Base legislativa del Tema 21 de Administrativo del Estado

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones sufridas en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar. La anulación de actos o disposiciones no presupone por sí misma indemnización. El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. El precepto regula además la responsabilidad del Estado legislador, del funcionamiento de la Administración de Justicia, del Tribunal Constitucional y los daños relacionados con la ejecución de contratos.

En fórmulas conjuntas de actuación las Administraciones responden solidariamente frente al particular. En los demás supuestos, la distribución atiende a competencia, interés público e intensidad de la intervención; será solidaria si no puede determinarse.

Solo son indemnizables los daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Se excluyen los imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia o técnica. La valoración atiende a la normativa fiscal, expropiatoria y demás normas aplicables; la cuantía se refiere al día de la lesión, se actualiza al finalizar el procedimiento y puede completarse con intereses. Cabe compensación en especie o pagos periódicos con acuerdo del interesado.

La responsabilidad de las Administraciones se exige conforme a los artículos 32 y siguientes aunque actúen mediante entidades de Derecho privado o concurran con sujetos privados.

Los particulares reclaman directamente a la Administración. Tras indemnizar, esta exige de oficio responsabilidad al personal que actuó con dolo o culpa o negligencia graves, mediante el procedimiento legalmente previsto.

La responsabilidad penal y civil derivada del delito se exige conforme a la legislación correspondiente. El proceso penal no suspende necesariamente el procedimiento patrimonial, salvo que la determinación penal de los hechos sea necesaria.

La iniciación de oficio requiere que no haya prescrito el derecho. El acuerdo se notifica a los lesionados y les concede diez días para alegaciones, documentos y prueba.

El derecho prescribe al año. En daños físicos o psíquicos se cuenta desde la curación o determinación de secuelas. La solicitud especificará lesiones, causalidad, evaluación económica si es posible y momento de producción, acompañando documentos y prueba.

Es preceptivo el informe del servicio causante, con máximo de diez días. El dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico procede desde 50.000 euros o la cuantía autonómica y en los supuestos de su ley orgánica. En funcionamiento anormal de la Justicia informa preceptivamente el CGPJ en un máximo de dos meses.

La resolución se pronuncia sobre causalidad y, si procede, valoración, cuantía y modo de indemnización. Transcurridos seis meses sin resolución notificada ni acuerdo, la pretensión puede entenderse desestimada.

En la AGE resuelve el ministro respectivo o el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 LRJSP o cuando una ley lo disponga.

Puede acordarse cuando sean inequívocos la causalidad, la valoración y la cuantía. El plazo general de esta modalidad es de treinta días.

Los daños por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización, salvo fuerza mayor. El daño debe ser efectivo, evaluable e individualizado. La mera revocación o anulación no presupone indemnización.

El error judicial requiere decisión judicial previa. La petición indemnizatoria se dirige al Ministerio de Justicia y el derecho prescribe al año desde que pudo ejercitarse.

Regula la indemnización por prisión preventiva y su cuantía, interpretado conforme a la STC 85/2019.

No procede indemnización cuando el error o funcionamiento anormal tenga por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

El perjudicado no puede dirigirse directamente contra jueces o magistrados. El Estado puede repetir si hubo dolo o culpa grave.

El contratista indemniza los daños causados a terceros durante la ejecución, salvo que deriven inmediata y directamente de una orden administrativa o de vicios del proyecto elaborado por la Administración en obras. El tercero puede pedir al órgano de contratación que determine a quién corresponde la responsabilidad.

El orden contencioso-administrativo conoce de la responsabilidad patrimonial cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o relación, incluso cuando concurran particulares o exista seguro.

La sentencia declara contrarias al principio de efectividad determinadas restricciones españolas para reclamar los daños producidos por infracciones del Derecho de la Unión imputables al legislador.

Texto oficial: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-278/20