Base legislativa del Tema 22 de Administrativo del Estado

Los poderes públicos deben promover condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivas y remover obstáculos. Todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición o circunstancia personal o social.

Las personas con discapacidad ejercen los derechos del título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Los poderes públicos impulsarán autonomía e inclusión en entornos universalmente accesibles y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo especialmente a mujeres y menores.

Regulan igualdad de trato y oportunidades, discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, embarazo y maternidad, indemnidad frente a represalias, consecuencias jurídicas, acciones positivas y carga de la prueba.

Establecen criterios generales, transversalidad, nombramientos, planificación, informes de impacto, estadísticas y colaboración entre Administraciones.

Ordenan medidas empresariales, contenido y diagnóstico de planes, transparencia y fomento de planes voluntarios, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Contienen criterios para las Administraciones, presencia equilibrada, medidas de la AGE, formación, protocolo de acoso y evaluación.

Regulan Comisión Interministerial de Igualdad, Unidades de Igualdad y Consejo de Participación de la Mujer.

Delimitan la violencia ejercida por cónyuges, excónyuges o parejas o exparejas y establecen la respuesta integral.

Reconocen información, asistencia social y jurídica, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos de las funcionarias, derechos económicos y acceso a vivienda y residencias.

Regulan Delegación del Gobierno, Observatorio, coordinación, órganos judiciales especializados y competencias.

Sitúan las violencias sexuales dentro del sistema general de prevención, protección, atención y reparación, y permiten diferenciarlas del ámbito específico de la Ley Orgánica 1/2004.

Desarrollan el ámbito obligatorio, procedimiento de negociación, diagnóstico, contenido, vigencia, seguimiento, evaluación y registro de los planes de igualdad.

Regulan transparencia retributiva, obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, registro, auditoría y valoración de puestos.

Recogen motivos protegidos y discriminación directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple e interseccional, acoso, represalias y medidas de acción positiva.

Proyectan la igualdad sobre empleo, educación, sanidad, servicios, vivienda, seguridad, medios, internet e inteligencia artificial.

Establecen nulidad, reparación, responsabilidad, tutela judicial y reglas sobre carga de la prueba.

Regulan la Autoridad Independiente y el régimen de infracciones y sanciones.

Definen la protección específica y los conceptos esenciales.

Comprenden estrategia estatal, empleo, educación, sanidad, cultura, medios, familia, infancia y cooperación.

Regulan legitimación por edades, procedimiento, efectos, reversión y nueva rectificación.

Establecen medidas de tutela, infracciones y sanciones.

Desarrollan negociación y contenido de las medidas planificadas para la igualdad LGTBI en empresas de más de cincuenta personas trabajadoras y el protocolo frente al acoso.

Definen discapacidad, igualdad de oportunidades, discriminación, vida independiente, normalización, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables e inclusión.

Regulan salud, atención integral, educación, vida independiente, accesibilidad y participación.

Ordenan igualdad laboral, empleo ordinario, protegido y autónomo y medidas de fomento.

Contienen tutela, acciones positivas, defensa, infracciones y sanciones.

Regulan competencia, valoración, resolución, efectos, revisión y acreditación mediante baremos comunes.

Configuran el derecho subjetivo, la autonomía, la dependencia, las actividades básicas y los principios del SAAD.

Regulan niveles de protección, Consejo Territorial y participación de las Administraciones.

Ordenan objetivos, catálogo, prestaciones económicas, prevención, teleasistencia, ayuda domiciliaria, centros y atención residencial.

Regulan grados, valoración, procedimiento, PIA, revisión y compatibilidades.

Introduce protección específica para determinados supuestos de elevada complejidad, irreversibilidad y necesidad de apoyo continuado y especializado.

Actualiza medidas de financiación y nivel mínimo de protección vigentes a la fecha de corte.

Texto oficial: https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/03/pdfs/BOE-A-2026-20528.pdf