Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 11 de Policía Nacional
Régimen sancionador de extranjería: infracciones, expulsión, devolución y denegación de entrada
11.1
La potestad sancionadora en materia de extranjería
La potestad sancionadora permite a la Administración reaccionar frente a incumplimientos tipificados por la Ley. No autoriza a sancionar cualquier conducta que se considere inconveniente: el hecho debe encajar en una infracción definida previamente, la responsabilidad debe atribuirse a una persona concreta y la consecuencia debe imponerse mediante el procedimiento correspondiente.
El artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2000 remite a la propia Ley, a sus disposiciones de desarrollo y al procedimiento administrativo común. El artículo 215 del Reglamento precisa que ninguna sanción puede imponerse sin un procedimiento instruido al efecto. Esta garantía permite conocer la acusación, formular alegaciones, proponer prueba y recurrir la resolución.
Legalidad, tipicidad y responsabilidad
El principio de legalidad exige que las infracciones y sanciones estén previstas por una norma con rango suficiente. La tipicidad obliga a comparar los hechos con los elementos exactos de la conducta descrita. No cabe extender una infracción por analogía a un supuesto parecido que la Ley no haya incluido.
El artículo 51 atribuye responsabilidad a quienes sean autores o participen en las infracciones. Por eso el régimen no se dirige únicamente al extranjero cuya situación es irregular. Puede sancionarse al empleador que contrata sin autorización, al titular de una vivienda que consiente un empadronamiento ficticio, al transportista que incumple sus obligaciones o a quien facilita lucrativamente inmigración clandestina.
La responsabilidad requiere culpabilidad. Una consecuencia desfavorable no puede apoyarse únicamente en el resultado material si no existe una conducta imputable. La resolución debe identificar al responsable, declarar los hechos probados y explicar su calificación jurídica.
Proporcionalidad y prohibición de doble sanción
La sanción debe guardar relación con la gravedad de los hechos. Para graduarla se valoran culpabilidad, daño o riesgo producido, trascendencia y capacidad económica. Estos criterios afectan tanto a la cuantía de la multa como a la elección entre multa y expulsión cuando la Ley permite esta última.
Los mismos hechos no pueden recibir dos sanciones administrativas con identidad de sujeto, hecho y fundamento. Esta prohibición no impide que una conducta produzca consecuencias de naturaleza diferente —por ejemplo, una sanción administrativa y la obligación de abonar cuotas de Seguridad Social— cuando protegen intereses distintos y tienen fundamento propio.
Si los hechos pueden constituir delito, la Administración debe respetar la prioridad de la jurisdicción penal. Varias infracciones de los artículos 53 y 54 añaden expresamente «siempre que el hecho no constituya delito». La vía administrativa no puede utilizarse para sancionar como simple infracción una conducta penalmente relevante.
Clasificación
Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. La clasificación determina la multa, la prescripción, el procedimiento y la posibilidad de expulsión. No expresa solo una valoración abstracta: cada conducta está asignada por la Ley a una categoría concreta.
Síntesis del apartado. Sancionar exige una secuencia jurídica: comprobar una conducta tipificada, identificar al responsable, instruir el procedimiento, probar los hechos y elegir una consecuencia proporcionada. La situación administrativa de la persona no sustituye ninguna de esas exigencias.
11.2
Infracciones leves
El artículo 52 contiene infracciones vinculadas principalmente a incumplimientos formales, retrasos o actividades laborales realizadas por quien conserva una residencia. Su carácter leve no significa que carezcan de consecuencias, sino que el legislador les asigna la respuesta sancionadora de menor intensidad.
Comunicación de cambios
Es leve omitir o retrasar la comunicación de cambios de nacionalidad, estado civil, domicilio u otras circunstancias determinantes de la situación laboral cuando exista obligación de comunicarlos. La infracción parte de un deber previo: si el cambio no debía comunicarse, no puede sancionarse su omisión.
La simple omisión se diferencia de la ocultación dolosa o falsedad grave del artículo 53.1.c). En la infracción leve falta la comunicación o se realiza tarde; en la grave existe una voluntad de ocultar o una falsedad cualificada.
Retraso en la renovación
Constituye infracción leve solicitar la renovación de una autorización después de que haya caducado, siempre que el retraso no supere tres meses. La regla debe relacionarse con la infracción grave de estancia irregular: si la autorización lleva caducada más de tres meses y no se solicitó la renovación en el plazo reglamentario, puede concurrir el artículo 53.1.a).
No debe confundirse el plazo para presentar tardíamente una renovación con la duración de la autorización. La autorización ha caducado, pero la Ley reserva el primer período de retraso a la infracción leve.
Trabajo por cuenta propia con residencia temporal
Es leve trabajar por cuenta propia sin haber solicitado la autorización administrativa correspondiente cuando la persona dispone de residencia temporal. La existencia de residencia válida reduce la gravedad respecto de quien trabaja sin autorización y carece además de residencia.
Los elementos son acumulativos: actividad por cuenta propia, ausencia de solicitud de autorización para trabajar y residencia temporal válida. Si falta la residencia, la conducta puede encajar en la infracción grave del artículo 53.1.b).
Actividad fuera de los límites de la autorización
También es leve trabajar en una ocupación, sector o ámbito geográfico que la autorización de residencia y trabajo no comprende. Existe una autorización, pero su titular rebasa alguno de sus límites. Esta conducta se diferencia de trabajar sin autorización alguna.
El empleador que contrata a un trabajador cuya autorización no lo habilita para esa ocupación o ámbito incurre igualmente en infracción leve, una por cada trabajador. La responsabilidad del trabajador y la del empleador proceden de conductas distintas y deben examinarse separadamente.
Menores extranjeros no acompañados
Es leve que las entidades dedicadas total o parcialmente a atender a menores extranjeros no acompañados, sus representantes o quienes actúan habitualmente dentro de su actividad no comuniquen a la autoridad la localización de uno de estos menores. La finalidad es permitir su identificación y protección, no sancionar una asistencia ocasional prestada de buena fe.
| Infracción leve | Elemento decisivo |
|---|---|
| No comunicar cambios | Existe deber de comunicación y no hay falsedad grave |
| Renovar tarde | El retraso no supera tres meses |
| Cuenta propia sin autorización | Existe residencia temporal válida |
| Trabajar fuera de los límites | Existe autorización, pero no cubre esa actividad o territorio |
| Contratar fuera de los límites | El trabajador posee autorización, aunque insuficiente para el puesto |
| No comunicar la localización de un menor no acompañado | La persona o entidad está comprendida en el deber legal |
11.3
Infracciones graves
El artículo 53 agrupa conductas de naturaleza diversa. Algunas corresponden al extranjero; otras, a empresarios, titulares de viviendas o personas que favorecen una permanencia irregular. La calificación exige identificar primero quién actúa.
Estancia irregular
Es grave encontrarse irregularmente en España por no haber obtenido prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tenerla caducada más de tres meses sin haber solicitado la renovación en el plazo reglamentario.
La mera constatación de que un documento está caducado no permite prescindir del resto de elementos. Debe comprobarse la existencia de una solicitud de renovación, la fecha, los efectos de su presentación y cualquier procedimiento de residencia pendiente. La infracción describe una situación administrativa, pero sigue exigiendo expediente y valoración individual.
Trabajo sin autorización y sin residencia válida
Es grave trabajar por cuenta propia o ajena sin autorización de trabajo o habilitación administrativa previa cuando además no se cuenta con residencia válida. La falta de residencia distingue esta conducta de la infracción leve del trabajador que sí reside legalmente.
La falta de autorización no invalida el contrato respecto de los derechos del trabajador extranjero. El empleador continúa obligado a abonar salarios y cumplir las responsabilidades laborales y de Seguridad Social. La irregularidad migratoria no permite beneficiarse del trabajo realizado sin respetar sus derechos.
Ocultación, falsedad y padrón
Es grave ocultar dolosamente o falsear de forma grave cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, y falsear datos obligatorios para el alta padronal, salvo que exista delito. La diferencia con el artículo 52.a) reside en el elemento intencional y en la entidad de la falsedad.
El padrón refleja el domicilio habitual, pero no acredita residencia legal. La falsedad padronal puede sancionarse aunque el empadronamiento no conceda por sí mismo una autorización de extranjería.
Incumplimiento de medidas y orden público
Es grave incumplir medidas individualizadas de presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población impuestas por razones de seguridad pública. También lo es participar en actividades contrarias al orden público calificadas como graves por la legislación de seguridad ciudadana.
La Ley conserva una referencia histórica a la Ley Orgánica 1/1992. La interpretación actual debe conectarse con la legislación vigente de protección de la seguridad ciudadana, sin ampliar por analogía el tipo sancionador.
Reincidencia y salida irregular
La tercera infracción leve de la misma naturaleza, cuando las dos anteriores fueron sancionadas en el año previo, constituye infracción grave. No basta con haber cometido tres incumplimientos distintos: se exige identidad de naturaleza, sanciones previas y el período temporal establecido.
También es grave salir de España por un puesto no habilitado, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo una prohibición legal. La conducta se refiere a la salida, no a la entrada ilegal ni a la estancia irregular.
Incumplimiento de la obligación de obtener la TIE
El artículo 53.1.h) sanciona como grave incumplir la obligación del artículo 4.2 de obtener la tarjeta de identidad de extranjero. La persona debe estar incluida en los supuestos obligados y haber dejado transcurrir el plazo correspondiente. Tener NIE no satisface esta obligación porque el número y la tarjeta no son equivalentes.
Obligaciones empresariales
El empresario incurre en infracción grave si, habiendo solicitado una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, no da de alta al trabajador en la Seguridad Social o no registra el contrato conforme a las condiciones que fundamentaron la solicitud, sabiendo que el trabajador ya puede iniciar la relación. Puede quedar exento si comunica razones sobrevenidas que ponen objetivamente en riesgo la empresa o impiden legalmente el inicio.
Fraude familiar y promoción de la permanencia irregular
Es grave contraer matrimonio, simular una relación afectiva o constituirse en representante legal de un menor con ánimo de lucro o para obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que no sea delito. No se sanciona el vínculo por resultar atípico o breve, sino la simulación o instrumentalización con la finalidad descrita.
También es grave promover la permanencia irregular de quien entró legalmente gracias a una invitación expresa y continúa a cargo del invitante después del período autorizado. Deben valorarse las circunstancias personales y familiares; no toda invitación seguida de una estancia irregular convierte automáticamente al anfitrión en infractor.
Empadronamiento ficticio consentido
El titular habilitado de una vivienda comete infracción grave si consiente que un extranjero se inscriba en ella cuando no constituye su domicilio real. Se comete una infracción por cada persona indebidamente inscrita. Si existe ánimo de lucro, la conducta pasa al artículo 54.1.e) y se califica como muy grave.
Síntesis del apartado. Las infracciones graves protegen la regularidad de la estancia, el trabajo autorizado, la veracidad de los datos, el cumplimiento de medidas y la corrección de actuaciones de empresarios e invitantes. Para calificarlas importa tanto la conducta como la situación previa y la finalidad.
11.4
Infracciones muy graves
Las infracciones muy graves protegen intereses especialmente relevantes: seguridad nacional, control migratorio, igualdad, derechos laborales y eficacia de las fronteras. Varias incorporan la cláusula «siempre que el hecho no constituya delito», que obliga a separar la responsabilidad administrativa de la penal.
Seguridad nacional y orden público
Es muy grave participar en actividades contrarias a la seguridad nacional, perjudicar las relaciones de España con otros países o intervenir en actividades contrarias al orden público calificadas como muy graves. La conducta exige hechos concretos; no puede basarse únicamente en sospechas o en la nacionalidad del interesado.
Al igual que sucede con la infracción grave del artículo 53.1.f), la Ley conserva aquí una remisión a la antigua Ley Orgánica 1/1992 de protección de la seguridad ciudadana. Esa referencia histórica no permite crear una infracción nueva por analogía. La conducta debe interpretarse dentro de los principios de tipicidad y seguridad jurídica y en conexión con la legislación vigente.
Favorecimiento de inmigración clandestina
Es muy grave inducir, promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro y de forma individual o integrada en una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España, o su permanencia, si el hecho no constituye delito.
El ánimo de lucro forma parte del tipo administrativo. Cuando los hechos encajan en tráfico ilegal, trata u otro delito, corresponde la respuesta penal. Facilitar ayuda humanitaria sin lucro no puede equipararse automáticamente a esta infracción.
Discriminación
La realización de conductas discriminatorias por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos en los términos del artículo 23 es muy grave cuando no constituye delito. El régimen sancionador protege así no solo el control migratorio, sino también la igualdad de las personas extranjeras.
Contratación sin autorización
El empresario que contrata a un trabajador extranjero sin la previa autorización de residencia y trabajo comete una infracción muy grave por cada trabajador, salvo que exista delito. Debe distinguirse de la infracción leve consistente en contratar a quien posee una autorización que no cubre esa concreta ocupación o ámbito.
La responsabilidad administrativa del empresario no elimina los derechos laborales del trabajador ni las obligaciones de Seguridad Social. Una misma situación produce efectos diferentes para cada sujeto: el trabajador puede incurrir en la infracción que corresponda a su situación y el empresario responde por contratar sin habilitación.
Simulaciones lucrativas y reincidencia
Es muy grave realizar con ánimo de lucro el empadronamiento ficticio previsto como grave. También lo es simular una relación laboral con lucro o para obtener indebidamente derechos reconocidos por la Ley, siempre que no exista delito.
La tercera infracción grave de la misma naturaleza, después de dos sanciones graves en el año anterior, se transforma en muy grave. Como en la reincidencia de leves, no basta una mera acumulación de expedientes heterogéneos.
Transportistas
La Ley impone a los transportistas obligaciones de comunicar datos, comprobar documentos y hacerse cargo de quienes no son admitidos. Su incumplimiento puede constituir infracción muy grave. La compañía debe verificar la validez y vigencia del pasaporte o título de viaje y, cuando proceda, del visado, sin que ese control privado sustituya la decisión de la autoridad fronteriza.
No se considera infracción transportar hasta la frontera a quien presenta sin demora una solicitud de protección internacional que es admitida a trámite. Esta excepción impide que las obligaciones de control del transportista anulen el acceso al procedimiento de asilo.
| Conductas próximas | Calificación |
|---|---|
| Consentir empadronamiento en domicilio ficticio | Grave |
| Hacerlo con ánimo de lucro | Muy grave |
| Contratar para ocupación no incluida en una autorización existente | Leve |
| Contratar sin autorización previa de residencia y trabajo | Muy grave |
| Omitir una comunicación obligatoria | Leve |
| Ocultar dolosamente o falsear gravemente | Grave |
11.5
Sanciones y autoridades competentes
La multa es la consecuencia ordinaria asociada a la clasificación de las infracciones:
| Gravedad | Multa general |
|---|---|
| Leve | Hasta 500 euros |
| Grave | De 501 a 10.000 euros |
| Muy grave | De 10.001 a 100.000 euros |
Las infracciones de los transportistas tienen reglas especiales. El transporte sin comprobar la documentación puede sancionarse con multa por cada viajero o con una cantidad a tanto alzado. La falta de comunicación de datos se sanciona por cada viaje, sin perjuicio de inmovilización, incautación, decomiso o medidas sobre la autorización de explotación.
| Infracción del transportista | Sanción específica |
|---|---|
| Transportar sin comprobar pasaporte, documento o visado | De 5.000 a 10.000 euros por viajero o un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado |
| No comunicar los datos de las personas transportadas o hacerlo incorrectamente | De 10.001 a 100.000 euros por viaje |
La alternativa entre multa por viajero y cantidad a tanto alzado no significa que puedan acumularse ambas por el mismo hecho. La Administración aplica el régimen correspondiente y debe motivar la graduación. En el incumplimiento de comunicación, la sanción se calcula por viaje con independencia del número de pasajeros afectados.
Cuando el transportista incumple además la obligación de hacerse cargo de la persona no admitida, pueden adoptarse suspensión temporal de actividades por un máximo de seis meses, fianza o aval e inmovilización del medio de transporte hasta el cumplimiento. Estas medidas aseguran que la compañía ejecute la obligación de retorno y no sustituyen necesariamente la sanción por la infracción cometida.
Graduación
La cuantía concreta no se elige automáticamente dentro de la horquilla. Deben valorarse culpabilidad, daño, riesgo, trascendencia y capacidad económica. La resolución ha de explicar por qué esos elementos justifican la sanción impuesta.
La proporcionalidad adquiere una importancia mayor cuando se considera la expulsión en lugar de la multa. No basta con afirmar que la Ley permite expulsar: deben justificarse los hechos, circunstancias y consecuencias personales y familiares.
Consecuencias accesorias
En el favorecimiento lucrativo de inmigración clandestina pueden decomisarse vehículos, embarcaciones, aeronaves y otros bienes utilizados, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable. Los bienes pueden aprehenderse desde las primeras actuaciones para asegurar el eventual decomiso.
Cuando se contrata sin autorización, puede acordarse además la clausura del establecimiento o local entre seis meses y cinco años. En cadenas de contratación, el contratista principal y los subcontratistas intermedios que conocían el empleo irregular pueden responder solidariamente, salvo que acrediten la diligencia debida.
Competencia
La sanción corresponde generalmente al subdelegado del Gobierno o al delegado del Gobierno en comunidades autónomas uniprovinciales. Las comunidades autónomas con competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo pueden sancionar determinadas infracciones laborales dentro de su ámbito.
Las infracciones laborales señaladas por el artículo 55.2 se inician mediante acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La infracción muy grave vinculada a seguridad nacional o relaciones exteriores corresponde al secretario de Estado de Seguridad. Deben separarse, por tanto, la autoridad que inicia, el órgano que instruye y la autoridad que resuelve.
11.6
La expulsión como sustitución de la multa
El artículo 57.1 permite imponer expulsión en lugar de multa cuando un extranjero comete una infracción muy grave o una de las infracciones graves previstas en las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53.1. La expulsión no está prevista para cualquier infracción grave y nunca sustituye a la multa en las leves.
La expresión «podrá aplicarse» exige decisión individual. Debe tramitarse expediente, respetarse la proporcionalidad y dictarse resolución motivada que valore los hechos. Multa y expulsión son alternativas: el artículo 57.3 prohíbe imponerlas conjuntamente por la misma infracción.
Expulsión por condena penal previa
También constituye causa administrativa de expulsión haber sido condenado, en España o fuera, por una conducta dolosa que constituya en España delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes estén cancelados. Esta causa del artículo 57.2 exige expediente administrativo y no debe confundirse con la sustitución penal de una pena de prisión.
Efectos sobre autorizaciones y solicitudes
La expulsión extingue cualquier autorización para permanecer legalmente en España y provoca el archivo de los procedimientos destinados a obtener autorización de residencia o trabajo. El Reglamento contempla supuestos de revocación cuando procede conceder determinadas autorizaciones por circunstancias excepcionales.
Si la persona posee autorización de residencia válida expedida por otro Estado miembro y se encuentra en determinados supuestos de los artículos 53.1.a) o b), debe ser advertida para dirigirse de inmediato a ese Estado, salvo razones de orden público o seguridad nacional. Solo si incumple la advertencia se tramita la expulsión.
Personas con protección reforzada
La expulsión no puede imponerse normalmente a:
- Nacidos en España que hayan residido legalmente durante los cinco años anteriores.
- Residentes de larga duración.
- Quienes fueron españoles de origen y perdieron la nacionalidad.
- Beneficiarios de determinadas prestaciones por incapacidad, desempleo o inserción.
La protección se extiende, en las condiciones legales, al cónyuge con más de dos años de residencia legal y a ascendientes, hijos menores y determinados hijos mayores con discapacidad que estén a cargo. Existen excepciones ante la infracción del artículo 54.1.a) o reincidencia en infracciones de la misma naturaleza sancionables con expulsión.
En el caso de residentes de larga duración deben valorarse tiempo de residencia, vínculos, edad, consecuencias para la persona y su familia y relaciones con el país de destino. La residencia prolongada no impide toda expulsión, pero exige una protección reforzada.
No devolución, embarazo y protección internacional
La expulsión no puede ejecutarse si vulnera el principio de no devolución. Tampoco cuando afecte a una mujer embarazada y genere riesgo para la gestación o la salud. Si se solicita protección internacional, la ejecución se suspende hasta que se decida su inadmisión o se resuelva conforme a la normativa específica.
Estas garantías no convierten automáticamente cualquier alegación en una autorización de residencia. Impiden ejecutar la medida mientras exista el riesgo o deba resolverse el procedimiento protector.
Personas sometidas a un proceso penal
La existencia de un proceso penal puede impedir que la Administración ejecute por sí sola una expulsión. Cuando el extranjero está procesado o investigado por un delito castigado con pena privativa de libertad inferior a seis años o con pena de otra naturaleza y este dato consta en el expediente, la autoridad gubernativa solicita autorización al juez penal. El juez, oído el Ministerio Fiscal, debe decidir en el plazo más breve posible y, como máximo, en tres días, salvo que motive circunstancias que justifican denegarla.
Si existen varios procesos en juzgados diferentes, la autorización debe solicitarse a todos. La regla no se aplica a los procesos por los delitos específicamente exceptuados en el artículo 57.7.c). Cuando haya condena por los delitos indicados en el artículo 57.8, relacionados con explotación laboral e inmigración ilegal, la expulsión administrativa se ejecuta después de cumplir la pena privativa de libertad.
El objetivo es coordinar dos intereses públicos: ejecutar la política de extranjería y evitar que la salida frustre un proceso penal o convierta la expulsión en una forma de eludir la pena.
11.7
Expulsión administrativa y expulsión penal
La expulsión administrativa sanciona o responde a causas previstas en la Ley Orgánica 4/2000. La acuerda la autoridad administrativa tras un expediente. La expulsión penal del artículo 89 del Código Penal es una consecuencia decidida por un órgano judicial respecto de una pena de prisión impuesta a un ciudadano extranjero.
| Elemento | Expulsión administrativa | Expulsión penal |
|---|---|---|
| Norma principal | Ley Orgánica 4/2000 | Código Penal |
| Presupuesto | Infracción administrativa o causa del artículo 57.2 | Condena penal a pena de prisión |
| Autoridad | Delegado o subdelegado, según el caso | Juez o tribunal penal |
| Procedimiento | Expediente administrativo | Proceso penal y ejecución de sentencia |
| Función | Sanción o medida administrativa | Sustitución total o parcial de pena en los casos legales |
El artículo 89.9 excluye la sustitución para las penas impuestas por los delitos de los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis del Código Penal, relacionados con trata, explotación laboral, emigración fraudulenta e inmigración ilegal. En estos casos, la expulsión se ejecuta, si procede, después de cumplir la pena conforme a las reglas legales.
La diferencia explica por qué una condena por introducir personas con fines de explotación no puede resolverse sustituyendo sin más la pena por la salida de España. El ordenamiento evita que la expulsión reduzca la respuesta penal frente a delitos que se aprovechan de personas migrantes.
11.8
Prescripción de infracciones y sanciones
La prescripción impide perseguir una infracción o ejecutar una sanción después del tiempo fijado por la Ley. No debe confundirse con la caducidad del procedimiento, que se produce cuando un expediente ya iniciado no se resuelve dentro de su plazo máximo.
| Gravedad | Prescripción de la infracción | Prescripción de la sanción |
|---|---|---|
| Muy grave | 3 años | 5 años |
| Grave | 2 años | 2 años |
| Leve | 6 meses | 1 año |
Cómputo de las infracciones
El plazo comienza el día de comisión de los hechos. Se interrumpe mediante una actuación administrativa conocida por el denunciado. Si el procedimiento queda paralizado más de un mes por causa no imputable al expedientado, el cómputo se reanuda.
La interrupción no equivale a borrar definitivamente el tiempo transcurrido: abre un nuevo período cuando concurren las condiciones legales. La Administración debe aplicar la prescripción de oficio, aunque el interesado no la invoque.
Cómputo de las sanciones
La sanción comienza a prescribir al día siguiente de que la resolución adquiera firmeza. Cuando la sanción es expulsión, el cómputo no empieza hasta que termina la prohibición de entrada fijada, con el límite máximo legal de diez años.
Caducidad
El plazo general para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de seis meses desde la iniciación, salvo la regulación específica del procedimiento simplificado y los períodos de suspensión o paralización imputable al interesado. Transcurrido el plazo, se declara la caducidad y se archivan las actuaciones.
La caducidad no equivale a declarar que los hechos no existieron. Si la infracción no ha prescrito, puede iniciarse un nuevo procedimiento utilizando las actuaciones que legalmente conserven validez. La prescripción, en cambio, extingue la posibilidad de sancionar por el transcurso del plazo.
11.9
Los procedimientos sancionadores
El Reglamento contempla tres modalidades: ordinaria, preferente y simplificada. La elección no depende de la voluntad del instructor, sino del tipo de infracción y de las circunstancias previstas legalmente.
Normas comunes
Antes de iniciar pueden practicarse actuaciones para precisar hechos, responsables y circunstancias. El procedimiento se inicia siempre de oficio: por iniciativa propia, orden superior, petición razonada o denuncia. La denuncia informa a la Administración, pero no convierte necesariamente al denunciante en parte interesada.
El acuerdo de iniciación identifica al presunto responsable, describe hechos, posible calificación y sanciones, designa instructor y secretario, señala el órgano competente para resolver e informa sobre recusación, reconocimiento de responsabilidad, medidas provisionales, alegaciones y audiencia. Debe notificarse al expedientado para que conozca desde el comienzo qué conducta se le atribuye.
Pueden ordenar la incoación los delegados del Gobierno en comunidades uniprovinciales, subdelegados, jefes de Oficinas de Extranjería, el comisario general de Extranjería y Fronteras, jefes superiores, comisarios provinciales y titulares de comisarías locales y puestos fronterizos. La facultad de iniciar no debe confundirse con la competencia para resolver la sanción.
La resolución solo puede basarse en los hechos determinados durante la instrucción, aunque pueda darles una valoración jurídica diferente con respeto al derecho de defensa. Si el órgano que resuelve aprecia una infracción o sanción más grave que la propuesta, debe comunicarlo y conceder un nuevo plazo de alegaciones.
Procedimiento ordinario
Es la modalidad general. Se aplica salvo que proceda el preferente o el simplificado. Comprende acuerdo de iniciación, alegaciones, prueba, propuesta de resolución, audiencia y resolución motivada.
Notificado el acuerdo, el interesado dispone de quince días para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba. Si se abre período probatorio, dura entre diez y treinta días. El instructor solo puede rechazar pruebas de forma motivada por resultar improcedentes o innecesarias.
Concluida la instrucción, la propuesta fija los hechos probados, su calificación, responsable, valoración de la prueba, sanción y medidas provisionales, o declara que no existe infracción o responsabilidad. La propuesta se notifica y abre una nueva audiencia de quince días.
El órgano competente resuelve normalmente dentro de los diez días siguientes a recibir la propuesta y el expediente. Puede ordenar actuaciones complementarias indispensables: deben practicarse en un máximo de quince días y el interesado dispone de siete días para pronunciarse sobre ellas. La resolución final debe motivar hechos, pruebas, calificación, responsabilidad y proporcionalidad.
Cuando puede imponerse expulsión, la resolución ordinaria concede normalmente un plazo de salida voluntaria entre siete y treinta días. Un plazo inferior a quince días es excepcional y debe motivarse. Puede prorrogarse atendiendo a duración de la estancia, menores escolarizados y vínculos familiares o sociales.
Durante el plazo voluntario no puede acordarse internamiento preventivo. Las demás medidas necesarias pueden mantenerse en los términos legales. Si la salida no se produce, comienza la fase de ejecución forzosa.
Procedimiento preferente
Se utiliza en expedientes con posible expulsión por las infracciones de los artículos 54.1.a) y b), 53.1.d) y f), y por la causa del artículo 57.2. También puede aplicarse a la estancia irregular del artículo 53.1.a) cuando exista riesgo de incomparecencia, la persona evite o dificulte la expulsión o represente un riesgo para orden público, seguridad pública o seguridad nacional.
Su tramitación concentra los plazos y permite una ejecución inmediata de la expulsión. La persona dispone de asistencia letrada y de intérprete si no comprende el castellano, gratuitamente cuando carece de medios. La rapidez no elimina la necesidad de comunicar la acusación, permitir alegaciones y motivar la resolución.
El acuerdo motivado concede cuarenta y ocho horas para alegar y proponer prueba. Si la prueba es pertinente, debe practicarse en un máximo de tres días. Después se formula propuesta de resolución y se abre una audiencia final de otras cuarenta y ocho horas. Si no existen alegaciones ni prueba admisible, el acuerdo inicial puede actuar como propuesta de resolución cuando contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad.
La resolución se dicta de forma inmediata y la expulsión se ejecuta también inmediatamente una vez notificada. El interesado conserva el derecho a recurrir, pero la mera interposición no suspende administrativamente la ejecución. Para obtener la suspensión debe acudir a los mecanismos cautelares correspondientes.
La incoación, detención, internamiento y resolución se comunican al consulado o embajada y se anotan en el Registro Central de Extranjeros. Si no existe representación consular en España o no puede notificarse, la comunicación se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Procedimiento simplificado
Se utiliza para infracciones leves, salvo las laborales sometidas a su procedimiento específico. Debe resolverse en un máximo de dos meses desde su inicio. El acuerdo debe indicar expresamente el carácter simplificado.
Instructor e interesado disponen de diez días para realizar actuaciones, aportar alegaciones y documentos y proponer o practicar prueba. Finalizado ese plazo se formula la propuesta. Si el instructor aprecia que los hechos pueden constituir infracción grave o muy grave, ordena continuar por el procedimiento ordinario y concede cinco días para nuevas alegaciones. Recibido el expediente, el órgano competente dicta la resolución simplificada en tres días.
Cuando el procedimiento comienza mediante denuncia de un funcionario de Policía Nacional, se entrega copia al denunciado si es posible. Su firma acredita la recepción, no la conformidad con los hechos. La propia denuncia informa de la incoación y del plazo de diez días para defenderse.
Procedimiento en materia laboral
Las infracciones laborales enumeradas en el artículo 55.2 se tramitan conforme al procedimiento sancionador del orden social, con intervención de la Inspección de Trabajo. Esta especialidad afecta, entre otras, al trabajo por cuenta propia o fuera del ámbito autorizado, falta de alta, contratación sin autorización y simulación laboral.
La especialidad explica por qué no todas las infracciones leves siguen el procedimiento simplificado. Cuando la conducta pertenece al bloque laboral expresamente enumerado, se aplican los artículos 253 y 254 del Reglamento y la normativa sancionadora del orden social. El acta inspectora debe identificar hechos, responsables y preceptos infringidos.
Concurrencia con solicitudes de residencia
Si durante un procedimiento preferente por estancia irregular se acredita que antes de su inicio se había solicitado una residencia por circunstancias excepcionales, el instructor debe pedir informe sobre su tramitación. Si la autorización resulta procedente, se archiva la expulsión; si no lo es, el expediente continúa por el procedimiento ordinario.
También puede revocarse una expulsión no ejecutada por estancia irregular o trabajo sin autorización cuando procede conceder determinadas autorizaciones por circunstancias excepcionales. Esta conexión impide que dos procedimientos administrativos produzcan decisiones incompatibles sin examinarse mutuamente.
| Procedimiento | Aplicación esencial | Rasgo característico |
|---|---|---|
| Ordinario | Regla general | Instrucción completa y posible salida voluntaria |
| Preferente | Supuestos tasados de expulsión o riesgo | Plazos concentrados y ejecución inmediata |
| Simplificado | Infracciones leves no laborales | Tramitación abreviada |
| Orden social | Infracciones laborales expresamente señaladas | Acta e intervención de Inspección de Trabajo |
11.10
Medidas cautelares e internamiento
Desde que se inicia un expediente en el que puede proponerse expulsión, el instructor puede adoptar medidas destinadas a asegurar su resolución: presentación periódica, residencia obligatoria, retirada del pasaporte con resguardo, detención cautelar hasta setenta y dos horas, internamiento judicial u otra medida adecuada acordada por el juez.
Las medidas no anticipan la sanción. Deben ser necesarias, idóneas y proporcionadas. Si una presentación periódica basta para asegurar la disponibilidad de la persona, no se justifica automáticamente una medida más intensa.
El internamiento en un CIE
El ingreso en un centro de internamiento de extranjeros requiere autorización de un juez de instrucción. El juez oye al interesado y al Ministerio Fiscal y valora riesgo de incomparecencia, ausencia de domicilio o documentación, conductas dirigidas a evitar la expulsión, antecedentes, procedimientos pendientes y estado de salud.
El internamiento dura únicamente el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsión y nunca más de sesenta días. No puede acordarse un nuevo internamiento por el mismo expediente. Si deja de ser viable la ejecución, debe ponerse fin a la medida.
El CIE no tiene carácter penitenciario. La persona está privada únicamente de libertad ambulatoria y conserva sus demás derechos: información, asistencia letrada, intérprete, atención sanitaria, comunicaciones, respeto a su intimidad y acceso a los mecanismos de queja y control judicial.
El artículo 62 bis concreta esta posición. La persona internada tiene derecho a:
- Recibir información sobre su situación y sobre las resoluciones que le afectan.
- Ver protegidas su vida, integridad, salud, dignidad e intimidad y no sufrir malos tratos.
- Recibir asistencia médica, sanitaria y social adecuada.
- Comunicar inmediatamente el ingreso a la persona que designe, a su abogado y al consulado.
- Ser asistida por abogado y comunicarse reservadamente con él.
- Mantener comunicaciones con familiares, autoridades consulares y otras personas en el horario del centro.
- Disponer de intérprete cuando no comprenda o no hable castellano.
- Contactar con organizaciones de protección de inmigrantes.
- Formular peticiones y quejas al director, al juez de control o a las autoridades competentes.
Las organizaciones legalmente constituidas y los organismos internacionales pertinentes pueden visitar los centros en las condiciones reglamentarias. La información sobre derechos, normas y vías de reclamación debe facilitarse al ingreso por escrito y en un idioma comprensible.
La convivencia de hijos menores con la persona internada no es automática. Requiere valoración del interés del menor y condiciones materiales que protejan la unidad e intimidad familiar, interpretadas conforme a la normativa y jurisprudencia aplicables.
La detención de setenta y dos horas y el internamiento no son períodos acumulables libremente ni sanciones encubiertas. La primera permite poner a la persona a disposición judicial; el segundo requiere decisión judicial propia y se somete a su control.
Los medios de contención dentro del centro solo pueden utilizarse para evitar violencia, lesiones, fugas, daños o resistencia legítimamente relevante, cuando no exista una alternativa menos gravosa. Deben ser proporcionales, durar lo estrictamente necesario y comunicarse al juez; nunca pueden utilizarse como sanción encubierta.
11.11
Efectos de la expulsión
La resolución de expulsión produce tres efectos principales: obliga a abandonar España, extingue las autorizaciones vigentes y lleva asociada una prohibición de entrada. La prohibición se extiende a los territorios de los Estados cubiertos por los acuerdos aplicables.
Su duración se fija según las circunstancias y no puede exceder normalmente de cinco años. Excepcionalmente puede alcanzar diez años cuando exista amenaza grave para orden público, seguridad pública, seguridad nacional o salud pública, previo informe exigido por el Reglamento.
Cuando la persona abandona el territorio durante la tramitación de un expediente por las infracciones de estancia irregular o trabajo sin autorización y sin residencia, no se impone la prohibición en los supuestos reglamentarios. Si sale dentro del plazo voluntario después de la resolución, puede revocarse. La salida debe comunicarse y acreditarse por las vías previstas.
Ejecución
La expulsión dictada en procedimiento preferente se ejecuta de forma inmediata. La acordada en procedimiento ordinario incluye el plazo de salida voluntaria. Si este transcurre sin cumplimiento, la Policía puede detener y conducir a la persona al puesto de salida; si no es posible ejecutar en setenta y dos horas, puede solicitarse internamiento judicial.
La ejecución puede suspenderse por solicitud de protección internacional, riesgo para embarazo o salud y otros supuestos legalmente previstos. Suspender la ejecución no anula por sí mismo la resolución; impide realizar materialmente la salida mientras subsiste la causa.
Los gastos de ejecución corresponden a la persona expulsada cuando dispone de medios. En determinados supuestos de empleo irregular se ejecuta preferentemente a costa del empleador sancionado. Si concurren las condiciones reglamentarias y la persona asume voluntariamente el coste de la repatriación, una expulsión por estancia irregular o trabajo sin autorización puede sustituirse por salida obligatoria.
La salida se acredita mediante el registro o certificado expedido en el paso fronterizo, con identificación, documento, transporte y fecha. Esa constancia permite comprobar el cumplimiento voluntario y decidir sobre la no imposición o revocación de la prohibición de entrada.
Expulsiones acordadas por otros Estados
Cuando se detecta en España a una persona contra la que otro Estado miembro de la Unión o asociado Schengen ha dictado una expulsión ejecutiva, el delegado o subdelegado puede reconocerla expresamente y ejecutarla sin incoar un nuevo expediente español. Si la decisión extranjera concede un plazo voluntario todavía vigente, debe respetarse.
El reconocimiento no es una actuación automática carente de garantías: debe existir una resolución identificable y ejecutiva, se reconoce también la prohibición asociada y el eventual internamiento continúa necesitando autorización judicial. La medida se comunica y se anota en el Registro Central de Extranjeros.
La resolución española de expulsión se comunica igualmente a la embajada o consulado, a la Secretaría de Estado de Migraciones y al Registro Central de Extranjeros. La comunicación facilita documentación, coordinación y control, pero no reemplaza la notificación personal al interesado.
11.12
La devolución
La devolución permite hacer salir de España sin tramitar un nuevo expediente de expulsión a quien se encuentra en uno de dos supuestos:
- Haber sido expulsado y contravenir la prohibición de entrada vigente.
- Pretender entrar ilegalmente en España.
La acuerda el subdelegado del Gobierno o el delegado en una comunidad uniprovincial, no la autoridad judicial. El juez interviene si resulta necesario internar, pero no adopta la resolución administrativa de devolución.
En el segundo supuesto quedan comprendidas las personas interceptadas en la frontera o en sus inmediaciones cuando intentan entrar irregularmente. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de costas y fronteras las conducen con la mayor brevedad a dependencias de Policía Nacional para identificarlas y tramitar, si procede, la devolución.
La devolución requiere una resolución individual y no equivale a una actuación material carente de procedimiento. La persona tiene derecho a asistencia jurídica y a intérprete si no comprende las lenguas utilizadas; ambas asistencias son gratuitas cuando carece de recursos suficientes.
Si la devolución no puede ejecutarse en setenta y dos horas, se solicita judicialmente el internamiento. La medida debe respetar asistencia jurídica, intérprete y control judicial.
Garantías
Cuando se formaliza una solicitud de protección internacional, la devolución no puede ejecutarse hasta decidir la inadmisión o resolver lo procedente. Tampoco puede devolverse a una mujer embarazada cuando exista riesgo para la gestación o su salud. En todo caso opera el principio de no devolución.
El Reglamento añade otros supuestos de suspensión: enfermedad que convierta la medida en un riesgo para la salud, indicios de trata e indicios de minoría de edad de una persona no acompañada. Cada situación activa el procedimiento protector correspondiente; no debe ejecutarse la devolución mientras se determina si concurre esa protección.
Si la devolución responde al quebrantamiento de una prohibición de entrada, se reinicia el cómputo de esa prohibición. En cambio, no debe estudiarse como vigente la antigua regla que añadía automáticamente hasta tres años de prohibición a toda devolución por intento de entrada ilegal: ese inciso fue declarado inconstitucional y nulo.
Las resoluciones de devolución también prescriben. El plazo es de cinco años cuando se quebranta una prohibición de entrada y de dos años cuando se intenta entrar irregularmente. En el primer caso no comienza hasta finalizar el período de prohibición reiniciado. La Administración debe apreciar la prescripción de oficio.
Si posteriormente procede conceder una residencia por circunstancias excepcionales y existe una devolución no ejecutada, el Reglamento permite revocarla para evitar que impida una autorización cuyos demás requisitos se cumplen.
11.13
Efectos de la denegación de entrada
La denegación se acuerda en un puesto fronterizo cuando una persona solicita entrar y no reúne los requisitos. Se adopta mediante resolución motivada, con información sobre recursos, asistencia letrada e intérprete.
La resolución debe identificar la causa concreta, informar de que el efecto es el regreso al punto de origen y explicar cómo solicitar asistencia jurídica gratuita para impugnarla. No agota la vía administrativa. Puede recurrirse, incluso desde el extranjero a través de representaciones diplomáticas o consulares, pero la mera interposición no suspende la ejecución.
La persona queda obligada a regresar a su punto de origen. La autoridad adopta de inmediato las medidas necesarias para que el regreso se produzca lo antes posible y el transportista debe hacerse cargo en los términos legales.
Si el regreso se retrasa más de setenta y dos horas, la autoridad que denegó la entrada se dirige al juez de instrucción para que determine el lugar de internamiento hasta que pueda ejecutarse. Ese lugar no tiene carácter penitenciario y la persona solo queda privada de libertad ambulatoria. Permanece a disposición judicial y cualquier circunstancia relevante debe comunicarse al juez.
Durante las primeras setenta y dos horas permanece en las instalaciones habilitadas en el paso fronterizo, dotadas de servicios sociales, jurídicos y sanitarios adecuados. La limitación de movimientos solo puede perseguir el regreso o la continuación del viaje hacia otro Estado que garantice la admisión; no convierte esas instalaciones en un centro penitenciario ni autoriza restricciones ajenas a esa finalidad.
La compañía que transportó a la persona debe hacerse cargo inmediatamente de ella, asumir su mantenimiento y sufragar el transporte al Estado de procedencia, al que expidió el documento de viaje o a otro que garantice su admisión. El regreso puede realizarlo la misma compañía u otra empresa, sin perjuicio de la posible sanción al transportista.
La detención para efectuar el regreso se comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado del país de la persona. Estas comunicaciones no sustituyen el derecho del interesado a recurrir la denegación.
La permanencia durante una denegación y el internamiento para ejecutar una expulsión o devolución comparten la intervención judicial cuando superan setenta y dos horas, pero no son la misma institución. En frontera el objetivo es ejecutar el regreso de quien nunca fue admitido; en un CIE se asegura una expulsión o devolución acordada dentro de su correspondiente régimen.
Tres instituciones distintas
| Medida | Momento | Presupuesto | ¿Requiere expediente de expulsión? | Consecuencia característica |
|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Dentro del territorio | Infracción o causa legal | Sí | Prohibición de entrada y extinción de autorizaciones |
| Devolución | Entrada ilegal o quebrantamiento de prohibición | Artículo 58.3 | No | Salida mediante resolución gubernativa |
| Denegación de entrada | Control fronterizo antes de admisión | Incumplimiento de requisitos de entrada | No | Regreso al punto de origen |
La ubicación física no resuelve por sí sola la calificación. Deben comprobarse el momento jurídico, la forma de entrada y la existencia de una prohibición previa. Una persona que se presenta al control y no cumple requisitos recibe una denegación; quien intenta entrar ilegalmente puede ser devuelto; quien se encuentra irregularmente dentro del territorio puede quedar sujeto al correspondiente expediente sancionador.
11.14
Síntesis y diferencias esenciales
El régimen sancionador exige relacionar hechos, sujeto y consecuencia. Una misma referencia al «trabajo sin autorización» puede describir una infracción leve del trabajador, una grave o una muy grave del empresario según exista residencia y autorización previa. Del mismo modo, la salida física de España puede ser consecuencia de tres instituciones que no comparten procedimiento.
| Conceptos | Diferencia esencial |
|---|---|
| Omisión y ocultación dolosa | Falta formal leve frente a conducta grave intencional o falsaria |
| Renovación tardía y estancia irregular | Retraso de hasta tres meses frente a caducidad superior sin renovación en plazo |
| Trabajo con residencia y sin autorización | Leve frente a grave si tampoco existe residencia válida |
| Contratación fuera de límites y sin autorización | Leve cuando existe permiso insuficiente frente a muy grave cuando falta autorización previa |
| Multa y expulsión | Sanciones alternativas, nunca acumulables por la misma infracción |
| Expulsión administrativa y penal | Resolución administrativa frente a decisión judicial vinculada a una pena |
| Prescripción y caducidad | Extinción por transcurso del plazo sustantivo frente a terminación de un expediente no resuelto a tiempo |
| Detención e internamiento | Medida gubernativa máxima de 72 horas frente a medida judicial máxima de 60 días |
| Expulsión y devolución | Expediente sancionador frente a salida sin nuevo expediente en dos supuestos tasados |
| Devolución y denegación | Entrada ilegal o prohibición quebrantada frente a inadmisión en el control fronterizo |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 11 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas proceden de pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan juntas, con todas sus opciones, la respuesta correcta y la referencia normativa vigente. Se corrigen únicamente errores ortográficos o tipográficos.
0 de 11 respondidas
- Promoción 38, modelo A, pregunta 31.artículo 56.1 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículo 224.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024.
1. En relación con la prescripción de las infracciones en materia de extranjería, señale la respuesta correcta:
- Promoción 38, modelo A, pregunta 32.artículos 15 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024 y 60 de la Ley Orgánica 4/2000.
2. Si presta servicio en un puesto fronterizo y un ciudadano no comunitario no cumple los requisitos para entrar en España, la actuación procedente es:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 20.artículo 58.3, 5 y 6 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículo 23 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024.
3. Si se detecta dentro de España a un extranjero que ha quebrantado una prohibición de entrada vigente:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 59.artículo 216 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024.
4. El ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000 se tramita mediante los procedimientos:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 95.artículo 89.9 del Código Penal, que excluye la sustitución para los delitos allí enumerados.
5. Un ciudadano extranjero ha sido condenado en España por introducir ciudadanas extranjeras con fines de explotación sexual. Conforme al artículo 89.9 del Código Penal, ¿puede sustituirse la condena por la expulsión?
- Promoción 40, modelo A, pregunta 54.artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000.
6. La carencia de autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario, incluidas las de Seguridad Social:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 88.artículo 52.c) de la Ley Orgánica 4/2000.
7. Una ciudadana extranjera trabaja en España por cuenta propia sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar, pero dispone de residencia temporal. ¿Qué infracción comete?
- Promoción 40, modelo A, pregunta 99.artículo 58.1 de la Ley Orgánica 4/2000. Excepcionalmente puede alcanzar diez años en el supuesto del artículo 58.2.
8. La expulsión lleva consigo una prohibición de entrada cuya vigencia ordinaria no puede exceder de:
- Promoción 41, modelo B, pregunta 18.artículo 53.2.d) de la Ley Orgánica 4/2000. Si existe ánimo de lucro, el artículo 54.1.e) la califica como muy grave.
9. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por el titular de una vivienda cuando esta no constituye el domicilio real del extranjero es:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 24.artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000.
10. Encontrarse irregularmente en España por tener caducada la autorización de residencia más de tres meses, sin haber solicitado su renovación en el plazo reglamentario, constituye:
- Promoción 43, modelo B, pregunta 1.artículo 56.2 de la Ley Orgánica 4/2000 y artículo 224.3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024.
11. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de extranjería prescriben:
Has terminado la explicación
¿Y ahora?
La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.
Practica Policía Nacional con tests por temas
Responde un test gratis de Policía Nacional sin registrarte y revisa la solución de cada pregunta. Con una cuenta gratuita guardas tus resultados y practicas tema a tema.