Base legislativa del Tema 3 de Administrativo de la Seguridad Social

1.Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2.Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3.El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado cuyo texto estuviera definitivamente fijado, pero al que España no hubiera prestado todavía su consentimiento.

1.El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2.Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3.Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4.La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5.Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años

1.El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a)Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b)Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c)De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d)De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2.El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

1.Están legitimados:

a)Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b)Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2.En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos

1.Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2.Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones

Uno. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Dos. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional

Uno. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina:

a)Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b)Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución.

c)De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d)De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

d)bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local.

e)De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.

e)bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley.

f)De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución.

g)De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley.

h)De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas. Dos. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», autorizados por su Presidente.

1.No podrá promoverse cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El propio Tribunal delimita su jurisdicción y adopta las medidas necesarias para preservarla, incluida la nulidad de actos o resoluciones que la menoscaben.

2.Sus resoluciones no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.

El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional.

1.El Tribunal actúa en Pleno, en Sala o en Sección.

2.El Pleno está integrado por todos los magistrados. Lo presiden, por este orden, el Presidente, el Vicepresidente o el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

El Tribunal consta de dos Salas de seis magistrados nombrados por el Pleno. El Presidente del Tribunal preside la Sala Primera y el Vicepresidente, la Sala Segunda; en defecto de cada uno preside el magistrado más antiguo y, si existe igualdad, el de mayor edad.

El Pleno y las Salas constituyen Secciones formadas por el presidente respectivo o quien le sustituya y dos magistrados. Se ocupan del despacho ordinario y de la admisión o inadmisión de procesos; también pueden resolver asuntos de amparo que les defiera la Sala correspondiente.

El Pleno elige al Presidente entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento. En primera votación se exige mayoría absoluta; después basta el mayor número de votos, con reglas de desempate por antigüedad y edad. El mandato dura tres años y admite una sola reelección. El Vicepresidente se elige por el mismo procedimiento y periodo, sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.

1.El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:

a)De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

b)De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación.

c)De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.

d)De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d)bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.

e)De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución.

f)De los conflictos en defensa de la autonomía local.

g)De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

h)De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en el artículo 4.3.

i)De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.

j)Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de las Salas.

k)De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

l)Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23.

m)De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.

n)De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica.

2.En los casos previstos en los párrafos d), e) y f) del apartado anterior, en el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que corresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes.

3.El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Las Salas conocen de los asuntos de justicia constitucional no atribuidos al Pleno y de los que, atribuidos a las Secciones, decidan asumir por su importancia. El reparto entre Salas sigue un turno establecido por el Pleno a propuesta del Presidente. Si una Sala considera necesario apartarse de doctrina constitucional precedente, somete la cuestión al Pleno. Para adoptar acuerdos se exige la presencia de dos tercios de los miembros del Pleno o de la Sala; en las Secciones bastan dos miembros, salvo discrepancia, supuesto en el que deben intervenir los tres. El Presidente representa al Tribunal, convoca y preside el Pleno, convoca las Salas y adopta las medidas necesarias para su funcionamiento.

Uno. Los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo ciento cincuenta y nueve, uno, de la Constitución. Cada uno de los órganos que han de realizar las propuestas de nombramiento garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos. Los Magistrados y Magistradas propuestos por el Senado serán elegidos entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara. Dos. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos. Tres. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados. Cuatro. Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años. Cinco. Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación

Uno. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitará a los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas que inicien el procedimiento.

Dos. Los Magistrados continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes deban sucederles.

Los miembros deben ser ciudadanos españoles y Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la función respectiva.

El cargo es incompatible con el de Defensor del Pueblo; Diputado o Senador; cargos políticos o administrativos; ejercicio jurisdiccional o de las carreras judicial y fiscal; empleos en tribunales y juzgados; funciones directivas o empleos en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; y actividades profesionales o mercantiles. La incompatibilidad existente al ser propuesto debe cesar antes de la toma de posesión; si no se hace en diez días desde la propuesta, se entiende que el cargo no se acepta. La misma regla se aplica a la incompatibilidad sobrevenida.

Los miembros de las carreras judicial y fiscal y los funcionarios públicos nombrados Magistrados pasan a servicios especiales. Al asumir el cargo prestan juramento o promesa ante el Rey. Ejercen su función con imparcialidad y dignidad, no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en ella, son inamovibles y solo pueden ser destituidos o suspendidos por causas legales.

Los Magistrados cesan por renuncia aceptada; expiración del nombramiento; incapacidad; incompatibilidad sobrevenida; falta de diligencia; violación de la reserva de la función; responsabilidad civil por dolo; o condena por delito doloso o culpa grave. El Presidente decreta el cese por renuncia, expiración o fallecimiento. En los demás casos decide el Pleno por mayoría simple para incapacidad e incompatibilidad y por tres cuartas partes en los restantes.

El Pleno puede suspender a un Magistrado como medida previa en caso de procesamiento o mientras resuelve sobre una causa de cese. Se requiere el voto favorable de tres cuartas partes de sus miembros.

La responsabilidad criminal de los Magistrados del Tribunal Constitucional solo puede exigirse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Uno. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados. Dos. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:

a)Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.

b)Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo ochenta y dos de la Constitución.

c)Los Tratados Internacionales.

d)Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

e)Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa.

f)Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

El recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial

Pueden interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores. Los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las comunidades autónomas pueden recurrir leyes, disposiciones o actos estatales con fuerza de ley que puedan afectar a su ámbito de autonomía.

1.El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.

2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley en relación con las cuales, y con la finalidad de evitar la interposición del recurso, se cumplan los siguientes requisitos:

a)Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.

b)Que en el seno de la mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.

c)Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley, y se inserte en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.Lo señalado en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de interposición del recurso de inconstitucionalidad por los demás órganos y personas a que hace referencia el artículo 32.

Uno. Admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas.

Dos. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días.

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Tres. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, si las hubiere.

Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se sustanciará por los trámites de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada.

Dos. Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los quince días siguientes a su publicación, para formular alegaciones en el plazo de otros quince días.

Tres. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días.

Uno. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional.

Tres. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

La sentencia declara la nulidad de los preceptos impugnados que sean inconstitucionales y puede extenderla a otros de la misma norma por conexión o consecuencia. Las sentencias firmes no se revisan con carácter general por una declaración posterior de inconstitucionalidad, salvo en procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores en los que la nulidad implique una reducción de pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de responsabilidad.

Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta de la Constitución. Dos. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Tres. En el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se formuló el recurso

La sentencia estimatoria de amparo puede declarar la nulidad de la decisión, acto o resolución que impidió el pleno ejercicio del derecho; reconocer el derecho o libertad pública; y restablecer al recurrente en su integridad mediante las medidas apropiadas para conservarlo.

1.El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan:

a)Al Estado con una o más Comunidades Autónomas.

b)A dos o más Comunidades Autónomas entre sí.

c)Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.

2.El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal para que se pronuncie sobre la existencia de contradicción entre la Constitución y un tratado antes de que España preste su consentimiento.

Son susceptibles de recurso previo de inconstitucionalidad los proyectos de estatutos de autonomía y las propuestas de reforma estatutaria, una vez aprobados por las Cortes Generales. La interposición suspende los trámites posteriores durante la tramitación del recurso.

La decisión del proceso constitucional adopta la forma de sentencia, salvo cuando la ley disponga otra forma. Las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad toman la forma de auto; las demás resoluciones, la de auto si son motivadas o providencia si no lo son.

Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros de Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación. En caso de empate decide el voto de calidad del Presidente. Los magistrados pueden reflejar mediante voto particular su opinión discrepante defendida en la deliberación.

El Tribunal vela por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, puede disponer quién ha de ejecutarlas y resolver las incidencias de ejecución. Las partes deben cumplirlas y los poderes públicos deben prestar con carácter preferente y urgente el auxilio requerido.