o, si no cabe, la indemnización correspondiente. En primera o única instancia, las costas se imponen normalmente a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano razone la existencia de serias dudas de hecho o de Derecho.
40.10
Medidas cautelares
La interposición del recurso no suspende por sí sola la eficacia del acto ni la aplicación del reglamento. Para impedir que la duración del proceso haga inútil una sentencia favorable, el interesado puede solicitar en cualquier estado las medidas necesarias para asegurar su efectividad. Cuando se pide suspender un reglamento, la solicitud debe formularse ya en el escrito de interposición o en la demanda.
La suspensión es la medida más conocida, pero no la única. El órgano judicial puede imponer obligaciones de hacer, conservar provisionalmente una situación, impedir actuaciones materiales u ordenar otras medidas positivas adecuadas al objeto litigioso. La elección debe guardar proporción con el riesgo que se pretende evitar y no puede convertirse en una resolución definitiva anticipada.
El criterio central es el riesgo de que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición hagan perder al recurso su finalidad legítima. El juez pondera de forma circunstanciada ese riesgo frente a los intereses generales y de terceros y puede denegar la medida si ocasiona una perturbación grave. El examen cautelar es provisional: no exige resolver todo el fondo, aunque permite valorar la consistencia de las posiciones cuando resulte necesario para apreciar el riesgo.
El incidente se tramita en pieza separada, con audiencia de la parte contraria por un plazo máximo de diez días, y se resuelve por auto. Si la medida puede causar perjuicios, el tribunal puede exigir caución o adoptar garantías para evitarlos o reducirlos. La medida permanece, en principio, hasta la sentencia firme o la terminación del procedimiento y solo puede modificarse si cambian las circunstancias que justificaron su adopción; no basta que el proceso avance o que el tribunal reconsidere su primera valoración.
Cuando existe especial urgencia, el juez puede adoptar o denegar la medida sin audiencia previa en el plazo de dos días. Si la adopta, concede después tres días para alegaciones o convoca una comparecencia dentro de ese mismo plazo y decide si la mantiene, modifica o levanta. Esta tutela inmediata es excepcional y no elimina la posterior contradicción.
En los recursos por inactividad y vía de hecho existe un régimen más favorable: la medida se adopta salvo que sea evidente que el supuesto no encaja en los artículos 29 o 30 de la LJCA o que cause una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. Incluso puede solicitarse antes de interponer el recurso, pero este debe presentarse y la medida ratificarse en el plazo improrrogable de diez días desde su notificación; de lo contrario, queda sin efecto y pueden imponerse costas y daños.
40.11
Recursos judiciales
Las resoluciones pueden ser objeto de reposición, apelación, casación y revisión en los casos previstos por la ley. La reposición permite impugnar determinadas providencias y autos ante el mismo órgano. La apelación somete las sentencias y ciertos autos de las secciones de instancia a la Sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional competente, con los límites y excepciones establecidos por materia y cuantía.
La casación busca formar jurisprudencia cuando existe interés casacional objetivo. Puede llegar al Supremo o, respecto de Derecho autonómico, a sección especial del TSJ. No es tercera instancia general: el escrito debe justificar interés y relevancia.
La revisión de sentencias firmes solo procede por causas extraordinarias tasadas. No debe confundirse ningún recurso judicial con la revisión administrativa de oficio ni con los recursos de alzada y reposición de la Ley 39/2015. La ejecución corresponde al órgano que conoció del asunto en primera o única instancia.
40.12
Síntesis del tema
La jurisdicción contenciosa controla reglamentos y actividad administrativa, incluida inactividad y vía de hecho. La organización vigente se articula mediante secciones de Tribunales de Instancia, Tribunal Central, salas de TSJ, Audiencia Nacional y Supremo.
La competencia depende de autor, territorio, materia y cuantía. El demandante debe transformar desacuerdo en una pretensión jurídicamente reconocible y acreditar capacidad y legitimación; Administración y beneficiarios del acto ocupan lado demandado.
El recurso se interpone en plazo, se completa con expediente y demanda y no suspende automáticamente actuación. Las medidas cautelares aseguran tutela; sentencia puede anular, reconocer derecho, ordenar actividad, hacer cesar vía de hecho e indemnizar. El control judicial es pleno en legalidad, pero no sustituye decisiones discrecionales lícitas.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema
0 de 7 respondidas
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 63.
1. Según los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el recurso contencioso-administrativo NO será admisible:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 65.
2. De acuerdo con el artículo 153.c) de la Constitución Española de 1978, ¿quién controla la actividad de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y sus normas reglamentarias?
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 66.
3. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano es competente de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 67.
4. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa conocerá de los recursos que se deduzcan, en única instancia, en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 66.
5. Señale cuál de los siguientes órganos NO integra el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 50.
6. De conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo expreso será:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 67.
7. Según lo dispuesto en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en segunda instancia:
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones.
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