Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 3 de Policía Nacional
Los poderes del Estado, la organización territorial y la reforma de la Constitución
3.1
La Corona
La Constitución adopta como forma política del Estado la monarquía parlamentaria. Esta expresión reúne dos ideas. La Corona encarna la Jefatura del Estado de acuerdo con una regla hereditaria, pero la dirección política corresponde a órganos democráticamente responsables. El rey no gobierna ni decide por sí mismo la orientación de la política: representa al Estado, formaliza determinados actos y desempeña las funciones de arbitraje y moderación que la Constitución le atribuye.
El artículo 56 define al rey como jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Le corresponde arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales —especialmente con las naciones de su comunidad histórica— y ejercer las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Estas funciones no constituyen un poder general que permita intervenir libremente en cualquier conflicto político. Deben ejercerse dentro de las competencias tasadas por el texto constitucional.
La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Para compatibilizar esta posición con el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sus actos son refrendados. El refrendo es la intervención por la que otra autoridad asume la responsabilidad del acto regio y certifica que se han cumplido las condiciones constitucionales para realizarlo. La inviolabilidad no convierte la voluntad personal del monarca en una fuente autónoma de decisiones políticas.
Sucesión, regencia y tutela
La Corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación: se prefiere la línea anterior a las posteriores; dentro de la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Esta preferencia del varón continúa en el texto constitucional mientras no se reforme el artículo 57.
El príncipe heredero ostenta desde su nacimiento o desde que se produce el llamamiento la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor. Si se extinguen todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveen la sucesión en la forma más conveniente para los intereses de España. Quedan excluidas de la sucesión las personas con derecho a ella que, contra la prohibición expresa del rey y de las Cortes, contraigan matrimonio, así como sus descendientes. Las abdicaciones, renuncias y dudas de hecho o de Derecho relativas al orden sucesorio deben resolverse por ley orgánica.
La regencia permite ejercer las funciones constitucionales de la Jefatura del Estado cuando el rey es menor de edad o se encuentra inhabilitado y las Cortes reconocen esa imposibilidad. No supone una sustitución definitiva del titular de la Corona. En la minoría de edad ejerce la regencia el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo en la sucesión. Si el rey queda inhabilitado, la ejerce el príncipe heredero cuando sea mayor de edad; si no lo es, se aplica provisionalmente la regla de la minoría. Cuando no existe persona llamada, las Cortes nombran una regencia compuesta por una, tres o cinco personas.
La regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Para ejercerla es necesario ser español y mayor de edad. La tutela, en cambio, atiende a la esfera personal del rey menor. Será tutor la persona nombrada en testamento por el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; a falta de nombramiento, lo será el padre o la madre mientras permanezcan viudos y, en su defecto, lo designarán las Cortes. Como regla, no pueden acumularse los cargos de regente y tutor, salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos.
Al ser proclamado ante las Cortes, el rey presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones prestan también el juramento constitucional que corresponda.
La reina consorte o el consorte de la reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo previsto para la regencia. La condición de consorte no atribuye, por tanto, una participación propia en la Jefatura del Estado. Esta regla evita que el matrimonio con el titular de la Corona se convierta en una fuente autónoma de poder constitucional.
Funciones del rey
Las funciones del artículo 62 muestran el carácter formal, representativo y moderador de la Corona. Pueden ordenarse atendiendo a la institución con la que se relacionan:
- En relación con las Cortes y la función legislativa, corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones en los términos constitucionales.
- En relación con la participación directa de los ciudadanos, convoca los referendos en los casos previstos por la Constitución.
- En relación con el Gobierno, propone candidato a la Presidencia, lo nombra o pone fin a sus funciones, y nombra y separa a los demás miembros a propuesta de su presidente. También expide los decretos acordados en Consejo de Ministros.
- En su función representativa e institucional, confiere empleos civiles y militares y concede honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- En relación con los asuntos de Estado, tiene derecho a ser informado y puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno.
- En ámbitos específicos, ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el derecho de gracia conforme a la ley —que no permite indultos generales— y el alto patronazgo de las Reales Academias.
En el ámbito internacional, el rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros están acreditados ante él. También manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente mediante tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes, y declara la guerra y hace la paz previa autorización de las Cortes Generales.
La fórmula constitucional debe leerse con precisión. Que el rey sancione una ley no significa que pueda oponerle un veto político; que expida un decreto no significa que decida su contenido; y que ostente el mando supremo de las Fuerzas Armadas no desplaza la dirección de la defensa que corresponde al Gobierno. La decisión sustantiva procede del órgano competente y el acto regio la perfecciona en la forma constitucional prevista.
El refrendo y la Casa del Rey
Los actos del rey son refrendados por el presidente del Gobierno y, cuando corresponda, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, así como la disolución prevista cuando fracasa la investidura, son refrendados por el presidente del Congreso. Sin refrendo, los actos del rey carecen de validez, salvo las excepciones relativas a la organización interna de su Casa.
El rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y la distribuye libremente. También nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Estos actos del artículo 65 configuran el ámbito en el que no opera la regla ordinaria del refrendo.
Síntesis de la Corona
La Corona proporciona continuidad a la Jefatura del Estado, pero no dirige la política. La sucesión determina quién ocupa la Corona; la regencia permite ejercer temporalmente sus funciones cuando el titular no puede hacerlo; y la tutela atiende a la esfera personal del rey menor. Las funciones regias están tasadas y, como regla, necesitan refrendo, de modo que la responsabilidad política recae en la autoridad democrática que interviene en el acto.
3.2
Las Cortes Generales
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y desempeñan las demás competencias que les atribuye la Constitución. Sus miembros no están ligados por mandato imperativo: representan políticamente al conjunto de los ciudadanos y no pueden recibir instrucciones jurídicamente vinculantes de sus electores o de su partido.
España posee un sistema bicameral, pero las Cámaras no ocupan una posición idéntica. El Congreso decide la investidura del presidente del Gobierno, puede retirarle la confianza mediante una moción de censura, convalida los decretos-leyes y tiene la última palabra en numerosos desacuerdos legislativos. El Senado se define como Cámara de representación territorial y participa en la legislación, el control y determinadas decisiones de especial dimensión autonómica. Esta desigualdad funcional se denomina bicameralismo imperfecto o asimétrico.
Nadie puede pertenecer simultáneamente a las dos Cámaras ni acumular el acta de una asamblea autonómica con la de diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes reciben una asignación fijada por cada Cámara.
Congreso y Senado
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción es la provincia; Ceuta y Melilla están representadas cada una por un diputado. La ley distribuye un mínimo inicial por circunscripción y reparte los restantes en proporción a la población. La elección se realiza atendiendo a criterios de representación proporcional. El mandato dura cuatro años, salvo disolución anticipada.
El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La Constitución contiene reglas especiales para las provincias insulares y para Ceuta y Melilla. Tras la reforma constitucional de 19 de mayo de 2026, cada isla con cabildo o consejo insular constituye una circunscripción: corresponden tres senadores a Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno a Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una. La separación electoral de Ibiza y Formentera despliega sus efectos desde la convocatoria de las primeras elecciones al Senado celebradas después de la entrada en vigor de la reforma.
A estos senadores de elección directa se añaden los designados por las comunidades autónomas: uno y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. La designación corresponde a la asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad, de acuerdo con su estatuto y asegurando una representación proporcional adecuada. El mandato del Senado también dura cuatro años, sin perjuicio de las particularidades de los senadores autonómicos.
Prerrogativas parlamentarias
Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Esta protección garantiza la libertad del debate parlamentario y no debe confundirse con la inviolabilidad del rey ni extenderse a cualquier conducta privada del parlamentario.
Durante su mandato gozan también de inmunidad y solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. Para inculparlos o procesarlos es necesaria la autorización previa de la Cámara correspondiente. En las causas contra diputados y senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Inviolabilidad e inmunidad cumplen funciones diferentes: la primera protege opiniones y votos parlamentarios; la segunda introduce garantías procesales frente a actuaciones que puedan alterar la composición o el funcionamiento de la Cámara.
La ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. La Constitución exige que comprendan, en todo caso, a los miembros del Tribunal Constitucional, los altos cargos de la Administración que establezca la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, el Defensor del Pueblo, los magistrados, jueces y fiscales en activo, los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo y los integrantes de las juntas electorales. La inelegibilidad impide presentarse o ser elegido mientras concurre la causa; la incompatibilidad impide conservar simultáneamente el escaño y otra posición incompatible y obliga a optar o a poner fin a una de ellas.
Organización y funcionamiento de las Cámaras
Cada Cámara establece su propio reglamento, aprueba autónomamente su presupuesto y, de común acuerdo, regula el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma se someten a una votación final sobre su totalidad que requiere mayoría absoluta. Las Cámaras eligen a sus presidentes y a los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas son presididas por el presidente del Congreso y se rigen por un reglamento de las Cortes aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
El Pleno reúne a todos los miembros y adopta las decisiones de mayor relevancia. La Presidencia representa a la Cámara, dirige los debates y asegura la aplicación de su reglamento. La Mesa gobierna internamente la actividad parlamentaria y califica los escritos y documentos; la Junta de Portavoces permite ordenar políticamente los trabajos y programar los debates. Los grupos parlamentarios articulan la participación de diputados y senadores según las reglas de cada Cámara.
Las comisiones permiten preparar el trabajo y, en determinadas materias, aprobar proyectos o proposiciones de ley por delegación del Pleno. No pueden delegarse la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases ni los Presupuestos Generales del Estado. Las comisiones de investigación pueden examinar asuntos de interés público; sus conclusiones no vinculan a los tribunales ni afectan por sí mismas a las resoluciones judiciales, aunque el resultado puede comunicarse al Ministerio Fiscal cuando proceda.
Las Cámaras se reúnen cada año en dos periodos ordinarios: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. También pueden celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de ellas. La convocatoria debe referirse a un orden del día determinado y la sesión concluye una vez agotado.
En cada Cámara existe una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Está presidida por el presidente de la Cámara. Sus funciones incluyen solicitar sesiones extraordinarias, asumir determinadas competencias en relación con decretos-leyes y estados excepcionales cuando las Cámaras estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de la Cámara cuando no está reunida. Continúa actuando hasta la constitución de las nuevas Cortes y debe dar cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se aprueban por mayoría de los presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales exigidas por la Constitución, las leyes orgánicas o los reglamentos. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Las sesiones plenarias son públicas, salvo acuerdo en contrario adoptado por mayoría absoluta o conforme al reglamento.
Las Cámaras solo se reúnen conjuntamente para ejercer las competencias no legislativas que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales, como recibir el juramento del rey o resolver ciertos asuntos de la Corona. La función legislativa se desarrolla separadamente, mediante la intervención sucesiva de Congreso y Senado.
Para algunas decisiones no legislativas de especial relevancia, como determinadas autorizaciones en materia de tratados, acuerdos de cooperación entre comunidades o distribución del Fondo de Compensación, las Cámaras actúan separadamente pero deben adoptar una decisión coincidente. El procedimiento se inicia en el Congreso en unos casos y en el Senado en otros. Si no existe acuerdo, se constituye una comisión mixta paritaria que presenta un texto común; si tampoco se aprueba, decide el Congreso por mayoría absoluta.
Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito. Está prohibida su presentación directa mediante manifestaciones ciudadanas ante las Cámaras. Estas pueden remitir las peticiones al Gobierno, que debe explicar su contenido cuando sea requerido. El derecho de petición permite trasladar una solicitud al Parlamento, pero no obliga a que este adopte el resultado pretendido.
Síntesis de las Cortes Generales
Congreso y Senado forman las Cortes, pero no son intercambiables. El Congreso concentra la relación de confianza con el Gobierno y posee una posición final prevalente en diversos procedimientos; el Senado aporta la representación territorial y participa en la legislación y el control. Pleno, comisiones, órganos de gobierno y Diputaciones Permanentes permiten que cada Cámara mantenga una actividad ordenada y conserve sus poderes incluso cuando no se encuentra reunida o ha terminado su mandato.
3.3
La función legislativa
La ley es el resultado de un procedimiento en el que se forma la voluntad de las Cortes. La Constitución regula quién puede iniciar ese procedimiento, cómo intervienen las dos Cámaras y qué actos completan la incorporación de la ley al ordenamiento. Junto a las leyes parlamentarias existen normas del Gobierno con rango de ley, pero su utilización está sometida a presupuestos y límites específicos.
Ley ordinaria y ley orgánica
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas expresamente por la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
La ley orgánica no es una categoría superior a la ley ordinaria para cualquier materia. La diferencia se encuentra en la reserva material y en la mayoría de aprobación. Una ley ordinaria no puede regular el núcleo reservado a la orgánica, pero la inclusión de contenidos no reservados en una ley orgánica no convierte todo su contenido en indisponible para el legislador ordinario. Para resolver un conflicto debe identificarse primero qué materia regula cada precepto.
Iniciativa y tramitación
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las asambleas autonómicas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando hasta tres miembros para defenderla. La iniciativa popular requiere al menos 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni relativas a la prerrogativa de gracia.
Los textos presentados por el Gobierno se denominan proyectos de ley y deben ser aprobados por el Consejo de Ministros antes de su remisión al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios. Los impulsados por otros sujetos son proposiciones de ley. Ambos pueden terminar en una ley, pero no comparten exactamente el mismo origen ni toda su tramitación inicial.
Las proposiciones deben superar, cuando corresponda, el trámite de toma en consideración, mediante el que la Cámara decide si inicia su tramitación. El Gobierno puede oponerse a la tramitación de una proposición o enmienda cuando implique aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, de acuerdo con las reglas constitucionales. Una proposición que el Senado toma en consideración se remite al Congreso para continuar allí su tramitación. Estas diferencias iniciales desaparecen una vez que la iniciativa se incorpora plenamente al procedimiento legislativo: el resultado, si se aprueba, es una ley de las Cortes.
Una vez aprobado el texto por el Congreso, su presidente lo remite al Senado. En el plazo constitucional, el Senado puede aprobarlo, formular enmiendas o interponer un veto. El veto requiere mayoría absoluta. El Congreso puede levantarlo mediante mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses, por mayoría simple; también decide sobre las enmiendas del Senado. En los proyectos declarados urgentes, el plazo de dos meses del Senado se reduce a veinte días naturales.
El rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes en el plazo de quince días, las promulga y ordena su inmediata publicación. La sanción es un acto debido: en la monarquía parlamentaria no funciona como un veto regio. La publicación permite el conocimiento oficial de la norma y precede a su entrada en vigor conforme a sus propias disposiciones y a las reglas generales.
Delegación legislativa y decreto-ley
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no reservadas a ley orgánica. Si la finalidad es elaborar un texto articulado, la delegación se concede mediante ley de bases. Si se pretende refundir varios textos legales en uno, se concede mediante ley ordinaria. La delegación debe ser expresa, para una materia concreta y con un plazo determinado; se agota cuando el Gobierno publica el decreto legislativo correspondiente y no puede entenderse concedida implícitamente ni por tiempo indeterminado.
Las leyes de bases delimitan con precisión el objeto, alcance, principios y criterios de la delegación. No pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas retroactivas. La autorización para refundir debe determinar si se limita a formular un texto único o permite regularizar, aclarar y armonizar los textos refundidos. El resultado recibe el nombre de decreto legislativo.
Los decretos legislativos están sometidos al control de los tribunales y a las fórmulas adicionales que establezcan las propias leyes de delegación. Si una proposición de ley o enmienda contradice una delegación legislativa vigente, el Gobierno puede oponerse a su tramitación; las Cortes conservan la posibilidad de presentar una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación. La delegación no autoriza al Gobierno a legislar fuera de las bases o del ámbito material recibido: el exceso puede ser controlado jurídicamente.
El decreto-ley no parte de una delegación parlamentaria. Es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno cuando concurre una extraordinaria y urgente necesidad. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. Debe someterse inmediatamente al Congreso, que en treinta días decide su convalidación o derogación. Durante ese plazo puede tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La convalidación mantiene el decreto-ley en el ordenamiento, pero no lo transforma en una ley parlamentaria ni elimina el control del Tribunal Constitucional sobre el presupuesto habilitante y los límites materiales. La posterior tramitación como proyecto de ley sí permite a las Cortes debatir enmiendas y aprobar un nuevo texto. Convalidación y tramitación son, por tanto, decisiones distintas y pueden producirse sucesivamente.
| Figura | Presupuesto | Instrumento o control | Límite esencial |
|---|---|---|---|
| Ley orgánica | Materia reservada por la Constitución | Mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto | Solo regula como orgánica la materia reservada. |
| Decreto legislativo | Delegación expresa de las Cortes | Ley de bases o ley ordinaria de refundición | Materia concreta, plazo y límites de la delegación. |
| Decreto-ley | Extraordinaria y urgente necesidad | Convalidación o derogación por el Congreso en treinta días | Materias excluidas por el artículo 86. |
Tratados y referéndum consultivo
Mediante ley orgánica puede autorizarse la celebración de tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Esta previsión del artículo 93 ha servido como fundamento constitucional para la participación de España en procesos de integración supranacional. La atribución no elimina la Constitución ni convierte toda decisión internacional en directamente aplicable: depende del tratado y del ordenamiento de la organización correspondiente.
Los tratados de carácter político o militar, los que afecten a la integridad territorial o a derechos y deberes del título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que exijan modificar o derogar una ley necesitan autorización previa de las Cortes. Los demás se comunican inmediatamente al Congreso y al Senado. Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, antes de prestar el consentimiento del Estado debe reformarse la Constitución; el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe contradicción.
El referéndum consultivo permite someter a todos los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Lo convoca el rey a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. No debe confundirse con los referendos vinculados a determinados procedimientos autonómicos o de reforma constitucional.
Síntesis de la función legislativa
Las Cortes producen las leyes mediante un procedimiento en el que se forma una voluntad común de ambas Cámaras, aunque el Congreso puede superar el veto o las enmiendas del Senado en los términos constitucionales. La ley orgánica se identifica por la materia reservada y su mayoría final; el decreto legislativo, por una delegación previa y delimitada; y el decreto-ley, por una necesidad extraordinaria y urgente y por el posterior control del Congreso. Identificar el origen, el presupuesto y los límites de cada figura evita tratarlas como normas equivalentes por el solo hecho de compartir rango legal.
3.4
El Gobierno y la Administración
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esta formulación distingue la orientación política —elegir objetivos y prioridades— de la actividad administrativa que los lleva a la práctica dentro del ordenamiento.
El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada ministro en su departamento. La ley regula el estatuto e incompatibilidades de sus integrantes.
La dirección presidencial y la actuación colegiada son complementarias. El presidente fija las líneas generales del programa, representa al Gobierno, coordina los departamentos y resuelve los conflictos de atribuciones entre ministerios. También ejerce competencias constitucionales propias, como proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza o proponer un referéndum consultivo con las autorizaciones exigidas.
El Consejo de Ministros reúne al presidente, a los vicepresidentes, si los hay, y a los ministros. Como órgano colegiado, aprueba los proyectos de ley, los decretos-leyes y los decretos legislativos; adopta reglamentos cuya aprobación le corresponde; acuerda actuaciones relativas a la negociación y firma de tratados; declara los estados de alarma y excepción en los términos constitucionales y formula la propuesta del estado de sitio; y decide las demás cuestiones que le atribuyen la Constitución y la ley. Los secretarios de Estado pueden asistir cuando sean convocados, pero no son miembros del Gobierno.
| Posición | Función característica | Ejemplos de actuación |
|---|---|---|
| Presidente del Gobierno | Dirección, impulso y coordinación | Fijar directrices, convocar el Consejo de Ministros, proponer la disolución o plantear la confianza. |
| Consejo de Ministros | Deliberación y decisión colegiada | Aprobar proyectos de ley, normas con rango de ley, reglamentos y acuerdos gubernamentales. |
| Ministro | Dirección política y administrativa de un departamento | Desarrollar la acción del Gobierno en su sector y ejercer las competencias ministeriales. |
Investidura, nombramiento y cese
Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el rey consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y propone, a través del presidente del Congreso, un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expone su programa y solicita la confianza de la Cámara.
En la primera votación necesita mayoría absoluta. Si no la obtiene, se realiza una nueva votación cuarenta y ocho horas después y basta la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Si tampoco la consigue, pueden tramitarse sucesivas propuestas. Cuando transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza, el rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.
Una vez obtenida la confianza, el rey nombra al presidente. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. El Gobierno cesa tras las elecciones generales, cuando pierde la confianza parlamentaria en los casos constitucionales y por dimisión o fallecimiento de su presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, con las limitaciones derivadas de esta situación.
El Gobierno en funciones no desaparece ni queda completamente paralizado. Debe facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitar su actuación al despacho ordinario, salvo urgencia acreditada o razones de interés general expresamente justificadas. El presidente en funciones no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear una cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo. El Gobierno en funciones tampoco puede aprobar el proyecto de Presupuestos ni presentar proyectos de ley. La finalidad de estas restricciones es evitar que un Gobierno sin una relación de confianza plenamente vigente comprometa la orientación política de quien deba sucederle.
La responsabilidad política no excluye la responsabilidad jurídica. La responsabilidad criminal del presidente y de los ministros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación se refiere a traición o a un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa corresponde a una cuarta parte de los diputados y necesita la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. En estos supuestos no cabe aplicar la prerrogativa real de gracia.
La Administración pública
Gobierno y Administración no son sinónimos. El Gobierno es un órgano constitucional que dirige la política y la Administración. La Administración es una organización profesional y permanente que sirve con objetividad los intereses generales y mantiene la continuidad de los servicios públicos aunque cambie el Gobierno.
El artículo 103 ordena su actuación mediante cinco principios. La eficacia exige orientar la actividad a la consecución de los fines públicos. La jerarquía organiza los órganos de una misma Administración mediante relaciones de dirección y dependencia. La descentralización atribuye funciones a entidades públicas distintas y dotadas de personalidad propia; la desconcentración distribuye competencias entre órganos de una misma Administración. La coordinación busca que las actuaciones de órganos y administraciones diferentes resulten coherentes. Todos ellos operan dentro de una regla superior: el sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Los órganos administrativos son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso conforme a mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su sindicación, sus incompatibilidades y las garantías de imparcialidad.
La Constitución también exige una Administración abierta a la participación y sometida a procedimiento. La ley regula la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas que les afecten, directamente o mediante organizaciones reconocidas; el acceso a archivos y registros, con límites relacionados con la seguridad y defensa, la investigación de delitos y la intimidad; y el procedimiento de producción de los actos administrativos, garantizando la audiencia del interesado cuando corresponda. El procedimiento no es una formalidad vacía: ordena la decisión, permite aportar argumentos y facilita su control.
La actuación administrativa está sometida a los tribunales, que controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación y su adecuación a los fines que justifican cada potestad. Este último control permite reaccionar cuando una competencia formalmente existente se utiliza para una finalidad distinta de la prevista por el ordenamiento.
Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor y con los requisitos legales. No toda consecuencia desfavorable genera indemnización: debe existir un daño efectivo, evaluable e individualizado que la persona no tenga el deber jurídico de soportar y una relación con el funcionamiento del servicio.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La Constitución remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. Esta ubicación muestra que la función policial se integra en el Estado de Derecho: protege la seguridad para hacer posible el ejercicio de los derechos y actúa sometida a la Constitución y a la ley.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su función consiste en emitir los dictámenes previstos por la Constitución y las leyes; no dirige el Gobierno ni sustituye al Consejo de Ministros en la adopción de decisiones.
Síntesis del Gobierno y la Administración
El presidente impulsa y coordina; el Consejo de Ministros decide colegiadamente; los ministros dirigen sus departamentos; y la Administración ejecuta y gestiona con continuidad y objetividad. La dirección política no libera a la Administración de su sometimiento al Derecho, y el carácter técnico de esta no la convierte en un poder independiente del Gobierno. Procedimiento, control judicial y responsabilidad patrimonial aseguran que la eficacia administrativa sea compatible con los derechos de los ciudadanos.
3.5
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
El sistema parlamentario exige que el Gobierno responda políticamente ante el Congreso. El Gobierno responde solidariamente de su gestión: la orientación general se imputa al órgano en su conjunto, aunque sus miembros mantengan competencia y responsabilidad directa en su departamento. La relación de confianza se establece con el Congreso, no con el Senado, pero ambas Cámaras ejercen funciones ordinarias de control.
Las Cámaras y sus comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno, de sus departamentos y de autoridades estatales y autonómicas. Pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; estos, a su vez, tienen acceso a las sesiones y derecho a ser oídos, y pueden solicitar que informen funcionarios de sus departamentos.
Las preguntas solicitan información o una explicación concreta. Las interpelaciones poseen un alcance político más general y pueden dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Los reglamentos deben reservar un tiempo mínimo semanal para estos debates. La moción derivada de una interpelación orienta o valora políticamente, pero no equivale a la moción de censura ni produce por sí misma el cese del Gobierno.
Las Cámaras pueden crear comisiones de investigación y recibir peticiones individuales y colectivas por escrito. El control parlamentario permite conocer, debatir y exigir explicaciones sobre la acción gubernamental. Sin embargo, no toda crítica o votación desfavorable obliga al Gobierno a dimitir. La retirada formal de la confianza solo se produce mediante los instrumentos constitucionalmente previstos.
Cuestión de confianza y moción de censura
El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando obtiene mayoría simple. Si el Congreso la niega, el Gobierno debe presentar su dimisión al rey y se abre el procedimiento para designar un nuevo presidente.
La moción de censura nace de la iniciativa parlamentaria. Debe ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, por lo que tiene carácter constructivo. No puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y durante los dos primeros pueden presentarse mociones alternativas. Para prosperar necesita mayoría absoluta del Congreso. Si se aprueba, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido se considera investido y es nombrado por el rey.
| Instrumento | Quién lo inicia | Mayoría | Consecuencia si se pierde o prospera |
|---|---|---|---|
| Cuestión de confianza | Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros | Mayoría simple a favor | Si se deniega, dimite el Gobierno. |
| Moción de censura | Al menos una décima parte de los diputados | Mayoría absoluta | Si se aprueba, el candidato queda investido. |
Disolución de las Cámaras
El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. La disolución es decretada por el rey y el decreto fija la fecha electoral. No puede presentarse la propuesta mientras esté en trámite una moción de censura ni acordarse una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo el supuesto de investidura fallida.
Debe distinguirse esta disolución política de la disolución automática por falta de investidura en dos meses y de la disolución prevista en el procedimiento agravado de reforma constitucional. Aunque todas ponen fin anticipado al mandato parlamentario, su causa y sus reglas no son las mismas.
Estados de alarma, excepción y sitio
Los estados de alarma, excepción y sitio permiten responder a crisis de distinta naturaleza sin suspender el funcionamiento del orden constitucional. Su regulación básica se encuentra en el artículo 116 y en la Ley Orgánica 4/1981. No son tres intensidades automáticas de una misma situación: cada uno responde a presupuestos diferentes, atribuye facultades específicas y exige una intervención parlamentaria propia.
El estado de alarma es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Su duración inicial máxima es de quince días y el Gobierno debe dar cuenta inmediatamente al Congreso, reunido al efecto. La prórroga necesita autorización del Congreso, que determina su alcance y condiciones. El decreto debe fijar el territorio afectado. Este estado está previsto para alteraciones graves de la normalidad como catástrofes, crisis sanitarias o paralización de servicios esenciales en las condiciones legales; permite adoptar medidas extraordinarias, pero no suspender derechos fundamentales.
El estado de excepción se declara también por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, pero necesita autorización previa del Congreso. La solicitud y la declaración deben precisar efectos, medidas, ámbito territorial y duración. Esta no puede exceder de treinta días, prorrogables por otro periodo igual mediante el mismo procedimiento. Se reserva a alteraciones tan graves del orden público que las potestades ordinarias resulten insuficientes y puede permitir la suspensión de determinados derechos en los términos de los artículos 55 y 116.
El estado de sitio es declarado por la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno. El propio Congreso determina su ámbito territorial, duración y condiciones. Está concebido para una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios.
| Estado | Quién lo declara | Intervención inicial del Congreso | Duración constitucional |
|---|---|---|---|
| Alarma | Gobierno, mediante decreto del Consejo de Ministros | Recibe información inmediata; autoriza la prórroga | Máximo inicial de quince días |
| Excepción | Gobierno, mediante decreto del Consejo de Ministros | Autorización previa | Hasta treinta días, prorrogables por otros treinta |
| Sitio | Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno | Lo declara y fija condiciones | La que determine el Congreso |
Mientras cualquiera de estos estados se encuentra vigente no puede disolverse el Congreso. Si las Cámaras no están en periodo de sesiones, quedan automáticamente convocadas. Si el Congreso ya está disuelto o ha expirado su mandato, sus competencias son asumidas por la Diputación Permanente. El funcionamiento de los poderes constitucionales no puede interrumpirse y se mantiene la responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.
Síntesis de las relaciones entre Gobierno y Cortes
El control ordinario obtiene información y exige explicaciones; la cuestión de confianza y la moción de censura deciden la continuidad política del Gobierno; y la disolución permite anticipar las elecciones dentro de límites precisos. Los estados excepcionales añaden controles parlamentarios reforzados para evitar que la respuesta a una crisis interrumpa el sistema constitucional o suprima la responsabilidad pública.
3.6
El Poder Judicial
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia significa que al resolver un asunto no reciben órdenes del Gobierno, del Parlamento, de sus superiores administrativos ni de otros poderes; deben aplicar el ordenamiento y motivar sus decisiones.
La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento. No pueden ejercer más funciones que estas y las que la ley les atribuya expresamente en garantía de derechos. El principio de unidad jurisdiccional constituye la base de la organización de los tribunales. Se prohíben los tribunales de excepción, mientras que la jurisdicción militar queda limitada al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio conforme a la Constitución.
Las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento y debe prestarse la colaboración requerida durante el proceso y en la ejecución. Las actuaciones son públicas con las excepciones legales; el procedimiento es predominantemente oral, especialmente en materia criminal; y las sentencias deben ser motivadas y pronunciarse en audiencia pública. Los daños causados por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia generan derecho a indemnización a cargo del Estado en los términos legales.
La justicia es gratuita cuando lo dispone la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La gratuidad no significa que todo proceso carezca de costes para cualquier persona, sino que la falta de recursos no puede impedir el acceso a la tutela judicial en las condiciones legales.
Los principios constitucionales cumplen funciones distintas. La independencia protege la decisión frente a órdenes o presiones; la inamovilidad impide separar, suspender, trasladar o jubilar a jueces y magistrados fuera de las causas y garantías legales; la responsabilidad permite exigir consecuencias por las actuaciones previstas en el ordenamiento; y la exclusividad reserva a los tribunales el ejercicio de la jurisdicción. La unidad jurisdiccional integra a los órganos judiciales en un único Poder Judicial, aunque existan diferentes órdenes y órganos distribuidos territorialmente.
Organización jurisdiccional y Administración de Justicia
La Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla una organización basada en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, sin perjuicio de la jurisdicción militar dentro de su ámbito constitucional. Cada orden conoce de materias diferentes y se estructura en órganos de distintos niveles. La existencia de recursos y órganos superiores permite revisar resoluciones en los casos legales, pero no autoriza a un órgano político o administrativo a sustituir el criterio jurisdiccional.
También debe distinguirse el Poder Judicial de la Administración de Justicia en sentido organizativo. El primero está formado por jueces y magistrados que ejercen jurisdicción. La prestación del servicio necesita además letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de funcionarios, oficinas, medios materiales y sistemas tecnológicos. El Gobierno y las comunidades con competencias pueden intervenir en esos medios, pero no dirigir el contenido de las resoluciones judiciales.
La independencia se proyecta tanto hacia los demás poderes como dentro de la propia organización judicial. Un órgano superior puede revocar una resolución mediante los recursos previstos, pero no ordenar a un juez cómo resolver un asunto fuera de esos cauces. Las actuaciones de inspección o disciplina tampoco permiten revisar el criterio jurisdiccional como si fueran una instancia procesal adicional.
Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. La ley orgánica regula su estatuto, incompatibilidades y funciones, especialmente en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. Doce deben ser jueces o magistrados de todas las categorías judiciales y ocho juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, propuestos cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado por mayoría de tres quintos.
Gobernar el Poder Judicial no equivale a ejercer jurisdicción. El Consejo no juzga procesos civiles, penales o administrativos; crea condiciones institucionales para salvaguardar la independencia de quienes sí ejercen esa potestad.
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto sobre garantías constitucionales. Su presidente es nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma legal. La excepción relativa a las garantías constitucionales recuerda que el Tribunal Constitucional posee una función distinta y no está subordinado al Tribunal Supremo ni integrado en su estructura.
Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial dentro del territorio de cada comunidad autónoma, pero no sustituyen la jurisdicción estatal ni rompen su unidad. El Tribunal Supremo continúa siendo el órgano superior en los distintos órdenes jurisdiccionales, salvo las competencias propias del Tribunal Constitucional. La organización territorial de los órganos judiciales no crea poderes judiciales autonómicos.
Ministerio Fiscal, jurado y policía judicial
El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. También vela por la independencia de los tribunales y procura ante ellos la satisfacción del interés social. Actúa mediante órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.
El fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal interviene ante los tribunales, pero no es un órgano jurisdiccional: no dicta sentencias ni ejerce la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y respecto de los procesos penales que determine la ley, y a través de los tribunales consuetudinarios y tradicionales. La acción popular permite ejercitar la acusación en los casos legalmente previstos sin ser la persona directamente perjudicada; el jurado incorpora la participación ciudadana en el enjuiciamiento de determinados delitos.
La policía judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Esta es una dependencia funcional: durante una investigación concreta, quienes integran la policía judicial cumplen las instrucciones de la autoridad judicial o fiscal competente. No elimina su dependencia orgánica del cuerpo y de la Administración en que se integran, que continúa ordenando su estatuto profesional, medios y estructura. Distinguir ambos planos explica cómo una unidad policial puede pertenecer organizativamente a un cuerpo y actuar funcionalmente bajo dirección judicial o fiscal.
Jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley regula sus asociaciones profesionales y el régimen de incompatibilidades, que debe asegurar su total independencia. La prohibición de militancia partidista o sindical no elimina su libertad ideológica, sino que protege la apariencia y realidad de imparcialidad exigible a quienes intervienen en la Justicia.
Síntesis del Poder Judicial
Juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a jueces y tribunales independientes. El CGPJ gobierna institucionalmente el Poder Judicial, pero no resuelve los procesos; el Tribunal Supremo culmina los órdenes jurisdiccionales; y el Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia sin ejercer jurisdicción. Publicidad, oralidad, motivación, gratuidad en los casos previstos y responsabilidad por el funcionamiento de la Justicia completan las garantías del sistema.
3.7
La organización territorial del Estado
El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses, pero la autonomía no significa soberanía ni independencia. Cada nivel actúa dentro de las competencias y controles establecidos por la Constitución y las leyes.
El sistema se apoya en la unidad de la nación española, el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. El Estado debe garantizar la realización efectiva de la solidaridad y velar por un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio. Las diferencias entre estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales, y todos los españoles poseen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, sin perjuicio de la diversidad competencial legítima.
La autonomía local y la autonómica no poseen el mismo alcance. Municipios y provincias disponen de autonomía administrativa para gestionar los intereses que la ley les atribuye. Las comunidades autónomas cuentan además con autonomía política, que comprende instituciones de autogobierno y potestad legislativa en las materias asumidas. Ninguna de las dos equivale a soberanía: ambas existen dentro de la Constitución y están sometidas al control jurídico.
Administración local
El municipio es la entidad local básica. La Constitución garantiza su autonomía y personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponden a los ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales. Los concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos según la ley. La Constitución admite el régimen de concejo abierto.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y una división territorial para el cumplimiento de actividades estatales. Su gobierno y administración autónoma se encomiendan a diputaciones u otras corporaciones representativas. La modificación de los límites provinciales requiere ley orgánica. Pueden crearse agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
En los archipiélagos, las islas cuentan además con administración propia en forma de cabildos o consejos. La conjunción «o» no excluye ninguna de las dos denominaciones: los cabildos corresponden a Canarias y los consejos insulares a las Illes Balears.
Las haciendas locales deben disponer de medios suficientes para desempeñar las funciones atribuidas por la ley y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y las comunidades autónomas. La autonomía local necesita, por tanto, una base financiera que permita ejercer competencias reales.
Acceso a la autonomía y estatutos
La Constitución permitió que provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica accedieran al autogobierno y se constituyeran en comunidades autónomas. El artículo 143 estableció la vía ordinaria, con iniciativa de las diputaciones u órganos interinsulares y de dos terceras partes de los municipios cuya población representase al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
El artículo 151 previó una vía reforzada que permitía alcanzar inicialmente un nivel competencial más amplio sin esperar el plazo de cinco años del artículo 148.2. Exigía la iniciativa de las diputaciones u órganos interinsulares y de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representasen, al menos, la mayoría de su censo electoral, además de su ratificación por referéndum en las condiciones constitucionales. Las disposiciones transitorias incorporaron reglas especiales para territorios que ya habían plebiscitado estatutos o contaban con regímenes preautonómicos. Estas vías explican el origen del Estado autonómico, pero no deben confundirse con el funcionamiento ordinario actual de las comunidades ya constituidas.
| Elemento inicial | Vía del artículo 143 | Vía del artículo 151 |
|---|---|---|
| Función histórica | Acceso ordinario al autogobierno | Acceso inicial a un marco competencial más amplio |
| Apoyo municipal | Dos terceras partes de los municipios con la representación censal exigida | Tres cuartas partes de los municipios de cada provincia y mayoría del censo correspondiente |
| Referéndum de iniciativa | No como requisito general del artículo 143 | Sí, en los términos constitucionales y legales |
| Incidencia del plazo del artículo 148.2 | Ampliación competencial tras el periodo inicialmente previsto | Permite no esperar ese plazo |
Las Cortes pueden, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad cuyo territorio no supere una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143; autorizar o acordar un estatuto para territorios no integrados en la organización provincial; y sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. La disposición transitoria quinta prevé que Ceuta y Melilla puedan constituirse en comunidades autónomas si sus ayuntamientos lo acuerdan por mayoría absoluta y las Cortes lo autorizan por ley orgánica. En la actualidad poseen estatutos de autonomía como ciudades autónomas.
El estatuto de autonomía es la norma institucional básica de cada comunidad y el Estado lo reconoce y ampara como parte de su ordenamiento. No es una constitución soberana ni una ley estatal ordinaria: expresa el autogobierno dentro del marco constitucional y se aprueba como ley orgánica. Debe contener la denominación de la comunidad, la delimitación del territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones y las competencias asumidas, además de las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
En la vía ordinaria, el proyecto era elaborado por una asamblea integrada por miembros de las diputaciones u órganos interinsulares y por diputados y senadores elegidos en el territorio, y se elevaba a las Cortes para su tramitación como ley. La vía del artículo 151 añadía la intervención de la Comisión Constitucional del Congreso, una delegación autonómica y, en los términos previstos, referéndum territorial. Una vez vigente, el estatuto solo puede reformarse por el procedimiento que él mismo establece y con las exigencias constitucionales aplicables; la reforma se aprueba finalmente mediante ley orgánica.
La organización institucional autonómica se articula, en el modelo del artículo 152, mediante una asamblea legislativa elegida por sufragio universal y representación proporcional; un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un presidente elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey. El presidente dirige el consejo, ostenta la suprema representación de la comunidad y la ordinaria del Estado en ella. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. El Poder Judicial sigue siendo único: no existe un poder judicial autonómico separado.
Distribución de competencias
La Constitución no entrega bloques territoriales cerrados de poder, sino que combina varios elementos. El artículo 148 enumera materias que las comunidades podían asumir; el artículo 149 reserva competencias exclusivas al Estado; y cada estatuto concreta las asumidas por la comunidad. Para saber quién puede regular una cuestión no basta con leer el nombre general de la materia: debe identificarse si la competencia es legislativa o ejecutiva, exclusiva o compartida, y qué bases puede establecer el Estado.
Una competencia exclusiva permite a su titular ejercer las facultades normativas y ejecutivas que comprende el correspondiente título, sin perjuicio de los límites constitucionales. En una competencia compartida, el Estado puede fijar legislación o bases comunes y la comunidad desarrollar normativamente y ejecutar dentro de ese marco. En otras materias, la legislación corresponde al Estado y la ejecución puede corresponder a las comunidades. Estas expresiones no poseen un significado automático desligado de cada precepto: debe examinarse qué función concreta —legislar, desarrollar o ejecutar— atribuyen la Constitución y el estatuto.
Entre las competencias estatales del artículo 149 figuran, entre otras, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo; relaciones internacionales; defensa y Fuerzas Armadas; Administración de Justicia; legislación penal, penitenciaria y procesal; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución autonómica; Hacienda general; seguridad pública, sin perjuicio de la creación de policías autonómicas en el marco legal; y las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes constitucionales.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las comunidades en virtud de sus estatutos. Las competencias no asumidas por estos corresponden al Estado. En caso de conflicto, las normas estatales prevalecen en lo que no sea competencia exclusiva autonómica, y el Derecho estatal es supletorio. Estas reglas de cierre no sustituyen el análisis previo de los títulos competenciales.
El artículo 150 permite flexibilizar la distribución mediante tres instrumentos diferentes:
| Instrumento | Finalidad | Requisito característico |
|---|---|---|
| Ley marco | Permitir que una o varias comunidades dicten normas legislativas en materia estatal | La ley estatal fija principios, bases y directrices y determina el control parlamentario. |
| Ley de transferencia o delegación | Atribuir facultades estatales susceptibles de transferencia o delegación | Debe ser orgánica, prever medios financieros y reservar formas de control. |
| Ley de armonización | Establecer principios para armonizar disposiciones autonómicas, incluso en materias de su competencia | Debe exigirlo el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara. |
La ley marco no cambia necesariamente la titularidad estatal, la ley de transferencia o delegación atribuye facultades concretas y la ley de armonización responde a una necesidad excepcional de coherencia. Por ello, no son tres nombres para una misma técnica.
Cooperación, control y financiación
Las comunidades no pueden federarse. Sí pueden celebrar convenios para gestionar y prestar servicios propios en los términos estatutarios, y otros acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes. La cooperación permite atender asuntos compartidos sin borrar la distribución de competencias.
El artículo 153 distribuye el control de la actividad autonómica: el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las disposiciones con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, controla las funciones delegadas del artículo 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa controla la Administración autonómica y sus reglamentos; y el Tribunal de Cuentas ejerce el control económico y presupuestario.
Si una comunidad incumple las obligaciones constitucionales o legales o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias conforme al artículo 155, previo requerimiento a su presidente y, si no es atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado. Esta vía no establece una subordinación ordinaria de las comunidades al Gobierno, sino un mecanismo extraordinario sometido a requisitos.
Los artículos 153 y 155 no regulan el mismo control. El primero distribuye controles ordinarios entre órganos diferentes según la naturaleza de la actuación: ley, función delegada, actividad administrativa o gestión económica. El segundo permite una reacción extraordinaria frente a un incumplimiento o atentado grave al interés general. El artículo 155 no suspende automáticamente la autonomía ni permite actuar sin límites: exige requerimiento previo, autorización del Senado y medidas necesarias y proporcionadas al incumplimiento.
Las comunidades gozan de autonomía financiera para desarrollar sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad. Sus recursos incluyen impuestos propios, tributos cedidos, recargos, participaciones en ingresos del Estado, transferencias, rendimientos patrimoniales y operaciones de crédito. El Fondo de Compensación destina recursos a gastos de inversión para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.
La autonomía financiera es instrumental: permite obtener y gestionar recursos para ejercer las competencias, pero debe coordinarse con la Hacienda estatal y respetar la solidaridad. Las comunidades no pueden establecer medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni crear obstáculos a la libre circulación. Los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir asignaciones para garantizar un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales; el Fondo de Compensación persigue, de forma diferente, corregir desequilibrios mediante gastos de inversión.
Síntesis de la organización territorial
Municipios y provincias gestionan intereses locales; las comunidades ejercen autogobierno político mediante instituciones y competencias propias; y el Estado conserva las materias que la Constitución le reserva. Los estatutos concretan el ámbito autonómico y el artículo 150 permite flexibilizarlo. Cooperación, controles jurídicos y autonomía financiera hacen posible que la diversidad territorial funcione dentro de la unidad, la igualdad y la solidaridad constitucionales.
3.8
El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido únicamente a la Constitución y a su ley orgánica. No forma parte del Poder Judicial ni constituye una instancia superior que pueda revisar cualquier sentencia por el mero hecho de discrepar con ella. Su jurisdicción se centra en las materias constitucionales que tiene atribuidas.
Composición y organización
El Tribunal se compone de doce magistrados nombrados por el rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con la misma mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Deben ser magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Son designados por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres. El cargo es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos y empleo a su servicio, ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil. Disfrutan de independencia e inamovilidad durante su mandato.
El presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el rey entre sus miembros, a propuesta del Pleno y por un periodo de tres años. El Pleno lo elige mediante votación secreta: en la primera votación exige mayoría absoluta y, si no se alcanza, en la segunda resulta elegido quien obtenga más votos, con las reglas de desempate previstas legalmente. Puede ser reelegido una sola vez. El Pleno elige también un vicepresidente por el mismo periodo, que sustituye al presidente y preside la Sala Segunda.
El Tribunal actúa en Pleno, dos Salas y Secciones. El Pleno está formado por los doce magistrados. Cada Sala se compone de seis: el presidente del Tribunal preside la Primera y el vicepresidente, la Segunda. Para el despacho ordinario y las decisiones o propuestas sobre admisión, el Pleno y las Salas constituyen Secciones integradas por su presidente o sustituto y dos magistrados.
La distribución no responde únicamente a una jerarquía interna. El Pleno conoce, entre otros asuntos, el control de tratados, los recursos de inconstitucionalidad —con las posibilidades de atribución previstas legalmente—, determinados conflictos de competencia y entre órganos constitucionales, las impugnaciones del artículo 161.2, los conflictos en defensa de la autonomía local y las decisiones organizativas principales. Las Salas conocen los asuntos que no están reservados al Pleno, especialmente los amparos; las Secciones cumplen funciones de admisión y pueden resolver amparos cuando se los defiere la Sala.
Competencias y procesos
El recurso de inconstitucionalidad impugna directamente leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, sus asambleas. La legitimación autonómica se ejerce en los términos previstos por la Constitución y la ley orgánica.
La cuestión de inconstitucionalidad surge dentro de un proceso judicial. Cuando un juez o tribunal considera que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria a la Constitución, plantea la cuestión ante el Tribunal Constitucional. No la plantean directamente las partes: estas pueden alegar la duda, pero corresponde decidir al órgano judicial.
El recurso de amparo protege frente a vulneraciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, una vez cumplidos los requisitos y agotadas las vías previas. Pueden interponerlo las personas naturales o jurídicas que invoquen un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. No debe confundirse esta legitimación con la del recurso de inconstitucionalidad.
El Tribunal resuelve además conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí, conflictos entre órganos constitucionales del Estado, impugnaciones gubernamentales de disposiciones y resoluciones autonómicas, conflictos en defensa de la autonomía local y declaraciones sobre la constitucionalidad de tratados internacionales antes de que España preste su consentimiento, entre otras materias atribuidas por la Constitución y la ley.
La impugnación del artículo 161.2 posee un efecto particular. Cuando el Gobierno impugna una disposición o resolución autonómica por esta vía, se produce su suspensión, pero el Tribunal debe ratificarla o levantarla en un plazo máximo de cinco meses. No debe generalizarse este efecto a todos los recursos: la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, no tiene por sí misma efectos suspensivos sobre la vigencia de la ley.
Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe recurso contra ellas. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho producen efectos generales. Salvo que la sentencia disponga otra cosa, la parte de la ley no afectada por la inconstitucionalidad permanece vigente.
La declaración de inconstitucionalidad identifica la incompatibilidad de la norma con la Constitución; la nulidad determina, en los términos del fallo y de la doctrina constitucional, su expulsión o pérdida de eficacia jurídica. En el amparo, en cambio, el objeto inmediato es restablecer o preservar un derecho fundamental de una persona concreta. Esta diferencia explica por qué no todas las sentencias constitucionales producen exactamente el mismo alcance subjetivo.
| Proceso | Qué examina | Quién lo promueve de forma característica |
|---|---|---|
| Recurso de inconstitucionalidad | Leyes y normas con fuerza de ley en abstracto | Sujetos del artículo 162.1.a de la Constitución. |
| Cuestión de inconstitucionalidad | Norma con rango de ley relevante para un proceso | Juez o tribunal que debe resolver ese proceso. |
| Recurso de amparo | Vulneración de derechos susceptibles de amparo | Persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo o Ministerio Fiscal. |
| Conflicto de competencia | Titularidad o ejercicio de competencias | Estado y comunidades autónomas en los términos legales. |
Síntesis del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es único en su orden y no constituye una tercera instancia judicial. El Pleno, las Salas y las Secciones distribuyen el trabajo constitucional; los procesos delimitan qué se controla y quién puede promoverlo. El recurso de inconstitucionalidad depura directamente normas con rango de ley, la cuestión nace de un proceso judicial, el amparo protege derechos concretos y los conflictos resuelven controversias competenciales o institucionales.
3.9
La reforma constitucional
La Constitución es una norma jurídica y puede reformarse, pero no mediante una ley ordinaria. Su supremacía exige procedimientos reforzados que obligan a alcanzar consensos más amplios que los necesarios para la legislación común. La Constitución distingue un procedimiento ordinario y otro agravado en función de la materia o del alcance de la revisión.
La iniciativa de reforma se ejerce en los términos previstos para la iniciativa legislativa por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las asambleas autonómicas. No se reconoce iniciativa popular para reformar la Constitución. La reforma no puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
Procedimiento ordinario del artículo 167
Los proyectos de reforma ordinaria deben aprobarse por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si Congreso y Senado no alcanzan un texto idéntico, se crea una comisión paritaria de diputados y senadores para presentar una propuesta común, que vuelve a votarse en ambas Cámaras.
Si el texto no obtiene tres quintos en las dos Cámaras, pero el Senado lo aprueba al menos por mayoría absoluta, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Una vez aprobada, se somete a referéndum solo cuando lo solicita, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Por tanto, el referéndum del artículo 167 es facultativo, aunque se convierte en obligatorio si se formula válidamente la solicitud.
Procedimiento agravado del artículo 168
El procedimiento agravado se aplica cuando se propone una revisión total de la Constitución o una reforma parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo del título I —derechos fundamentales y libertades públicas— o al título II sobre la Corona.
Primero debe aprobarse el principio de la reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara. A continuación se disuelven inmediatamente las Cortes. Las nuevas Cámaras deben ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que necesita de nuevo mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. Finalmente, la reforma debe someterse a referéndum para su ratificación. En este procedimiento el referéndum es siempre obligatorio.
| Elemento | Artículo 167 | Artículo 168 |
|---|---|---|
| Ámbito | Reformas no reservadas al procedimiento agravado | Revisión total o materias especialmente protegidas |
| Mayoría inicial | Tres quintos de cada Cámara | Dos tercios de cada Cámara |
| Disolución de las Cortes | No | Sí, inmediata tras aprobar el principio |
| Intervención de nuevas Cámaras | No necesariamente | Ratifican y aprueban el texto por dos tercios |
| Referéndum | Si lo pide una décima parte de una Cámara en quince días | Obligatorio |
La Constitución ha sido reformada en cuatro ocasiones: en 1992 se modificó el artículo 13.2 para permitir el sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales bajo las condiciones previstas; en 2011 se reformó el artículo 135 sobre estabilidad presupuestaria; en 2024 se sustituyó la redacción del artículo 49 para adaptar el tratamiento constitucional de la discapacidad; y el 19 de mayo de 2026 se modificó el artículo 69.3 para que Ibiza y Formentera constituyan circunscripciones senatoriales separadas y elijan un senador cada una. Todas siguieron el procedimiento ordinario porque no afectaron a materias protegidas por el artículo 168.
3.10
Síntesis general del tema
La Constitución organiza un sistema de poderes separados y relacionados. La Corona garantiza la continuidad simbólica y formal de la Jefatura del Estado, pero sus actos se integran en la responsabilidad democrática mediante el refrendo. Las Cortes representan al pueblo, producen las leyes, aprueban los presupuestos y controlan al Gobierno. El Gobierno dirige la política y la Administración, y necesita conservar la confianza del Congreso. El Poder Judicial aplica el Derecho con independencia y exclusividad jurisdiccional.
La distribución del poder también tiene una dimensión territorial. Municipios, provincias y comunidades autónomas gestionan sus intereses con autonomía, mientras la Constitución, los estatutos y las leyes delimitan sus competencias. El Tribunal Constitucional resuelve los principales conflictos constitucionales, controla las leyes y protege los derechos mediante los procesos que le son propios, sin integrarse en el Poder Judicial.
Todo el sistema queda sometido a la Constitución, que puede adaptarse mediante su reforma. La rigidez no impide el cambio, pero exige que una modificación constitucional sea reconocible como tal y obtenga un consenso proporcionado a su importancia. Por eso la reforma ordinaria requiere mayorías reforzadas y la agravada añade disolución, nuevas Cortes y ratificación popular obligatoria.
Conceptos que deben diferenciarse
| Conceptos | Diferencia esencial |
|---|---|
| Función del rey y dirección política | El rey formaliza y representa; el Gobierno decide y responde políticamente. |
| Inviolabilidad y refrendo | La inviolabilidad excluye la responsabilidad del rey; el refrendo traslada la responsabilidad a quien lo presta. |
| Congreso y Senado | Ambos legislan, pero el Congreso prevalece en la responsabilidad política y en diversos procedimientos. |
| Ley orgánica y ley ordinaria | Se distinguen por la materia reservada y por la mayoría final exigida, no por una superioridad general. |
| Decreto legislativo y decreto-ley | El primero deriva de una delegación; el segundo, de una necesidad extraordinaria y urgente. |
| Gobierno y Administración | El Gobierno dirige políticamente; la Administración sirve objetivamente los intereses generales. |
| Cuestión de confianza y moción de censura | La primera la plantea el presidente y exige mayoría simple; la segunda parte de diputados, incluye candidato y exige mayoría absoluta. |
| CGPJ y Tribunal Supremo | El Consejo gobierna el Poder Judicial; el Tribunal Supremo ejerce jurisdicción. |
| Poder Judicial y Tribunal Constitucional | El primero juzga en los órdenes jurisdiccionales; el segundo garantiza la supremacía constitucional. |
| Recurso y cuestión de inconstitucionalidad | El recurso impugna directamente la ley; la cuestión nace de un proceso y la plantea un juez. |
| Autonomía y soberanía | La autonomía se ejerce dentro de la Constitución; la soberanía corresponde al pueblo español. |
| Reforma ordinaria y agravada | Difieren en materias, mayorías, disolución de las Cortes y necesidad de referéndum. |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 21 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas se han formulado en pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan con sus opciones de respuesta y se indica la contestación correcta conforme a la plantilla y a la normativa aplicable.
0 de 21 respondidas
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 8.artículo 73 de la Constitución Española.
1. Según el artículo 73 de la Constitución Española:
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 7.artículo 167.3 de la Constitución Española.
2. ¿Cuándo será sometida a referéndum, para su ratificación, una reforma constitucional aprobada por las Cortes Generales?
- Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 17.artículo 150.3 de la Constitución Española.
3. De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a su competencia, cuando así lo exija el interés general. ¿A quién corresponde apreciar esta necesidad?
- Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 67.título VIII, especialmente artículos 137 a 139, de la Constitución Española.
4. El título VIII de la Constitución Española:
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 20.artículo 74.1 de la Constitución Española.
5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 24.artículo 160 de la Constitución Española. El nombramiento se realiza entre los miembros del Tribunal y a propuesta de su Pleno.
6. ¿Por quién es nombrado el presidente del Tribunal Constitucional?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 42.artículo 78.1 de la Constitución Española.
7. El artículo 78 de la Constitución Española dice que en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por:
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 72.artículo 167.1 de la Constitución Española.
8. Según el artículo 167.1 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 95.artículo 162.1.a de la Constitución Española.
9. Conforme al artículo 162.1.a de la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 15.artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1979.
10. Conforme dispone la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿de cuántas Salas se compone dicho Tribunal?
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 39.artículo 107 de la Constitución Española.
11. El supremo órgano consultivo del Gobierno es:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 70.artículo 112 de la Constitución Española.
12. Según el artículo 112 de la Constitución Española, la cuestión de confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 71.artículo 124.4 de la Constitución Española. El nombramiento se produce oído el Consejo General del Poder Judicial.
13. El fiscal general del Estado será nombrado por:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 97.artículo 140 de la Constitución Española.
14. ¿Cuál de estas funciones corresponde ejercer a un ayuntamiento?
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 2.artículo 82.2 de la Constitución Española.
15. A tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Española, la delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 deberá otorgarse mediante:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 8.artículo 81.2 de la Constitución Española.
16. Según el artículo 81.2 de la Constitución Española, las leyes orgánicas exigirán para su aprobación:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 70.artículo 153.a y c de la Constitución Española.
17. Atendiendo al artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá, entre otros:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 83.disposición transitoria quinta de la Constitución Española.
18. La disposición transitoria quinta de la Constitución Española establece que las ciudades de Ceuta y Melilla:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 84.artículo 69.4 de la Constitución Española.
19. La Constitución Española determina en su artículo 69.4 que las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 95.artículo 152.1 de la Constitución Española.
20. El presidente al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, según el artículo 152 de la Constitución Española:
- Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 98.artículo 141.4 de la Constitución Española.
21. En virtud del artículo 141.4 de la Constitución Española, en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de:
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): explicación para oposiciones.
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