Explicación del Tema 4 de Administrativo del Estado

El Poder Judicial garantiza que los conflictos se resuelvan mediante el Derecho y que las decisiones adoptadas puedan ejecutarse. Su función no consiste en dirigir la política ni administrar intereses generales, sino en ejercer la potestad jurisdiccional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los procesos atribuidos por las leyes.

La Constitución dedica al Poder Judicial su título VI, artículos 117 a 127. La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, desarrolla sus principios, la organización de los tribunales, el estatuto de jueces y magistrados y el gobierno judicial. A esta regulación se añaden las leyes procesales y de planta, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las normas que regulan la participación ciudadana o los medios de apoyo.

Para comprender el tema deben separarse varias realidades próximas. El Poder Judicial está formado por jueces y tribunales que ejercen jurisdicción. La Administración de Justicia comprende también los medios personales, materiales y tecnológicos que hacen posible esa función. El Consejo General del Poder Judicial gobierna institucionalmente la carrera judicial, pero no resuelve litigios. El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia y defiende la legalidad y el interés público, sin ser un órgano jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción constitucional y no forma parte del Poder Judicial.

La organización judicial tampoco es solo una lista de órganos. El orden jurisdiccional determina la materia; la demarcación, el territorio; la competencia objetiva y funcional, qué órgano interviene y en qué fase; y la planta, qué órganos, Secciones y plazas existen. Estas categorías permiten entender la relación entre Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

La Ley Orgánica 1/2025 modificó profundamente la base de esta organización. Los antiguos juzgados unipersonales se integraron en Tribunales de Instancia y los Juzgados Centrales se transformaron en Secciones del Tribunal Central de Instancia. La función de juzgar sigue correspondiendo a jueces y magistrados, pero se ejerce dentro de una estructura organizativa común que favorece especialización, coordinación y utilización conjunta de recursos.

Origen y ejercicio de la justicia

El artículo 117.1 CE afirma que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. La referencia al pueblo expresa el fundamento democrático de la justicia; la administración en nombre del Rey constituye la fórmula constitucional bajo la que se pronuncian las resoluciones, sin atribuir al Rey capacidad para dirigir o revisar la actividad jurisdiccional.

La potestad jurisdiccional comprende dos dimensiones inseparables. Juzgar consiste en resolver conforme al ordenamiento los conflictos y pretensiones planteados. Hacer ejecutar lo juzgado asegura que la resolución produzca efectos reales. Sin potestad de ejecución, la tutela judicial podría quedar reducida a una declaración sin eficacia.

Independencia y sometimiento a la ley

Jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley. La independencia excluye instrucciones del Gobierno, de las Cortes, del CGPJ, de otros jueces o de intereses privados sobre cómo resolver un asunto. Se ejerce frente a poderes externos y también dentro de la propia organización judicial.

Independencia no significa ausencia de control. Las resoluciones deben motivarse, pueden recurrirse cuando la ley lo permita y el juez responde penal, civil o disciplinariamente en los supuestos legales. El superior funcional puede revocar una resolución mediante un recurso, pero no ordenar previamente cuál debe ser su contenido.

El sometimiento al imperio de la ley impide decidir por conveniencia política, obediencia administrativa o voluntad personal. Debe entenderse como sometimiento al ordenamiento jurídico, interpretado conforme a la Constitución y al sistema de fuentes.

Inamovilidad y responsabilidad

La inamovilidad protege la estabilidad de jueces y magistrados. No pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. Su finalidad es impedir que un cambio de destino o un cese se utilicen para influir en una decisión.

La responsabilidad complementa a la independencia. La potestad jurisdiccional no es arbitraria ni inmune al Derecho. La LOPJ regula la responsabilidad disciplinaria y el ordenamiento contempla responsabilidad penal y, en sus términos, civil. A ello se añade la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Exclusividad jurisdiccional

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento. Ninguna Administración ni órgano político puede sustituirlos para juzgar y ejecutar lo juzgado.

La exclusividad tiene también una dimensión negativa: los órganos judiciales no pueden ejercer otras funciones que las jurisdiccionales y aquellas que la ley les atribuya expresamente en garantía de algún derecho. De este modo se evita convertir al juez en un órgano administrativo de funciones generales.

Unidad jurisdiccional y jurisdicción militar

La unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. No impide la existencia de órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, porque todos forman parte de un mismo Poder Judicial sometido a los principios constitucionales.

La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con la Constitución. La ley regula su ejercicio conforme a los principios constitucionales. Quedan prohibidos los tribunales de excepción, es decir, órganos creados al margen de las reglas generales para conocer de asuntos o personas determinados.

Cumplimiento y colaboración

Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales y prestar la colaboración que estos requieran durante el proceso y la ejecución. La obligación se dirige a particulares y poderes públicos. La efectividad de la justicia exige que la decisión firme no quede a voluntad de quien debe cumplirla.

Gratuidad, publicidad, oralidad y motivación

La justicia será gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La gratuidad constitucional no elimina con carácter general todo coste procesal, sino que garantiza acceso a la justicia en los casos legales y protege especialmente a quien carece de recursos.

Las actuaciones judiciales son públicas con las excepciones previstas por las leyes procesales. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias deben ser siempre motivadas y pronunciarse en audiencia pública.

La publicidad permite control social y confianza en la justicia, aunque puede limitarse para proteger otros bienes constitucionales. La oralidad favorece inmediación y contradicción, sin excluir actuaciones escritas. La motivación obliga a explicar los hechos, las normas y el razonamiento que conducen a la decisión y permite comprenderla y recurrirla.

Error judicial y funcionamiento anormal

Los daños causados por error judicial y los producidos por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. El error judicial se refiere a una resolución jurisdiccional cuya equivocación se reconoce mediante el procedimiento correspondiente; el funcionamiento anormal comprende deficiencias del servicio que no se identifican necesariamente con el contenido de una sentencia.

Participación ciudadana

El artículo 125 CE reconoce la acción popular y la participación mediante la institución del Jurado en los procesos penales que determine la ley, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. La Ley Orgánica 5/1995 concreta la composición, competencia y funcionamiento del Tribunal del Jurado.

La acción popular permite ejercer la acusación en los supuestos y formas legales sin necesidad de ser la persona directamente perjudicada. El Jurado incorpora ciudadanos al enjuiciamiento de determinados delitos bajo la dirección de un magistrado-presidente. Los tribunales consuetudinarios y tradicionales reconocidos conservan funciones en sus ámbitos específicos.

Policía Judicial

La Policía Judicial depende funcionalmente de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Esta dependencia funcional se refiere a la investigación concreta y no elimina la dependencia orgánica que los miembros de las unidades policiales mantienen respecto de sus cuerpos.

Carrera judicial e independencia interna

La LOPJ regula la carrera judicial, el ingreso, los ascensos, las situaciones administrativas, la provisión de destinos y el régimen disciplinario. El acceso se rige por mérito y capacidad y debe garantizar objetividad e igualdad. La formación inicial y continua se articula principalmente mediante la Escuela Judicial.

La estructura profesional no crea una jerarquía sobre el contenido de las resoluciones. La categoría o el destino permiten distribuir competencias y recursos, pero ningún órgano de gobierno ni superior puede indicar el criterio que debe seguirse en un asunto. La independencia corresponde individualmente a cada juez o magistrado.

Imparcialidad, abstención y recusación

La independencia protege frente a influencias; la imparcialidad exige que quien juzga no tenga interés o vinculación relevante con el litigio o sus partes. Las causas de abstención obligan al juez a apartarse cuando concurra una circunstancia legal. Si no lo hace, las partes pueden promover su recusación.

Estas instituciones no cuestionan de forma genérica la profesionalidad judicial. Aplican al caso concreto el derecho al juez imparcial y permiten resolver mediante un procedimiento reglado si existe una causa que impida intervenir.

Incompatibilidades y prohibiciones

Jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley regula sus asociaciones profesionales y establece un régimen de incompatibilidades que asegure su total independencia.

Las limitaciones afectan a actividades que podrían comprometer dedicación, apariencia de imparcialidad o separación respecto de intereses políticos y económicos. No constituyen privilegios, sino garantías institucionales para las personas sometidas a la justicia.

Responsabilidad disciplinaria

La independencia no excluye disciplina profesional. La LOPJ tipifica faltas y sanciones y distribuye la competencia entre órganos de gobierno y CGPJ. El procedimiento debe respetar legalidad, tipicidad, proporcionalidad y defensa. La disciplina se refiere a deberes profesionales; no puede emplearse para sancionar una interpretación jurídica por el solo hecho de que otro órgano discrepe de ella.

Naturaleza y composición

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Su finalidad es separar del Gobierno decisiones esenciales sobre la carrera judicial y ofrecer una garantía institucional de independencia. No forma un tribunal, no ejerce jurisdicción y no revisa resoluciones.

Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte vocales nombrados por el Rey por cinco años. Doce vocales son jueces o magistrados en servicio activo y ocho son juristas de reconocida competencia.

Cada Cámara elige diez vocales por mayoría de tres quintos: seis del turno judicial y cuatro del turno de juristas. La reforma de 2024 reforzó la presencia equilibrada de mujeres y hombres, la evaluación pública de méritos e idoneidad y las incompatibilidades previas de determinados candidatos del turno de juristas. Cada Cámara designa, además, un suplente por titular.

Renovación y mandato

El Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años. Cuatro meses antes de expirar el mandato se inicia el procedimiento necesario para que las Cámaras designen a los nuevos vocales. Los vocales son nombrados mediante real decreto y toman posesión prestando juramento o promesa ante el Rey.

Si solo una Cámara cumple en plazo, el nuevo Consejo puede constituirse con sus diez vocales y los vocales salientes que correspondan a la Cámara incumplidora. Si ninguna Cámara completa la designación, el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo y no puede elegirse un nuevo Presidente.

El Consejo en funciones tiene limitadas sus atribuciones a las enumeradas por el artículo 570 bis LOPJ y a las actuaciones indispensables para el funcionamiento ordinario. Esta limitación pretende evitar decisiones de especial trascendencia durante una prolongación anormal del mandato, sin paralizar el gobierno judicial.

Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ

El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ en la forma determinada por la ley. El Pleno lo elige por mayoría de tres quintos entre magistrados del Tribunal Supremo que reúnan las condiciones exigidas o juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional.

La misma persona preside el Tribunal Supremo y el Consejo, pero ejerce funciones distintas en cada institución. La Presidencia representa al Poder Judicial y al órgano de gobierno, dirige debates y desarrolla las competencias que la LOPJ le atribuye; no puede indicar a las Salas del Tribunal Supremo cómo resolver.

Atribuciones

Entre sus competencias se encuentran proponer nombramientos judiciales y dos magistrados del Tribunal Constitucional; participar en selección y formación; resolver sobre destinos, ascensos y situaciones; ejercer inspección; aplicar el régimen disciplinario; elaborar su presupuesto; ejercer potestad reglamentaria en materias tasadas; informar proyectos normativos y recibir quejas ciudadanas sobre la Administración de Justicia.

Las quejas no convierten al Consejo en una instancia procesal. Si el desacuerdo afecta al contenido de una resolución, debe utilizarse el recurso previsto por la ley. El CGPJ solo puede actuar dentro de sus competencias gubernativas o disciplinarias.

Órganos del Consejo

El Consejo actúa mediante Presidencia, Pleno y Comisiones. La Comisión Permanente atiende el funcionamiento ordinario; la Disciplinaria resuelve los asuntos atribuidos en esta materia; la de Asuntos Económicos prepara y controla la gestión financiera; la de Igualdad impulsa la igualdad efectiva, y la Comisión de Calificación informa los nombramientos discrecionales del Pleno.

Posición y misión constitucional

El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía y el interés público tutelado por la ley. También vela por la independencia de los tribunales y procura ante ellos la satisfacción del interés social. Puede actuar de oficio o a petición de los interesados.

No forma parte del Poder Judicial en sentido jurisdiccional y no juzga. Interviene ante los órganos judiciales como institución constitucional con autonomía funcional e integrada orgánicamente en el Poder Judicial según su Estatuto. Su actividad se desarrolla mediante pretensiones, informes y actuaciones procesales, pero la decisión corresponde al juez o tribunal.

Principios de actuación

El artículo 124.2 CE combina dos grupos de principios. La organización se rige por unidad de actuación y dependencia jerárquica. La actuación se somete en todo caso a legalidad e imparcialidad.

La unidad procura una aplicación coherente de los criterios institucionales. La dependencia jerárquica permite instrucciones dentro de la estructura fiscal conforme a la ley. La legalidad obliga a actuar de acuerdo con el ordenamiento y la imparcialidad exige hacerlo objetivamente, tanto si la actuación favorece como si perjudica la pretensión de una parte.

No debe sustituirse dependencia por independencia jerárquica. Los fiscales disponen de las garantías previstas en su Estatuto para plantear discrepancias, pero la institución se organiza jerárquicamente, a diferencia de la independencia individual propia de jueces y magistrados.

Fiscal General del Estado y organización

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. La audiencia del Consejo es preceptiva, pero la propuesta corresponde al Gobierno y el nombramiento formal al Rey.

El Estatuto Orgánico regula los órganos del Ministerio Fiscal, entre ellos la Fiscalía General del Estado, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas y las distintas Fiscalías territoriales y especializadas. La organización combina unidad institucional, especialización por materias y presencia territorial.

La Ley Orgánica 3/2024 modificó tanto la LOPJ como el Estatuto del Ministerio Fiscal, reforzando reglas de incompatibilidad y evitando determinados tránsitos inmediatos entre cargos políticos y la Fiscalía General. Estas previsiones buscan proteger la apariencia y realidad de imparcialidad institucional.

Posición constitucional

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Culmina la jurisdicción ordinaria y asegura, mediante los recursos y procesos atribuidos por la ley, una interpretación coherente del ordenamiento.

La excepción constitucional permite diferenciarlo del Tribunal Constitucional. El Supremo pertenece al Poder Judicial y aplica el Derecho dentro de los órdenes jurisdiccionales. El Constitucional no pertenece al Poder Judicial y controla la constitucionalidad de las leyes, resuelve conflictos constitucionales y protege determinados derechos mediante el amparo.

Casación y aforamientos

La casación es una función característica, pero no convierte al Supremo en una tercera instancia general. Es un recurso extraordinario que procede en los supuestos legales y se concentra en infracciones jurídicas, interés casacional y unidad de interpretación según cada orden.

El Tribunal también conoce de procesos atribuidos por razón del cargo de determinadas personas. El aforamiento identifica el órgano competente; no excluye responsabilidad ni concede impunidad. En los procesos penales en los que una Sala deba instruir y enjuiciar, el magistrado instructor no puede formar parte del tribunal sentenciador.

Las cinco Salas

La LOPJ organiza el Tribunal Supremo en cinco Salas: Primera, Civil; Segunda, Penal; Tercera, Contencioso-Administrativo; Cuarta, Social, y Quinta, Militar. Cada una conoce de los recursos y procesos propios de su orden o materia.

La Sala especial del artículo 61, compuesta por el Presidente, Presidentes de Sala y magistrados determinados por la ley, conoce de materias tasadas como determinadas recusaciones, errores judiciales, responsabilidades que afectan a miembros del propio Tribunal y procesos sobre ilegalización de partidos.

Gobierno y apoyo técnico

La Sala de Gobierno adopta decisiones organizativas internas y el Gabinete Técnico presta asistencia a la Presidencia y a las Salas. Ninguno sustituye a las Salas jurisdiccionales en la resolución de litigios. Esta distinción reproduce, dentro del Tribunal, la separación entre juzgar, gobernar y prestar apoyo.

Jurisdicción, competencia, demarcación y planta

La jurisdicción es la potestad estatal de juzgar y ejecutar lo juzgado. La competencia distribuye esa potestad entre órganos. La competencia objetiva atiende a la materia o clase de asunto; la territorial, al lugar; y la funcional, a la fase procesal o recurso.

La demarcación es el territorio sobre el que un órgano ejerce jurisdicción. La planta determina los órganos, Secciones y plazas existentes. La sede identifica la localidad en que se establece el órgano. Municipio, partido judicial, provincia, comunidad autónoma y Estado son ámbitos relevantes, pero no todos los órganos se corresponden de manera exclusiva con uno de ellos.

Primera instancia, segunda instancia y casación describen funciones procesales. La primera conoce inicialmente del asunto; la segunda revisa la resolución mediante apelación cuando procede, y la casación realiza un control extraordinario en los casos legalmente previstos.

Órdenes jurisdiccionales

El orden civil conoce de materias privadas y de las que no estén atribuidas a otro orden. El penal conoce de causas y juicios criminales, salvo los propios de la jurisdicción militar. El contencioso-administrativo controla la actuación administrativa sujeta al Derecho administrativo, sus disposiciones inferiores a la ley, la inactividad y la vía de hecho en los términos legales. El social conoce de conflictos laborales y de Seguridad Social.

Los órdenes distribuyen materias, pero no describen por sí solos todo el recorrido procesal. Dentro de cada uno existen órganos de primera instancia, recurso y casación. Algunos órganos, como los Tribunales de Instancia o los Tribunales Superiores de Justicia, contienen Secciones o Salas de varios órdenes.

Tribunales de Instancia

Existe un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital. Como regla se organiza en una Sección Única, Civil y de Instrucción, aunque puede dividirse en Secciones Civil y de Instrucción e incorporar Secciones especializadas de Familia, Infancia y Capacidad; Mercantil; Violencia sobre la Mujer; Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; Penal; Menores; Vigilancia Penitenciaria; Contencioso-Administrativo y Social.

El Tribunal de Instancia es una organización colegiada en sentido estructural: agrupa jueces, Secciones y servicios. Esto no significa que todos los asuntos se resuelvan colegiadamente. Como regla, la potestad jurisdiccional en cada procedimiento corresponde al juez o magistrado asignado conforme a las normas de reparto.

Tribunal Central de Instancia

El Tribunal Central de Instancia tiene sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Sus Secciones de Instrucción, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y Contencioso-Administrativo conocen de las materias estatales específicas atribuidas por las leyes. Se constituyó el 31 de diciembre de 2025 mediante la transformación de los antiguos Juzgados Centrales.

Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales tienen sede en la capital de la provincia y jurisdicción provincial, sin perjuicio de Secciones desplazadas o especializadas. Actúan principalmente en los órdenes civil y penal y conocen de recursos contra resoluciones de órganos de instancia y de asuntos que la ley les atribuye en primera instancia.

Tribunales Superiores de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito de cada comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Se integra por Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.

No constituye un Poder Judicial autonómico. Los jueces y tribunales forman un poder único del Estado; el ámbito autonómico funciona como demarcación y nivel organizativo. Los Estatutos y leyes pueden atribuir competencias procesales, pero no rompen la unidad jurisdiccional.

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional tiene sede en Madrid y jurisdicción en toda España para materias específicas. Está integrada por cuatro Salas: Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. No tiene Sala de lo Civil ni Sala de lo Militar.

Su ámbito nacional no la convierte en superior jerárquico general de los Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales. Conoce de materias especialmente atribuidas; el Tribunal Supremo conserva la posición superior en cada orden.

Jueces de paz y Tribunal Supremo

En los municipios donde no existe Tribunal de Instancia hay jueces o juezas de paz con las competencias civiles, penales y de otra naturaleza que determinen las leyes. No pertenecen a la carrera judicial y son nombrados por cuatro años conforme al procedimiento legal.

El Tribunal Supremo culmina el sistema con jurisdicción estatal. Entre la proximidad del juez de paz y la función unificadora del Supremo, la organización combina territorio, especialización y revisión.

Órganos de gobierno interno

Además del CGPJ, existen órganos de gobierno interno como las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, las Presidencias de tribunales y Audiencias y las presidencias de los Tribunales de Instancia. Sus competencias se refieren a organización, reparto, funcionamiento y disciplina gubernativa en los términos de la LOPJ.

Estas estructuras no crean dependencia jurisdiccional. Una Sala de Gobierno puede adoptar reglas de reparto o medidas organizativas, pero no imponer la solución de un proceso. La distinción entre gobierno y jurisdicción se mantiene en todos los niveles.

Oficina Judicial y LAJ

La Oficina Judicial es la organización instrumental que sirve de soporte a jueces y tribunales. Se estructura de forma flexible mediante servicios comunes y unidades previstas por la normativa. Optimiza tramitación, ejecución, atención y utilización de recursos, pero no ejerce potestad jurisdiccional.

Los letrados de la Administración de Justicia dirigen la Oficina Judicial en sus aspectos procesales y ejercen las funciones de fe pública judicial, documentación, impulso y ordenación procesal que les atribuyen las leyes. Sus resoluciones y competencias son propias, pero no sustituyen las decisiones jurisdiccionales reservadas a jueces y magistrados.

Oficinas de Justicia en los municipios

Las Oficinas de Justicia en los municipios prestan servicios de proximidad en localidades donde no tiene sede un Tribunal de Instancia. Facilitan actos de comunicación, acceso a trámites, colaboración y atención ciudadana. Son unidades administrativas de apoyo, no tribunales.

La existencia de una Oficina municipal tampoco elimina necesariamente al juez de paz. Oficina y juez responden a planos diferentes: la primera presta servicios y apoyo; el segundo ejerce las competencias jurisdiccionales o legalmente atribuidas a la justicia de paz.

Las preguntas oficiales muestran especial atención a la literalidad de los artículos 117, 120, 122, 123 y 124 CE. También exigen conocer la composición actual de la Audiencia Nacional. Se han reunido en un único bloque las once preguntas propias del tema y se han corregido las respuestas que figuraban erróneamente asociadas en el fichero de origen.

Cómo se relacionan los elementos del tema

La Constitución atribuye la jurisdicción a jueces y tribunales y protege su independencia mediante inamovilidad, responsabilidad y sometimiento a la ley. El CGPJ gobierna la carrera y la organización judicial sin interferir en los asuntos. El Ministerio Fiscal actúa ante los tribunales para defender legalidad e interés público. El Tribunal Supremo culmina la jurisdicción ordinaria y la organización territorial distribuye los asuntos entre órganos según materia, territorio y fase procesal.

El nuevo modelo de Tribunales de Instancia no altera esos principios. Modifica la estructura en la que trabajan los jueces y los medios que los apoyan, pero la potestad jurisdiccional sigue siendo exclusiva y cada decisión debe adoptarse por el juez o tribunal competente predeterminado por la ley.

Constitución Española de 1978

Los artículos 117 a 127 constituyen el núcleo del tema. Deben relacionarse con el derecho a la tutela judicial y al juez ordinario del artículo 24, con el artículo 71 sobre aforamiento parlamentario y con los preceptos que atribuyen nombramientos o funciones a las Cortes, al Gobierno y al Rey.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

La LOPJ desarrolla principios jurisdiccionales, extensión de la jurisdicción, planta y organización, gobierno judicial, estatuto de jueces y magistrados, Oficina Judicial y CGPJ. Debe utilizarse en su redacción vigente tras las reformas de 2024 y 2025.

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero

Esta ley implantó Tribunales de Instancia, Tribunal Central de Instancia y Oficinas de Justicia en los municipios. Sus disposiciones transitorias articularon la transformación escalonada culminada durante 2025.

Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial

Concreta territorialmente la organización prevista por la LOPJ y determina la planta de órganos y Secciones. Debe leerse adaptada al nuevo modelo de Tribunales de Instancia y a las modificaciones posteriores de unidades judiciales.

Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Desarrolla la misión constitucional, los principios de actuación, la organización, el estatuto de los fiscales y la posición del Fiscal General del Estado.

Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado

Desarrolla la participación ciudadana del artículo 125 CE, regula la composición del Jurado y delimita los delitos y procesos en los que interviene.

Idea final

El tema se comprende cuando se distinguen tres funciones: juzgar, gobernar y prestar apoyo. Jueces y tribunales juzgan; el CGPJ y los órganos gubernativos organizan sin decidir litigios; la Oficina Judicial y demás estructuras sostienen el proceso. El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia y el Tribunal Supremo asegura la posición superior y la unidad interpretativa de la jurisdicción ordinaria.