Base legislativa del Tema 8 de Personal Oficios Servicios Internos

1.Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2.El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3.Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4.La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

1.Los datos personales serán:

a)tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado («licitud, lealtad y transparencia»);

b)recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c)adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d)exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e)mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f)tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).

2.El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).

La presente ley orgánica tiene por objeto:

a)Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.

b)Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

1.Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2.La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

3.Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

1.1. El Código de Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Madrid —en adelante, el Código— es el instrumento para identificar, documentar y promover la aplicación de buenas prácticas en el Ayuntamiento de Madrid. 1.2. El Código tiene una naturaleza orientadora de toda la actividad municipal.

El Código tiene las siguientes finalidades:

a)Promover una cultura administrativa presidida por la innovación, la excelencia y la vocación de servicio público, más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales.

b)Facilitar la transferencia de conocimiento dentro de la organización municipal para la mejora continua de los servicios públicos.

c)Definir una metodología común para la identificación y documentación de las buenas prácticas municipales.

d)Crear un repositorio único de buenas prácticas municipales y establecer los criterios para su gestión.

e)Aumentar las buenas prácticas desarrolladas por los distintos servicios municipales y facilitar su más amplia consulta y difusión.

3.1. El Código resulta de aplicación a todas las áreas municipales, a los distritos, a los organismos públicos y a las empresas del Ayuntamiento de Madrid cuyo capital sea íntegramente municipal. 3.2. La Junta de Gobierno determinará el órgano competente para la gestión del Código, que comprenderá las siguientes funciones:

a)Recibir y tramitar las solicitudes de inscripción, modificación o baja en el Código.

b)Comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 4 y 8.

c)Comprobar la cumplimentación de la información prevista en el anexo II.

d)Realizar el requerimiento anual previsto en el apartado 7.4.

e)Revisar de oficio el contenido del Código en los supuestos previstos en el apartado 7.5.

f)Publicar el Código y difundir su contenido.

g)Actuar como órgano de apoyo e intermediación entre el órgano promotor de la buena práctica y el órgano que pretenda replicarla en otro ámbito, en colaboración con el órgano directivo competente en materia de calidad.

h)Elaborar un informe anual en el que se detallen las novedades y actualizaciones incluidas en el Código en el correspondiente período. 3.3. Los órganos directivos serán responsables de solicitar la inscripción, modificación o baja en el Código de las buenas prácticas en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a lo previsto en el apartado 9.