Bloque 4 · Derecho administrativo general

Explicación del Tema 30 de Gestión de la Administración Civil del Estado

El reglamento, los principios generales y los tratados internacionales

9 apartados23 min de lectura

30.1

Concepto de reglamento

El reglamento es una norma jurídica escrita aprobada por el Gobierno o por un órgano administrativo al que el ordenamiento atribuye potestad reglamentaria. Su rasgo decisivo es que innova el ordenamiento: establece una regla aplicable a una categoría de situaciones y no se limita a resolver un caso concreto. La generalidad, la posibilidad de aplicaciones sucesivas y una cierta estabilidad temporal son indicios habituales de su carácter normativo, pero no requisitos absolutos; también puede existir un reglamento temporal o referido a un ámbito muy específico.

Su procedencia administrativa no lo convierte en una decisión interna sin relevancia para la ciudadanía. Un real decreto, una orden ministerial o una ordenanza pueden establecer reglas generales dentro de sus competencias. Pero su fuerza es inferior a la de la ley: el reglamento no puede modificarla, derogarla ni ocupar por sí mismo una materia reservada al legislador.

Reglamento y acto administrativo

La distinción no depende únicamente del número de destinatarios ni de la duración de sus efectos. Un acto puede dirigirse a muchas personas —una convocatoria o una relación de admitidos— y seguir siendo acto porque aplica el ordenamiento a una situación concreta. También puede producir efectos durante un periodo prolongado. Un reglamento, en cambio, incorpora una regla al sistema jurídico y sirve como parámetro para resolver sucesivos supuestos comprendidos en ella.

La diferencia tiene consecuencias prácticas. Contra una disposición general no cabe recurso administrativo y su ilegalidad determina la nulidad de pleno derecho; los actos administrativos pueden ser nulos o anulables según el vicio y se someten a sus propios recursos. Además, la anulación de un reglamento puede afectar a todos sus destinatarios, mientras que la impugnación de un acto se concentra inicialmente en la situación concreta que resuelve.

Tampoco el nombre decide por sí solo. Una circular presentada como instrucción puede ser reglamento si establece reglas externas generales; una orden ministerial puede contener un acto concreto. Se atiende al contenido, finalidad, destinatarios y efectos.

30.2

Titulares de la potestad reglamentaria

El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En la Administración General del Estado, los reales decretos del presidente o del Consejo de Ministros ocupan la posición superior entre disposiciones administrativas. Los ministros ejercen potestad en las materias propias de su departamento cuando el ordenamiento la reconoce, normalmente mediante órdenes ministeriales.

Los órganos inferiores no poseen una potestad normativa general. Pueden dictar resoluciones, instrucciones u otras disposiciones en el ámbito que una norma les atribuya, pero no crear obligaciones externas sin habilitación y procedimiento.

Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas ejercen potestad reglamentaria en los términos de sus estatutos y leyes institucionales. Los órganos de gobierno locales la ejercen de acuerdo con la Constitución y la legislación de régimen local; sus ordenanzas expresan la autonomía local, pero quedan sometidas a la legislación estatal y autonómica aplicable y al control judicial.

Los organismos públicos, las autoridades independientes y otras entidades administrativas no adquieren una potestad normativa general por el hecho de poseer personalidad jurídica o autonomía. Solo pueden aprobar circulares u otras disposiciones cuando una ley les atribuye expresamente esa facultad, con el alcance, el procedimiento y los controles que la propia norma establezca.

La competencia es irrenunciable y debe proceder del ordenamiento. Como regla general, las habilitaciones de desarrollo reglamentario se confieren al Gobierno o al consejo de gobierno correspondiente; atribuirlas directamente a ministros, consejeros u órganos subordinados tiene carácter excepcional y debe justificarse en la ley habilitante. Una disposición dictada por quien carece de potestad no se salva por ser materialmente razonable. Antes de estudiar su contenido hay que determinar quién podía aprobarla, mediante qué forma y dentro de qué ámbito.

30.3

Clases de reglamentos

Por su relación con la ley

Los reglamentos ejecutivos desarrollan o completan una ley. Concretan aspectos técnicos y facilitan su aplicación sin alterar sus decisiones esenciales. La habilitación legal no es un cheque en blanco: objeto, finalidad y límites continúan marcados por la ley y la Constitución.

Los reglamentos independientes actúan en espacios no reservados ni ocupados por una ley, principalmente en organización interna. Su campo es limitado en un Estado sometido al principio de legalidad, especialmente cuando la regulación afecta a derechos u obligaciones de terceros.

Los reglamentos de necesidad responden a situaciones excepcionales y se apoyan en habilitaciones legales que permiten medidas extraordinarias. No suspenden el ordenamiento: deben respetar competencia, temporalidad, necesidad y proporcionalidad y cesar cuando desaparece la circunstancia que los justificó.

Por sus efectos y procedencia

Se distingue entre reglamentos organizativos, que ordenan estructuras y relaciones internas, y jurídicos, que inciden directamente en la posición de la ciudadanía. La diferencia ayuda a valorar la intensidad de la reserva legal y la participación necesaria, pero una norma organizativa también puede producir efectos externos.

Por su autor existen reales decretos, órdenes ministeriales, decretos autonómicos y ordenanzas o reglamentos locales. En la Administración General del Estado, la Ley del Gobierno sitúa en primer lugar las disposiciones aprobadas mediante real decreto del presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros y, a continuación, las aprobadas mediante orden ministerial. Esta jerarquía opera dentro del ámbito competencial de cada órgano: ninguna disposición puede contradecir otra superior ni regular una materia para la que su autor carezca de atribución.

30.4

Límites de la potestad reglamentaria

Constitución, ley y jerarquía

El primer límite es material: el reglamento debe respetar Constitución, leyes y Derecho de la Unión. No puede tipificar delitos ni establecer penas; tampoco crear tributos ni infracciones o sanciones administrativas al margen de la cobertura legal. Puede colaborar en la concreción cuando la ley lo permite, pero no tomar las decisiones esenciales reservadas.

El segundo es jerárquico. Una orden ministerial no puede contradecir un real decreto, y ningún reglamento puede contradecir una ley. La disposición que vulnera otra de rango superior es nula. Una resolución singular tampoco puede excepcionar un reglamento, aunque proceda de una autoridad igual o superior a quien lo aprobó: es la inderogabilidad singular.

Competencia, finalidad y principios

La norma debe aprobarla el órgano competente y perseguir la finalidad para la que se atribuyó la potestad. La desviación de poder se asocia habitualmente a actos, pero la actuación normativa también está sometida a interdicción de arbitrariedad, proporcionalidad y servicio al interés general.

La regulación debe ser necesaria y adecuada. Si una medida restrictiva puede sustituirse por otra menos gravosa con eficacia semejante, la proporcionalidad exige justificar la opción. La seguridad jurídica demanda coherencia, claridad y estabilidad; la confianza legítima protege expectativas cualificadas, sin impedir que el ordenamiento cambie por razones de interés general.

Reserva de ley y retroactividad

Las disposiciones que regulen materias reservadas a la ley son nulas de pleno derecho. La nulidad alcanza igualmente a las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

La ley puede remitir al reglamento aspectos de desarrollo, pero debe fijar criterios y elementos esenciales. El reglamento no puede utilizar conceptos indeterminados de la habilitación para construir un régimen sustancialmente nuevo.

30.5

Elaboración de reglamentos

Principios de buena regulación

Las iniciativas normativas deben ajustarse a necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La exposición de motivos o preámbulo justifica su adecuación. La iniciativa ha de responder a un problema identificado, escoger el instrumento adecuado, evitar cargas innecesarias e integrarse coherentemente en el ordenamiento.

La planificación normativa anuncia las iniciativas previstas. No convierte el plan en una habilitación ni impide cualquier actuación no incluida, pero mejora previsibilidad. La evaluación posterior permite comprobar objetivos, costes y cargas y decidir si la norma debe mantenerse o modificarse.

Participación y expediente

La consulta pública previa recaba opinión sobre problemas, necesidad, objetivos y alternativas antes de redactar. La audiencia e información pública se realizan sobre un texto ya preparado y permiten alegaciones de personas y organizaciones afectadas. Son trámites diferentes.

En la elaboración normativa estatal, las excepciones no son idénticas para ambos trámites. Puede prescindirse de la consulta pública previa cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas, concurran graves razones de interés público, la propuesta carezca de impacto económico significativo, no imponga obligaciones relevantes, regule aspectos parciales de una materia o se tramite por urgencia. La concurrencia de la causa debe motivarse en la memoria.

La audiencia e información pública, en cambio, solo puede omitirse por graves razones de interés público debidamente justificadas y no resulta aplicable a las disposiciones presupuestarias ni a las que regulan los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de sus organizaciones dependientes o vinculadas. La falta de impacto económico, la ausencia de obligaciones relevantes y la regulación parcial permiten omitir la consulta previa, pero no constituyen por sí solas una excepción a la audiencia. Esta diferencia es especialmente relevante para el examen.

El expediente incorpora memoria de análisis de impacto normativo, informes jurídicos y técnicos, dictámenes preceptivos y justificación de competencia. La memoria examina alternativas, impacto económico y presupuestario, cargas, género y demás extremos exigibles. El Consejo de Estado interviene cuando su dictamen sea preceptivo, especialmente en reglamentos ejecutivos en los términos de su ley orgánica.

No toda irregularidad procedimental produce automáticamente la misma consecuencia. Debe comprobarse si el trámite era preceptivo, qué función cumplía, si existía una excepción aplicable y si su ausencia ha impedido alcanzar la finalidad del procedimiento. La omisión total del cauce legal o de un informe o dictamen esencial puede determinar la nulidad de la disposición, mientras que otros defectos deberán valorarse atendiendo a su alcance real. Esta apreciación corresponde finalmente a los órganos de control.

Aprobación, publicación y entrada en vigor

La norma debe adoptar la forma correspondiente al órgano y publicarse íntegramente en el diario oficial para producir efectos generales. La publicidad no es una formalidad decorativa: permite conocimiento, control y seguridad jurídica.

La legislación estatal procura concentrar la entrada en vigor de normas que imponen nuevas obligaciones económicas o profesionales en fechas comunes, salvo razones justificadas. La regla no sustituye la fecha concreta fijada por cada disposición ni se aplica de forma indiferenciada a toda norma.

30.6

Control de los reglamentos

Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y su sometimiento a la ley y a los fines que la justifican. Cualquier juez debe inaplicar un reglamento contrario a la Constitución, a la ley o a la jerarquía normativa, aunque carezca de competencia para anularlo con efectos generales.

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa. Esta prohibición no deja indefensa a la persona afectada: puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o impugnar posteriormente el acto que aplique la disposición. Además, cuando un recurso administrativo contra un acto se funde únicamente en la nulidad de un reglamento, puede dirigirse al órgano que aprobó la disposición en los términos previstos por la Ley 39/2015.

El recurso directo se dirige contra el propio reglamento y debe interponerse, como regla, en los dos meses siguientes al día de su publicación. Permite examinar vicios de competencia, procedimiento, jerarquía, reserva de ley, contenido y finalidad. Si prospera, el órgano judicial competente anula total o parcialmente la disposición y la sentencia produce efectos generales desde la publicación de su fallo en el diario oficial correspondiente.

El recurso indirecto se interpone contra un acto de aplicación y alega que el reglamento en que se funda es ilegal. La falta de recurso directo no impide esta vía. Si el tribunal que anula el acto también es competente para anular la disposición, puede hacerlo; si no, plantea cuestión de ilegalidad ante el competente.

La declaración de nulidad de una disposición produce efectos generales una vez publicada la sentencia. Sin embargo, seguridad jurídica y legislación procesal protegen, como regla, las sentencias firmes y los actos administrativos firmes que aplicaron el reglamento antes de que la anulación alcanzara efectos generales. La excepción más favorable aparece en materia sancionadora cuando la anulación comporta exclusión o reducción de sanciones todavía no ejecutadas completamente. Por eso no es correcto afirmar que la nulidad reglamentaria reabre de forma automática todas las situaciones pasadas.

La propia Administración puede declarar de oficio la nulidad de una disposición en los supuestos del artículo 47.2 de la Ley 39/2015, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Esta revisión no debe confundirse con la derogación: la primera reconoce un vicio originario de validez; la segunda pone fin para el futuro a una norma que podía ser válida. Para derogar un reglamento debe aprobarse otra disposición de igual o superior rango siguiendo el procedimiento correspondiente.

30.7

Los principios generales del Derecho

El Código Civil sitúa los principios generales como fuente aplicable en defecto de ley o costumbre y añade que informan el ordenamiento. Esta doble función es decisiva: integran lagunas, pero también orientan la interpretación y control de normas existentes.

No son máximas vagas que cada órgano pueda elegir libremente. Se reconocen a partir de la Constitución, las leyes, la estructura del ordenamiento y la jurisprudencia. Muchos han sido positivizados: la legalidad, la jerarquía, la publicidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad aparecen en el artículo 9.3 de la Constitución; la objetividad, la eficacia y el sometimiento pleno a la ley y al Derecho, en su artículo 103; y la buena fe, la confianza legítima, la cooperación y la proporcionalidad, en la legislación administrativa.

Que un principio esté recogido expresamente en una norma no hace desaparecer su dimensión general. Continúa sirviendo para interpretar otras disposiciones, relacionarlas entre sí y controlar el modo en que se ejercen las potestades. En cambio, invocar un principio no permite desconocer una regla válida y clara ni crear una potestad administrativa que el ordenamiento no ha atribuido.

Funciones en Derecho administrativo

La legalidad exige que la Administración actúe dentro de las potestades que tiene atribuidas y respete todo el ordenamiento. La igualdad no impone resolver de manera idéntica situaciones diferentes, pero sí prohíbe establecer diferencias carentes de una justificación objetiva y razonable.

La proporcionalidad obliga a comprobar que la medida sea adecuada para alcanzar el fin, que no exista otra alternativa menos restrictiva con eficacia semejante y que el sacrificio impuesto no resulte excesivo respecto del beneficio perseguido. No basta con afirmar que una prohibición es útil: deben justificarse su necesidad y su intensidad.

La buena fe y la confianza legítima protegen frente a cambios imprevisibles o comportamientos administrativos contradictorios cuando la propia Administración ha generado una expectativa fundada. No garantizan que una regulación permanezca inalterada ni permiten exigir la continuación de una situación ilegal. El cambio sigue siendo posible, pero debe respetar la competencia, la motivación, la proporcionalidad y, cuando proceda, las medidas transitorias necesarias.

La interdicción de la arbitrariedad exige que las decisiones respondan a razones verificables. No elimina la discrecionalidad: cuando la ley permite elegir entre varias soluciones, la Administración conserva un margen, pero debe ejercerlo conforme a la finalidad de la potestad, los hechos acreditados y los principios del ordenamiento. La seguridad jurídica reclama reglas accesibles, previsibles y coherentes; la responsabilidad permite reparar los daños antijurídicos en los términos legales; y los principios de audiencia, contradicción y defensa ordenan el procedimiento.

Los principios no desplazan una ley clara por considerarla poco conveniente. Sirven para interpretar dentro de sus posibilidades, completar lagunas y controlar la constitucionalidad o legalidad. Si una regla contradice un principio constitucional, el cauce dependerá de su rango: el reglamento puede ser inaplicado y anulado; la ley requiere control constitucional.

30.8

Los tratados internacionales

Celebración y categorías constitucionales

El Gobierno dirige la política exterior y negocia los tratados, pero la intervención parlamentaria varía según su contenido. Mediante ley orgánica puede autorizarse la celebración de tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, como ocurrió con la integración europea.

Requieren autorización previa de las Cortes los tratados de carácter político o militar, los que afecten a integridad territorial o derechos y deberes del título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda y los que supongan modificación o derogación de una ley o exijan medidas legislativas. De los restantes se informa inmediatamente a Congreso y Senado.

Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, su celebración exige revisión constitucional previa. Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe contradicción.

Autorización, firma y manifestación del consentimiento no son sinónimos. La autorización parlamentaria, cuando resulta necesaria, permite que el Estado continúe el procedimiento; la firma autentica el texto o expresa el consentimiento cuando así se haya acordado; y la ratificación o adhesión son formas mediante las que España manifiesta definitivamente su voluntad de quedar obligada. La forma concreta depende del tratado y de las reglas internacionales aplicables.

Incorporación al ordenamiento

Los tratados válidamente celebrados deben publicarse íntegramente en el BOE al entrar en vigor para España o antes, cuando se conozca la fecha. Desde su publicación forman parte del ordenamiento interno. Si se ha convenido una aplicación provisional, esta también debe publicarse, junto con la fecha en que termine o se produzca la entrada en vigor definitiva.

La Constitución dispone que sus cláusulas solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Una ley interna posterior no libera al Estado de la obligación internacional. En el plano interno, el tratado prevalece sobre la ley en los términos de la Ley 25/2014, sin situarse por encima de la Constitución.

La Ley 25/2014 establece como regla que los tratados son de aplicación directa. La excepción aparece cuando de su texto se desprende que la aplicación queda condicionada a la aprobación de leyes o reglamentos internos. Por tanto, la publicación incorpora el tratado al ordenamiento, pero cada disposición debe examinarse para comprobar si puede aplicarse por sí misma o requiere desarrollo.

Los tratados válidamente celebrados y publicados prevalecen sobre las normas internas infraconstitucionales en caso de conflicto, aunque permanecen subordinados a la Constitución. Esta prevalencia no autoriza al legislador interno a modificar unilateralmente el compromiso internacional: las disposiciones del tratado solo pueden modificarse, suspenderse o terminar en la forma prevista por el propio instrumento o por las normas generales del Derecho internacional.

La denuncia es el acto mediante el que el Estado pone fin a su vinculación conforme al tratado y al Derecho internacional. El Consejo de Ministros puede acordarla a propuesta del ministerio competente en materia de asuntos exteriores, coordinado con el departamento responsable por razón de la materia. Cuando se trate de los tratados comprendidos en los artículos 93 y 94.1 CE, la denuncia requiere autorización previa de las Cortes Generales. La suspensión sigue también las reglas del tratado y de la Ley 25/2014 y debe comunicarse a las Cámaras.

Comunidades autónomas y otros acuerdos

La competencia para celebrar tratados corresponde al Estado. Las comunidades pueden solicitar al Gobierno la apertura de negociaciones sobre materias de su competencia o interés específico, recibir información y participar en delegaciones en los términos legales. No celebran por sí mismas tratados internacionales en sentido constitucional.

La Ley 25/2014 distingue tratados, acuerdos internacionales administrativos y acuerdos no normativos. Los administrativos ejecutan o concretan un tratado cuando este lo prevé; los no normativos contienen compromisos políticos o técnicos sin constituir fuente de obligaciones internacionales regida por el Derecho internacional. La denominación no debe ocultar la naturaleza real del instrumento.

30.9

Síntesis del tema

El reglamento es una norma administrativa general sometida a la Constitución, a la ley, a las reglas de competencia y jerarquía, al procedimiento y a los principios generales. Puede desarrollar una ley u ordenar los ámbitos propios de la Administración, pero no legislar sobre materias reservadas. Su elaboración debe justificar la necesidad y la proporcionalidad, permitir la participación cuando corresponda y concluir con su aprobación y publicación. Los tribunales pueden controlarlo mediante la impugnación directa, la impugnación indirecta y la inaplicación.

Los principios generales integran lagunas e informan todo el ordenamiento. No son fórmulas retóricas: legalidad, igualdad, proporcionalidad, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica condicionan la actuación administrativa.

Los tratados se celebran conforme a los artículos 93 a 96 de la Constitución. La intervención de las Cortes depende de su contenido; si contradicen la Constitución requieren revisión previa; y forman parte del ordenamiento tras publicación oficial. Su aplicación debe conciliar el compromiso internacional con la supremacía constitucional.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan en un único bloque con todas sus opciones, la respuesta correcta, una explicación de la solución, el fundamento normativo y la convocatoria de procedencia.

0 de 6 respondidas

  1. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 46.artículo 1.5 del Código Civil y artículo 23 de la Ley 25/2014.

    1. ¿Qué requisito establece el artículo 1.5 del Código Civil para la aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales?

  2. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 49.artículo 9.3 CE.

    2. ¿Cuáles de los siguientes principios generales del Derecho aparecen en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

  3. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 41.artículo 26.6 de la Ley 50/1997.

    3. Podrá prescindirse del trámite de audiencia e información pública durante el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos cuando la propuesta normativa:

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 42.artículos 128.2 y 129.1 de la Ley 39/2015.

    4. En relación con la potestad reglamentaria:

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 43.artículo 47.2 de la Ley 39/2015.

    5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con las disposiciones administrativas:

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 48.artículo 49 de la Ley 25/2014.

    6. Según el artículo 49 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y acuerdos internacionales, en la celebración de tratados internacionales que tengan por objeto materias de su competencia o interés específico, o que puedan afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial, las Comunidades Autónomas:

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La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): explicación para oposiciones.

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