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Procedimiento ordinario, abreviado, juicio rápido y juicio por delitos leves: diferencias
El procedimiento penal aplicable depende de la pena, el delito atribuido y las circunstancias de la investigación. El ordinario, el abreviado, el juicio rápido y el juicio por delitos leves responden a presupuestos diferentes.

El procedimiento ordinario, el abreviado, el juicio rápido y el juicio por delito leve no son fases sucesivas ni distintas velocidades entre las que pueda elegir quien denuncia. Son cauces procesales diferentes. La ley determina cuál corresponde según la pena señalada al delito, la naturaleza de los hechos y las circunstancias en las que comienza la investigación.
Para orientarse no basta con comparar la gravedad de las penas. Primero debe comprobarse si existe un procedimiento especial, como el del Tribunal del Jurado. Después se atiende al ámbito del procedimiento ordinario o del abreviado y, dentro de este último, a los requisitos específicos que permiten tramitar unas diligencias urgentes. Los delitos leves cuentan con su propio juicio.
| Procedimiento | Investigación o preparación | Criterio principal | Enjuiciamiento habitual |
|---|---|---|---|
| Ordinario por delitos graves | Sumario | Prisión superior a nueve años, salvo procedimiento especial | Audiencia Provincial u órgano competente |
| Abreviado | Diligencias previas | Prisión no superior a nueve años u otras penas, salvo especialidades | Órgano penal que corresponda según la pena |
| Juicio rápido | Diligencias urgentes | Atestado, límites de pena y requisitos adicionales del artículo 795 LECrim | Órgano de guardia si hay conformidad o posterior órgano penal competente |
| Juicio por delito leve | Actuaciones preparatorias y vista | Hechos calificados como delitos leves | Órgano de instrucción competente |
| Tribunal del Jurado | Procedimiento especial | Delitos atribuidos expresamente al jurado | Tribunal del Jurado |
El procedimiento no depende únicamente del nombre del delito
La calificación inicial de los hechos permite abrir una investigación, pero puede cambiar a medida que se practican diligencias. Un asunto que comienza como diligencias urgentes puede continuar como diligencias previas si no es posible completar la investigación durante el servicio de guardia. Una causa tramitada como abreviado puede pasar al procedimiento ordinario si se aprecia que la pena aplicable supera su límite.
La elección del cauce tampoco corresponde libremente a las partes. El órgano judicial debe aplicar el procedimiento previsto legalmente y transformar las actuaciones cuando los hechos investigados revelen que se está siguiendo uno inadecuado. Como regla general, se conservan las actuaciones válidamente practicadas y solo se retrocede cuando resulte necesario para respetar las garantías del procedimiento correcto.
El procedimiento ordinario se reserva para los delitos más graves
El procedimiento ordinario, denominado también sumario ordinario, se utiliza con carácter general para los delitos castigados con pena de prisión superior a nueve años, salvo que deban seguirse las reglas de un procedimiento especial.
La investigación recibe el nombre de sumario. El juez instructor practica las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar quién pudo participar y asegurar las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse. Cuando aparecen indicios racionales de criminalidad contra una persona determinada, dicta auto de procesamiento.
Una vez completada la investigación, el sumario se declara concluso y se remite al órgano competente. Se abre entonces una fase intermedia en la que se comprueba si la instrucción está completa y se decide si procede abrir el juicio oral o sobreseer la causa. Si se abre el juicio, acusaciones y defensa formulan sus conclusiones y el asunto se prepara para el enjuiciamiento.
La palabra «ordinario» no significa que este sea el procedimiento penal más frecuente. Describe el cauce general previsto para los delitos de mayor gravedad, aunque una parte importante de las causas se tramita mediante el procedimiento abreviado.
El procedimiento abreviado cubre un ámbito más amplio
El procedimiento abreviado se aplica, sin perjuicio de los procedimientos especiales, a los delitos castigados con prisión no superior a nueve años o con penas de distinta naturaleza, cualquiera que sea su cuantía o duración.
Su investigación se denomina diligencias previas. Durante esta fase se determina la naturaleza de los hechos, las personas que pudieron participar y el órgano competente para enjuiciarlos. No se trata todavía del juicio: se reúnen los elementos necesarios para decidir si la causa debe archivarse, transformarse o avanzar hacia la acusación.
Cuando concluye la investigación, el juez puede acordar el sobreseimiento, remitir las actuaciones al órgano competente si corresponde otro procedimiento o continuar por los trámites de preparación del juicio oral. En este último caso, las acusaciones solicitan la apertura del juicio o el archivo y, si se abre, formulan sus escritos de acusación. La defensa presenta después su escrito antes de que las actuaciones se remitan al órgano de enjuiciamiento.
La denominación «abreviado» tampoco garantiza una resolución en poco tiempo. Su regulación simplifica determinados trámites respecto del sumario ordinario, pero la duración real depende de la investigación, la prueba necesaria, los recursos y la carga del órgano judicial.
El juicio rápido exige varios requisitos a la vez
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos no es cualquier proceso sencillo ni todo juicio que se señale con rapidez. Para aplicarlo deben concurrir de forma acumulativa varios requisitos.
En primer lugar, el proceso debe iniciarse mediante atestado policial. La Policía Judicial debe haber detenido a una persona y haberla puesto a disposición del órgano de guardia o, sin detenerla, haberla citado para que comparezca como denunciada.
En segundo lugar, el delito debe estar castigado con prisión que no exceda de cinco años o con otras penas cuya duración no supere los diez años, cualquiera que sea su cuantía.
Finalmente, debe concurrir alguna de las circunstancias previstas en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: que se trate de un delito flagrante, que pertenezca a alguno de los grupos expresamente enumerados o que sea previsible una instrucción sencilla.
La investigación se concentra en las diligencias urgentes practicadas durante el servicio de guardia. Se toman declaraciones, se recaban antecedentes, se solicitan informes y se realizan las actuaciones imprescindibles para decidir cómo continúa la causa.
Si las diligencias resultan suficientes, puede prepararse inmediatamente el juicio oral. También puede producirse una conformidad ante el órgano de guardia cuando se cumplen sus requisitos. Si la investigación no puede completarse de esta forma, el asunto no desaparece: las diligencias urgentes se transforman en diligencias previas y la causa continúa como procedimiento abreviado.
El juicio por delito leve concentra la tramitación en la vista
El juicio sobre delitos leves se utiliza para las infracciones que el Código Penal califica como delitos leves. Su tramitación es más sencilla y, siempre que resulte posible, se concentra alrededor de la citación y de la vista.
En determinados supuestos puede celebrarse durante el servicio de guardia. Cuando no sea posible, se realizan las actuaciones preparatorias necesarias, se señala la vista y se cita a las personas implicadas. En ella se exponen los hechos, se escucha a denunciantes y denunciados, se practica la prueba admitida y posteriormente se dicta sentencia.
No existe necesariamente una fase de investigación separada y comparable al sumario o a las diligencias previas. Sin embargo, sigue siendo un proceso penal: la persona denunciada conserva sus derechos de defensa, la prueba debe practicarse con las garantías correspondientes y la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Un delito leve tampoco es una simple infracción administrativa.
El Tribunal del Jurado se determina por el delito atribuido
El procedimiento ante el Tribunal del Jurado constituye un procedimiento especial. Su aplicación no se decide únicamente comparando la pena con los límites del ordinario y del abreviado, sino comprobando si el delito está incluido expresamente en la competencia que establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Entre esos delitos se encuentran determinados homicidios, amenazas, allanamientos de morada y algunos delitos cometidos por funcionarios públicos. La lista es legal y cerrada: que un delito sea grave o tenga repercusión pública no basta para que deba juzgarlo un jurado.
Un mismo hecho permite ver las diferencias
Imaginemos que una investigación comienza a partir de un atestado policial. Si se trata de un hecho flagrante, existe una persona detenida o citada y se cumplen los límites de pena y los demás requisitos legales, pueden abrirse diligencias urgentes. Si no es posible completar la investigación durante la guardia, continuarán como diligencias previas del procedimiento abreviado.
Si desde el inicio o durante la investigación se advierte que el delito tiene señalada una pena de prisión superior a nueve años, procederá el sumario ordinario, salvo que exista un procedimiento especial. Si los hechos solo revisten los caracteres de delito leve, se seguirá el juicio previsto para estas infracciones.
La relación entre los procedimientos no consiste, por tanto, en pasar normalmente del juicio rápido al abreviado, después al ordinario y finalmente al delito leve. La causa sigue el cauce que corresponde a la calificación provisional de los hechos y solo se transforma cuando aparece una razón jurídica para hacerlo.
La denominación de la persona investigada tampoco es idéntica en todos ellos. La diferencia entre investigado, procesado, encausado, acusado y condenado depende precisamente del procedimiento y de la fase alcanzada.
Esta materia en las oposiciones de Justicia
En el examen suelen mezclarse los límites de pena, el nombre de la investigación y los requisitos del juicio rápido. El procedimiento abreviado no utiliza sumario ni auto de procesamiento, y la existencia de un atestado policial no basta por sí sola para tramitar diligencias urgentes.
La explicación del tema 20 de Tramitación Procesal desarrolla el procedimiento ordinario, el abreviado y el juicio ante el Tribunal del Jurado. El tema 21 se ocupa de los delitos leves y los juicios rápidos.
En Auxilio Judicial, estos procedimientos se estudian en la explicación del tema 18. También pueden practicarse mediante los tests de Tramitación Procesal y los tests de Auxilio Judicial.
Fuentes normativas
El contenido se ha contrastado con el texto consolidado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente sus artículos 299, 757, 795 y 962 y siguientes, y con la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. La calificación de los hechos durante una causa concreta puede determinar la aplicación de otras reglas o procedimientos especiales.
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