Explicación del Tema 3 de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El título IV de la Constitución regula conjuntamente el Gobierno y la Administración porque existe entre ambos una relación de dirección, pero no una identidad. Comprender esa relación es la base del tema: muchas opciones de examen son incorrectas porque atribuyen al Gobierno una regla propia de la Administración o convierten a un órgano administrativo en miembro del Gobierno.

Funciones constitucionales del Gobierno

El artículo 97 CE atribuye al Gobierno cinco grandes funciones: dirigir la política interior, dirigir la política exterior, dirigir la Administración civil y militar, dirigir la defensa del Estado y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.

La dirección política permite definir prioridades y desarrollar el programa gubernamental. La función ejecutiva comprende la aplicación de las leyes y la adopción de decisiones para hacerlas efectivas. La potestad reglamentaria permite aprobar normas subordinadas a la Constitución y a la ley. Un reglamento puede desarrollar una ley, pero no contradecirla ni ocupar materias reservadas a ella.

La expresión «dirige la Administración» tampoco significa que toda actuación administrativa sea libremente disponible para el Gobierno. La Administración debe actuar conforme a los principios del artículo 103.1 CE: objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Dos realidades relacionadas, pero diferentes

La distinción se aprecia especialmente después de unas elecciones. El Gobierno puede cesar y quedar sometido al régimen de Gobierno en funciones, mientras la Administración continúa tramitando expedientes, prestando servicios y ejecutando las competencias que le corresponden. La continuidad administrativa no elimina la dirección gubernamental, pero evita que el servicio público se paralice con cada cambio político.

Control de la actuación gubernamental

El artículo 29 de la Ley 50/1997 somete toda actuación del Gobierno a la Constitución y al ordenamiento. Sus actos y omisiones están sujetos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y la actuación gubernamental puede someterse al Tribunal Constitucional en los procesos legalmente previstos.

No existe, por tanto, una actividad gubernamental inmune al control. Lo que cambia es el tipo de control: las Cortes exigen responsabilidad política; la jurisdicción controla la legalidad administrativa; y el Tribunal Constitucional conoce de los procesos constitucionales que le corresponden.

Síntesis del apartado

El Gobierno fija y dirige la acción política, pero actúa dentro del Derecho. La Administración ejecuta y gestiona con continuidad y objetividad, bajo dirección gubernamental y sometimiento a la legalidad. Gobierno y Administración cooperan, pero poseen naturaleza, funciones y controles distintos.

El artículo 98.1 CE dispone que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. La expresión constitucional deja un margen al legislador, pero la regulación vigente del artículo 1.2 de la Ley 50/1997 concreta la composición en Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes cuando existan y Ministros.

Quiénes son miembros

La existencia de vicepresidentes es facultativa. Cuando un Vicepresidente asume además la titularidad de un departamento, ostenta también la condición de Ministro. Los Ministros sin cartera sí forman parte del Gobierno, aunque no dirijan un departamento ordinario; un real decreto determina sus funciones, estructura y medios.

Para ser miembro del Gobierno se exige ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para empleo o cargo público por sentencia firme y reunir los requisitos legales de idoneidad (artículo 11 de la Ley 50/1997).

Tres principios de funcionamiento

La Ley del Gobierno combina tres principios que deben entenderse conjuntamente:

• Dirección presidencial: el Presidente fija las líneas generales y coordina la acción gubernamental.
• Colegialidad: determinadas decisiones corresponden al Consejo de Ministros como órgano colegiado.
• Principio departamental: cada Ministro conserva competencia y responsabilidad directa en su ámbito.

La dirección del Presidente no convierte a los ministros en simples ejecutores sin responsabilidad propia. La colegialidad tampoco significa que toda decisión administrativa deba llegar al Consejo de Ministros. El sistema distribuye la actuación entre dirección común, decisiones colegiadas y gestión sectorial.

Nombramiento, separación e incompatibilidades

Obtenida la confianza del Congreso, el Rey nombra al Presidente. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (artículo 100 CE). La secuencia importa: el Consejo de Ministros no elige a los ministros y las Cortes no los nombran individualmente.

Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas distintas de las propias del mandato parlamentario, otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercantil alguna (artículo 98.3 CE). La incompatibilidad protege su dedicación y evita conflictos entre el interés público y actividades privadas.

Responsabilidad

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. Al mismo tiempo, cada Ministro asume la competencia y responsabilidad directa de su departamento. Son dos planos compatibles: responsabilidad conjunta por la orientación gubernamental y responsabilidad propia por la gestión sectorial.

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Para una acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de las funciones se requiere iniciativa de una cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta, y no cabe la prerrogativa real de gracia (artículo 102 CE).

Síntesis del apartado

El Gobierno vigente no incluye a todos los altos cargos: lo forman Presidente, vicepresidentes cuando existan y ministros. Su actuación combina dirección presidencial, decisión colegiada y responsabilidad departamental. El nombramiento de los ministros sigue la cadena Presidente propone y Rey nombra.

El Presidente no es únicamente quien encabeza formalmente el Gobierno. El artículo 98.2 CE le atribuye la dirección de la acción gubernamental y la coordinación de las funciones de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada Ministro. Su posición explica que intervenga tanto en la formación del Gobierno como en su programa, organización, relaciones con las Cortes y cese.

Investidura y nombramiento

Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el procedimiento del artículo 99 CE sigue esta secuencia:

1. El Rey consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. 2. A través del Presidente del Congreso, propone un candidato. 3. El candidato expone su programa ante el Congreso y solicita la confianza. 4. En primera votación necesita mayoría absoluta. 5. Si no la obtiene, se celebra otra votación cuarenta y ocho horas después y basta mayoría simple. 6. Si tampoco prospera, pueden tramitarse sucesivas propuestas. 7. Transcurridos dos meses desde la primera votación sin investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con refrendo del Presidente del Congreso.

El plazo de dos meses no comienza con la propuesta del candidato ni con la constitución de las Cortes, sino con la primera votación de investidura. Una vez otorgada la confianza, el Rey nombra al Presidente.

Competencias presidenciales

Las funciones del artículo 2.2 de la Ley 50/1997 pueden agruparse por su finalidad:

Varias competencias necesitan una actuación previa o autorización. La disolución se propone previa deliberación del Consejo de Ministros; la cuestión de confianza también exige deliberación previa; y el referéndum consultivo necesita autorización del Congreso. «Deliberar», «autorizar», «proponer» y «decidir» no son equivalentes.

Confianza parlamentaria

La moción española es constructiva: no basta con rechazar al Gobierno, sino que debe ofrecer un candidato alternativo. Si se aprueba, el candidato queda investido y el Rey lo nombra Presidente.

Cese y Gobierno en funciones

El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento del Presidente (artículo 101 CE). El cese presidencial arrastra al Gobierno completo. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo para evitar un vacío institucional.

El Gobierno en funciones debe facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes. Como regla, limita su gestión al despacho ordinario, salvo urgencia debidamente acreditada o razones de interés general expresamente justificadas (artículo 21 de la Ley 50/1997).

El Presidente en funciones no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear una cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo. El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley. Si la situación deriva de elecciones generales, las delegaciones legislativas quedan en suspenso mientras dure.

Suplencia

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones presidenciales son asumidas por los vicepresidentes según su orden de prelación y, si no existen, por los ministros conforme al orden de precedencia de los departamentos. La suplencia no equivale a una nueva investidura: permite asegurar temporalmente el ejercicio de las funciones.

Síntesis del apartado

El Presidente nace de la confianza del Congreso y es nombrado por el Rey. Dirige y coordina, organiza el Gobierno y articula sus relaciones constitucionales. Su cese determina el del Gobierno, que permanece en funciones con poderes limitados hasta la toma de posesión del siguiente.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado en el que el Gobierno adopta sus principales decisiones. Lo integran el Presidente, los vicepresidentes cuando existan y los ministros. Los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos pueden asistir si son convocados, pero no adquieren por ello la condición de miembros.

Competencias

El artículo 5 de la Ley 50/1997 concentra las decisiones gubernamentales de mayor relevancia:

• Aprobar proyectos de ley y remitirlos a las Cortes.
• Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
• Aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos.
• Acordar la negociación y firma de tratados, su aplicación provisional y su remisión a las Cortes cuando proceda.
• Declarar el estado de alarma y el de excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.
• Aprobar reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes y las demás disposiciones reglamentarias de su competencia.
• Crear, modificar y suprimir órganos directivos de los departamentos ministeriales.
• Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para los órganos de la Administración General del Estado.

La lista combina potestad normativa, relaciones internacionales, organización administrativa y dirección general. No toda norma aprobada por el Consejo tiene el mismo rango: un decreto-ley posee rango de ley; un real decreto reglamentario está subordinado a la ley; y un acuerdo puede contener una decisión sin naturaleza reglamentaria.

Reuniones, secretaría y actas

El Presidente convoca y preside las reuniones y fija el orden del día. Actúa como Secretario el Ministro de la Presidencia (artículo 18 de la Ley 50/1997). Las reuniones pueden ser decisorias o deliberantes y sus deliberaciones son secretas.

El acta recoge exclusivamente tiempo y lugar, asistentes, acuerdos e informes presentados. No reproduce las intervenciones. Así se compatibiliza la constancia formal de lo decidido con el secreto de la deliberación interna.

Sesiones a distancia

La disposición adicional tercera permite sesiones a distancia del Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas cuando una situación excepcional y la naturaleza de la crisis lo exijan. La decisión corresponde motivadamente al Presidente. Todos los participantes deben encontrarse en territorio español, su identidad debe quedar acreditada y han de garantizarse la comunicación en tiempo real y el secreto o reserva de las deliberaciones.

No basta, por tanto, con que resulte cómodo o con que un miembro se encuentre de viaje. Existen presupuesto excepcional, decisión motivada y garantías técnicas concretas.

Forma de las decisiones

La forma permite identificar autor, rango y régimen de control. «Real decreto» no significa siempre norma con rango de ley: la denominación debe completarse con el órgano y la materia.

Síntesis del apartado

El Consejo reúne al Gobierno para decidir colegiadamente. Aprueba proyectos y normas, adopta decisiones de dirección y organización y documenta sus acuerdos sin publicar la deliberación interna. Presidente convoca y preside; Ministro de la Presidencia actúa como Secretario.

Preguntado en convocatorias oficiales

El Consejo de Ministros no prepara por sí solo todos los expedientes que resuelve. La Ley del Gobierno crea órganos que coordinan materias, examinan asuntos antes de su elevación y prestan apoyo documental o técnico. La clave consiste en distinguir preparar, coordinar, apoyar y decidir.

Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas son órganos colegiados que actúan sobre materias relacionadas con varios ministerios. Se crean, modifican y suprimen por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente. Ese real decreto determina presidencia, miembros, funciones, secretaría y régimen interno.

Pueden examinar cuestiones generales comunes a varios departamentos, estudiar asuntos que requieran propuesta conjunta antes del Consejo, resolver asuntos interministeriales que no deban elevarse al Consejo y ejercer atribuciones conferidas por el ordenamiento o delegadas por el propio Consejo.

Su capacidad decisoria depende, por tanto, de la competencia legal o delegada. No son simples grupos de estudio, pero tampoco pueden asumir libremente cualquier competencia del Consejo. Sus deliberaciones son secretas.

Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

La Comisión General prepara las reuniones del Consejo de Ministros. La integran los titulares de las Secretarías de Estado y las Subsecretarías; también asisten el Abogado General del Estado y los altos cargos con rango equivalente convocados por razón de la materia.

La preside un Vicepresidente o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia. Ejerce la secretaría el Subsecretario de la Presidencia y, en los supuestos legales de ausencia, vacante o enfermedad, el Director del Secretariado del Gobierno.

Examina los asuntos que se someterán al Consejo, salvo nombramientos, ceses, determinados ascensos militares y asuntos urgentes que deban ir directamente. También analiza cuestiones interministeriales que no sean competencia del Consejo o de sus Comisiones Delegadas. Sus deliberaciones son reservadas y nunca puede adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

Este último límite es la diferencia decisiva: la Comisión General filtra y prepara, pero no sustituye la voluntad colegiada del Gobierno.

Secretariado del Gobierno y Gabinetes

El Secretariado del Gobierno presta asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas y a la Comisión General. Tramita convocatorias, archiva órdenes del día y actas, colabora en la tramitación, vela por la calidad técnica y por la publicación correcta de las disposiciones y asiste al Ministro-Secretario.

Los Gabinetes prestan apoyo político y técnico al Presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, pero no pueden adoptar actos o resoluciones legalmente atribuidos a órganos administrativos. Asesorar no equivale a ejercer la competencia del órgano asesorado.

Delegación y avocación

El Presidente puede delegar competencias propias en vicepresidentes y ministros. Los ministros pueden delegar en secretarios de Estado, subsecretarios, Delegados del Gobierno y órganos directivos. El Consejo puede delegar funciones administrativas en las Comisiones Delegadas, a propuesta del Presidente.

No pueden delegarse competencias atribuidas directamente por la Constitución, determinadas competencias de nombramiento y separación, las conferidas a órganos colegiados salvo autorización legal ni las declaradas indelegables. En sentido inverso, el Consejo de Ministros puede avocar un asunto atribuido a una Comisión Delegada mediante acuerdo motivado y a propuesta del Presidente.

Síntesis del apartado

Las Comisiones Delegadas pueden coordinar y, cuando exista competencia, resolver. La Comisión General prepara pero nunca decide por delegación. El Secretariado tramita y custodia; los Gabinetes asesoran. La función de apoyo no convierte a ninguno de estos órganos en miembro del Gobierno.

Preguntado en convocatorias oficiales

La organización gubernamental y la administrativa se encuentran en los ministerios. Por eso ciertas figuras poseen una doble dimensión: el Ministro participa en la dirección política colegiada y, al mismo tiempo, dirige un departamento de la Administración.

Vicepresidentes

Los vicepresidentes existen solo cuando así se disponga. Ejercen las funciones que les encomiende el Presidente y pueden dirigir un departamento ministerial. En ese último caso acumulan las condiciones de Vicepresidente y Ministro. Su número y orden permiten resolver la suplencia presidencial, pero no les atribuyen por sí solos todas las competencias del Presidente.

Ministros

Los Ministros son simultáneamente miembros del Gobierno y órganos superiores de la Administración General del Estado. Son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente. Como titulares de un departamento desarrollan la acción del Gobierno en un sector y ejercen la superior dirección administrativa correspondiente.

Sus competencias del artículo 61 de la Ley 40/2015 pueden comprenderse mediante cinco funciones:

La enumeración legal es extensa, pero responde a una idea sencilla: el Ministro transforma la orientación política del Gobierno en objetivos y decisiones para su sector administrativo. Los Ministros sin cartera ejercen las funciones que determine el real decreto que configure su posición.

Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son órganos superiores directamente responsables de ejecutar la acción del Gobierno en un sector específico de un departamento o de la Presidencia. Actúan bajo la dirección del Ministro o, si están adscritos a Presidencia, bajo la del Presidente. No son miembros del Gobierno.

Son nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente o del miembro del Gobierno del que dependan. Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales adscritas, supervisan objetivos, mantienen relaciones externas y pueden ejercer competencias de contratación, gasto, ayudas y resolución dentro de los límites legales.

Síntesis del apartado

El Ministro conecta Gobierno y Administración porque pertenece al primero y dirige un departamento de la segunda. El Secretario de Estado es también órgano superior, pero su función es sectorial y administrativa y no forma parte del Gobierno. «Órgano superior» y «miembro del Gobierno» son categorías distintas.

La llamada tradicionalmente Administración periférica es la organización territorial de la Administración General del Estado. No constituye una Administración diferente ni pertenece a la comunidad autónoma: permite que las competencias estatales se ejerzan sobre el territorio mediante Delegaciones, Subdelegaciones, Direcciones Insulares y servicios territoriales.

Estructura territorial

Existe una Delegación en cada comunidad autónoma. Su sede se sitúa donde radique el Consejo de Gobierno autonómico, salvo decisión diferente del Consejo de Ministros y sin perjuicio del Estatuto de Autonomía. Las Delegaciones se adscriben orgánicamente al ministerio competente en materia de política territorial.

Debe distinguirse la adscripción de la Delegación como estructura de la dependencia del Delegado como titular. La estructura se integra orgánicamente en el ministerio correspondiente; el Delegado depende orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por la materia. No existe contradicción: se están describiendo sujetos y relaciones diferentes.

Subdelegaciones

En cada provincia de una comunidad pluriprovincial existe un Subdelegado bajo la inmediata dependencia del Delegado. En las comunidades uniprovinciales pueden crearse Subdelegaciones por real decreto cuando lo justifiquen población, volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales o económicas. Si no existe Subdelegado, el Delegado asume sus competencias provinciales.

Direcciones Insulares

El artículo 70 de la Ley 40/2015 remite al reglamento la determinación de las islas. El artículo 6 del Real Decreto 617/1997 establece Direcciones Insulares en:

El ámbito de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote y Fuerteventura comprende también las demás islas agregadas administrativamente. La reforma constitucional que separó Ibiza y Formentera como circunscripciones senatoriales no modificó por sí sola la Dirección Insular conjunta prevista en el Real Decreto 617/1997.

Servicios integrados y no integrados

Los servicios territoriales pueden estar integrados o no en las Delegaciones:

La integración favorece la dirección territorial común; la no integración mantiene una conexión más directa con el órgano central especializado. En ambos casos se trata de servicios estatales.

Las Delegaciones y Subdelegaciones cuentan con una Secretaría General que gestiona servicios comunes. La Abogacía del Estado presta asistencia jurídica y la Intervención General de la Administración del Estado ejerce las funciones de intervención y control económico-financiero.

Coordinación y asistencia

La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica conecta la actuación territorial con los departamentos ministeriales. Existen además comisiones de asistencia al Delegado en comunidades pluriprovinciales y uniprovinciales, a los Subdelegados y a los Delegados de Ceuta y Melilla. Su finalidad es compartir información, coordinar actuaciones homogéneas y mejorar el uso de recursos.

Síntesis del apartado

La Administración estatal se organiza territorialmente sin dejar de ser única. La Delegación articula el ámbito autonómico, la Subdelegación el provincial y la Dirección Insular determinadas islas. Los servicios integrados priorizan la coordinación territorial; los no integrados mantienen dependencia directa del órgano central sectorial.

Las tres figuras trasladan la acción estatal al territorio, pero se diferencian por ámbito, rango, nombramiento y dependencia. Aprenderlas de forma comparada evita atribuir al Subdelegado la representación autonómica del Gobierno o exigir al Director Insular un nombramiento por el Consejo de Ministros.

Delegado del Gobierno

El Delegado representa al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado que corresponde al presidente autonómico (artículo 154 CE y artículo 72 de la Ley 40/2015). Dirige y supervisa la Administración General del Estado en el territorio y la coordina internamente y con las Administraciones autonómica y local.

Es órgano directivo con rango de Subsecretario y condición de alto cargo. Lo nombra y separa el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente, atendiendo a competencia profesional, experiencia e idoneidad. Depende orgánicamente del Presidente y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia.

Sus competencias pueden ordenarse en cinco grupos: dirección y coordinación de los servicios estatales; información sobre la acción del Gobierno; cooperación con comunidades y entidades locales; control de legalidad; y evaluación y desarrollo territorial de políticas públicas. Nombra a Subdelegados y Directores Insulares, ejerce potestades atribuidas o delegadas y coordina el uso de medios y edificios estatales.

En seguridad ciudadana protege el libre ejercicio de derechos y garantiza la seguridad a través de Subdelegados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ostenta la jefatura de estas Fuerzas y Cuerpos en la comunidad autónoma bajo dependencia funcional del Ministerio del Interior.

En ausencia, vacante o enfermedad lo suple el Subdelegado que designe y, en su defecto, el de la provincia sede. En una comunidad uniprovincial sin Subdelegado, lo suple el Secretario General.

Subdelegado del Gobierno

El Subdelegado actúa en la provincia bajo la inmediata dependencia del Delegado. Tiene nivel de Subdirector General y no posee condición de alto cargo. Lo nombra el Delegado por libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, comunidades autónomas o entidades locales pertenecientes al subgrupo A1.

Mantiene relaciones de cooperación territorial, protege derechos y seguridad ciudadana, dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la protección civil en la provincia, dirige los servicios integrados cuando corresponda, supervisa los no integrados y coordina medios materiales. También ejerce potestad sancionadora y las competencias atribuidas, desconcentradas o delegadas.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, lo suple el Secretario General de la Subdelegación o, en su defecto, quien designe el Delegado, siempre con los requisitos exigidos reglamentariamente.

Director Insular

El Director Insular es nombrado y cesado por resolución del Delegado del Gobierno, publicada en el BOE. La selección se realiza por libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 conforme al artículo 70 de la Ley 40/2015. Depende del Delegado o del Subdelegado cuando este exista.

En su isla ejerce las competencias que la Ley atribuye a los Subdelegados y las demás que se le desconcentren o deleguen. No tiene rango de Subdelegado: su nivel se determina en la relación de puestos de trabajo. En ausencia, vacante o enfermedad lo suple el Secretario General de la Dirección Insular o, en su defecto, quien designe el Delegado.

Comparación completa

Síntesis general

El Gobierno dirige la política y la Administración dentro del ordenamiento. El Presidente marca y coordina la acción; el Consejo de Ministros adopta decisiones colegiadas; sus órganos de colaboración preparan y apoyan sin confundirse con él; y ministros y Secretarios de Estado trasladan la dirección política a sectores administrativos. La organización territorial completa el recorrido: Delegado en la comunidad, Subdelegado en la provincia y Director Insular en las islas determinadas reglamentariamente.

Para resolver una pregunta conviene identificar cuatro datos en orden: naturaleza del órgano, verbo de la competencia, autoridad que nombra y ámbito territorial. Con este método se distinguen figuras cuyo nombre es próximo, pero cuya posición jurídica es diferente.

Preguntado en convocatorias oficiales