Base legislativa del Tema 38 de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El trabajo será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un

elemento fundamental del tratamiento.

Sus condiciones serán:

a)No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida de corrección.

b)No atentará a la dignidad del interno.

c)Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivo o terapéutico, con el fin de preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre.

d)Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los recluidos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad del establecimiento.

e)Será facilitado por la administración.

f)Gozará de la protección dispensada por la legislación vigente en materia de Seguridad

Social.

g)No se supeditará al logro de intereses económicos por la Administración.

Uno.El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos, estará

comprendido en alguna de las siguientes modalidades:

a)Las de formación profesional, a las que la administración dará carácter preferente.

b)Las dedicadas al estudio y formación académica.

c)Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de

acuerdo con la legislación vigente.

d)Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento.

e)Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento.

f)Las artesanales, intelectuales y artísticas.

Dos.Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado y se desarrollará en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente.

El trabajo será compatible con las sesiones de tratamiento y con las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin la Administración adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegurar la satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado.

Uno.Todos los penados tendrán obligación de trabajar conforme a sus aptitudes físicas y

mentales.

Quedarán exceptuados de esta obligación, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso,

de los beneficios penitenciarios:

a)Los sometidos a tratamiento médico por causas de accidente o enfermedad hasta que

sean dados de alta.

b)Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de trabajos.

c)Los mayores de sesenta y cinco años.

d)Los perceptores de prestaciones por jubilación.

e)Las mujeres embarazadas durante dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de excepción se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

f)Los internos que no puedan trabajar por razón de fuerza mayor.

Dos.Los sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. La administración del establecimiento les facilitará los medios de ocupación de que disponga, permitiendo al interno procurarse a sus expensas otros, siempre que sean compatibles con las garantías procesales y la seguridad y el buen orden de aquél. Los que voluntariamente realicen cualquiera de los trabajos expresados en el artículo 27 lo harán en las condiciones y con los efectos y beneficios previstos en esta Ley. Todo interno deberá contribuir al buen orden, limpieza e higiene del establecimiento, siendo reglamentariamente determinados los trabajos organizados a dichos fines.

Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los internos tendrán en igualdad de condiciones, carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras de las Administraciones públicas.

Concepto y caracteres

El trabajo penitenciario de carácter productivo por cuenta ajena no realizado mediante fórmulas cooperativas o similares, a que se refiere la letra c) del artículo 27.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, es un derecho y un deber del interno, constituye un elemento fundamental del tratamiento cuando así resulte de la formulación de un programa individualizado y tiene, además, la finalidad de preparar a los internos para su acceso al mercado laboral cuando alcancen la libertad.

El deber de trabajar

1.Todos los penados tienen el deber de trabajar conforme a sus aptitudes, ya sea desarrollando el trabajo a que se refiere el artículo anterior o cualquiera de las otras modalidades de ocupación establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

2.Quedarán exceptuados de esta obligación, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso,

de los beneficios penitenciarios:

a)Los sometidos a tratamiento médico por causa de accidente o enfermedad, hasta que

sean dados de alta.

b)Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de trabajos.

c)Los mayores de sesenta y cinco años de edad.

d)Los perceptores de prestaciones por jubilación.

e)Las mujeres embarazadas, con motivo del parto, durante dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas, distribuidas antes y después del alumbramiento a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

f)Los internos que no puedan trabajar por razón de fuerza mayor.

3.Los presos preventivos podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones, a cuyo efecto la Administración Penitenciaria les facilitará los medios de ocupación de que disponga. Cuando voluntariamente realicen trabajos productivos encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria gozarán, en igualdad de condiciones con los penados, de las remuneraciones establecidas para los mismos.

Trabajo ocupacional

1.En los Establecimientos penitenciarios podrán existir talleres ocupacionales donde trabajen los reclusos, de acuerdo con los programas que se establezcan por la Administración Penitenciaria competente o por la Junta de Tratamiento del Centro.

2.Los reclusos que desarrollen trabajos ocupacionales podrán recibir incentivos,

recompensas o beneficios penitenciarios por la realización de su trabajo.

3 Los beneficios económicos que pudieran existir por la venta de los productos elaborados en los talleres ocupacionales se destinarán a la reposición de los materiales necesarios para la elaboración de los productos, así como al pago de incentivos a los internos.

4.Los trabajos desarrollados en los talleres ocupacionales no se encuadran en la relación laboral de carácter especial regulada en el capítulo anterior, ni gozan de la acción protectora de la Seguridad Social.

Ámbito de aplicación y exclusiones

1.El presente Real Decreto regula la relación laboral de carácter especial existente entre el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente y los internos que desarrollen una actividad laboral en los talleres productivos de los centros penitenciarios, así como la de quienes cumplen penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

2.Queda excluida de su ámbito de aplicación la relación laboral de los internos en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, que se regulará por la legislación laboral común, sin perjuicio de la tutela que en la ejecución de estos contratos pueda realizarse por la autoridad penitenciaria.

3.También quedan excluidas de esta regulación las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollen en los establecimientos penitenciarios, tales como la formación profesional ocupacional, el estudio y la formación académica, las ocupacionales que formen parte de un tratamiento, las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento, las artesanales, intelectuales y artísticas y, en general, todas aquellas ocupaciones que no tengan naturaleza productiva.

4.La relación laboral especial penitenciaria se regula por lo dispuesto en este Real Decreto. Las demás normas de la legislación laboral común, incluido el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sólo serán aplicables en los casos en que se produzca una remisión expresa desde este Real Decreto o la normativa de desarrollo.

5.Las cuestiones litigiosas derivadas de los conflictos individuales que se promuevan por los internos trabajadores encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria se regirán por el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. Para demandar al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma establecida en el artículo 69 y siguientes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sujetos de la relación laboral

1.A los efectos del presente Real Decreto son trabajadores los internos que desarrollen actividades laborales de producción por cuenta ajena en los talleres productivos de los centros penitenciarios.

2.También a dichos efectos el empleador será en todos los casos el Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente.

Acceso a los puestos de trabajo

1.El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente mantendrá una oferta de puestos de trabajo acorde con las disponibilidades económicas, ordenada en un catálogo y clasificada por actividades, especificando la formación requerida y las características de cada puesto.

2.El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias elaborará periódicamente la lista de puestos vacantes en los talleres productivos, detallando sus

características. La Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicará los puestos a los internos, siguiendo el siguiente orden de prelación:

1.º Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple el

desarrollo de una actividad laboral.

2.º Los internos penados sobre los preventivos. 3.º La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo. 4.º La conducta penitenciaria. 5.º El tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario. 6.º Las cargas familiares. 7.º La situación prevista en el artículo 14.1 de este Real Decreto.

Objeto y finalidad de la relación laboral

1.La finalidad esencial del trabajo es la preparación para la futura inserción laboral del interno, por cuya razón ha de conectarse con los programas de formación profesional ocupacional que se desarrollen en los centros penitenciarios, tanto a efectos de mejorar las capacidades de los mismos para el posterior desempeño de un puesto de trabajo en los talleres productivos como para su futura incorporación laboral cuando accedan a la libertad.

2.El trabajo que realice el penado objeto de relación laboral, deberá ser productivo y

remunerado.

3.Con el fin de propiciar que la oferta de puestos de trabajo siga la evolución de la demanda del sector productivo, se revisará la misma, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Derechos laborales

1.Los internos trabajadores tendrán los siguientes derechos laborales básicos:

a)A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, dentro de los límites marcados por la legislación laboral penitenciaria, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, así como por el idioma.

b)A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, de

acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre dicha materia.

c)Al trabajo productivo y remunerado que pudiere ofertar la Administración penitenciaria, así como a la percepción puntual de la remuneración establecida por la legislación penitenciaria, al descanso semanal y a las vacaciones anuales.

d)Al respeto a su intimidad, con las limitaciones exigidas por la ordenada vida en prisión, y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

e)A participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las

condiciones establecidas en la legislación penitenciaria.

f)A la formación para el desempeño del puesto, así como a la promoción en el trabajo.

2.Asimismo, tendrán derecho a que se valore el trabajo productivo realizado y la laboriosidad del interno en orden al régimen y tratamiento penitenciario, así como para la concesión de beneficios penitenciarios cuando se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

Deberes laborales

Los internos trabajadores tendrán los siguientes deberes laborales básicos:

a)Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, con arreglo a las reglas de la buena fe, diligencia y disciplina, así como con las que se deriven de la actividad laboral comprendida en su programa individualizado de tratamiento.

b)Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.

c)Cumplir las órdenes e instrucciones del personal responsable de la organización y

gestión de los talleres, en el ejercicio regular de sus funciones.

d)Contribuir a conseguir el cumplimiento de los fines de la relación laboral, tanto desde el punto de vista de su preparación para la inserción laboral, como en relación con el cumplimiento de los objetivos de la actividad laboral que se le encomienda.

Inicio y duración de la relación laboral

1.La relación laboral especial penitenciaria se formalizará con la inscripción del interno en el correspondiente Libro de Matrícula, con efectos desde la fecha en que se produzca el alta efectiva en el puesto de trabajo. También se anotará en dicho Libro la extinción de la relación laboral, así como su suspensión por causa de traslado del interno a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses.

2.La duración de la relación laboral coincidirá con la de la obra o servicio que se le

encomiende.

Promoción en el trabajo

1.Los internos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y

funciones desempeñadas, serán clasificados en las siguientes categorías:

a)Operario base: los que desempeñen el conjunto de tareas necesarias para el

funcionamiento de los talleres productivos.

b)Operario superior: los que, además de desempeñar las tareas necesarias para el

funcionamiento de los talleres productivos, colaboran en su organización y su desarrollo.

2.Esta distinción se tendrá en cuenta en la fijación del módulo retributivo.

Causas de suspensión y de extinción de la relación laboral

Suspensión de la relación laboral

1.La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes

causas:

a)Mutuo acuerdo de las partes.

b)Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios.

c)Maternidad y riesgo durante el embarazo. En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, distribuidas antes o después del parto a opción de interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al mismo.

la

d)Fuerza mayor temporal.

2.Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las

siguientes causas:

a)Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias

penitenciarias de aislamiento.

b)Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.

c)Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses,

así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas.

d)Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.

3.La suspensión de la relación laboral exonerará de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo. En estos supuestos, el Director del centro penitenciario podrá designar a otro interno trabajador para el desempeño del puesto de trabajo mientras dure la suspensión.

Extinción de la relación laboral

1.La relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:

a)Por mutuo acuerdo de las partes.

b)Por la terminación de la obra o servicio.

c)Por ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad al

desempeño del puesto de trabajo adjudicado.

d)Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador

penitenciario.

e)Por jubilación del interno trabajador.

f)Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo.

g)Por renuncia del interno trabajador.

h)Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, siempre que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación.

2.Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria se extinguirá:

a)Por la excarcelación del trabajador penitenciario.

b)Por contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en

tercer grado.

c)Por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.

d)Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un período

superior a dos meses.

e)Por razones de disciplina y seguridad penitenciaria.

f)Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial

penitenciaria.

3.La extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará, previa valoración de las circunstancias de cada caso, por el Director del centro penitenciario en su calidad de delegado del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente.

Organización y dirección del trabajo

1.Corresponde al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente la planificación, organización y control del trabajo desarrollado por los internos en los talleres penitenciarios.

2.El trabajo de los internos en los talleres penitenciarios podrá organizarse directamente por el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente o en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior. En todo caso, el Organismo autónomo u órgano autonómico equivalente no perderá su condición de empleador en relación con los internos trabajadores.

3.La organización y los métodos de trabajo que se apliquen en los talleres penitenciarios tratarán de asemejarse lo más posible a los de las empresas del exterior, con el fin de favorecer su futura inserción laboral.

4.La actividad desarrollada en los talleres penitenciarios estará sometida a la normativa correspondiente en materia de prevención de riegos laborales, sin perjuicio de las adaptaciones que fueren necesarias en función de las especifidades del medio penitenciario.

5.Sin perjuicio de lo previsto en el apartado segundo de este artículo, en el caso de que el trabajo se organice en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, éstas vendrán obligadas a asegurar que se cumplan las obligaciones, de evaluación de riesgos y planificación de su prevención en el trabajo, de formación preventiva y de cumplimiento de las medidas preventivas que correspondan en función de la actividad desarrollada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo estarán obligadas a respetar la intimidad y dignidad del interno trabajador, a conservar adecuadamente las instalaciones que ocupe, a colaborar con el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente en cuantos aspectos e informaciones le sean requeridas y, en general, a cumplir los compromisos acordados en el acuerdo de colaboración suscrito por ambas partes.

6.La dirección y control de la actividad concreta de los internos corresponde al Director del establecimiento penitenciario y al personal encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres.

7.En sus relaciones recíprocas, el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente y los trabajadores penitenciarios se someterán a las exigencias de la buena fe.

Control de la actividad laboral

El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

Participación

Para la mejora de los resultados, los internos que realicen trabajos productivos podrán participar, siempre que no interfieran los planes productivos establecidos por el organismo autónomo u órgano equivalente autonómico, en la organización y planificación del trabajo, con arreglo a los siguientes criterios:

a)Aportando ideas, individual o colectivamente, sobre los planes de trabajo y los

sistemas laborales.

b)Participando en la evaluación y análisis de los sistemas de producción y formulando, a través de las comisiones sectoriales correspondientes, propuestas para la fijación anual del módulo retributivo por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente.

c)Formando parte de los equipos encargados del control y mantenimiento de los

sistemas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Movilidad

1.Con el fin de propiciar que la preparación para la inserción laboral no se vea interrumpida con ocasión de traslados entre centros penitenciarios motivados por razones de arraigo familiar u otras que redunden en beneficio del interno, los internos que hubiesen desempeñado un puesto de trabajo en un centro penitenciario por un período superior a un año, siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el centro de procedencia, tendrán prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes del centro penitenciario de destino.

2.En caso de traslado del interno a otro centro penitenciario se le expedirá certificación

acreditativa de todas sus circunstancias laborales.

Régimen retributivo

1.La retribución que reciban los internos trabajadores se determinará en función del rendimiento normal de la actividad de que se trate y del horario de trabajo efectivamente cumplido.

2.Para la determinación de la retribución, se aplicarán los parámetros señalados en el apartado anterior a un módulo, para cuyo cálculo se tomará como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, de tal manera que el salario resultante se fijará proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador.

3.El módulo retributivo a que se refiere el apartado anterior, que se determinará anualmente por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, incluirá la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de vacaciones anuales retribuidas, así como las gratificaciones extraordinarias, en su caso.

4.Las retribuciones podrán calcularse por producto o servicio realizado, por tiempo o por

cualquier otro sistema, aplicando lo señalado en los apartados anteriores.

Si el sistema aplicado es el de producto, y en el caso de que la organización del trabajo se lleve acabo en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente se reserva el derecho a establecer los métodos y tiempos aplicables en la elaboración de los distintos productos.

5.El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente podrá establecer primas a la producción, en función de la mejora de la calidad del trabajo, de la superación de determinados niveles de producción o de cualquier otra variable que se determine.

Pago de las retribuciones

1.El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente efectuará el pago de las retribuciones mediante su ingreso mensual en la cuenta de peculio del interno.

2.Las retribuciones del trabajo de los internos sólo serán embargables en las condiciones y con los requisitos establecidos para el salario en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Tiempo de trabajo

1.El Director del centro penitenciario, en su calidad de delegado del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente, establecerá el calendario laboral que regirá a lo largo del año, incorporando, en su caso, las especifidades que proceda, sistemas de jornada continua, partida, nocturna o por turnos.

2.Los internos trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido que se disfrutará, con carácter general, la tarde del sábado y el día completo del domingo, excepto en el sistema por turnos que se estará a lo establecido para la actividad de que se trate. También serán días de descanso las fiestas laborales de la localidad donde radique el centro penitenciario.

3.El horario de trabajo, dentro de los límites establecidos legalmente para la jornada de

trabajo, será el necesario para el correcto desarrollo de la actividad productiva.

4.Previo acuerdo con los trabajadores, el Director del centro penitenciario podrá modificar, cuando las circunstancias excepcionales de producción lo exijan, el calendario laboral aprobado o la jornada habitual.

5.Las vacaciones anuales de los internos trabajadores tendrán una duración de treinta días naturales o la parte proporcional que corresponda en su caso. El momento de disfrute se condicionará a las orientaciones del tratamiento y a las necesidades de trabajo en los sectores laborales.

Permisos e interrupciones

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo durante cualquier

clase de permiso o salida autorizada. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.

Protección de Seguridad Social de los internos que trabajen en talleres penitenciarios

Acción protectora de la Seguridad Social

Los internos trabajadores sujetos a la relación laboral especial penitenciaria quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y gozarán de la prestación de asistencia sanitaria, así como de la acción protectora del mismo en las situaciones de maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y situaciones derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Asimismo, estarán protegidos por la contingencia de desempleo cuando sean liberados de prisión, en los términos establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Afiliación, altas, bajas y cotización

1.El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o el órgano autonómico equivalente competente asumirá, las obligaciones de afiliación, alta, baja y cotización, que las normas de Seguridad Social imponen al empresario.

respecto de estos

trabajadores,

2.Con carácter general, la cotización se realizará conforme a las normas siguientes:

a)El tipo de cotización será el correspondiente a las situaciones por contingencias

comunes incluidas en la acción protectora de estos internos.

b)La cotización por las contingencias profesionales se efectuará aplicando la tarifa de primas vigente a las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, sin que, con carácter general, dicha base sea inferior a las bases mínimas de cotización por contingencias profesionales aplicables a los contratos a tiempo parcial.

c)En la cotización por la contingencia de desempleo se aplicará el tipo de cotización

establecido para la contratación indefinida vigente en cada momento.

Obligación de cotizar

1.La obligación de cotizar se mantendrá mientras dure la relación laboral.

2.En los casos de suspensión de la relación laboral únicamente continuará la obligación de cotizar en las situaciones de maternidad y riesgo durante el embarazo.

Se aprueba el Estatuto de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y

Formación para el Empleo, cuyo texto se inserta a continuación.

El personal funcionario y laboral que preste sus servicios en el extinto organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en el momento de entrada en vigor de este real decreto, pasará a prestar sus servicios para la nueva entidad con los mismos derechos y obligaciones que tuviera en el organismo autónomo y con el mismo régimen jurídico.

A la entrada en vigor del presente real decreto, se procederá a la modificación de la relación de puestos de trabajo para adaptarla a su organigrama general, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Quedan derogados el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Se autoriza al Ministro del Interior para dictar, previo cumplimiento de los trámites legales

oportunos, las disposiciones que fueran precisas para el desarrollo de este real decreto.

las Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos que sean precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, esta disposición no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

Objeto

La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo tiene por objeto la promoción, organización y control del trabajo productivo y la formación para el empleo de los reclusos de los centros penitenciarios, así como la colaboración permanente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la consecución de los fines encomendados por el artículo 25 de la Constitución y la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Funciones

Son funciones de la entidad:

a)La organización del trabajo productivo penitenciario y su oportuna retribución.

b)La gestión de los economatos y cafeterías existentes en los establecimientos penitenciarios y Centros de Inserción Social conforme a lo previsto en el artículo 299 y siguientes del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

c)La instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de los talleres, explotaciones agrícolas penitenciarias, o locales e instalaciones necesarias para los fines de la entidad, así como los servicios, obras y adquisiciones que se refieren a su explotación, producción o actividad.

d)La realización de actividades industriales, comerciales o análogas y, en general, cuantas operaciones se relacionen con el trabajo penitenciario o se le encomienden por las Administraciones Públicas, para el cumplimiento de los fines que le son propios.

e)La formación para el empleo de los internos en centros penitenciarios y centros de

inserción social.

f)La promoción de relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten el

cumplimiento de los fines de la entidad.

g)El impulso y la coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde la Administración penitenciaria en materia de preparación o acompañamiento para la inserción sociolaboral.

h)La colaboración permanente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias u otras instituciones especializadas, para la gestión de penas o medidas alternativas previstas en la legislación penal.

Normativa aplicable al trabajo penitenciario

1.Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo retribuirá el trabajo de los reclusos conforme al rendimiento normal de la actividad, categoría profesional y horario de trabajo efectivamente cumplido.

2.La relación laboral especial que se establezca entre la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y los internos que desarrollen una actividad laboral en los talleres productivos de los centros dependientes de la Administración penitenciaria, así como su protección de Seguridad Social, se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Órganos de dirección y firmeza de sus actos

1.La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo tendrá como máximos

órganos de dirección los siguientes:

a)El Presidente.

b)El Consejo de Administración.

c)El Director-Gerente.

2.Los actos dictados por el Presidente y el Consejo de Administración, en el ámbito de

sus respectivas competencias, pondrán fin a la vía administrativa.

El Presidente

El Presidente será el titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Corresponde al Presidente:

a)Aprobar los planes generales de actuación de la entidad.

b)Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Administración.

c)Ejercer las atribuciones que le corresponden como órgano de contratación de la

entidad.

d)Suscribir convenios y habilitar al Director-Gerente para suscribir contratos y

compromisos de colaboración con empresas externas.

e)Aprobar los gastos, así como ordenar los pagos que correspondan a los gastos

autorizados.

f)Rendir cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa

presupuestaria.

g)Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico.

El Consejo de Administración

1.El Consejo de Administración, que no podrá exceder de doce miembros, estará

formado por el Presidente y los siguientes vocales:

a)Los Subdirectores Generales de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, de Servicios Penitenciarios, de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, de Penas y Medidas Alternativas, e Instituciones Penitenciarias.

Inspección Penitenciaria, de

la Secretaría General de

b)Un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior, y el Jefe de la

Oficina Presupuestaria del citado Ministerio.

c)Un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, designado

por su titular, con nivel orgánico de subdirector general.

d)Un representante de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, designado por su titular, con nivel orgánico de subdirector general.

e)El Director-Gerente de la entidad, que desempeñará las funciones de secretario del

Consejo de Administración, con voz y voto.

Asistirá, asimismo, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto,

un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior.

2.En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del Director-Gerente, las funciones de

secretario recaerán en el Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.

3.Al Presidente le corresponde dirigir las deliberaciones del Consejo, que deberá

reunirse al menos dos veces al año.

4.En lo no previsto en este Estatuto, el funcionamiento del Consejo de Administración se

regirá por las disposiciones del capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Atribuciones del Consejo de Administración

Serán atribuciones del Consejo de Administración:

a)Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines esenciales de la entidad Trabajo

Penitenciario y Formación para el Empleo.

b)Aprobar el anteproyecto de presupuestos, así como, las cuentas anuales de la

entidad.

c)Aprobar el plan de actuación de la entidad, en coordinación con el de la Secretaría

General de Instituciones Penitenciarias.

d)Determinar anualmente el módulo retributivo de los internos que realicen trabajos

productivos en los talleres penitenciarios.

e)Aprobar anualmente el inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos,

excepto los de carácter fungible.

f)Deliberar sobre aquellos asuntos que sean normalmente de la competencia del

Director-Gerente pero que el Presidente acuerde someter al Consejo.

g)Proponer cuantas iniciativas puedan contribuir al mejor funcionamiento de la entidad

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo al cumplimiento de sus fines.

El Director-Gerente

1.El Director-Gerente, con el nivel orgánico de subdirector general, será el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Será funcionario de un cuerpo o escala del subgrupo A1 de cualquiera de las Administraciones Públicas, y será nombrado y cesado

por el titular del Ministerio del Interior, a propuesta del titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

A tales efectos, se acudirá a un sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia. La designación se hará de entre los preseleccionados y atenderá a los principios del mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.

2.Al Director-Gerente le corresponden:

a)La dirección y gestión de los trabajos y actividades comerciales, industriales y cualesquiera otras necesarias para el funcionamiento de la entidad, así como la adopción de las disposiciones relativas a la explotación y producción de talleres.

b)La dirección, impulso y gestión de las acciones de formación para el empleo y la

inserción laboral de los reclusos.

c)La dirección económica y financiera, así como la gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la entidad y la actualización de su inventario para su conservación, correcta administración y defensa jurídica. En particular le corresponde la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la entidad, así como la formulación de las cuentas anuales.

d)La preparación de planes, programas y objetivos en coordinación con el plan de

actuación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

e)El control técnico y administrativo de los servicios, instalaciones y talleres; a tales efectos, formulará a los órganos de dirección de la entidad las oportunas propuestas en orden al cumplimiento de los fines que tiene encomendados.

f)La comunicación con otros organismos, entidades y particulares que tengan relación con los fines propios de la entidad, sin perjuicio de las funciones de representación que correspondan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

g)Ejercer las funciones que las disposiciones vigentes le atribuyan, así como cuantos

asuntos, dentro de los fines, le sean encomendados.

h)Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Presidente de la entidad

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Estructura orgánica

1.La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo contará con una estructura orgánica acorde con las funciones asignadas en el artículo 2, con dependencia directa del Director-Gerente.

2.En cada uno de los centros penitenciarios, existirá la figura de Delegado de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que ostentará el titular de la Dirección del centro penitenciario. Su función será la de supervisión de la actividad que realiza la entidad en el centro penitenciario en coordinación con el Director-Gerente.

Cada centro penitenciario contará con el personal que se encargará de ejecutar los programas y políticas de la entidad en el centro. Su dimensionamiento vendrá establecido en la relación de puestos de trabajo que se establezca según el volumen de actividad previsto.

Recursos económicos

Para el cumplimiento de sus fines, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la entidad dispondrá de los siguientes recursos:

a)Las dotaciones que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales del Estado, y las transferencias corrientes y de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas.

b)Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio y los productos y rentas de este

y de los bienes que tenga adscritos, o cuya explotación tenga atribuida.

c)Los ingresos de derecho público o privado que, en su caso, le corresponda percibir y

los que se produzcan a consecuencia de sus actividades comerciales e industriales.

d)Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones o

legados y otras aportaciones que concedan u otorguen a su favor otras entidades públicas y entidades privadas o particulares.

e)Los bienes del patrimonio del Estado que le puedan ser adscritos.

f)Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que le puedan

ser atribuidos.

Régimen patrimonial

1.El régimen patrimonial de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo será el establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en disposiciones complementarias.

2.Para el cumplimiento de sus fines, la entidad podrá tener, además de un patrimonio propio distinto al del Estado, el formado por los bienes y derechos que se le adscriban del Patrimonio del Estado.

3.La adscripción y desadscripción de bienes a la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se regirá por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, conservando aquéllos su calificación y titularidad jurídica originaria y correspondiendo a dicha entidad el ejercicio de las competencias demaniales, así como la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los mismos.

4.El inventario actualizado y sus posteriores modificaciones se remitirán anualmente a la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su anotación en el Inventario general de bienes y derechos del Estado.

Régimen presupuestario

1.La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio del Interior, para su posterior tramitación de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2.La estructura de su presupuesto será la correspondiente a los presupuestos de

explotación y capital de las entidades que forman parte del sector público administrativo.

Contabilidad

La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida al Plan General de Contabilidad Pública con la adaptación establecida por la Intervención General de la Administración del Estado para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gasto tiene carácter estimativo.

Control económico-financiero

Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo estará sometida al control financiero permanente y auditoría pública prevista en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El control financiero permanente se realizará, en los términos que establece la Ley General Presupuestaria, por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención Delegada de la entidad.

Régimen de contratación

1.El régimen de contratación de Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo es el previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, como poder adjudicador de la Administración Pública.

2.Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, así como de los organismos, entes y entidades del sector público estatal, sean de naturaleza jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de aquélla, en los términos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.La entidad, como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, así como de los organismos, entes y entidades del sector público estatal, sean de naturaleza jurídica pública o privada, vinculados o dependientes de aquélla, de acuerdo con

sus fines, estará obligada a aceptar las encomiendas de gestión realizadas por los mismos. Dichas encomiendas de gestión serán las establecidas o, en su caso, autorizadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cuanto órgano directivo de adscripción de la entidad, con competencias para fijar las condiciones y tarifas correspondientes.

4.Las relaciones de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo con los poderes adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos, tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado.

Las actuaciones obligatorias que le sean encargadas a Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con la tarifas fijadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Antes de formular el encargo, los órganos competentes aprobarán dichos documentos y realizarán los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto.

La comunicación efectuada por estos poderes adjudicadores encargando una actuación

a la entidad, supondrá la orden para iniciarla.

5.No podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a esta entidad la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.

En el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles o la prestación de servicios por la entidad se lleve a cabo con la colaboración de empresarios particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio.

El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por la entidad, se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por la Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias, con arreglo al procedimiento establecido reglamentariamente.