Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 14 de Policía Nacional

Protección de la seguridad ciudadana: documentación, actuaciones policiales, potestades administrativas y régimen sancionador

24 apartados68 min de lectura

14.1

La seguridad ciudadana como bien jurídico colectivo

La seguridad ciudadana no constituye un fin desligado de los derechos fundamentales. Es, precisamente, una de las condiciones que permiten ejercerlos con libertad. Una persona difícilmente puede desplazarse, reunirse, expresarse o desarrollar su vida cotidiana si existe un riesgo grave y permanente para su integridad, sus bienes o el funcionamiento de los servicios esenciales. Por ello, el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2015 la define como un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Su salvaguarda corresponde al Estado con sujeción a la Constitución y a las leyes. Esta doble afirmación explica el equilibrio que recorre todo el tema. El Estado dispone de facultades de prevención, comprobación e intervención, pero ninguna de ellas opera al margen del ordenamiento. La seguridad no es un título que permita actuar de cualquier manera: las medidas deben tener una finalidad legal, responder a un presupuesto real y respetar las garantías previstas.

La ley regula actuaciones muy diferentes entre sí. Algunas son materiales e inmediatas, como restringir el paso por una zona peligrosa; otras poseen carácter documental, como comprobar una identidad; otras se proyectan sobre sectores sometidos a control especial, como las armas o los establecimientos de hospedaje; y otras permiten reaccionar frente a una infracción mediante un procedimiento sancionador. Todas comparten una finalidad: proteger personas y bienes y mantener la tranquilidad ciudadana.

La tranquilidad no equivale a la ausencia de toda molestia ni autoriza a impedir el ejercicio legítimo de derechos que pueda resultar incómodo o crítico. Una manifestación, una huelga o una expresión discrepante pueden alterar la normalidad ordinaria sin convertirse por ello en amenazas para la seguridad ciudadana. La intervención exige el presupuesto más preciso del artículo 4.3: una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que razonablemente pueda causar un perjuicio real.

Ámbito de aplicación

La ley se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Esta previsión permite un marco normativo común y, al mismo tiempo, reconoce la organización territorial de la seguridad pública.

Queda fuera de su ámbito la acción administrativa ordinaria dirigida al buen orden de los espectáculos cuando la intervención policial forma parte del sistema preventivo habitual del propio espectáculo. La exclusión evita confundir la tutela extraordinaria de la seguridad ciudadana con las competencias ordinarias sobre horarios, aforos, licencias o disciplina de espectáculos. Sin embargo, si aparece un riesgo propiamente relacionado con la seguridad pública, pueden entrar en juego las potestades de la ley.

Tampoco desplaza los regímenes especiales de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o del transporte. Esos ámbitos conservan su legislación sectorial. Asimismo, quedan salvaguardadas la defensa nacional y la regulación constitucional de los estados de alarma, excepción y sitio.

14.2

Fines y principios de actuación

Los fines del artículo 3 permiten comprender para qué pueden utilizarse las potestades de la ley. Incluyen la protección del libre ejercicio de derechos y libertades; el normal funcionamiento de las instituciones; la seguridad y la convivencia ciudadanas; el respeto a la ley y a la paz; y la protección de personas y bienes, con especial atención a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

La ley también protege la utilización pacífica de calles, plazas y demás bienes de uso público, así como la normal prestación de los servicios básicos para la comunidad. Completa estas finalidades con la prevención de delitos y de infracciones administrativas directamente relacionadas y con la sanción de las infracciones que la propia ley tipifica. Finalmente, exige transparencia en la actuación de los poderes públicos.

No toda finalidad próxima a la seguridad pertenece a esta ley. Por ejemplo, contribuir a garantizar la seguridad pública y aportar información a procedimientos relacionados con las propias actuaciones es un fin característico de la seguridad privada, no uno de los enumerados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015. La distinción evita trasladar a la protección de la seguridad ciudadana una finalidad formulada por otro régimen jurídico.

Principios rectores

Las administraciones, las autoridades y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar conforme a los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. Su actuación queda sometida al control administrativo y judicial.

La legalidad exige una habilitación normativa y el respeto a sus condiciones. La oportunidad obliga a valorar si la medida es adecuada en las circunstancias concretas. La proporcionalidad requiere que resulte idónea para el fin perseguido, necesaria porque no exista otra alternativa menos gravosa y equilibrada en relación con el perjuicio que puede causar. La eficacia y la eficiencia atienden a la consecución del resultado y al uso razonable de los medios; la responsabilidad impide que la actuación quede fuera de control.

La igualdad de trato y la prohibición de discriminación poseen una importancia inmediata en identificaciones, controles y registros. La selección de una persona no puede apoyarse únicamente en perfiles étnicos, raciales, religiosos o de otra naturaleza discriminatoria. Debe existir una conexión objetiva con alguno de los supuestos legales.

La ley ordena que las actuaciones del capítulo III y las normas sancionadoras del capítulo V se interpreten del modo más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Menciona de forma especial los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. La actuación policial, además, continúa sometida a los principios básicos del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986.

Regla de conjunto. Primero debe comprobarse si existe una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso. Después, si la ley permite la medida prevista. Por último, debe elegirse la forma de actuación menos restrictiva que permita alcanzar legítimamente el resultado.

14.3

Autoridades, cooperación y deber de colaboración

El Gobierno dirige la política general de seguridad ciudadana a través del Ministerio del Interior, de los demás órganos competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la Administración General del Estado son autoridades u órganos competentes el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los titulares de los órganos directivos ministeriales que tengan atribuida esa condición, los delegados del Gobierno, los subdelegados del Gobierno y los directores insulares.

En las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para proteger personas y bienes y mantener la seguridad ciudadana y dispongan de policía propia, sus órganos correspondientes también son autoridades competentes a los efectos de la ley. Ceuta, Melilla y las entidades locales ejercen las facultades que les reconocen la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, el régimen local y las normas sobre espectáculos, actividades recreativas y actividades clasificadas.

Las relaciones entre administraciones se apoyan en la cooperación y la lealtad institucional. Esto implica intercambio legal de información, asistencia técnica y coordinación cuando resulte necesaria. No se trata de alterar el reparto de competencias, sino de evitar que su ejercicio separado impida responder eficazmente ante riesgos que pueden superar un único ámbito territorial.

Todas las autoridades y funcionarios públicos deben prestar el auxilio posible y adecuado dentro de sus competencias. Si por razón de su cargo conocen hechos que perturban gravemente la seguridad ciudadana o de los que pueda inferirse racionalmente una perturbación grave, deben comunicarlos inmediatamente a la autoridad competente.

Los particulares pueden ser requeridos para prestar ayuda en la medida necesaria, especialmente ante catástrofes extraordinarias o graves calamidades públicas, siempre que la colaboración no implique un riesgo personal. Los daños y perjuicios que sufran por esta causa son indemnizables conforme a la ley. Las empresas, despachos y profesionales de seguridad privada poseen un deber especial de auxilio, colaboración y seguimiento de instrucciones policiales, mientras que el personal de policía administrativa debe colaborar específicamente en la consecución de los fines de la Ley Orgánica 4/2015.

14.4

El Documento Nacional de Identidad

Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad. La ley lo califica como documento público y oficial y le atribuye una posición singular: es el único documento con valor suficiente por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales de su titular.

La afirmación no significa que una persona solo pueda identificarse mediante el DNI en cualquier situación. Otros documentos o medios pueden contribuir a acreditar una identidad, y el artículo 16 exige intentar la identificación por cualquier medio antes de trasladar a alguien a dependencias policiales. Lo que expresa el artículo 8 es el valor jurídico pleno y autónomo del DNI como documento oficial de identidad.

El documento incorpora la fotografía, la firma y los datos personales determinados reglamentariamente. Esos datos deben respetar la intimidad y no pueden referirse a raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual ni afiliación política o sindical. El soporte incluye medidas de seguridad destinadas a garantizar su calidad e inalterabilidad y a dificultar la falsificación.

El DNI también permite la identificación electrónica de los españoles mayores de edad con plena capacidad de obrar y de los menores emancipados, así como la firma electrónica de documentos en los términos de su normativa específica. Identificación y firma cumplen funciones distintas: la primera permite comprobar quién actúa; la segunda vincula al firmante con el contenido de una declaración o documento electrónico. Los certificados incorporados al DNI están sometidos a sus propias reglas de expedición, vigencia, suspensión y revocación.

La regulación vigente se completa con el Real Decreto 255/2025. Este contempla el DNI en soporte físico y su versión digital. La acreditación digital no elimina la expedición de la tarjeta física ni convierte cualquier reproducción o fotografía del documento en un DNI válido. Debe utilizarse mediante la solución oficial y conforme a las condiciones reglamentarias de verificación.

Obligaciones del titular y competencias

El DNI es obligatorio a partir de los catorce años. Es personal e intransferible, debe mantenerse en vigor y custodiarse con diligencia. Su titular no puede ser privado de él, ni siquiera temporalmente, salvo cuando legalmente deba ser sustituido por otro documento.

Quien está obligado a obtenerlo también debe exhibirlo y permitir que se comprueben sus medidas de seguridad cuando la autoridad o sus agentes lo requieran para alguno de los supuestos de identificación del artículo 16. La obligación no autoriza requerimientos arbitrarios: la exhibición se conecta con una identificación legalmente justificada. La sustracción o el extravío deben comunicarse lo antes posible a una comisaría o al puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo.

El Ministerio del Interior posee la competencia exclusiva sobre dirección, organización y gestión de la confección y expedición. La ejerce a través de la Dirección General de la Policía, que también custodia los archivos y ficheros correspondientes. La expedición está sujeta al pago de una tasa, sin perjuicio de las exenciones legalmente establecidas.

La obtención del DNI exige, como regla, la comparecencia personal del interesado ante el órgano o unidad competente. La presencia permite comprobar la identidad, recoger los datos necesarios y entregar el documento con garantías. La comparecencia también constituye la regla para obtener el pasaporte; únicamente se contempla una excepción limitada para determinados pasaportes provisionales expedidos por misiones diplomáticas u oficinas consulares cuando razones justificadas de enfermedad, riesgo, lejanía u otras análogas impidan o dificulten gravemente la presencia.

No debe confundirse la obligación de obtener el DNI con la necesidad de llevar siempre encima su soporte físico. La ley sanciona el incumplimiento de la obligación de obtener la documentación exigida y determinadas conductas negligentes respecto de ella; no convierte automáticamente la ausencia física del documento en presupuesto suficiente para trasladar a la persona a comisaría.

14.5

Pasaporte y documentación de los extranjeros

El pasaporte español es un documento público, personal, individual e intransferible. Salvo prueba en contrario, acredita la identidad y la nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro del territorio nacional, esas mismas circunstancias respecto de los españoles no residentes.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a obtenerlo. Este derecho puede quedar limitado cuando existe una pena o medida de seguridad privativa de libertad todavía no extinguida, una resolución judicial de retirada, una libertad vigilada que prohíba abandonar España o una prohibición judicial de salida o expedición respecto de menores o de las personas contempladas por la ley. En varios de estos supuestos, la autorización judicial permite excepcionar la restricción.

La expedición para menores o personas sometidas al régimen de representación legal previsto exige el consentimiento expreso de quienes ejerzan la patria potestad o tutela o, en su defecto, autorización judicial. El titular debe exhibir el pasaporte cuando sea requerido legalmente, custodiarlo y comunicar inmediatamente su sustracción o pérdida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, si se encuentra fuera de España, a la representación diplomática o consular.

En territorio nacional expide el pasaporte la Dirección General de la Policía; en el extranjero, las representaciones diplomáticas y consulares de España. También se encuentra sujeto al pago de una tasa.

Ciudadanos extranjeros

Los extranjeros que se encuentren en España tienen el derecho y la obligación de conservar y portar la documentación expedida por las autoridades de su país que acredite su identidad, junto con la documentación que pruebe su situación regular en España. No pueden ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.

Cuando sean requeridos legalmente, deben exhibir los documentos y permitir durante el tiempo imprescindible la comprobación de sus medidas de seguridad. Si no los llevan consigo, conservan la posibilidad de demostrar su identidad por cualquier otro medio. La falta de un documento en ese momento no debe confundirse automáticamente con la imposibilidad de identificación.

DocumentoFunción principalAutoridad de expedición o gestión
DNIAcredita por sí solo, a todos los efectos, identidad y datos personalesDirección General de la Policía
Pasaporte en EspañaAcredita identidad y nacionalidad en los términos legalesDirección General de la Policía
Pasaporte en el extranjeroMisma función respecto de ciudadanos españolesRepresentaciones diplomáticas y consulares
Documentación del extranjeroAcredita identidad de origen y situación regularAutoridades competentes de origen y autoridades españolas según el documento

14.6

Órdenes, prohibiciones y entrada en domicilio

Las autoridades competentes pueden dictar órdenes y prohibiciones y disponer actuaciones policiales para asegurar los fines de la ley. Estas decisiones no son poderes genéricos: deben ajustarse a las leyes y reglamentos, limitarse a lo estrictamente necesario y formalizarse mediante resolución motivada. La motivación permite conocer el riesgo, la finalidad y las razones por las que se considera necesaria la medida, y hace posible su control.

Entrada y registro en domicilio

El domicilio recibe la protección del artículo 18.2 de la Constitución. La policía solo puede entrar y registrarlo con consentimiento del titular, resolución judicial o en caso de flagrante delito, además de los supuestos excepcionales expresamente admitidos para afrontar una necesidad extrema.

La Ley Orgánica 4/2015 considera causa legítima suficiente la necesidad de evitar daños inminentes y graves a personas o cosas en casos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. No basta, por tanto, un daño meramente posible, remoto o de escasa entidad. La entrada se justifica porque esperar una autorización haría imposible proteger de forma efectiva a las personas o bienes amenazados.

Cuando la entrada se produzca por esas causas en un domicilio particular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben remitir sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial. El control judicial posterior compensa la imposibilidad de obtener una autorización previa en una emergencia real.

La regla es distinta en los edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas: no se necesita el consentimiento de la autoridad o funcionario encargado del edificio. Esto no elimina otras exigencias legales aplicables a la actuación, pero impide equiparar automáticamente una dependencia administrativa con el domicilio constitucional de una persona.

14.7

Identificación de personas

La identificación es una facultad instrumental destinada a prevenir delitos o permitir la persecución de infracciones. No puede utilizarse como un control indiscriminado de cualquier persona. El artículo 16 admite el requerimiento en dos supuestos:

  1. Cuando existan indicios de que la persona ha podido participar en la comisión de una infracción.
  2. Cuando, atendidas las circunstancias concurrentes, resulte razonablemente necesario acreditar su identidad para prevenir la comisión de un delito.

El primer supuesto comprende infracciones penales y administrativas. El segundo no se extiende a la prevención abstracta de cualquier infracción administrativa: la ley exige la prevención de un delito. En ambos casos deben existir circunstancias objetivas que puedan explicarse y documentarse.

Los agentes realizarán las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar del requerimiento. Pueden exigir que el rostro quede visible durante el tiempo imprescindible cuando sea necesario para identificar. La actuación ha de respetar estrictamente la proporcionalidad, la igualdad de trato y la prohibición de discriminación.

Antes de considerar imposible la identificación deben emplearse razonablemente los medios disponibles. Puede comprobarse otro documento, consultar bases policiales, verificar datos por medios electrónicos o telefónicos o utilizar cualquier alternativa fiable. La finalidad es resolver la diligencia en el propio lugar siempre que resulte posible.

Traslado a dependencias policiales

El requerimiento para acompañar a los agentes hasta dependencias policiales solo procede cuando concurre alguno de estos presupuestos:

  • No ha sido posible identificar a la persona por ningún medio.
  • La persona se niega a identificarse.

Además, el traslado debe servir para impedir la comisión de un delito o para sancionar una infracción. La dependencia ha de ser la más próxima que disponga de medios adecuados y la diligencia solo puede perseguir la identificación. No autoriza a mantener a la persona para investigar otros hechos sin aplicar, en su caso, el régimen jurídico correspondiente.

La permanencia dura el tiempo estrictamente necesario, con un máximo absoluto de seis horas. La regla principal no es que toda diligencia pueda prolongarse durante seis horas, sino que debe concluir en cuanto se consiga la identificación. Las seis horas operan como límite máximo.

La persona debe ser informada de modo inmediato y comprensible de las razones del requerimiento y, si se produce el traslado, de la razón por la que debe acompañar a los agentes. A la salida recibirá un justificante en el que consten el tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes.

En las dependencias se lleva un libro-registro dedicado exclusivamente a diligencias de identificación relacionadas con la seguridad ciudadana. Los asientos no pueden comunicarse a terceros, salvo a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. El órgano competente remite mensualmente al Ministerio Fiscal un extracto de las diligencias con expresión del tiempo empleado, y los asientos se cancelan de oficio a los tres años.

La ley afirma que estas diligencias de identificación, comprobación y registro no están sometidas a las mismas formalidades que la detención. Esto no significa que constituyan un espacio sin derechos. Poseen finalidad exclusiva, duración limitada, deber de información, documentación, supervisión fiscal y control jurisdiccional.

La resistencia o negativa a identificarse puede dar lugar, según su intensidad y circunstancias, a responsabilidad penal o a la infracción grave del artículo 36.6. También constituye infracción grave alegar datos falsos o inexactos durante el proceso de identificación. Si una persona consume ilícitamente drogas en un espacio público y además proporciona datos falsos para evitar ser identificada, las conductas pueden integrar dos infracciones graves distintas.

14.8

Restricciones, controles y comprobaciones policiales

Cuando existe una alteración de la seguridad ciudadana o indicios racionales de que puede producirse, los agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos. También pueden establecer zonas de seguridad. Estas medidas solo pueden mantenerse durante el tiempo imprescindible para proteger a las personas y bienes o restablecer la normalidad.

La intervención puede incluir la ocupación preventiva de efectos o instrumentos susceptibles de utilizarse para acciones ilegales. Su carácter preventivo no elimina la necesidad de justificar la conexión entre el objeto, las circunstancias y el riesgo. No cualquier objeto cotidiano puede ocuparse por una sospecha abstracta.

Controles en vías, lugares o establecimientos públicos

Para prevenir delitos de especial gravedad o que generen alarma social y descubrir y detener a sus autores, los agentes pueden establecer controles en vías, lugares o establecimientos públicos. En ellos pueden identificar personas, registrar vehículos y realizar un control superficial de efectos personales.

La habilitación está vinculada al descubrimiento de partícipes, instrumentos o efectos de esos delitos. El control debe ser indispensable para esa finalidad. No se trata de una identificación individual basada en el artículo 16, sino de un dispositivo preventivo apoyado en un riesgo delictivo cualificado.

Comprobaciones y registros en lugares públicos

Los agentes pueden practicar comprobaciones en personas, bienes y vehículos cuando existan indicios de que permiten hallar armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos capaces de generar un riesgo grave para personas o bienes o de utilizarse para cometer un delito. Si encuentran esos objetos, pueden ocuparlos temporalmente o adoptar las medidas necesarias.

También pueden intervenir temporalmente un arma aunque su portador disponga de licencia cuando lo consideren necesario para prevenir un delito o exista peligro para la seguridad de personas o bienes. La licencia legitima la tenencia o porte en sus condiciones, pero no impide una medida preventiva justificada por la situación concreta.

Las diligencias deben ocasionar la menor injerencia posible y ser informadas a la persona afectada. Cuando se aprehendan drogas, armas u otros efectos, debe hacerse constar en acta. El acta será firmada por el interesado; si se niega, se dejará constancia. Los hechos recogidos gozan de presunción de veracidad salvo prueba en contrario, pero esa presunción no sustituye la valoración del conjunto probatorio ni impide la defensa.

14.9

Registros corporales externos

El registro corporal externo y superficial permite comprobar el cuerpo o la vestimenta de una persona sin llegar a una intervención corporal interna. Solo puede practicarse cuando existan indicios racionales para suponer que conducirá al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención de los agentes.

Como regla general, lo realiza un agente del mismo sexo. Puede exceptuarse esta regla ante una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. Si el registro exige dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas, debe efectuarse en un lugar reservado, fuera de la vista de terceros, y dejarse constancia escrita de la diligencia, sus causas y la identidad del agente.

En toda actuación deben respetarse la proporcionalidad, la igualdad de trato, la prohibición de discriminación y la injerencia mínima. El registro se realizará de la forma que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad y la persona será informada inmediatamente y de manera comprensible de sus razones.

El registro puede practicarse contra la voluntad del afectado. En tal caso, los agentes utilizarán únicamente las medidas de compulsión indispensables, aplicadas conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello es incorrecto afirmar que la oposición de la persona impide siempre la diligencia; lo que hace es elevar la exigencia de justificación y limitar estrictamente la fuerza admisible.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2021 consideró que el artículo ofrece una regulación suficientemente precisa cuando se interpreta con el conjunto de sus presupuestos y garantías. La constitucionalidad no deriva de una facultad policial abierta, sino de la exigencia de indicios, la finalidad legal, la mínima injerencia, la protección de la intimidad y el control posterior.

14.10

Medidas extraordinarias, videocámaras y colaboración policial

En situaciones de emergencia que hagan imprescindible una actuación inmediata, la autoridad competente puede acordar el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o espacios públicos, la prohibición del paso y el depósito de explosivos u otras sustancias capaces de producir un peligro grave. Estas medidas deben durar únicamente el tiempo necesario para recuperar la seguridad.

Si la urgencia impide esperar una resolución formal, los agentes pueden adoptar las medidas mediante órdenes verbales. La posibilidad responde a la inmediatez del riesgo y no convierte la orden en arbitraria: deben mantenerse la competencia, la necesidad y la proporcionalidad, y la actuación podrá ser controlada posteriormente.

La utilización policial de videocámaras fijas o móviles en lugares públicos se rige por la legislación específica, en particular por la Ley Orgánica 4/1997. La Ley Orgánica 4/2015 reconoce la posibilidad, pero no constituye por sí sola una habilitación completa para grabar cualquier espacio o situación.

La instalación y utilización deben responder a finalidades legítimas de seguridad, ajustarse a los principios de idoneidad e intervención mínima y seguir el régimen de autorización aplicable. La captación de imágenes y sonidos, su conservación y el acceso a las grabaciones quedan sometidos a límites temporales, de finalidad y de protección de datos. Cuando las imágenes recojan hechos que puedan constituir una infracción penal o administrativa, se remiten a la autoridad competente en los términos legales; si carecen de utilidad para la finalidad que justificó su obtención, no pueden conservarse indefinidamente ni emplearse para fines distintos.

Debe separarse esta videovigilancia policial de la realizada por particulares o empresas de seguridad. La primera se integra en el ejercicio de funciones públicas y se somete a la Ley Orgánica 4/1997; la segunda responde a la normativa de seguridad privada y protección de datos. La coincidencia del medio técnico no iguala el título jurídico ni las facultades de quien lo utiliza.

Los cuerpos policiales deben colaborar y auxiliarse recíprocamente en las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. La colaboración resulta especialmente importante cuando un dispositivo afecta a varias demarcaciones o requiere medios de cuerpos diferentes. No altera la dependencia orgánica ni el reparto competencial, sino que permite una respuesta coordinada.

14.11

Reuniones y manifestaciones

El derecho de reunión pacífica y sin armas está reconocido por el artículo 21 de la Constitución. Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones y, al mismo tiempo, impedir que se perturbe la seguridad ciudadana. La actuación no debe partir de la idea de que reunirse constituye un riesgo, sino del deber de hacer compatible el derecho con la protección de personas y bienes.

La disolución constituye una medida excepcional. Solo puede acordarse en los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983: cuando la reunión sea ilícita conforme a las leyes penales; cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes; cuando los asistentes utilicen uniformes paramilitares, o cuando la reunión sea organizada por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones que les impone su legislación específica.

La intervención debe ser gradual y proporcionada. Antes de adoptar medidas de disolución, las unidades actuantes deben avisar a las personas afectadas. Solo cabe prescindir del aviso cuando se produzca una alteración con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o exista un peligro que requiera una intervención inmediata.

La fuerza es el último recurso. Incluso cuando existe causa legal para disolver, deben valorarse la entidad del peligro, la conducta de los participantes, las vías de salida y la posibilidad de aislar a quienes ocasionan la alteración sin afectar innecesariamente al resto. La mera falta de comunicación previa no convierte por sí sola una reunión pacífica en una situación que deba disolverse automáticamente.

Síntesis del bloque policial. La ley articula una escala de intervención. Primero se intenta resolver la situación en el lugar y por el medio menos restrictivo. La intensidad aumenta cuando la identificación resulta imposible, aparecen armas u objetos peligrosos, se produce una alteración real o existe una emergencia. A mayor injerencia, mayores son la exigencia de presupuesto, motivación, documentación y control.

14.12

Obligaciones de registro documental e información

Determinadas actividades privadas poseen una especial trascendencia para la seguridad ciudadana porque pueden facilitar la localización de personas, bienes o transacciones relevantes para prevenir o investigar delitos. Por ello, quienes las ejercen quedan sometidos a obligaciones de registro documental e información en los términos establecidos por sus disposiciones aplicables.

La ley menciona el hospedaje; el transporte de personas; el acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público; la compraventa, reparación y comercio de objetos usados; el alquiler y desguace de vehículos; la compraventa de joyas y metales; la adquisición de obras de arte; la cerrajería de seguridad; los centros gestores de residuos metálicos; el comercio mayorista de chatarra y la venta de productos químicos peligrosos a particulares. También contempla las embarcaciones de alta velocidad y las aeronaves ligeras.

La inclusión en la lista no significa que todas las actividades tengan que conservar idénticos datos o comunicarlos con la misma periodicidad. El artículo 25 establece la habilitación general y cada régimen sectorial concreta sujetos, información, plazos y forma de comunicación.

En hospedaje y alquiler de vehículos a motor, el Real Decreto 933/2021 desarrolla estas obligaciones. Los establecimientos recogen los datos exigidos, conservan el registro durante tres años desde la finalización del servicio y comunican la información a las autoridades por los medios previstos. Los partes de entrada de viajeros deben ser firmados por toda persona mayor de catorce años; respecto de los menores de esa edad, facilita los datos la persona mayor de edad que los acompaña.

Las obligaciones documentales no autorizan una recopilación ilimitada de información. El tratamiento ha de ajustarse a la finalidad legal, a los datos exigidos y a las garantías de seguridad y protección de datos. El establecimiento actúa como sujeto obligado, no como investigador privado ni como autoridad policial.

La ley distingue entre carecer del registro u omitir las comunicaciones obligatorias y cometer irregularidades en su cumplimentación. La primera conducta es, con carácter general, infracción grave; las irregularidades, datos falsos u omisiones fuera de plazo se califican como leves cuando no alcanzan otra tipificación ni constituyen delito. La diferencia responde a la entidad del incumplimiento: no disponer del sistema exigido no equivale a un defecto puntual en su utilización.

14.13

Medidas de seguridad en establecimientos y actividades

Los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales o de servicios pueden quedar obligados a adoptar medidas de seguridad para prevenir delitos o infracciones administrativas o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. Las medidas pueden consistir en sistemas de alarma, vigilancia, controles de acceso, protecciones físicas u otras soluciones adecuadas a la naturaleza del riesgo.

La obligación puede proceder directamente de la normativa sectorial o de una decisión administrativa adoptada dentro de la habilitación legal. En ambos casos recae sobre el titular del establecimiento o instalación, que debe conservar las medidas operativas y permitir su comprobación. No basta instalar formalmente un dispositivo si este no funciona, no se mantiene o se utiliza de manera incompatible con su finalidad.

La imposición debe respetar la proporcionalidad. La Administración ha de relacionar el contenido de la medida con la actividad, la localización, los bienes existentes, la concentración de personas, el riesgo que se proyecta sobre terceros y la especial vulnerabilidad del establecimiento. Una obligación adecuada para una infraestructura de elevada peligrosidad puede resultar injustificada para una actividad ordinaria de escaso riesgo.

Las autoridades pueden realizar inspecciones y controles para comprobar el cumplimiento. El inspeccionado debe facilitar el acceso y la documentación exigible; la negativa u obstrucción deliberada puede constituir infracción grave. La inspección tampoco es una facultad ilimitada: debe estar vinculada al régimen legal de seguridad, practicarse por el órgano competente y respetar las garantías aplicables al lugar y a la información examinada.

La intervención administrativa de la Ley Orgánica 4/2015 se coordina con la normativa de seguridad privada. El titular del establecimiento puede estar obligado a implantar medidas, mientras que su instalación o mantenimiento puede corresponder a una empresa habilitada si se trata de una actividad reservada. Son planos relacionados, pero distintos: una norma determina la obligación del usuario y otra quién puede prestar profesionalmente el servicio.

Esta distribución también permite diferenciar responsabilidades. El titular responde de disponer de la medida y mantenerla en uso; la empresa habilitada responde de la correcta instalación o mantenimiento dentro de su actividad; y la Administración verifica su suficiencia y funcionamiento. La existencia de un contrato privado no desplaza la obligación pública que recae sobre el establecimiento.

14.14

Espectáculos públicos y actividades recreativas

El Estado puede dictar normas de seguridad pública para edificios e instalaciones donde se celebren espectáculos o actividades recreativas. Esta potestad se refiere a los riesgos que trascienden la ordenación ordinaria del evento y afectan a la seguridad pública. Los horarios, licencias, aforos y condiciones habituales continúan sometidos a su normativa sectorial; la Ley Orgánica 4/2015 interviene cuando resulta necesario prevenir un peligro cierto o una alteración grave.

Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para preservar el desarrollo pacífico del evento y proteger a participantes y asistentes. La actuación puede abarcar condiciones de acceso, dispositivos preventivos, separación de zonas, evacuación o cualesquiera otras medidas legalmente previstas y proporcionadas al riesgo. La colaboración del organizador no sustituye la dirección pública de las actuaciones de seguridad.

Un espectáculo puede ser prohibido o suspendido cuando exista un peligro cierto para personas o bienes o se produzcan o prevean graves alteraciones de la seguridad ciudadana. La decisión debe estar motivada y responder al riesgo concreto. Si la urgencia impide esperar, los delegados de la autoridad pueden ordenar la suspensión después de comunicarla a los organizadores, siempre con arreglo a los presupuestos legales.

La regulación específica de los espectáculos deportivos y la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia conserva su aplicación. La Ley Orgánica 4/2015 actúa sin desplazar esos regímenes sectoriales.

Prohibición y suspensión operan en momentos distintos. La prohibición impide que el evento llegue a celebrarse porque el riesgo se aprecia con anterioridad; la suspensión interrumpe una actividad iniciada o deja sin efecto su continuación. Ambas exigen una razón de seguridad pública y una decisión del órgano competente. Cuando la urgencia permite actuar al delegado de la autoridad, esa respuesta inmediata sigue sometida a comunicación, motivación y control.

La gravedad del quebrantamiento depende de la conducta tipificada. Celebrar un espectáculo o actividad recreativa incumpliendo una prohibición o suspensión impuesta por razones de seguridad pública constituye infracción muy grave. No se sanciona simplemente una irregularidad organizativa, sino el desafío a una medida adoptada para evitar un riesgo cualificado.

14.15

Armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos

La intervención administrativa sobre estas materias corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil. Incluye la regulación, inspección y control de la fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización, dentro del marco establecido por sus reglamentos específicos.

La Administración puede imponer requisitos de catalogación y marcado, documentación, licencias, permisos, autorizaciones, medidas de seguridad y condiciones de uso. Al resolver sobre licencias y autorizaciones puede tener en cuenta la conducta y los antecedentes del solicitante, quien presta consentimiento para que el órgano competente recabe sus antecedentes penales en los términos legales.

Cada instrumento de control cumple una función. La catalogación permite determinar la categoría y el régimen jurídico del objeto; el marcado favorece su identificación y trazabilidad; la licencia o autorización comprueba que el sujeto y la actividad reúnen las condiciones exigidas; y las medidas de seguridad protegen la custodia, el almacenamiento y el transporte. La existencia de licencia no permite utilizar el arma fuera de los lugares, condiciones o finalidades autorizados.

También puede prohibirse la fabricación, tenencia o comercialización de armas, cartuchería, explosivos y artículos pirotécnicos especialmente peligrosos. La finalidad no es únicamente perseguir su uso delictivo; incluye prevenir riesgos derivados de la falta de control, del almacenamiento inseguro o de una utilización incompatible con la autorización.

La fabricación, comercio y distribución forman un sector sometido a regulación específica también desde la perspectiva del derecho de establecimiento y de las inversiones extranjeras. Las competencias de supervisión no pertenecen en exclusiva a un único departamento: junto al Ministerio del Interior intervienen, en sus respectivos ámbitos, Defensa y el departamento competente en industria. Esta concurrencia no altera que la intervención policial regulada por el artículo 28 corresponda al Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil.

La ley diferencia el ilícito penal del administrativo. Una conducta relacionada con armas o explosivos solo se sanciona administrativamente cuando no constituye delito. Dentro de la vía administrativa, los perjuicios muy graves pueden elevar la conducta a infracción muy grave; cuando no concurre ese resultado cualificado, el incumplimiento se tipifica como grave. Las deficiencias en la conservación de la documentación o la falta de denuncia de su pérdida pueden constituir infracciones leves.

14.16

Sujetos responsables y normas de concurso

La responsabilidad recae directamente sobre el autor del hecho. Esta regla impide atribuir automáticamente una infracción a una persona solo por su relación con el lugar, el grupo o el objeto afectado. Debe acreditarse su participación en la conducta tipificada.

Los menores de catorce años están exentos de responsabilidad por las infracciones de la ley. Si un menor de esa edad comete un hecho tipificado, la autoridad lo comunica al Ministerio Fiscal para que valore las actuaciones procedentes. La exención administrativa no significa indiferencia jurídica ni elimina, en su caso, la responsabilidad por daños que corresponda conforme al ordenamiento.

En reuniones y manifestaciones se consideran organizadores o promotores quienes suscriben la comunicación. También pueden serlo quienes de hecho presidan, dirijan o realicen actos equivalentes, o quienes aparezcan razonablemente como directores a través de convocatorias, declaraciones, lemas, banderas u otros signos. La condición no se presume por la mera asistencia: debe resultar de actos que revelen una función real de organización o dirección.

Normas concursales

Cuando un hecho parece encajar en varios preceptos, se aplica primero la norma especial frente a la general. Después, el precepto más amplio o complejo absorbe las infracciones consumidas en él. Si ninguno de esos criterios resuelve el caso, se aplica el precepto más grave.

Si un solo hecho constituye dos o más infracciones o una es medio necesario para cometer otra, se sanciona la que lleve aparejada la sanción mayor. Finalmente, una misma circunstancia no puede utilizarse a la vez como infracción independiente y como criterio para graduar la sanción o calificar la conducta. Estas reglas evitan duplicidades incompatibles con la proporcionalidad.

La pluralidad real de conductas sí permite varias infracciones. Consumir drogas ilícitamente en un parque y aportar después datos falsos para impedir la identificación protege bienes y responde a acciones diferentes: la primera conducta se encuadra en el artículo 36.16 y la segunda en el 36.6.

14.17

Órganos competentes y graduación de las sanciones

En la Administración General del Estado, la competencia depende de la gravedad y del grado de la sanción:

ÓrganoCompetencia sancionadora
Ministro del InteriorInfracciones muy graves en grado máximo
Secretario de Estado de SeguridadInfracciones muy graves en grados medio y mínimo
Delegados del GobiernoInfracciones graves y leves

Las autoridades autonómicas ejercen la potestad sancionadora dentro de sus competencias. Los alcaldes también pueden sancionar y adoptar medidas cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes locales y posean competencia material conforme a la legislación aplicable.

Las ordenanzas municipales pueden introducir especificaciones o graduaciones que ayuden a identificar las conductas, pero no crear nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza y los límites fijados por la ley orgánica.

Grados mínimo, medio y máximo

Las multas graves y muy graves se dividen en tres grados. La regla inicial es el grado mínimo. El grado medio exige que concurra al menos una de estas circunstancias:

  • Reincidencia por más de una infracción de la misma naturaleza en dos años, declarada por resolución firme en vía administrativa.
  • Violencia, amenaza o intimidación.
  • Uso de prendas u objetos que cubran el rostro y dificulten la identificación.
  • Utilización de menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o personas en situación de vulnerabilidad.

El grado máximo solo procede cuando los hechos revistan especial gravedad y la decisión lo justifique según el número y entidad de las circunstancias concurrentes. No se alcanza automáticamente por acumular cualquier elemento desfavorable.

Una vez determinado el grado, la cuantía concreta se individualiza atendiendo al riesgo para la seguridad o la salud pública, el perjuicio causado, su trascendencia para la prevención o restablecimiento de la seguridad, la alteración de servicios o del abastecimiento, la culpabilidad, el beneficio económico y la capacidad económica del infractor. En las infracciones leves no existen tramos formales: la multa se fija directamente con arreglo a estos criterios.

14.18

Infracciones muy graves

La ley tipifica cuatro infracciones muy graves. Su estudio debe atender al elemento que eleva cada conducta al nivel máximo:

  1. Infraestructuras y servicios básicos. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras donde se prestan servicios básicos, en sus inmediaciones, o la intrusión o sobrevuelo del recinto, cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física. En las reuniones y manifestaciones responden los organizadores o promotores. No basta la mera presencia: se exige el riesgo cualificado.
  2. Armas y explosivos con perjuicios muy graves. Comprende la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o uso contrario a la normativa, sin documentación o excediendo sus límites, así como deficiencias en medidas de seguridad, siempre que la conducta no sea delito y cause perjuicios muy graves.
  3. Espectáculos prohibidos o suspendidos. Consiste en celebrar un espectáculo público o actividad recreativa quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad pública.
  4. Haces de luz sobre medios de transporte. Se produce al proyectarlos sobre pilotos o conductores cuando puedan deslumbrarlos o distraerlos y provocar accidentes.

El resultado o riesgo cualificado diferencia varias de estas conductas de tipos graves o leves cercanos. La intrusión en una infraestructura es muy grave si genera riesgo para la vida o integridad; puede ser grave si provoca una interferencia grave en el funcionamiento. La proyección de luz sobre un conductor con capacidad de provocar accidentes es muy grave, mientras que proyectarla sobre un agente para dificultar sus funciones es leve.

14.19

Infracciones graves

Las veintitrés infracciones graves pueden ordenarse en grupos para comprender qué protegen, sin perder su formulación legal.

Alteraciones colectivas y funcionamiento de instituciones

Son graves la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades, oficios religiosos u otras reuniones numerosas, siempre que no sea delito; y la perturbación grave producida con ocasión de reuniones o manifestaciones ante las sedes del Congreso, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas, aunque no estén reunidas.

También se incluyen los desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos y la obstaculización de la vía mediante mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando ocasionen una alteración grave de la seguridad ciudadana. La presencia del objeto no basta: se exige la consecuencia cualificada.

Se tipifican los actos de obstrucción destinados a impedir a una autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de funciones o la ejecución de acuerdos o resoluciones, cuando se realicen al margen de los procedimientos legales y no sean delito. Asimismo, es grave impedir u obstaculizar servicios de emergencia cuando se provoque o incremente un riesgo para la vida, integridad o bienes o se agraven las consecuencias del suceso.

Desobediencia, identificación y reuniones

La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes es grave cuando no constituye delito. El mismo precepto incluye la negativa a identificarse y la aportación de datos falsos o inexactos durante la identificación.

También son graves la negativa a disolver una reunión o manifestación cuando la autoridad lo haya ordenado por concurrir una causa del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 y la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, siempre que no constituyan infracción penal.

Infraestructuras, armas y controles

La intrusión o sobrevuelo de infraestructuras donde se prestan servicios básicos es grave cuando produce una interferencia grave en su funcionamiento. Portar, exhibir o usar armas prohibidas, o hacerlo de manera negligente, temeraria o intimidatoria o fuera de los lugares permitidos, incluso con licencia en este último caso, también es grave si no constituye delito.

La infracción relativa a armas reglamentarias, explosivos, cartuchería o pirotecnia abarca las actividades realizadas incumpliendo su normativa, sin documentación o excediendo los límites, además de la omisión o insuficiencia de medidas de seguridad. Se diferencia del tipo muy grave porque aquí no se exige que se hayan causado perjuicios muy graves.

La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves constituye igualmente infracción grave.

Servicios sexuales, uniformes y colaboración

Es grave solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público próximas a lugares destinados a menores o donde la conducta pueda generar riesgo para la seguridad vial. Los agentes requieren a quienes ofrezcan esos servicios para que se abstengan; incumplir el requerimiento puede integrar desobediencia.

El uso público e indebido de uniformes, insignias, condecoraciones oficiales, réplicas u otros elementos policiales o de emergencias es grave cuando puede generar engaño sobre la condición de quien los utiliza y no constituye delito.

También es grave la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos del deber legal de colaboración.

Drogas

La ley sanciona como grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estén destinados al tráfico, en lugares, vías o establecimientos públicos o transportes colectivos, así como abandonar allí los instrumentos o efectos utilizados. La conducta administrativa se delimita por el lugar y por no constituir delito de tráfico.

También son graves trasladar personas en cualquier vehículo para facilitarles el acceso a drogas cuando no sea delito; realizar plantación o cultivo ilícitos en lugares visibles al público sin alcanzar relevancia penal; y tolerar el consumo ilegal o tráfico en establecimientos públicos o incumplir el deber de diligencia para impedirlos por parte de propietarios, administradores o encargados.

Documentación, registros, imágenes y navegación

Son graves la carencia de los registros exigidos para actividades relevantes para la seguridad o la omisión de comunicaciones obligatorias; la alegación de datos o circunstancias falsos para obtener las documentaciones de la ley, si no es delito; y el incumplimiento de restricciones de navegación impuestas a embarcaciones de alta velocidad o aeronaves ligeras.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2021 precisó que esta última infracción solo es constitucional si las restricciones responden a motivos de seguridad ciudadana y su incumplimiento produce un perjuicio real o una amenaza concreta de la que razonablemente pueda seguirse ese perjuicio.

La última infracción grave se refiere al uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes cuando pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación, respetando el derecho fundamental a la información.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020 anuló la expresión «no autorizado». Además, estableció que el uso significa publicación o difusión, no la mera toma de una fotografía ni su posesión, y que el peligro debe ser concreto y próximo. Por tanto, la captación de imágenes de una actuación policial no es por sí sola la conducta sancionada. La aplicación exige ponderar el riesgo acreditado y la libertad de información.

14.20

Infracciones leves

Las diecisiete infracciones leves responden a conductas de menor entidad que las previstas en los artículos 35 y 36, pero la calificación no depende únicamente de que el daño sea reducido. Cada tipo contiene elementos propios —lugar, finalidad, resultado, requerimiento previo o inexistencia de delito— que deben concurrir para poder sancionar.

Reuniones, manifestaciones y uso del espacio público

El primer grupo protege el desarrollo ordenado de reuniones y manifestaciones y la utilización legítima de los espacios públicos:

  • Artículo 37.1: celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones incumpliendo los requisitos de comunicación, organización y desarrollo indicados por la Ley Orgánica 9/1983. La responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, no a todos los asistentes por el mero hecho de participar.
  • Artículo 37.2: exhibir objetos peligrosos para la vida o integridad con ánimo intimidatorio, cuando la conducta no sea delito ni infracción grave. No basta mostrar un objeto objetivamente peligroso: la tipificación exige la finalidad intimidatoria.
  • Artículo 37.3: incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario acordadas durante un acto público, reunión o manifestación cuando se produzcan alteraciones menores en su normal desarrollo. Si la afectación alcanza mayor gravedad o encaja en otro tipo, la calificación puede ser diferente.
  • Artículo 37.7: ocupar o permanecer en inmuebles, viviendas o edificios ajenos contra la voluntad de su titular cuando no sea delito. El mismo apartado incluye la ocupación de la vía pública contraria a la ley o a una decisión de la autoridad, incluida la venta ambulante no autorizada.

La ocupación de la vía pública no se sanciona de manera automática por cualquier incumplimiento formal. La interpretación debe respetar el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y expresión y comprobar que la conducta encaja realmente en el supuesto legal. Esta exigencia resulta especialmente relevante cuando la ocupación forma parte de una protesta o actuación colectiva protegida constitucionalmente.

Conductas dirigidas contra agentes o contra la convivencia

La ley sanciona como leves determinadas conductas que afectan al respeto debido durante una actuación policial o perturban la convivencia sin alcanzar relevancia penal o grave:

  • Artículo 37.4: las faltas de respeto y consideración dirigidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de funciones de protección de la seguridad, cuando no sean delito. El destinatario y el contexto funcional forman parte del tipo; no se configura una prohibición general de crítica a la actuación pública.
  • Artículo 37.5: realizar o incitar actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituyan infracción penal.
  • Artículo 37.6: proyectar haces de luz sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la finalidad de impedir o dificultar sus funciones.

La finalidad diferencia el apartado 6 de una proyección accidental. También permite separarlo del tipo muy grave relativo a pilotos o conductores: en este último, la luz debe poder deslumbrar o distraer y provocar accidentes; en el tipo leve se dirige contra un agente para obstaculizar su actuación.

Documentación, armas y registros obligatorios

Cuatro infracciones se refieren a la conservación documental y al cumplimiento de deberes administrativos:

  • Artículo 37.8: omitir o adoptar de forma insuficiente las medidas necesarias para conservar la documentación de armas y explosivos, así como no denunciar su pérdida o sustracción.
  • Artículo 37.9: cometer irregularidades en los registros con trascendencia para la seguridad ciudadana, alegar datos o circunstancias falsos u omitir comunicaciones dentro de los plazos, siempre que la conducta no sea delito ni constituya la infracción grave de carencia del registro u omisión de la comunicación obligatoria.
  • Artículo 37.10: incumplir la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar de manera negligente su sustracción o extravío.
  • Artículo 37.11: actuar con negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal. La ley objetiva un supuesto concreto: se considera negligencia la tercera y posteriores pérdidas o extravíos producidos dentro de un año.
  • Artículo 37.12: negarse a entregar la documentación personal cuando su retirada o retención haya sido acordada legalmente.

Los apartados 10 y 11 no sancionan el simple hecho de no llevar el DNI en un momento determinado. Uno se refiere a no obtener la documentación exigida o no denunciar negligentemente su pérdida; el otro, a una reiteración de pérdidas que revela falta de custodia. Esta diferencia confirma que la ausencia del soporte físico no permite por sí sola atribuir una infracción ni trasladar a la persona a dependencias policiales.

En materia de registros, la diferencia entre los artículos 36.20 y 37.9 depende de la entidad del incumplimiento. Carecer del registro o no efectuar una comunicación obligatoria constituye infracción grave; una cumplimentación irregular, un dato falso o una comunicación fuera de plazo se sitúan en el tipo leve cuando no existe delito ni otro encaje más grave.

Bienes, perímetros de seguridad y animales

Los últimos supuestos protegen bienes públicos o privados, la eficacia de las medidas policiales y la seguridad frente a animales:

  • Artículo 37.13: causar daños o deslucimiento en bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, o en bienes privados situados en la vía pública, cuando la conducta no sea delito.
  • Artículo 37.14: escalar edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de ocasionar daños a personas o bienes.
  • Artículo 37.15: retirar vallas, cintas u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros, incluso preventivos, cuando el hecho no constituya infracción grave.
  • Artículo 37.16: dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, o abandonar animales domésticos de manera que pueda peligrar su vida.

El daño y el deslucimiento no son conceptos equivalentes. El daño supone un menoscabo material; el deslucimiento altera el aspecto del bien sin producir necesariamente un deterioro estructural. En ambos casos la vía administrativa solo procede cuando los hechos no constituyen delito.

Escalar un edificio o monumento tampoco es sancionable por la mera falta de autorización: se requiere un riesgo cierto de daños. Del mismo modo, retirar una delimitación policial debe afectar a un perímetro colocado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y quedar fuera de una infracción de mayor gravedad.

Consumo de alcohol

  • Artículo 37.17: el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos es infracción leve cuando perturba gravemente la tranquilidad ciudadana.

La conducta no consiste simplemente en beber alcohol en un espacio público. La perturbación grave es un elemento necesario y debe acreditarse atendiendo a las circunstancias. Esta precisión diferencia el régimen estatal de seguridad ciudadana de las posibles prohibiciones u ordenanzas locales sobre consumo en la vía pública, que pueden responder a presupuestos distintos.

14.21

Sanciones, prescripción y reparación

La sanción principal es la multa:

Clase de infracciónImporte totalGrado mínimoGrado medioGrado máximo
Leve100 a 600 €No se divide en grados——
Grave601 a 30.000 €601 a 10.400 €10.401 a 20.200 €20.201 a 30.000 €
Muy grave30.001 a 600.000 €30.001 a 220.000 €220.001 a 410.000 €410.001 a 600.000 €

Según la naturaleza de los hechos, la multa puede ir acompañada de la retirada de armas y de sus licencias o permisos y del comiso de bienes, medios, instrumentos o efectos. El comiso debe respetar los derechos del tercero de buena fe y puede no acordarse o limitarse cuando el objeto sea de lícito comercio y su valor resulte desproporcionado respecto de la naturaleza o gravedad de la infracción.

En las materias del capítulo IV también puede imponerse la suspensión temporal de licencias, autorizaciones o permisos y la clausura de fábricas, locales o establecimientos. Por infracciones muy graves, ambas sanciones pueden extenderse desde seis meses y un día hasta dos años; por infracciones graves, hasta seis meses. En caso de reincidencia, pueden alcanzar de dos años y un día a seis años para las muy graves y hasta dos años para las graves.

Estas consecuencias son sanciones accesorias, no medidas provisionales. La diferencia radica en su momento y finalidad: la medida provisional se adopta durante el procedimiento para preservar la seguridad o asegurar la futura resolución; la sanción accesoria solo puede imponerse en la resolución que declara la infracción y exige las garantías propias de la potestad sancionadora.

Tres cómputos que no deben confundirse

InstituciónLeveGraveMuy graveInicio general
Prescripción de la infracción6 meses1 año2 añosDía de comisión
Prescripción de la sanción1 año2 años3 añosDía siguiente a la firmeza administrativa
Cancelación en el Registro Central1 año2 años3 añosFirmeza de la sanción

En infracciones continuadas, el plazo comienza con la última conducta; en las de efectos permanentes, cuando desaparece la situación ilícita. La prescripción de la infracción se interrumpe por una actuación sancionadora conocida formalmente por el interesado y vuelve a correr si el expediente permanece paralizado más de un mes por causa no imputable a este. También se interrumpe mientras se tramita el procedimiento penal relacionado.

La prescripción de la sanción se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución. Vuelve a transcurrir si este se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.

Si la infracción ocasiona daños a la Administración, la resolución exige reponer la situación a su estado originario o, cuando no sea posible, indemnizar los daños acreditados. Si son varios causantes, la responsabilidad civil es solidaria. Cuando el autor sea menor de dieciocho años no emancipado, las personas legalmente encargadas responden solidariamente de los daños en los términos del artículo 42.

14.22

Registro Central de Infracciones

El Registro Central existe exclusivamente para apreciar la reincidencia. No es un registro general de cualquier intervención policial ni puede utilizarse para finalidades incompatibles. Contiene los datos personales del infractor, la infracción, las sanciones firmes, el lugar y fecha y el órgano sancionador.

Solo se inscriben sanciones firmes en vía administrativa. La persona afectada debe ser informada y puede ejercer los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos. Los asientos se cancelan de oficio al año, a los dos años o a los tres años según correspondan a infracciones leves, graves o muy graves.

Las comunidades autónomas con competencias en seguridad ciudadana y policía propia pueden crear sus registros. Las administraciones sancionadoras comunican al Registro Central las resoluciones firmes y acceden a sus datos a los efectos legalmente previstos.

14.23

Procedimiento sancionador

El procedimiento se rige por las especialidades de la Ley Orgánica 4/2015 y por la legislación administrativa común vigente. Aunque el artículo 44 todavía menciona la Ley 30/1992, la referencia debe entenderse hoy integrada por las Leyes 39/2015 y 40/2015.

Preferencia de la vía penal y prohibición de doble sanción

No pueden sancionarse dos veces los mismos hechos cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si la conducta puede ser delito, la Administración remite las actuaciones al órgano judicial o al Ministerio Fiscal y suspende el procedimiento sancionador hasta que termine la vía penal. Durante ese tiempo se interrumpe la prescripción.

Si finalmente no se aprecia delito, la Administración puede iniciar o continuar el expediente, pero queda vinculada por los hechos declarados probados judicialmente. La absolución penal no elimina siempre la posibilidad de sanción administrativa: depende de su fundamento y de los hechos fijados, no de una automática equivalencia entre ambos órdenes.

Acceso a datos administrativos

Las autoridades sancionadoras pueden acceder, sin consentimiento previo del titular, a datos de otras administraciones que estén directamente relacionados con la investigación de la infracción. La habilitación no permite consultas generales o preventivas sin conexión con el expediente: la información debe ser necesaria para identificar al responsable, comprobar los hechos o completar las actuaciones legalmente encomendadas.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística —respecto del Padrón Municipal de Habitantes— facilitan los datos que deban constar en estos procedimientos dentro de los límites de su normativa. El acceso debe preservar la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y respetar la legislación de protección de datos aplicable.

Actuaciones previas y medidas provisionales

Antes de incoar el expediente pueden realizarse actuaciones para precisar los hechos, identificar a los posibles responsables y conocer las circunstancias relevantes. Se incorporan después al procedimiento, pero no interrumpen por sí solas la prescripción. Excepcionalmente pueden practicarse sin intervención del presunto responsable si resulta indispensable para la investigación y se documentan las razones.

Los agentes intervienen cautelarmente los instrumentos empleados, el dinero, frutos o productos obtenidos. Estos bienes permanecen en los depósitos establecidos o bajo custodia policial mientras se tramita el procedimiento y hasta que se acuerde su devolución, destino o comiso. Si se trata de bienes fungibles cuyo depósito cuesta más que su valor venal, pueden destruirse o recibir el destino reglamentariamente previsto, sin perjuicio de las garantías del procedimiento.

Ante un grave riesgo o peligro inminente también pueden adoptarse determinadas medidas provisionales antes de incoar el procedimiento; el acuerdo de iniciación debe ratificarlas, modificarlas o revocarlas en un máximo de quince días. Si no se inicia el expediente o no existe pronunciamiento expreso dentro de ese plazo, quedan sin efecto.

Una vez incoado el procedimiento, el órgano competente puede acordar motivadamente medidas para asegurar la resolución, evitar que continúen los efectos o preservar la seguridad. Entre ellas figuran el depósito de armas, drogas u objetos peligrosos; la adopción de medidas de seguridad; la suspensión o clausura preventiva de establecimientos; la suspensión de actividades o autorizaciones, y determinadas medidas relativas a entradas de espectáculos.

Estas decisiones no pueden tener carácter sancionador anticipado. Deben ser proporcionadas, inmediatamente ejecutivas y revisables si cambian las circunstancias. Su duración no puede superar, como regla, la mitad del plazo previsto para la sanción correspondiente, salvo decisión especialmente motivada.

Caducidad, prueba y resolución

El procedimiento caduca si transcurre un año desde la incoación sin que se haya notificado la resolución, descontando las paralizaciones imputables al interesado y las suspensiones legalmente previstas. La caducidad pone fin a ese expediente, pero no impide comenzar uno nuevo mientras la infracción no haya prescrito. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción.

Las denuncias, atestados y actas de agentes que hayan presenciado los hechos, ratificados si el denunciado los niega, constituyen base suficiente para resolver, salvo prueba en contrario. La regla no otorga una verdad absoluta a cualquier afirmación policial. El agente debe haber presenciado los hechos, aportar los elementos probatorios disponibles y ratificarse cuando proceda; el interesado conserva su derecho a contradecir la prueba.

La sanción se ejecuta cuando adquiere firmeza administrativa. Las multas no abonadas deben pagarse dentro de los quince días siguientes y, en caso contrario, se exigen por vía de apremio. La suspensión de licencias, autorizaciones o permisos comienza un mes después de la firmeza.

Si la resolución acuerda devolver instrumentos que habían sido aprehendidos cautelarmente, el titular dispone de un mes desde la notificación para recuperarlos. Transcurrido ese plazo sin retirarlos, se destruyen o reciben el destino adecuado conforme a la ley. Esta regla evita que los depósitos públicos conserven indefinidamente objetos cuya devolución ya ha sido autorizada.

Procedimiento abreviado y reducción del 50 %

Notificado el acuerdo de incoación por una infracción grave o leve, el interesado dispone de quince días para pagar voluntariamente o formular alegaciones y aportar prueba. Si paga en ese plazo:

  • La multa se reduce un 50 %.
  • Renuncia a formular alegaciones; las que presente se tienen por no formuladas.
  • El procedimiento termina el día del pago sin resolución expresa.
  • La sanción solo puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El procedimiento abreviado no se aplica a infracciones muy graves. La reducción ofrece una ventaja económica, pero exige una decisión consciente porque cierra la discusión en vía administrativa.

14.24

Visión conjunta del tema

La Ley Orgánica 4/2015 debe estudiarse como una secuencia. Primero identifica los fines y principios que legitiman la acción pública. Después regula los documentos que permiten acreditar la identidad. A continuación, establece un repertorio gradual de actuaciones policiales, desde la comprobación en el lugar hasta las medidas extraordinarias. Completa el sistema con controles administrativos sobre actividades especialmente sensibles y con un régimen sancionador sometido a tipicidad y procedimiento.

Las diferencias más importantes son también las que mejor muestran la lógica de la ley: obligación de obtener el DNI frente a deber de identificarse en un supuesto concreto; identificación en la vía pública frente a traslado a dependencias; comprobación superficial frente a registro corporal externo; mera captación de una imagen frente a su uso peligroso; infracción frente a sanción; prescripción frente a caducidad, y autoría individual frente a responsabilidad específica de promotores.

La protección de la seguridad ciudadana no se opone al ejercicio de los derechos. Su finalidad es hacer posible ese ejercicio y reaccionar ante riesgos reales. Por eso la ley combina potestades eficaces con presupuestos, límites temporales, deberes de información, documentación, supervisión fiscal y control judicial. Entender esa relación permite aplicar correctamente cada artículo y evita memorizar reglas aisladas sin conocer su función.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 20 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan juntas, con todas sus opciones, la respuesta correcta y la referencia normativa aplicable. No se incorporan preguntas anuladas ni preguntas cuya plantilla definitiva se encuentre pendiente de confirmación.

0 de 20 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 38.artículo 8.1 de la Ley Orgánica 4/2015.

    1. El Documento Nacional de Identidad es:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 40.artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015. La opción A remite incorrectamente a la propia ley en lugar de a las leyes; la B omite que los daños han de ser inminentes y graves y producirse en los supuestos excepcionales previstos.

    2. Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la seguridad ciudadana:

  3. Promoción 39, modelo A, pregunta 28.artículos 36.6 y 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015.

    3. Juan es identificado por una dotación de Policía Nacional por consumo de estupefacientes en vía pública, por tal motivo es requerido por los agentes para que facilite su filiación con el fin de poder realizar un acta de propuesta de sanción en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, pero Juan manifiesta datos falsos o inexactos a los actuantes para evitar su identificación. ¿Qué dos propuestas de sanción se deben proponer a Juan en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana?

  4. Promoción 39, modelo A, pregunta 30.artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015. Las seis horas constituyen el límite máximo, no la duración ordinaria.

    4. Estando Usted prestando servicio, en un vehículo tipo Z de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y debido a la imposibilidad de identificar a una persona en la vía pública, conforme a la Ley Orgánica 4/2015, y en cuanto a la duración de la diligencia de identificación se establece que, por norma general:

  5. Promoción 39, modelo A, pregunta 41.artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015. Pueden practicarse contra la voluntad del afectado mediante las medidas de compulsión indispensables y proporcionadas.

    5. Señale la opción que considere incorrecta, si usted como policía lleva a cabo un registro corporal externo y superficial a una persona de distinto sexo:

  6. Promoción 39, modelo A, pregunta 69.artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2015. La opción A corresponde a los fines de la seguridad privada establecidos por la Ley 5/2014.

    6. NO es un fin propio de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana:

  7. Promoción 40, modelo A, pregunta 1.artículo 4.2 del Real Decreto 933/2021, en desarrollo de las obligaciones documentales contempladas por el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015.

    7. Los partes de entrada para el uso de los servicios de hospedaje deberán ser firmados:

  8. Promoción 40, modelo A, pregunta 30.artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2015. En España corresponde exclusivamente a la Dirección General de la Policía y la expedición está sujeta a tasa.

    8. Con respecto a la expedición del pasaporte es cierto lo siguiente:

  9. Promoción 40, modelo A, pregunta 55.artículo 16.3 de la Ley Orgánica 4/2015.

    9. En el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se establece, en cuanto a la identificación de personas, que se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana, ¿a qué autoridad y con qué periodicidad deberá remitir el órgano competente de la Administración extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una de ellas?

  10. Promoción 40, modelo A, pregunta 81.artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2015.

    10. Indique, según la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, ¿qué tipo de infracción es la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública?

  11. Promoción 40, modelo A, pregunta 93.artículo 16.3 de la Ley Orgánica 4/2015.

    11. Los asientos del libro-registro de identificaciones que se tienen en las dependencias policiales a que hace referencia el artículo 16.2 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, se cancelarán de oficio:

  12. Promoción 41, modelo B, pregunta 3.artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015.

    12. Según el artículo 16.2 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar:

  13. Promoción 41, modelo B, pregunta 4.artículo 20.3 de la Ley Orgánica 4/2015.

    13. Atendiendo a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, al realizar un registro corporal externo se respetarán los principios de:

  14. Promoción 41, modelo B, pregunta 7.artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015.

    14. Un varón de 21 años de edad es detectado, por dos policías que están prestando servicio, fumando cannabis a las 16:00 horas en un parque situado en el Distrito de Chamartín. Acorde con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, ¿qué tipo de infracción constituyen tales hechos?

  15. Promoción 41, modelo B, pregunta 73.artículo 36.8 de la Ley Orgánica 4/2015. Las opciones A y B son infracciones muy graves de los apartados 4 y 3 del artículo 35.

    15. Las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de seguridad ciudadana se clasifican en muy graves, graves y leves. Entre las infracciones graves se encuentra:

  16. Promoción 42, modelo A, pregunta 9.artículo 37.6 de la Ley Orgánica 4/2015.

    16. Conforme a lo dispuesto en la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones, constituye:

  17. Promoción 42, modelo A, pregunta 20.Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

    17. ¿Cuál es la actual ley que regula la protección a la seguridad ciudadana?

  18. Promoción 42, modelo A, pregunta 21.artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015.

    18. ¿Cuáles de las siguientes personas físicas o jurídicas, que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, están sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables según la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana?

  19. Promoción 42, modelo A, pregunta 45.artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015. No portar el DNI físico no basta si la identidad puede comprobarse por otro medio.

    19. ¿En qué supuesto los agentes de la Policía Nacional podrán requerir a un sujeto que les acompañe a dependencias policiales para su identificación conforme a lo dispuesto en la LO 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana?

  20. Promoción 42, modelo A, pregunta 55.artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2015.

    20. Según el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, la intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de:

Has terminado la explicación

¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.

Practica Policía Nacional con tests por temas

Responde un test gratis de Policía Nacional sin registrarte y revisa la solución de cada pregunta. Con una cuenta gratuita guardas tus resultados y practicas tema a tema.

Practica con los exámenes oficiales de Policía Nacional