Base legislativa del Tema 35 de Administrativo de la Seguridad Social

El ingreso mínimo vital es un derecho subjetivo de naturaleza económica integrado en la acción protectora no contributiva de la Seguridad Social. Garantiza un nivel mínimo de renta a personas solas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad y se mantiene mientras subsistan los requisitos. Es intransferible, sin perjuicio de los supuestos legales de compensación, descuento, retención o embargo.

Personas beneficiarias

Pueden ser beneficiarias las personas integradas en una unidad de convivencia y determinadas personas de al menos 23 años que vivan solas o compartan domicilio sin integrarse en aquella. Contiene excepciones de edad y situación para víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual, jóvenes procedentes del sistema de protección y personas liberadas de prisión.

Titulares

La persona titular solicita y percibe la prestación en nombre propio o representando a la unidad. Regula las edades mínimas, las excepciones aplicables cuando existen hijos o menores a cargo y la designación del titular cuando varias personas podrían asumir esa condición.

Unidad de convivencia

La integran quienes residen en un mismo domicilio y están unidos por matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta segundo grado, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. La separación transitoria por estudios, trabajo, tratamiento u otra causa semejante no rompe por sí sola la convivencia. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de una unidad.

Permiten reconocer unidades independientes en supuestos como violencia de género, separación, desahucio o inhabitabilidad; adaptan el concepto de domicilio a establecimientos colectivos, habitaciones o zonas de uso exclusivo; y regulan a convivientes sin vínculo familiar que se encuentren en riesgo de exclusión.

Requisitos de acceso

Exige residencia legal y efectiva en España durante, como regla, el año anterior, vulnerabilidad económica y mantenimiento de las condiciones durante la percepción. Establece reglas de vida independiente para solicitantes individuales menores de 30 años y para quienes tienen 30 o más, así como una antigüedad ordinaria de seis meses para la unidad de convivencia y las correspondientes excepciones.

Vulnerabilidad económica

La capacidad económica se valora para el beneficiario individual o para toda la unidad. Los ingresos medios mensuales del ejercicio anterior deben quedar al menos diez euros por debajo de la renta garantizada. Se aplican además límites de patrimonio neto y de activos no societarios y determinadas exclusiones relacionadas con sociedades mercantiles.

Compatibilidad con el trabajo

El ingreso mínimo vital es compatible con rentas del trabajo o de actividad económica en los términos reglamentarios. La compatibilidad incorpora un incentivo al empleo y no significa que el salario quede siempre fuera del cálculo de la prestación.

Cuantía

La prestación ordinaria equivale a la diferencia entre la renta garantizada aplicable y los ingresos computables. La renta garantizada aumenta según el número y composición de los miembros e incorpora complementos para unidades monoparentales y situaciones de discapacidad. El complemento de ayuda para la infancia se determina por cada menor según su edad y puede reconocerse con umbrales económicos más amplios.

El derecho nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, se abona mensualmente por transferencia y continúa mientras subsistan los requisitos. Las variaciones relevantes deben comunicarse para adaptar la cuantía o la composición de la prestación.

Modificación y actualización

Regula los efectos de los cambios personales y económicos. Desde 2026 se practican dos actualizaciones anuales con información del ejercicio anterior: una provisional y otra definitiva basada en datos tributarios consolidados, de la que pueden resultar atrasos o cantidades indebidamente percibidas.

Suspensión

La pérdida temporal de requisitos, el incumplimiento temporal de obligaciones, determinados indicios de incumplimiento o las salidas al extranjero previstas legalmente pueden suspender el derecho. La desaparición de la causa permite reanudarlo; si la suspensión dura un año, se extingue.

Extinción

Recoge, entre otras causas, la pérdida definitiva de requisitos, el fallecimiento del titular, la renuncia, la suspensión durante un año, ciertas ausencias del territorio español, el incumplimiento reiterado de las condiciones de compatibilidad con el trabajo y la sanción que lleve aparejada la extinción.

Reintegro de prestaciones indebidas

Permite revisar los actos y reclamar cantidades cobradas sin derecho. Establece reglas específicas para excesos derivados de la regularización económica, límites en determinados supuestos sin dolo o fraude y responsabilidad solidaria cuando varios miembros participan en la conducta causante.

Delimitan rentas, ingresos y patrimonio computables y sus exclusiones. La vivienda habitual queda fuera del patrimonio, pero no todos los bienes inmuebles. La acreditación descansa en declaraciones responsables, datos tributarios, padrón y documentación sobre identidad, residencia, convivencia y circunstancias especiales.

Obligaciones

La persona titular debe aportar documentación, comunicar en treinta días naturales los cambios que afecten al derecho, informar de domicilio y padrón, reintegrar cobros indebidos, presentar la declaración anual del IRPF y respetar las condiciones de compatibilidad laboral e inclusión. Los demás integrantes de la unidad también asumen obligaciones de información y colaboración.

Prestaciones no contributivas

Delimita las prestaciones que tienen naturaleza no contributiva dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, entre ellas las pensiones no contributivas y las prestaciones familiares de esta modalidad.

Periodos de cotización asimilados por parto

Para jubilación e incapacidad permanente reconoce a la trabajadora 112 días completos de cotización por parto y catorce días adicionales por cada hijo desde el segundo en partos múltiples, salvo que ya se hubiera cotizado durante todo el periodo equivalente.

Beneficio por cuidado de hijos o menores

Computa la interrupción de cotización ligada al nacimiento, adopción o acogimiento, hasta un máximo de 270 días por hijo y sin superar la interrupción real. Solo se atribuye a uno de los progenitores, no sirve para acreditar la carencia mínima y el conjunto de beneficios no puede exceder de cinco años por beneficiario.

Excedencias y reducciones de jornada

Considera cotizados determinados periodos de excedencia por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares y eleva al 100 % las cotizaciones correspondientes a ciertas reducciones de jornada. Su alcance varía según la situación protegida y la prestación para la que se compute.

Prestaciones familiares no contributivas

Comprende la asignación por hijo o menor a cargo con discapacidad, la prestación por nacimiento o adopción en familias numerosas, monoparentales o con progenitor con discapacidad, y la prestación por parto o adopción múltiples.

Regulan beneficiarios, causantes, cuantías, determinación del grado de discapacidad, nacimiento, modificación y extinción. La protección alcanza a menores con discapacidad igual o superior al 33 % y a mayores de edad con discapacidad igual o superior al 65 %, con un nivel reforzado desde el 75 % cuando se necesita ayuda de otra persona.

Reconocen un pago único por nacimiento o adopción en familia numerosa o que adquiere esa condición, familia monoparental o cuando uno de los progenitores tiene una discapacidad igual o superior al 65 %. La cuantía puede reducirse cuando los ingresos rebasan el límite por una cantidad inferior a la prestación.

El pago único se calcula en función del número de hijos nacidos o adoptados: cuatro, ocho o doce veces el salario mínimo interprofesional mensual para dos, tres o cuatro o más hijos. El hijo con discapacidad igual o superior al 33 % computa doble. También se regulan beneficiarios, compatibilidades y gestión.

Beneficiarios de la incapacidad no contributiva

Exige tener más de 18 y menos de 65 años, cinco años de residencia legal —dos inmediatamente anteriores—, discapacidad o enfermedad crónica igual o superior al 65 % y carencia de rentas. Si existe convivencia familiar se aplican límites de acumulación de recursos.

Cuantía de la incapacidad no contributiva

La cuantía íntegra se fija anualmente. Cuando conviven varios beneficiarios se aplica la fórmula legal y las rentas personales reducen el importe, con el suelo ordinario del 25 %. La discapacidad igual o superior al 75 % unida a la necesidad de otra persona genera un complemento del 50 %.

Los efectos económicos nacen el primer día del mes siguiente a la solicitud. La pensión es compatible con actividades adecuadas al estado de la persona y, durante los cuatro años siguientes al inicio de una actividad lucrativa, se aplica un régimen especial de compatibilidad y reducción según los ingresos obtenidos.

Permiten revisar el grado mientras no se hayan cumplido 65 años por agravación, mejoría, error de diagnóstico o variación de factores sociales. Imponen comunicar cambios y declarar anualmente los ingresos. El derecho termina, entre otras causas, al cumplir 65 años o perder discapacidad, residencia o insuficiencia de recursos.

Jubilación no contributiva

Exige haber cumplido 65 años, carecer de rentas y haber residido legalmente en España durante diez años entre los 16 años y el devengo, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Remiten a las reglas económicas comunes de las pensiones no contributivas y fijan los efectos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud. Exigen comunicar cambios de convivencia, residencia e ingresos y presentar la declaración anual. La pérdida de residencia o recursos y el fallecimiento extinguen el derecho.

Gestión

La gestión de las prestaciones no contributivas corresponde al INSS, salvo las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación, atribuidas al IMSERSO. Estas últimas pueden ser gestionadas por las comunidades autónomas que tengan transferidos sus servicios o en virtud de los correspondientes conciertos.

Desarrollan los requisitos de edad, residencia, discapacidad y carencia de rentas; la unidad económica de convivencia; la cuantía; el complemento por necesidad de otra persona; la revisión del grado y la compatibilidad con actividades.

Concretan los requisitos de edad, residencia y recursos, así como la cuantía y los efectos económicos de la jubilación no contributiva.

Regulan la carencia y el cómputo de rentas, la unidad económica de convivencia, el cálculo de cuantías, el reconocimiento y sus efectos, las obligaciones de los beneficiarios y la revisión por variación de ingresos.

Establecen las incompatibilidades entre prestaciones, los efectos económicos de la extinción, el régimen de infracciones y las reglas sobre competencia, procedimiento y comprobación de requisitos.

Desarrollan la condición de hijo o menor a cargo, beneficiarios, determinación de ingresos, reconocimiento, efectos, pago, variaciones, extinción, prestaciones por nacimiento o adopción y parto o adopción múltiples.

Desarrollan el cómputo como cotizados de los periodos de excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijos, menores o familiares y las bases aplicables durante esos periodos.

Regulan la exclusión parcial del incremento de rentas del trabajo o de la actividad económica al revisar el ingreso mínimo vital. El porcentaje depende de la composición de la unidad, la existencia de menores o discapacidad y de si el aumento procede de iniciar actividad o elevar ingresos previos.

Reconocen un complemento anual al pensionista no contributivo que carece de vivienda propia y reside habitualmente en una vivienda alquilada cuyo propietario no es cónyuge, pareja ni pariente hasta tercer grado. Si conviven varios pensionistas, solo puede percibirlo el titular del contrato o, si hay varios, el primero de ellos.

Fija en 8.803,20 euros anuales la cuantía íntegra de las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación para 2026.

Fija en 1.000 euros anuales la asignación por menor con discapacidad igual o superior al 33 %; en 5.962,80 euros la correspondiente al mayor de edad con discapacidad igual o superior al 65 %; y en 8.942,40 euros cuando alcanza el 75 % y necesita ayuda para los actos esenciales.

Mantiene en 1.000 euros el pago único y establece para 2026 un límite general de ingresos de 15.356 euros, o de 23.109 euros para familias numerosas, incrementado en 3.745 euros por cada hijo desde el cuarto.

Complemento para titulares de pensión no contributiva

Establece en 525 euros anuales el complemento por alquiler de vivienda para 2026, siempre que se reúnan los requisitos del Real Decreto 1191/2012.