Explicación del Tema 9 de Administrativo de la Seguridad Social

La Constitución combina tres ideas que deben interpretarse conjuntamente: la unidad de la nación española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. La autonomía se ejerce dentro de la Constitución y no equivale a soberanía: esta pertenece al pueblo español y el Estado mantiene un único orden constitucional (artículo 2 de la Constitución Española —CE—).

El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades disponen de autonomía para gestionar sus respectivos intereses (artículo 137 CE). Sin embargo, la autonomía no tiene idéntica naturaleza en los tres niveles. Las Comunidades Autónomas poseen autonomía política y pueden ejercer potestad legislativa en las materias asumidas; municipios y provincias tienen autonomía administrativa para gestionar los intereses locales, pero carecen de potestad legislativa.

La solidaridad exige un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio, con atención particular al hecho insular. Las diferencias entre Estatutos no pueden producir privilegios económicos o sociales (artículo 138 CE). A ello se añaden dos garantías comunes: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, y ninguna autoridad puede obstaculizar directa o indirectamente la libre circulación y el establecimiento de personas ni la libre circulación de bienes (artículo 139 CE).

La Constitución garantiza expresamente la autonomía municipal y la personalidad jurídica plena de los municipios. Su gobierno y administración corresponden a los ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales. Los concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los alcaldes, por los concejales o por los vecinos (artículo 140 CE).

La provincia tiene una doble condición constitucional: es una entidad local con personalidad jurídica propia, formada por la agrupación de municipios, y una división territorial para las actividades del Estado. La modificación de sus límites requiere ley orgánica. Su gobierno autónomo corresponde a diputaciones u otras corporaciones representativas; en los archipiélagos, las islas cuentan además con cabildos o consejos (artículo 141 CE). La autonomía local se completa con la suficiencia financiera: las haciendas locales deben disponer de medios suficientes y se nutren principalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (artículo 142 CE).

La Constitución no creó directamente un mapa cerrado de Comunidades Autónomas, sino que reguló los sujetos legitimados y los procedimientos para acceder al autogobierno. Por la vía ordinaria pueden hacerlo las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica (artículo 143.1 CE).

La iniciativa ordinaria exige el acuerdo de todas las diputaciones interesadas o del órgano interinsular correspondiente y de las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deben cumplirse en seis meses desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, solo puede reiterarse una vez transcurridos cinco años (artículo 143.2-3 CE).

Las Cortes Generales pueden intervenir mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional para autorizar una comunidad cuyo territorio no supere el de una provincia y no reúna las condiciones ordinarias, autorizar o acordar un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial o sustituir la iniciativa de las corporaciones locales (artículo 144 CE).

Las Comunidades Autónomas no pueden federarse. Los Estatutos deben determinar los supuestos, requisitos y términos en que pueden celebrar convenios entre sí para gestionar y prestar servicios propios, así como el carácter y los efectos de la comunicación a las Cortes Generales. Los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes (artículo 145 CE).

Elaboración y naturaleza del Estatuto

En la vía ordinaria, el proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea formada por los miembros de las diputaciones u órganos interinsulares de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas. Después se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley (artículo 146 CE).

El Estatuto se aprueba mediante ley orgánica, es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado lo reconoce y ampara como parte de su ordenamiento (artículos 81.1 y 147.1 CE). Su contenido mínimo comprende (artículo 147.2 CE):

• la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica;
• la delimitación de su territorio;
• la denominación, organización y sede de sus instituciones autónomas propias;
• las competencias asumidas dentro del marco constitucional y las bases para transferir los servicios correspondientes.

La reforma del Estatuto debe seguir el procedimiento previsto en el propio texto y requiere, en todo caso, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (artículo 147.3 CE). El Estatuto no puede atribuir competencias contrarias a la Constitución ni modificar unilateralmente las competencias reservadas al Estado.

Vía reforzada

La vía del artículo 151 permitió no esperar el plazo de cinco años para alcanzar el ámbito competencial más amplio. Su iniciativa exigía, además de las diputaciones u órganos interinsulares, el acuerdo de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una y la ratificación mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia (artículo 151.1 CE).

El procedimiento reforzado incluye la elaboración del proyecto por una asamblea de diputados y senadores, su examen por la Comisión Constitucional del Congreso con una delegación de la asamblea, referéndum territorial y ratificación de las Cortes. Si no se alcanza acuerdo en la Comisión, el proyecto se tramita como proyecto de ley y se somete después a referéndum; la aprobación final se formaliza mediante ley orgánica (artículo 151.2 CE).

Los territorios que antes de la Constitución hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto y contaran con regímenes provisionales de autonomía podían acceder inmediatamente a este procedimiento cuando así lo acordasen por mayoría absoluta sus órganos preautonómicos superiores (disposición transitoria segunda CE).

La distribución competencial se construye mediante la lectura conjunta de la Constitución y del Estatuto de cada Comunidad Autónoma. El artículo 148 enumera materias que las Comunidades podían asumir; el artículo 149 reserva competencias al Estado; y cada Estatuto concreta cuáles de las competencias constitucionalmente disponibles han sido efectivamente asumidas.

Competencias asumibles y competencias estatales

Entre las materias del artículo 148.1 figuran la organización de las instituciones autonómicas; las alteraciones de términos municipales y determinadas funciones de la Administración estatal sobre corporaciones locales; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés autonómico; ferrocarriles y carreteras de itinerario íntegramente autonómico; agricultura y ganadería; montes; protección ambiental; aprovechamientos hidráulicos de interés autonómico; pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial; ferias interiores; artesanía; museos, bibliotecas y conservatorios de interés autonómico; patrimonio monumental; turismo; deporte; asistencia social; sanidad e higiene, y vigilancia de sus edificios e instalaciones (artículo 148.1 CE).

Transcurridos cinco años y mediante reforma del Estatuto, las Comunidades Autónomas podían ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del artículo 149 (artículo 148.2 CE).

El artículo 149.1 contiene las competencias exclusivas del Estado. El catálogo comprende, entre otras, las condiciones básicas de igualdad; nacionalidad, inmigración, extranjería y asilo; relaciones internacionales; defensa; Administración de Justicia; legislación mercantil, penal, penitenciaria, procesal y laboral, con los matices de ejecución autonómica previstos; legislación civil con las especialidades forales; propiedad intelectual e industrial; régimen aduanero y comercio exterior; moneda y bases de crédito, banca y seguros; Hacienda general y deuda estatal; sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación farmacéutica; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución autonómica; bases del régimen jurídico de las Administraciones y del estatuto funcionarial; obras públicas de interés general; transportes supracomunitarios; telecomunicaciones; legislación básica ambiental; seguridad pública, y regulación de las condiciones de obtención y expedición de títulos académicos (artículo 149.1 CE).

La expresión «competencia exclusiva» no significa siempre que el Estado ejerza todas las funciones. El propio artículo 149 distingue supuestos en los que corresponden al Estado las bases o la legislación, mientras el desarrollo normativo o la ejecución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas si sus Estatutos los asumen. Por ello deben identificarse separadamente la materia y la función —legislación, bases, desarrollo o ejecución—.

Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos. Las competencias no asumidas estatutariamente permanecen en el Estado. En caso de conflicto, las normas estatales prevalecen en lo no atribuido a la competencia exclusiva autonómica, y el Derecho estatal es supletorio del autonómico (artículo 149.3 CE).

Técnicas de ampliación y coordinación

Las Cortes Generales pueden permitir mediante ley marco que las Comunidades dicten normas legislativas dentro de principios, bases y directrices estatales, con los controles que establezca la propia ley. También pueden transferir o delegar por ley orgánica facultades estatales susceptibles de ello, acompañadas de los medios financieros y de las formas de control. Finalmente, el Estado puede dictar leyes de armonización, incluso sobre materias autonómicas, cuando lo exija el interés general; esa necesidad debe ser apreciada por mayoría absoluta de cada Cámara (artículo 150 CE).

El examen de estas técnicas exige identificar siempre tres elementos: quién conserva la titularidad originaria, qué instrumento normativo se utiliza y qué controles acompañan al ejercicio autonómico. La ley marco habilita legislación autonómica dentro de directrices estatales; la transferencia o delegación desplaza facultades estatales mediante ley orgánica; y la armonización permite establecer principios comunes cuando el interés general lo exige, incluso en ámbitos de competencia autonómica.

Instituciones y controles

Para las Comunidades constituidas por la vía reforzada, la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional y territorial; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un presidente elegido por la Asamblea entre sus miembros y nombrado por el rey. El presidente dirige el Consejo, representa supremamente a la Comunidad y ordinariamente al Estado en ella. El Consejo y su presidente responden políticamente ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo (artículo 152.1 CE).

El control de la actividad autonómica se distribuye según su objeto (artículo 153 CE):

Un delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio autonómico y la coordina, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad (artículo 154 CE). Esta función constitucional no convierte al delegado en órgano de gobierno autonómico.

Si una Comunidad incumple obligaciones constitucionales o legales o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno debe requerir previamente a su presidente. Si el requerimiento no es atendido, puede adoptar las medidas necesarias con la aprobación por mayoría absoluta del Senado e impartir instrucciones a las autoridades autonómicas (artículo 155 CE).

Financiación

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para desarrollar y ejecutar sus competencias, conforme a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad. Pueden colaborar con el Estado en la recaudación, gestión y liquidación de sus recursos tributarios (artículo 156 CE).

Sus recursos comprenden impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos y participaciones en ingresos estatales; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones presupuestarias; rendimientos patrimoniales e ingresos privados, y operaciones de crédito. No pueden establecer tributos sobre bienes situados fuera de su territorio ni crear obstáculos a la libre circulación. Una ley orgánica puede regular estas competencias financieras, los conflictos y la colaboración con el Estado (artículo 157 CE).

Los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir asignaciones en función de los servicios asumidos y de la garantía de un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales. El Fondo de Compensación destina recursos a gastos de inversión para corregir desequilibrios y hacer efectiva la solidaridad; su distribución corresponde a las Cortes Generales (artículo 158 CE).

La Administración local está integrada por entidades territoriales dotadas de autonomía para gestionar intereses propios. Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla; la legislación autonómica puede reconocer además comarcas u otras agrupaciones, áreas metropolitanas y mancomunidades (artículos 1 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local —LBRL—). Las entidades locales tienen personalidad jurídica y plena capacidad para adquirir y enajenar bienes, contratar, establecer y explotar obras o servicios, obligarse, interponer recursos y ejercitar acciones (artículo 5 LBRL).

Dentro de su ámbito competencial, municipios, provincias e islas disponen de potestades reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; ejecución forzosa y sancionadora; revisión de oficio, e inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos legales (artículo 4 LBRL).

La legislación estatal y autonómica debe asegurar la intervención local en los asuntos que afecten directamente a sus intereses y atribuir competencias según la actividad y la capacidad de gestión, conforme a descentralización, proximidad, eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (artículo 2 LBRL). Las entidades locales actúan con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, sirven con objetividad los intereses públicos y se coordinan con las demás Administraciones (artículo 6 LBRL).

Las competencias locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias solo pueden determinarse por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo responsabilidad propia, sin perjuicio de la coordinación. Las delegadas se ejercen en los términos de la disposición o acuerdo de delegación y quedan sujetas a las técnicas de dirección y control previstas en ellos (artículo 7.1-3 LBRL). Solo pueden ejercerse competencias distintas de las propias y delegadas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera ni se duplique un servicio con otra Administración, previo informe vinculante de inexistencia de duplicidades y de sostenibilidad (artículo 7.4 LBRL).

Concepto, territorio y población

El municipio es la entidad local básica de la organización territorial, tiene personalidad jurídica y plena capacidad, y sus elementos son territorio, población y organización (artículo 11 LBRL). El término municipal es el territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias y cada municipio pertenece a una sola provincia (artículo 12 LBRL).

La creación, supresión y alteración de municipios se rige por la legislación autonómica de régimen local y nunca puede alterar límites provinciales. Requiere audiencia a los municipios afectados, dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico, informe de tutela financiera y conocimiento de la Administración General del Estado. La creación de un municipio exige un núcleo territorialmente diferenciado de al menos 4.000 habitantes, sostenibilidad financiera, recursos suficientes y ausencia de deterioro en los servicios (artículo 13.1-2 LBRL). La ley contempla asimismo medidas de fomento y convenios de fusión, con sus efectos organizativos y financieros (artículo 13.3-6 LBRL).

Los cambios de denominación solo son oficiales tras su anotación en el Registro de Entidades Locales y publicación en el BOE. La denominación puede expresarse en castellano, en otra lengua española oficial en la Comunidad Autónoma o en ambas (artículo 14 LBRL). Tanto el cambio de nombre como la alteración de la capitalidad corresponden al Pleno municipal (artículo 22.2.b LBRL).

Toda persona que viva en España debe inscribirse en el padrón del municipio donde reside habitualmente; quien viva en varios se inscribe únicamente en aquel donde pase más tiempo al año. El conjunto de inscritos constituye la población y los inscritos son vecinos desde el mismo momento de la inscripción (artículo 15 LBRL).

El padrón es el registro administrativo de los vecinos. Sus datos prueban la residencia y el domicilio habitual, y las certificaciones tienen carácter de documento público y fehaciente a efectos administrativos. La ley determina los datos obligatorios y permite su cesión a otras Administraciones sin consentimiento cuando sean necesarios para sus competencias y el domicilio o residencia resulte relevante (artículo 16 LBRL). La formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponden al ayuntamiento; el Instituto Nacional de Estadística coordina los padrones y resuelve discrepancias a través del Consejo de Empadronamiento en los términos legales (artículo 17 LBRL).

Entre los derechos y deberes vecinales se encuentran ser elector y elegible; participar en la gestión municipal; utilizar los servicios y aprovechamientos comunales; contribuir mediante prestaciones económicas y personales; recibir información y presentar solicitudes; pedir consulta popular; exigir servicios obligatorios, y ejercer iniciativa popular. Su ejercicio se somete a las leyes y reglamentos aplicables (artículo 18 LBRL).

La inscripción padronal no atribuye por sí misma derechos que dependan de otros requisitos legales, pero sí constituye la referencia administrativa ordinaria para acreditar residencia y domicilio. Tampoco debe confundirse población con electorado: todas las personas inscritas integran la población municipal, mientras que los derechos electorales dependen de la legislación electoral y de la situación jurídica de cada persona.

Organización municipal

Salvo en los municipios que funcionan en concejo abierto, el gobierno y la administración corresponden al ayuntamiento, integrado por alcalde y concejales (artículo 19 LBRL). En todos los ayuntamientos existen alcalde, tenientes de alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menor población cuando lo establezca su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. También existen órganos de estudio, informe o consulta y de seguimiento de la gestión en los supuestos legales; la Comisión Especial de Cuentas es necesaria en todos los municipios (artículo 20 LBRL).

El alcalde dirige el gobierno y la Administración, representa al ayuntamiento, convoca y preside sesiones, dirige e inspecciona servicios y obras, desarrolla la gestión económica, aprueba la oferta de empleo, ejerce la jefatura superior del personal y de la policía municipal, ejercita acciones, adopta medidas urgentes en catástrofes y otorga licencias cuando no correspondan al Pleno o a la Junta. Puede delegar muchas atribuciones, pero no las expresamente excluidas por la ley (artículo 21 LBRL).

El Pleno aprueba y modifica ordenanzas y reglamentos; controla y fiscaliza los órganos de gobierno; adopta decisiones sobre organización territorial, planeamiento, formas de gestión, presupuesto, plantilla, tributos, bienes y acciones; acepta delegaciones y plantea conflictos de competencia. Algunas decisiones exigen mayoría absoluta y determinadas competencias no son delegables (artículo 22 LBRL).

La Junta de Gobierno Local asiste al alcalde y ejerce las atribuciones delegadas o conferidas por ley. Los tenientes de alcalde lo sustituyen, por orden de nombramiento, en caso de vacante, ausencia o enfermedad (artículo 23 LBRL). Para facilitar la participación y mejorar la gestión pueden crearse órganos territoriales desconcentrados, respetando la unidad de gobierno. Las leyes autonómicas pueden regular entes territoriales inferiores al municipio como forma de organización desconcentrada, sin personalidad jurídica (artículos 24 y 24 bis LBRL).

El municipio puede promover actividades y prestar servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad vecinal, pero debe hacerlo dentro de las competencias que le atribuya el ordenamiento. Las competencias propias solo se determinan por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo responsabilidad municipal. Las competencias delegadas conservan su titularidad en el Estado o la comunidad autónoma delegante y se ejercen con las condiciones, financiación y controles establecidos en la delegación. Las actividades distintas de unas y otras solo son posibles si no comprometen la sostenibilidad financiera ni duplican un servicio público ya prestado, previos los informes legalmente exigidos (artículo 7 LBRL).

El catálogo de materias propias comprende urbanismo, patrimonio histórico y vivienda protegida; medio ambiente urbano y residuos; abastecimiento y saneamiento; infraestructura viaria; atención inmediata ante necesidad o exclusión social; policía local, protección civil e incendios; tráfico, movilidad y transporte colectivo; turismo; mercados y comercio ambulante; salubridad; cementerios; deporte; cultura; participación en la vigilancia de la escolaridad obligatoria y cooperación respecto de edificios escolares; tecnologías de la información, y actuaciones de igualdad y contra la violencia de género (artículo 25.2 LBRL).

También comprende la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables, así como actuaciones de transición energética, eficiencia, electrificación y autoconsumo. La Ley 4/2026, publicada el 3 de octubre de 2026 y con entrada en vigor prevista para el 23 de octubre de 2026, añade como nueva letra q) la promoción de actuaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Hasta esa fecha la modificación se encuentra en periodo de vacatio legis.

La enumeración de materias no atribuye por sí sola idénticas funciones a todos los ayuntamientos. La legislación sectorial debe concretar cada competencia, acompañarla de los recursos necesarios y evitar su atribución simultánea a varias Administraciones. Además, antes de atribuir competencias debe ponderarse específicamente la capacidad de gestión del municipio conforme al principio de diferenciación (artículo 25.3 a 25.6 LBRL).

Las competencias propias no deben confundirse con los servicios mínimos obligatorios, que varían por población (artículo 26.1 LBRL):

Los tramos son acumulativos: un municipio de más de 50.000 habitantes debe prestar también los servicios exigidos en los niveles inferiores. Por eso no debe confundirse el catálogo de competencias del artículo 25 con los servicios mínimos del artículo 26. Una materia competencial delimita un campo de actuación; el servicio mínimo impone que una prestación concreta esté disponible por razón de la población.

En municipios de menos de 20.000 habitantes, la diputación o entidad equivalente coordina determinados servicios —residuos, agua, limpieza viaria, acceso, pavimentación y alumbrado— mediante las fórmulas y con los costes previstos legalmente. El municipio puede asumir su prestación cuando justifique que puede realizarlos con un coste efectivo menor y la diputación lo considere acreditado. El artículo 26.3 vigente no contiene una dispensa autonómica: dispone que la asistencia provincial se dirija preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos (artículo 26.2 y 26.3 LBRL).

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias municipales si con ello mejoran la eficiencia, eliminan duplicidades y se respeta la estabilidad y sostenibilidad financiera. La delegación debe concretar alcance, contenido, condiciones, duración —no inferior a cinco años—, control y medios personales, materiales y económicos, sin generar mayor gasto público (artículo 27.1 LBRL).

La Administración delegante puede dictar instrucciones técnicas, recabar información, enviar comisionados, formular requerimientos y revocar o ejecutar por sí misma la competencia ante incumplimiento. La delegación debe ir acompañada de financiación suficiente y requiere aceptación municipal, salvo imposición legal justificada. El municipio puede renunciar en los supuestos previstos y compensar obligaciones financieras incumplidas por la Administración delegante (artículo 27.4-8 LBRL).

En municipios determinados de menos de 20.000 habitantes pueden establecerse sistemas de gestión colaborativa para asegurar recursos suficientes y una prestación de calidad y financieramente sostenible. Pueden comprender racionalización organizativa, fórmulas comunes o asociativas de prestación, personal compartido y medidas de desarrollo económico y social. Su aplicación requiere decisión de la comunidad autónoma conforme a su legislación, conformidad previa del municipio e informe de las entidades locales afectadas (artículo 28 LBRL).

El concejo abierto se aplica a los municipios que tradicional y voluntariamente cuentan con este régimen y a aquellos en que lo aconsejen circunstancias geográficas, una mejor gestión u otras razones de interés municipal, mediante el procedimiento legal. El gobierno corresponde al alcalde y a una asamblea vecinal integrada por todos los electores, que actúan conforme a los usos y costumbres locales y, en su defecto, a la legislación aplicable (artículo 29 LBRL). Las leyes autonómicas pueden establecer regímenes especiales para municipios pequeños o rurales y para los que reúnan otras características singulares (artículo 30 LBRL).

Los municipios de gran población se someten al régimen especial del título X de la Ley de Bases. Se aplica directamente, entre otros, a los de más de 250.000 habitantes y a las capitales de provincia de más de 175.000; también puede aplicarse, por decisión de la asamblea legislativa autonómica a iniciativa municipal, a otras capitales o sedes institucionales y a municipios de más de 75.000 habitantes con circunstancias especiales (artículo 121 LBRL).

Este régimen separa con mayor intensidad las funciones deliberantes y ejecutivas. El Pleno dispone de comisiones y secretaría general; el alcalde ejerce la máxima representación y dirección política; y la Junta de Gobierno Local asume un papel ejecutivo reforzado. Se prevén distritos para impulsar la participación y órganos específicos como el Consejo Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (artículos 122, 124, 126, 128, 131 y 132 LBRL). El municipio sigue siendo la misma entidad local: lo que cambia es su organización interna para responder a una gestión urbana más compleja.

La provincia es una entidad local formada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. También constituye una división territorial para las actividades estatales. Solo una ley orgánica puede alterar sus límites (artículo 31.1 LBRL; artículo 141.1 CE).

Sus fines propios son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios municipales, además de participar en la coordinación entre la Administración local, la autonómica y la estatal (artículo 31.2 LBRL).

En todas las diputaciones existen presidente, vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno. También existen órganos de estudio, informe, consulta y seguimiento de la gestión; el resto de órganos complementarios se determina por la propia Diputación, sin perjuicio de la legislación autonómica (artículo 32 LBRL). El personal directivo de diputaciones, cabildos y consejos se nombra atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1. El reglamento orgánico puede exceptuar la condición funcionarial cuando lo justifiquen las características específicas de las funciones directivas (artículo 32 bis LBRL).

El Pleno de la Diputación elige a su presidente de entre sus miembros. Se exige mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en la segunda. El presidente puede ser destituido mediante moción de censura y también puede cesar por la pérdida de una cuestión de confianza vinculada a los asuntos previstos legalmente (artículo 207 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General —LOREG—).

El Pleno aprueba la organización, las ordenanzas, los planes provinciales, el presupuesto, la plantilla, las formas de gestión y determinadas operaciones patrimoniales y económicas; controla a los órganos de gobierno y plantea conflictos de competencias. La ley determina qué materias exigen mayoría cualificada y cuáles pueden delegarse (artículo 33 LBRL).

El presidente dirige el gobierno y la Administración provincial, representa a la Diputación, convoca y preside sesiones, dirige servicios, gestiona el presupuesto, ejerce la jefatura superior del personal, ejercita acciones y adopta medidas urgentes. Nombra a los vicepresidentes y puede delegar salvo en las materias excluidas (artículo 34 LBRL). La Junta de Gobierno, integrada por el presidente y un máximo de un tercio de los diputados, lo asiste y ejerce atribuciones delegadas; los vicepresidentes lo sustituyen por orden de nombramiento (artículo 35 LBRL).

Las competencias propias provinciales se centran en la coordinación de servicios municipales; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, especialmente a municipios de menor capacidad; los servicios supramunicipales; el desarrollo económico y social; funciones de coordinación financiera; apoyo recaudatorio y financiero a municipios de menos de 20.000 habitantes; administración electrónica y contratación centralizada; seguimiento de costes, y coordinación del mantenimiento y limpieza de consultorios médicos en los municipios previstos por la ley (artículo 36.1 LBRL).

La Diputación aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a obras y servicios municipales, asegura el acceso a los servicios mínimos, puede conceder ayudas, presta apoyo en funciones públicas necesarias y en selección y formación de personal y da soporte a los ayuntamientos en procedimientos y actividades de gestión (artículo 36.2 LBRL).

La coordinación provincial no establece una relación jerárquica general sobre los ayuntamientos. Cada municipio conserva personalidad, órganos y competencias. La Diputación interviene en los supuestos legalmente previstos para garantizar cobertura, asistencia técnica, solidaridad y eficiencia, especialmente cuando la dimensión o los recursos municipales no permiten prestar adecuadamente un servicio.

Las Comunidades Autónomas pueden delegar competencias en las diputaciones y encomendarles la gestión ordinaria de servicios propios. El Estado también puede delegar competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial resulte idóneo, previa consulta e informe autonómico (artículo 37 LBRL).

La Ley de Bases adapta el régimen provincial a distintas realidades territoriales:

• las corporaciones representativas distintas de la Diputación quedan sujetas a sus reglas equivalentes (artículo 38 LBRL);
• los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar dentro del Estatuto vasco y la Ley de Bases se les aplica con carácter supletorio (artículo 39 LBRL);
• las Comunidades Autónomas uniprovinciales y Navarra asumen las competencias, medios y recursos de las diputaciones, salvo las especialidades legales (artículo 40 LBRL);
• los cabildos canarios y consejos insulares baleares ejercen el gobierno, administración y representación de cada isla, y las mancomunidades interinsulares representan los intereses provinciales propios de los archipiélagos (artículo 41 LBRL).